STC801-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC801-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00823-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 02 de diciembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Diana Patricia Hoyos G\u00f3mez, William Jos\u00e9 G\u00f3mez \u00c1lzate y Jorge Arturo Ram\u00edrez G\u00f3mez contra la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procuran la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La Direcci\u00f3n de Aduanas e Impuestos Nacionales \u2013 DIAN libr\u00f3 distintas \u00f3rdenes de apremio en contra de la sociedad CM Motor S.A.S., al interior del proceso de cobro coactivo de radicado 2013-001921. <\/p>\n
2.2. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el 24 de diciembre del 2019, se llev\u00f3 a cabo audiencia de remate del inmueble identificado con M.I. 080-15300, en la que se declar\u00f3 \u00abal se\u00f1or JORGE ARTURO RAMIREZ G\u00d3MEZ (\u2026) Adjudicatario del Derecho de Dominio sobre el Bien Inmueble (\u2026) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-15300, en la suma de (\u2026) ($250.500.000), inform\u00e1ndole que los saldos a consignar tienen valores de (\u2026) ($106.500.000) que completa el precio total del Remate, el valor correspondiente al Impuesto de Remate por valor de (\u2026) ($12.525.000) y las retenciones a que haya lugar de acuerdo a las previsiones legales sobre la materia\u00bb2. <\/p>\n
A su turno, el mismo d\u00eda se llev\u00f3 a cabo la audiencia de remate del fundo identificado con M.I. 080-15301, en la que se declar\u00f3 \u00abal se\u00f1or WILLIAM JOS\u00c9 GOMEZ ALZATE (\u2026) Adjudicatario del Derecho de Dominio sobre el Bien Inmueble (\u2026) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-15301, en la suma de (\u2026) ($298.200.000), inform\u00e1ndole que los saldos a consignar tienen valores de (\u2026) ($127.700.000) que completa el precio total del Remate, el valor correspondiente al Impuesto de Remate por valor de (\u2026) ($14.910.000) y las retenciones a que haya lugar de acuerdo a las previsiones legales sobre la materia\u00bb3. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en igual fecha se declar\u00f3 adjudicataria a Diana Patricia Hoyos G\u00f3mez \u00abdel Derecho de Dominio sobre el Bien Inmueble (\u2026) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-15302, en la suma de (\u2026) ($232.000.000), inform\u00e1ndole que los saldos a consignar tienen valores de (\u2026) ($99.000.000) que completa el precio total del Remate, el valor correspondiente al Impuesto de Remate por valor de (\u2026) ($11.600.000) y las retenciones a que haya lugar de acuerdo a las previsiones legales sobre la materia\u00bb4. <\/p>\n
2.3. En virtud de lo anterior, y en atenci\u00f3n a las consignaciones realizadas por los tres adjudicatarios5, la DIAN profiri\u00f3 los autos no. 37, 38 y 39 del 10 de enero del 2020, con los cuales aprob\u00f3 las aludidas diligencias de remate6. Aunado a ello, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de los embargos y el levantamiento de los secuestros, as\u00ed como la entrega material de los predios a los adquirentes. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la sociedad CM Motors S.A.S. solicit\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades la \u00abpromoci\u00f3n de un ACUERDO DE REORGANIZACI\u00d3N\u00bb al amparo de la ley 1116 de 2006, considerando que se encuentra en cesaci\u00f3n de pago de sus obligaciones7. <\/p>\n
2.5. El 06 de febrero del 2020 fue admitido el proceso de reorganizaci\u00f3n8. Adem\u00e1s, entre otras cosas, se decret\u00f3 el \u00abembargo de los bienes sujetos a registro de propiedad de la sociedad concursada, con la advertencia que las medidas cautelares de naturaleza concursal prevalecen sobre las que se hayan decretado y practicado en otros procesos\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 3 de marzo ulterior, el Despacho remiti\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta oficio con el cual solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la medida de embargo sobre los inmuebles identificados con M.I. 080-15300, 080-15301, 080-15302, 080-10325 y 080-103269. <\/p>\n
