STC802-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC802-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00427-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Amanda Luc\u00eda Jim\u00e9nez Acosta contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medell\u00edn, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 2014-00620-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la vida en condiciones dignas, la seguridad social, el debido proceso, la igualdad, el m\u00ednimo vital y el desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora indic\u00f3 que era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues \u00abcumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad el 28 de mayo del a\u00f1o 2005 y 526,59 semanas entre los 35 y 55 a\u00f1os de edad contando con el tiempo laborado para el empleador CEREMONIAS LTDA que fue desde el mes de agosto de 2000 hasta el mes de septiembre del a\u00f1o 2005\u00bb; por ello, solicit\u00f3 que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de vejez, petici\u00f3n que fue negada por \u00abel Instituto de Seguros Sociales en resoluci\u00f3n Nro. 14862 del 2005\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por lo expuesto, present\u00f3 demanda laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, que fue negada el 11 de noviembre de 2016 por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medell\u00edn, en raz\u00f3n a que consider\u00f3 que la tutelante \u00abno reuni\u00f3 la totalidad de las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, afirmando que entre los 35 y 55 a\u00f1os de edad solo cotiz\u00f3 454,15 semanas\u00bb. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada el 6 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. El 24 de marzo de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar la sentencia emitida por el ad quem. <\/p>\n
2.4. La promotora censur\u00f3 que las Salas de decisi\u00f3n accionadas no \u00abdieron el alcance suficiente a los medios probatorios aportados en el proceso judicial y con ello desconocieron fundamentos legales indispensables que llevaban indefectiblemente a conceder el derecho pensional pretendido\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, afirm\u00f3 que dichas autoridades judiciales le causaron un perjuicio irremediable, \u00abteniendo en cuenta que reuni\u00f3 las 500 semanas necesarias entre los 35 a los 55 a\u00f1os de edad, conforme lo establece el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, normatividad que le es aplicable por ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, aunado a que es una persona de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, pues para la fecha de presentaci\u00f3n del amparo ten\u00eda 70 a\u00f1os, no recib\u00eda ingreso alguno ni ten\u00eda vivienda propia y tampoco estaba afiliada al sistema de salud. Igualmente, resalt\u00f3 que se transgredi\u00f3 el principio de la realidad sobre las formalidades, toda vez que \u00abpara tomar su decisi\u00f3n se enfrascaron en una formalidad reflejada en una casilla con una novedad de retiro equivocada\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan el cual, \u00abla obligaci\u00f3n de cobro de los periodos en mora recae sobre la administradora de pensiones\u00bb, de manera que de \u00abexistir dudas sobre la vigencia de las relaciones de trabajo que dan sustento a las cotizaciones, estas deben ser disipadas mediante el ejercicio de los deberes oficiosos consagrados en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb; asimismo, refiri\u00f3 que el empleador Ceremonias Ltda. \u00abno cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de cotizar oportunamente al sistema pensional en el que se encontraba\u00bb y que el ISS hoy Colpensiones \u00abno adelant\u00f3 las gestiones de cobro respectivas [\u2026], raz\u00f3n por la cual se allan\u00f3 a la mora\u00bb y no \u00abcumpli\u00f3 con su responsabilidad de custodia de la historia laboral, toda vez que all\u00ed no se encuentra la informaci\u00f3n veraz, cierta, precisa, actualizada y completa\u00bb. Como soporte de sus afirmaciones, cit\u00f3 el salvamento de voto del Magistrado de la Sala de Descongesti\u00f3n en el fallo rebatido. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales invocadas y dejar sin efectos las sentencias emitidas por el Tribunal y la Sala de Casaci\u00f3n convocada, para que, en su lugar, se \u00abhagan las declaraciones necesarias\u00bb que conduzcan a la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medell\u00edn remiti\u00f3 el enlace del proceso ordinario laboral. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n [P.A.R.I.S.S.] manifest\u00f3 que no hizo parte del juicio laboral cuestionado y que, por tratarse de un asunto del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, era Colpensiones la entidad encargada de su administraci\u00f3n, razones por las cuales pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, debido a que consider\u00f3 que de revisi\u00f3n de \u00abla providencia con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral adelantado a instancias de la accionante y que es el motivo de inconformidad, no puede concluirse que aquella constituya una v\u00eda de hecho (\u2026) [y] de igual manera no puede aducirse con grado de acierto la existencia de alg\u00fan defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad del amparo\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abno hab\u00eda lugar a acceder a la solicitud de casar el fallo de segunda instancia, en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial (\u2026) [pues no] le corresponda al juez constitucional entrar a emitir un nuevo juicio de valor diferente al efectuado por el juez natural\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la petici\u00f3n inicial, adujo que el a quo constitucional no analiz\u00f3 \u00ablas razones que se invocaron en el escrito de tutela\u00bb y que no pod\u00edan pasarse por alto las consideraciones expuestas por el Magistrado de la Corte que salv\u00f3 el voto. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que, por v\u00eda constitucional, se dejen sin efectos las decisiones emitidas tanto por el Tribunal como por la Sala de Casaci\u00f3n convocada, para que, en su lugar, se \u00abhagan las declaraciones necesarias\u00bb que conduzcan a la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, dado que fue la que defini\u00f3 el asunto, se observa que la Sala acusada, al desatar el mencionado recurso extraordinario, expuso que \u00abel problema jur\u00eddico planteado era determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn se hab\u00eda equivocado al negar la pensi\u00f3n de vejez a JIM\u00c9NEZ ACOSTA, por cuanto no contaba con el n\u00famero de semanas requeridas, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990\u00bb y precis\u00f3 que en el caso objeto de estudio no era motivo de controversia que: \u00abAmanda Luc\u00eda Jim\u00e9nez Acosta naci\u00f3 el 28 de mayo de 1950; ii) que a la vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os; y iii) que el 28 de mayo de 2005 solicit\u00f3 ante Colpensiones el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, la cual fue negada mediante la Resoluci\u00f3n n\u00b0. 14862 del 2005\u00bb. <\/p>\n
3.1. Ahora, luego de hacer menci\u00f3n a la sentencia CSJ SL300-2020, a la cual se remiti\u00f3 para reiterar el criterio concerniente a las semanas reportadas en mora, cuando el empleador incumple con su obligaci\u00f3n de cotizar y la entidad de seguridad social deja de ejecutar las acciones de cobro, enfatiz\u00f3 que las mismas deb\u00edan contabilizarse a favor del trabajador, \u00abtoda vez que el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003 y su Decreto Reglamentario 1887 de 1994, dispon\u00edan que ese tiempo de servicio deb\u00eda convalidarse\u00bb. En punto de la citada convalidaci\u00f3n, advirti\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en sentencia CSJ SL263-2020, indic\u00f3 que la misma estaba \u00absupeditada a la acreditaci\u00f3n de la existencia de un contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, procedi\u00f3 a analizar las pruebas que la parte recurrente atac\u00f3 como err\u00f3neamente apreciadas, esto es, 1) el acta de visita del Instituto de Seguros Sociales y 2) el comunicado emitido por la EPS Susalud. <\/p>\n
Respecto de la primera expuso que en dicha acta se informaba: \u00abPendiente revisar ciclo 2003:06 si hay novedad de retiro. Se tramitar\u00e1 correcciones ante el nivel nacional seg\u00fan AV7. Presentar correcci\u00f3n de novedad de retiro en salud en el ciclo 2000:12. Cancelar ciclos pendientes\u00bb y, por tanto, la misma no permit\u00eda establecer con certeza los extremos temporales del contrato de trabajo aludido, dado que, \u00abaunque se aceptara que exist\u00eda un v\u00ednculo vigente al 7 de septiembre de 2005, no ser\u00eda posible determinar el inicio de este o si efectivamente existi\u00f3 mora en dicha \u00e9poca\u00bb; ello en raz\u00f3n a que, a pesar de que se hac\u00eda referencia a la falta de cancelaci\u00f3n de unos ciclos, no precisaba los meses que se adeudaban, ni los trabajadores que presentaban esa situaci\u00f3n, ni permit\u00eda dilucidar si la \u00abfalta de pago ocurri\u00f3 dentro del tiempo que se acus\u00f3 como no aportado por el empleador\u00bb, as\u00ed como tampoco evidenciaba si \u00ablos supuestos ciclos no pagados, se (\u2026) [cancelaron] de manera posterior a la visita\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3 que, para la estructuraci\u00f3n del error de hecho, era de suma importancia que el mismo estuviera \u00abacompa\u00f1ado de las razones que lo demuestran y que su existencia aparezca notoria, protuberante, manifiesta\u00bb, circunstancias que no se apreciaban en el acta analizada. <\/p>\n