2.7. La se\u00f1ora Diana Patricia Hoyos G\u00f3mez, el 26 de agosto del 2020, solicit\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas \u00aben contra del bien inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-15302, toda vez que el mismo fue rematado y a m\u00ed adjudicado dentro del desarrollo del proceso cuyo expediente es el No. 201300192 adelantado por la DIAN\u00bb10. <\/p>\n
En el mismo radicado (2020-01-486680-000) pero en escrito separado, William Jos\u00e9 G\u00f3mez \u00c1lzate requiri\u00f3 a que \u00abse emita oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos donde se ordene el levantamiento de la medida cautelar de embargo por proceso de reorganizaci\u00f3n ley 1116\/2006, en contra del bien inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-15301, toda vez que el mismo fue rematado y a m\u00ed adjudicado dentro del desarrollo del proceso cuyo expediente es el No. 201300192 adelantado por la DIAN\u00bb11. <\/p>\n
2.8. Frente a tal pedimento, el 01 de octubre siguiente, la Superintendencia de Sociedades neg\u00f3 la solicitud incoada comoquiera que <\/p>\n
\u00abla deudora fue admitida a un proceso de reorganizaci\u00f3n el 6\/02\/2020, por lo tanto, a partir de dicha fecha no se pod\u00eda continuar, con proceso de ejecuci\u00f3n en contra de la misma, as\u00ed las cosas, una verificada la solicitud allegada con rad. 2020-01-486680, encontramos que los peticionarios aportan actos administrativos 038 y 039 del 10\/01\/2020 de adjudicaci\u00f3n por parte de la DIAN, del inmueble identificado con n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 080-15301, los mismos quedaron ejecutoriados el 12\/02\/2020. <\/p>\n
Por lo tanto, si bien los actos administrativos de adjudicaci\u00f3n son anteriores a la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM MOTORS SAS, la ejecutoria de los mismos fue de manera posterior, as\u00ed las cosas, como los efectos del proceso de reorganizaci\u00f3n, es partir de la fecha de apertura, auto No. 630-000170 proferido el d\u00eda 06 de febrero de 2020 (contra el cual no cabe recurso), el acto administrativo de aprobaci\u00f3n del remate y adjudicaci\u00f3n del inmueble, no quedo en firme y por lo tanto no se podr\u00e1 ejecutar\u00bb12. <\/p>\n
2.9. A su turno, el 27 de octubre de 2020, la aludida autoridad incorpor\u00f3 al expediente concursal, el legajo de cobro coactivo de radicado 201300192 adelantado por la Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n de Recaudo y Cobranzas de la Direcci\u00f3n Seccional de Santa Marta de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en contra de CM MOTOR`S S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, advirti\u00f3 que \u00abde conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, las medidas cautelares decretadas sobre los bienes de la concursada deben quedar a disposici\u00f3n del Juez del Concurso\u00bb. Y, finalmente, orden\u00f3 a Autovardi S.A.S. \u00abpara que en su condici\u00f3n de secuestre de los bienes inmuebles identificados con los n\u00fameros de matr\u00edcula 080-15300, 080-15301, 080-15302, presente un informe detallado de su gesti\u00f3n y relacione los dep\u00f3sitos consignados a orden de la DIAN \u2013 Seccional Santa Marta en desarrollo de la medida cautelar de embargo de los valores producto del contrato de arrendamiento sobre dichos bienes\u00bb13. <\/p>\n
2.10. Posteriormente, el 27 de enero del 2021, los se\u00f1ores Hoyos G\u00f3mez, G\u00f3mez \u00c1lzate y Ram\u00edrez G\u00f3mez, a trav\u00e9s de apoderado, radicaron nuevamente \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, en el que solicitaron <\/p>\n
\u00ab1. Se d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado en los autos 00037, 00038 y 00039 del 10 de enero del 2020 ejecutoriados el 12 de febrero 2020 en sus numerales 2, 3 y 4, actos administrativos debidamente notificados y ejecutoriados, los cuales no pueden ser objeto de revocatoria por parte de la Dian. <\/p>\n
2. Se ordene la entrega de los bienes Inmuebles rematados 080-15300, 080-15301, 080-15302 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de barranquilla a mis poderdantes. Conforme a lo estipulado en los autos de entrega <\/p>\n
3. Se ordene oficiar a la superintendencia de sociedades para levantar las medidas de embargo proferidas en los 080-15301, 080-15302 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Santa Marta, con el fin de continuar con el registro de los remates realizados. <\/p>\n
4. La respuesta al presente derecho de petici\u00f3n se haga a trav\u00e9s de acto administrativo, otorgando los respectivos recursos de ley y no por oficio\u00bb14. <\/p>\n
2.11. Sin embargo, las pretensiones fueron despachadas negativamente el 04 de abril del 202115. <\/p>\n
2.12. Increparon el razonamiento realizado por el Despacho para negar la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, \u00abya que desconoce, mejor desatiende las normas especiales que gobierna el Proceso Administrativo de Jurisdicci\u00f3n Coactiva a cargo de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN) y en especial lo relacionado con la notificaci\u00f3n de los actos administrativos\u00bb. A su turno, destacaron que, en todo caso, \u00ablos actos administrativos (autos aprobatorios de remate el 000037, 000038 y 000039 del 10 de enero de 2020), la firmeza de los actos administrativos se dio el d\u00eda 16 de enero de 2020, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 87 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, apuntaron que \u00abmal puede entonces pretender la superintendencia de sociedades, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como juez del proceso de reorganizaci\u00f3n se\u00f1alar que la ejecutoria de los actos administrativos autos aprobatorios de remate el 000037,000038 y 000039 de fecha 10 de enero de 2020), solo obtuvieron su ejecutoria el d\u00eda 12 de febrero de 2020, debido a un sello impuesto en ellos, el cual sin duda lo ha inducido a error, lo cual ha deca\u00eddo en una v\u00eda de hecho y consecuencialmente en una clara violaci\u00f3n al debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, denunciaron la incursi\u00f3n en defecto sustantivo \u00abpuesto que, en ejercicio de su autonom\u00eda e independencia, como Juez, dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n que adelanta la sociedad CM MOTOR\u00b4S SAS desborda, con su interpretaci\u00f3n la constituci\u00f3n y la ley y con ello vulnera los derechos fundamentales del debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de mis prohijados se\u00f1or DIANA PATRICIA HOYOS GOMEZ, WILLIAM JOSE GOMEZ ALZATE y JORGE ARTURO RAMIREZ GOMEZ, los cuales tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo frente a dicho bienes\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, las normas invocadas -relativas a los procesos de insolvencia- \u00abno se adecuan a los supuesto de hecho y de derecho que las normas consagran, ni causan el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que los accionantes no son ni deudores ni acreedores dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n que se adelanta la sociedad CM MOTOR\u00b4S SAS NIT 900.055.386, ante la superintendencia de sociedades, siendo as\u00ed las cosas mis poderdantes los se\u00f1ores DIANA PATRICIA HOYOS GOMEZ WILLIAM JOSE GOMEZ ALZATE y JORGE ARTURO RAMIREZ GOMEZ, carecen de legitimaci\u00f3n en la causa (por activa o por pasiva) para hacerse parte en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que se vulneraron sus derechos fundamentales, \u00abpuesto que no debi\u00f3 en principio ordenar la inscripci\u00f3n de embargo ya que para la fecha del auto de apertura de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM MOTOR S SAS, (proferido el d\u00eda 06 de febrero de 2020), los inmuebles eran de propiedad de mis poderdantes, debido que para esa fecha ya se les hab\u00eda adjudicado los bienes, en la diligencia de remate la cual se cumpli\u00f3 el d\u00eda 24 de diciembre de 2019 (\u2026). Siendo as\u00ed las cosas no es cierto lo manifestado por la superintendencia de sociedades, que los inmuebles no estaban adjudicados antes de del auto de apertura de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM MOTOR S S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, aseveraron que \u00abtodos los Jueces del circuito, que han conocido las diferentes acciones de tutela contra \u2013 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES \u2013 olvidaron que se trata de un juzgador de su misma categor\u00eda y distinta especialidad, a la luz de lo establecido en el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1116 de 2006 y el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Insistieron