En lo atinente a la comunicaci\u00f3n de la EPS Susalud, con la cual la recurrente pretend\u00eda demostrar que su empleador Ceremonias Ltda. s\u00ed hab\u00eda incurrido en mora, la Sala Convocada, luego de citar el contenido literal del mencionado escrito y de hacer referencia a la sentencia CSJ SL18559-2017, estim\u00f3 que \u00abLos documentos emanados por terceros como el presente, son considerados declarativos y no podr\u00e1n ser estudiados en casaci\u00f3n, salvo que dicha prueba se encuentre suscrita por el peticionario, hecho que no sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
No obstante, aclar\u00f3 que, aunque se flexibilizara el anterior criterio, lo cierto era que el citado comunicado solo demostraba una mora en el pago de aportes del empleador para el mes de noviembre de 2004, m\u00e1s no acreditaba la existencia de la relaci\u00f3n laboral desde \u00abel 1\u00ba de agosto del 2000 hasta el 7 de septiembre de 2005, que es lo que la recurrente aleg\u00f3\u00bb; igualmente, afirm\u00f3 que de ella solo podr\u00eda establecerse una \u00abvinculaci\u00f3n durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del a\u00f1o de 2004, dejando de lado los extremos temporales desde julio de 2003 hasta julio de 2004 y desde diciembre de 2004 hasta septiembre de 2005\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, estim\u00f3 que el Tribunal no hab\u00eda incurrido en error alguno al emitir su pronunciamiento, pues no era posible establecer la existencia de la relaci\u00f3n laboral alegada, para poder sumar ese tiempo de servicios a efectos de completar las semanas requeridas. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable, la jurisprudencia relacionada con el tema y las probanzas allegadas, acorde con las cuales la Sala accionada concluy\u00f3 que, aunque pod\u00edan convalidarse las semanas no cotizadas, lo cierto era que no exist\u00eda certeza del tiempo de la relaci\u00f3n laboral reclamada por la actora con Ceremonias Ltda., pues los documentos allegados no suministraban esa informaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; siendo, igualmente, necesario destacar que \u00ablos salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante, adem\u00e1s, que ello no configura, per se, una v\u00eda de hecho en la providencia atacada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb (CSJ STC9817-2021, 5 de agosto de 2021, exp. 2021-00579-01). <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que las inconformidades de las partes frente a las decisiones adoptadas no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba que no se tuvieron en cuenta unos ciclos pese a las evidencias allegadas y en el que se determin\u00f3 que no hab\u00eda claridad sobre las fechas del alegado v\u00ednculo, se neg\u00f3 el amparo invocado, teniendo en cuenta que, al resolver el recurso de casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada consider\u00f3 que la \u00ab\u2018ausencia de aportes para el lapso alegado no puede conllevar la presunci\u00f3n de la existencia de mora del empleador como lo sugiere el censor, ni considerar que, a pesar de no estar registrado, el actor s\u00ed prest\u00f3 sus servicios y por ende, gener\u00f3 cotizaciones por dicho lapso, pues tal circunstancia no se deriva de las pruebas denunciadas (\u2026) como tampoco se evidencia en las pruebas denunciadas un reconocimiento por parte del ISS de una deuda de Comercializadora Somos Cinco Ltda. por el lapso alegado por el censor, resulta equivocado su planteamiento en cuanto a presumir como v\u00e1lidos o h\u00e1biles los ciclos de enero a junio de 2002, para efectos pensionales, pues se insiste, no existe soporte probatorio alguno de la causaci\u00f3n de tales cotizaciones, sin que sea suficiente para ello la ausencia de novedad de retiro para el ciclo inmediatamente anterior, diciembre de 2001, pues de ello no es dable inferir la existencia de una vinculaci\u00f3n laboral para la \u00e9poca discutida\u2019\u00bb. <\/p>\n
Frente a ello, esta Sala de Casaci\u00f3n concluy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos\u00bb (CSJ STC5740-2021). <\/p>\n
4.2. As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
4.3. Adicionalmente, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio, pues, sobre la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, no es posible devolverlos a la reconstrucci\u00f3n del an\u00e1lisis probatorio realizado, dado que, como se anot\u00f3, la Sala convocada analiz\u00f3 los medios de prueba allegados y razonadamente concluy\u00f3 que no permit\u00edan llegar a las conclusiones pretendidas por la recurrente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, frente a lo indicado por la actora sobre el perjuicio irremediable y su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, debe precisarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar el amparo en la forma pretendida, toda vez que la Sala ha indicado que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegales las decisiones judiciales recriminadas (CSJ STC247-2022, 20 enero de 2022, exp. 2021-00306-01). <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC802-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC802-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00427-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}