en que \u00abla sola existencia de varias acciones de tutela no genera, per se, que la presentaci\u00f3n de la segunda acci\u00f3n pueda ser considerada como temeraria, toda vez que dicha situaci\u00f3n puede estar fundada en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensi\u00f3n, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidieron que se ordene a \u00abla SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA, levante el embargo decretado dentro del tr\u00e1mite de proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM MOTOR\u00b4S S.A.S. NIT 900.055.386 (Oficio No. 16116 de fecha 2 de marzo de 2020, Ley 1116 de 2006), que recae sobre los bienes identificado con los folios de matr\u00edculas inmobiliarias No. 080-15300, 080-15301 y 080-15302 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Santa Marta\u00bb. Y proceda a devolver \u00aba LA DIRECCI\u00d3N DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES (DIAN) SECCIONAL DE SANTA MARTA, el expediente de cobro coactivo administrativo seguido contra CM MOTOR\u00b4S S.A.S. NIT 900.055.386\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Intendente Regional Barranquilla de la Superintendencia de Sociedades inform\u00f3 que existen cuatro fallos de tutela ejecutoriados sobre los mismos supuestos f\u00e1cticos de radicados 08001310400220200006001; 08-001-31-87-002-2020-00042-00; 08-001-31-10-006-2020-00267-01; y 08001311000120210018901. Por ende, a su juicio, en el caso en concreto \u00abnos encontramos frente a la producci\u00f3n del fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional por cuanto existen fallos ejecutoriados en cuatro procesos de tutela sobre los mismos hechos que son fundamento para la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, estim\u00f3 que es improcedente la acci\u00f3n de tutela, pues los actores cuentan con mecanismos judiciales en el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n. Ciertamente, \u00abal haberse hecho parte como postulantes en el remate en el proceso cobro coactivo No.201300192 adelantado en la DIAN contra la sociedad CM MOTOR \u0301S SAS NIT 900.055.386, el cual fue remitido para su incorporaci\u00f3n en el proceso de reorganizaci\u00f3n de la referida sociedad, han debido ejercer sus derechos en el proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb. En ese sentido, arguy\u00f3 que \u00abhan debido ejercer las cargas que corresponden a las partes con inter\u00e9s en los procesos jurisdiccionales de insolvencia, tal como se establece en los numerales 8\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 19\u00b0 y en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 48 de la ley 1116 de 2006, y especialmente, la carga de interponer las objeciones que consideren frente a los inventarios de los sujetos en reorganizaci\u00f3n, tal como lo dispone el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 19 y el art\u00edculo 29 de la ley 1116 de 2006, de tal manera que al juez del concurso no le compete actuar por fuera de lo dispuesto en los mecanismos y etapas procesales estipulados en la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe la aludida vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los actores. Aunado a ello, a pesar de que los tutelantes alegan que \u00ablos autos de remate adquirieron ejecutoria el 13 de enero de 2020, no obstante, en el expediente coactivo existen varias pruebas que dan cuenta que los autos de remate adquirieron ejecutoria con posterioridad a la fecha del auto de admisi\u00f3n de CM Motors S.A.S. (auto No. 630-000170 del 06 de febrero de 2020)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, asegur\u00f3 que, en todo caso, el derecho de petici\u00f3n es improcedente en el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n, por lo que \u00ablos tutelantes deben ejercer sus derechos de conformidad con lo estipulado en la ley 1116 de 2006 y dem\u00e1s normas concordantes frente al desarrollo del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, advirti\u00f3 que los promotores \u00abtienen como mecanismo la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho para que sea la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativa la que se pronuncia sobre la legalidad de los actos proferidos por la DIAN en el proceso de cobro coactivo, raz\u00f3n por la cual no es procedente la acci\u00f3n de tutela en el presente caso\u00bb. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que ya existen varias providencias que resolvieron las quejas elevadas por los accionantes. <\/p>\n
3. El Magistrado 04 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, inform\u00f3 que conoci\u00f3 la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela 2021-00189-01. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla deneg\u00f3 el amparo. Respecto a la temeridad y a la cosa juzgada constitucional alegada por los accionados, la Colegiatura precis\u00f3 que \u00abes que en el hipot\u00e9tico evento en que tal como lo afirman los accionantes exista un hecho que de lugar a la existencia de una nulidad procesal dentro del tr\u00e1mite constitucional al que se ha hecho referencia, ello no hace de suyo viable que se pueda promover otra acci\u00f3n de tutela en id\u00e9nticas condiciones, pues, siendo predicables las nulidades procesales al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, lo propio es que de ocurrir alguna causal, esta sea alegada por la parte interesada al interior del amparo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00absiendo lo anterior un aspecto que ha debido ser propuesto y estudiado dentro de la acci\u00f3n de tutela referenciada, se encuentra esta Sala impedida para realizar cualquier manifestaci\u00f3n sobre el particular, hecho este que conduce a la segunda precisi\u00f3n que debe realizarse y es que advertida la existencia de otra acci\u00f3n de tutela de iguales caracter\u00edsticas, compete a esta judicatura descartar y\/o confirmar si realmente existe entre ambas identidad de partes, hechos y pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Verificada la demanda de tutela con las promovidas de manera previa por los accionantes (2021-00189-01), para el Tribunal fue claro que \u00aben efecto existe identidad de partes, empero, en lo que se refiere a los hechos y las pretensiones se advierte que no existe la identidad que reclama la norma\u00bb. Ciertamente, \u00aben el anterior escenario es evidente que tanto los hechos cuestionados como las pretensiones formuladas en la presente causa est\u00e1n basadas en supuestos diferentes, porque aqu\u00ed ya no se reclama la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n ante la ausencia de una respuesta, sino que se pretende la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia ante lo que para las partes debe ser el obrar de la Superintendencia accionada\u00bb. Por el contrario, lo que se reclama en esta ocasi\u00f3n es que la Superintendencia de Sociedades no haya levantado las medidas de embargo que, al interior del proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM Motor\u2019s SAS fueron decretadas sobre los bienes inmuebles identificados con FMI No. 080-15300, 080-15301 y 080-15302, los cuales aducen les fueron adjudicados en remate. <\/p>\n
Ahora bien, entrados a revisar si se cumplen con los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, advirti\u00f3 que \u00ablos se\u00f1ores Diana Patricia Hoyos G\u00f3mez y William Jos\u00e9 G\u00f3mez \u00c1lzate, nuevamente invocando la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n solicitaron a la Superintendencia el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. Petici\u00f3n frente a la cual, pese a no ser el mecanismo adecuado para elevar la solicitud, fue contestada por la Superintendencia \u00abdetermin\u00f3 que el levantamiento de las cautelas no era procedente porque a partir del momento en que se emiti\u00f3 el auto que dio inicio al proceso de reorganizaci\u00f3n todos los procesos ejecutivos, incluidos los de cobro coactivos, por ministerio de la ley quedan suspendidos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tal pronunciamiento es del 01 de octubre del 2020, de manera que \u00abfrente al particular ciertamente el presente amparo se torna improcedente por ausencia del requisito de inmediatez, hecho al que se le suma que, contra el mismo bien han podido los accionantes presentar recurso de reposici\u00f3n, porque, aunque se haya despachado como respuesta a una petici\u00f3n, lo cierto es que resuelve de manera definitiva sobre una solicitud de levantamiento de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00fan cuando se pasaran por alto tales circunstancias, \u00abatendiendo que la solicitud fue desestimada en respuesta a una petici\u00f3n y no mediante auto, como correspond\u00eda en el contexto del proceso de reorganizaci\u00f3n al interior del cual ejerce funciones jurisdiccionales la Superintendencia de sociedades, se encuentra que tampoco se muestran de recibo las quejas que contra el mismo han sido consignadas en el escrito de tutela\u00bb. Ello, habida cuenta que la decisi\u00f3n de la Superintendencia no se halla arbitraria, \u00abporque adem\u00e1s de encontrarse normativamente fundamentada, es acorde con el discurso que sobre el asunto viene sosteniendo la Superintendencia de Sociedades y es que los accionantes deben hacerse parte del proceso y en las oportunidades procesales correspondientes hacer valer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, destac\u00f3 que los accionantes tampoco se han hecho parte en el proceso de reorganizaci\u00f3n, al punto que, pese a haberse enterado de la existencia de este \u00abno presentaron la respectiva objeci\u00f3n al inventario de activos de la sociedad CM Motor\u00b4s SAS en reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los actores, quienes aseguraron, con respecto a la inmediatez, que \u00abno le siete la raz\u00f3n al juez constitucional, ya que el acto que tomamos para ejercer la acci\u00f3n de tutela fue el preferido por La Superintendencia de Sociedades Intendencia Regional de Barranquilla, mediante Oficio No. 630-000358 de fecha 07 de abril de 2021, el cual le dio respuesta a la petici\u00f3n formulada por el Dr. EDUARDO ENRIQUE SANDOVAL COLINAS, en representaci\u00f3n de los se\u00f1ores DIANA PATRICIA HOYOS GOMEZ, WILLIAM JOSE GOMEZ ALZATE y JORGE ARTURO RAMIREZ GOMEZ, petici\u00f3n que fue impetrada, en principio a LA DIRECCI\u00d3N DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), la cual traslado por competencia a La Superintendencia de Sociedades Intendencia Regional de Barranquilla, siendo as\u00ed las cosas si se cumple con el requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en cuanto al requisito de subsidiariedad, acotaron que \u00abque no compartimos los argumentos del a quo, puesto que esta se limita a trascribir lo dicho por la Superintendencia de Sociedades\u00bb. Arguyeron, respecto de los de los argumentos trazados por el a quo, que \u00ablos mismos solo se fundamentaron en la interpretaci\u00f3n errada, que a nuestros juicios hace la Superintendencia de Sociedades, pues como lo indicamos en la demanda de tutela de la revisi\u00f3n juiciosa de las normas que regulan los procesos de reorganizaci\u00f3n (Ley 1116 de 2006), encontramos que sin necesidad de hacer ninguna clase de elucubraciones, las mismas no se adecuan a los supuesto de hecho y de derecho que las normas consagran, ni causan el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que los accionantes no son ni deudores ni acreedores dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n que se adelanta la sociedad CM MOTOR\u00b4S SAS NIT 900.055.386, ante la superintendencia de sociedades, siendo as\u00ed las cosas mis poderdantes los se\u00f1ores DIANA PATRICIA HOYOS GOMEZ WILLIAM JOSE GOMEZ ALZATE y JORGE ARTURO RAMIREZ GOMEZ, carecen de legitimaci\u00f3n en la causa (por activa o por pasiva) para hacerse parte en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, insistieron en que \u00abnuestra discusi\u00f3n jur\u00eddica no suena descontextualizada al plantear la importancia de la figura jur\u00eddica de la ejecutoria de los autos aprobatorios de las diligencias de remate, puesto que, es precisamente este el yerro en que cae la Dian y la Superintendencia de Sociedades; al indicar que los autos aprobatorios de las diligencias de remate quedaron ejecutados el 12 de febrero de 2020, ya que como quedo planteado en la acci\u00f3n de tutela fue en fechas anteriores a la que da inicio al proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM MOTOR\u00b4S S.A.S., (6 de febrero de 2020); al darle validez al 12 de febrero de 2020, como fecha de ejecutoria de los autos aprobatorios de remate, se da una patente de corso para a la Dian y la Superintendencia de Sociedades, para que desconozcan el proceso administrativo de cobro coactivo especial que adelanta la Dian, en especial lo establecido el art\u00edculo 565 del Estatuto Tributario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso en concreto, los accionantes se duelen de la negativa de la Superintendencia de Sociedades en levantar las medidas cautelares decretadas en el proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad CM Motor\u2019s S.A.S. respecto de los inmuebles identificados con el F.M.I. 280-15300, 080-15301 y 080-15302, expresada en el oficio de radicado 2020-04-006471 del 1\u00b0 de octubre del 2020 y reiterado el 7 de abril de 2021, en los que se resolvieron sendos \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb presentados por los promotores. <\/p>\n
2.- Esta Sala advierte la improcedencia del amparo. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, como pasa a verse. <\/p>\n
3.- Pues bien, al examinar la queja frente a los oficios proferidos por la autoridad cuestionada el 1\u00b0 de octubre de 202016 y el 7 de abril de 202117, con los cuales resolvi\u00f3 sobre el levantamiento de las medidas cautelares alegadas, se advierte que el amparo adolece del presupuesto de inmediatez. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profirieron las determinaciones recriminadas y la presentaci\u00f3n del resguardo, el \u00ab10 de noviembre de 2021\u00bb18; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses19 despu\u00e9s de haberse proferido las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
3.1. Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Sumado a ello, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, no aparece en el escrito radicado justificaci\u00f3n alguna que permita la flexibilizaci\u00f3n del citado presupuesto de procedibilidad. Por tal raz\u00f3n, no es posible entrar a estudiar de fondo los reparos elevados por los actores. <\/p>\n
4.- Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes. Oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 51 del PDF \u00ab2020-04-006365-000\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 815 del PDF \u00ab2020-04-006365-000\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 831 del PDF \u00ab2020-04-006365-000\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 855 del PDF \u00ab2020-04-006365-000\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Cuyos comprobantes se hallan a folios 874 -del se\u00f1or Jorge Arturo Ram\u00edrez G\u00f3mez, 880 -de la se\u00f1ora Diana Patricia Hoyos G\u00f3mez- y 886 -del se\u00f1or William G\u00f3mez Alzate- del PDF ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 896, 898 y 900 del PDF \u00ab2020-04-006365-000\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Folio 1 del PDF \u00ab2019-04-010842-000\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Folio 8 del PDF \u00ab2020-07-008279-AAQ\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 PDF \u00ab2020-04-001906-000\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Folio 2-3 del PDF \u00ab2020-01-486680-000\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Folio 4-5 del PDF \u00ab2020-01-486680-000\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 PDF \u00ab2020-04-006471-000\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 PDF \u00ab2020-04-006873-000\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 PDF \u00ab2021-01-017456-AAA\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 PDF \u00ab2021-04-000889-00\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 PDF \u00ab2020-04-006471-000\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 PDF \u00ab2021-04-000889-000\u00bb. A su turno, se halla constancia de que fue notificado por correo electr\u00f3nico el 08 de abril del 2021 en PDF \u00ab2021-04-000889-AAB\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 De conformidad con el acta de reparto en PDF \u00ab02 Acta Reparto\u00bb. <\/p>\n
19\u0002 Transcurrieron 13 meses respecto de la petici\u00f3n de radicado 2020-04-006471 y 7 meses respecto de la petici\u00f3n no. 2021-04-000889. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC801-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC801-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00823-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 02 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}