STC803-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC803-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01904-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Benjam\u00edn Enrique Ashook V\u00e9lez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado 6 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de los procesos de radicados 2016-00292-00 y 1996-57910, as\u00ed como al Ministerio del Trabajo, a Lilia Ester Ashook Villarreal y a Colpensiones. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, vida digna y al \u00abpago oportuno de pensi\u00f3n legal en conexidad con el derecho del m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante indic\u00f3 que labor\u00f3 en la empresa Chevron Petroleum Company en el periodo comprendido entre \u00abel 1 de septiembre de 1969 al 16 de junio de 1995\u00bb y que la empresa no lo afili\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. <\/p>\n
2.2. El 14 de julio de 1995 celebr\u00f3 con la citada compa\u00f1\u00eda petrolera un acuerdo en el que concili\u00f3 el pago de \u00ab$260.867.500 por concepto de \u00fanico sobre la expectativa de su pensi\u00f3n y dem\u00e1s acreencias laborales\u00bb, fecha para la cual hab\u00eda alcanzado la edad de 49 a\u00f1os y 7 meses y hab\u00eda laborado m\u00e1s de 25 a\u00f1os. <\/p>\n
2.3. El actor inici\u00f3 proceso ordinario laboral contra Chevron Petroleum Company, con el fin de que se declarara la ineficacia de la conciliaci\u00f3n referida, siendo negada en primera instancia por el Juzgado 6 Laboral del Circuito de Cartagena, en sentencia del 12 de julio de 2017, que fue confirmada el 10 de abril de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.4. El 21 de junio de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar la sentencia emitida por el ad quem. <\/p>\n
2.5. El promotor censur\u00f3 que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, pues cumpli\u00f3 el tiempo de servicio requerido para obtener el derecho a la pensi\u00f3n, al haber alcanzado 20 a\u00f1os de servicio el 1 de septiembre de 1989, \u00e9poca en la que no estaba vigente a\u00fan la Ley 100 de 1993 y, por tanto, debi\u00f3 aplicarse lo dispuesto en el art\u00edculo 260 del CST, \u00abde conformidad con la sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006 que en la parte pertinente consign\u00f3: \u2018Es de advertir que aunque la presente norma ya se encontraba derogada por el art\u00edculo 289 de la Ley 100 de 1993, (\u2026) en la medida que tal disposici\u00f3n pueda estar produciendo efectos jur\u00eddicos, se debe aplicar al caso concreto\u2019\u00bb. Destac\u00f3 que era una persona de 75 a\u00f1os y que no contaba con trabajo alguno para subsistir. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 revocar las sentencias de instancia y la que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, para que, en su lugar, se ordene a la empresa Chevron Petroleum Company que le reconozca y pague la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso \u00abci\u00f1\u00e9ndose a la acusaci\u00f3n presentada por el recurrente (\u2026) y en raz\u00f3n a ello, se explic\u00f3 que el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, depende del cumplimiento de la edad y el tiempo de servicio, de lo contrario, es solo una mera expectativa…\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, aclar\u00f3 que estudi\u00f3 la conciliaci\u00f3n celebrada entre las partes ante el Ministerio del Trabajo, estableciendo que era l\u00edcita y se ajustaba a los par\u00e1metros establecidos en la sentencia CSJ SL1551-2021, toda vez que no implicaba \u00abrenuncia o p\u00e9rdida del derecho pensional, ni se trata de derechos ciertos e indiscutibles, ya que, el acuerdo as\u00ed concebido, vers\u00f3 sobre mesadas pensionales eventuales, es decir, no causadas\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Trabajo solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo y, a su vez, dijo coadyuvar la petici\u00f3n. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n [P.A.R.I.S.S.] manifest\u00f3 que no hizo parte del juicio laboral cuestionado y que, por tratarse de un asunto del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, era Colpensiones la entidad encargada de su administraci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social arguy\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no pod\u00eda prosperar, pues \u00abla decisi\u00f3n emitida est\u00e1 acorde a la ley, la Constituci\u00f3n y al criterio jurisprudencial adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso de radicado 1996-57910, promovido por Benjam\u00edn Enrique Ashook contra Texas Petroleum Company, en el que \u00abse profiri\u00f3 fallo absolutorio el d\u00eda 23 de febrero de 2005\u00bb. Precis\u00f3 que actual la acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda con dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Pamplona remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n emitida el 31 de mayo de 2007, que resolvi\u00f3 la alzada instaurada contra la providencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. Igualmente, destac\u00f3 que el actor \u00abdesconoce el principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
7. El apoderado de Chevron Petroleum Company sostuvo que el accionante no solo promovi\u00f3 el proceso laboral 2016- 00292-00, sino que existi\u00f3 otro tramitado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pamplona y en sede de casaci\u00f3n, frente al cual fue instaurada una acci\u00f3n de tutela previa, por lo cual advirti\u00f3 que el actor \u00abpretende nuevamente a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional\u00edsima tutelar las providencias del segundo proceso laboral\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada no vulner\u00f3 los derechos del promotor ni incurri\u00f3 en defecto sustantivo; asimismo, enfatiz\u00f3 que el se\u00f1or Benjam\u00edn Enrique Ashook recibi\u00f3 para la \u00e9poca de los hechos, \u00abes decir entre 1993 y 1995, (\u2026) representaba en igualdad de salarios m\u00ednimos, la suma $1.154.208.288\u00bb, por lo que estim\u00f3 que el amparo ser\u00eda improcedente, en raz\u00f3n a que \u00abCHEVRON PETROLEUM COMPANY, estar\u00eda realizando, como empleador un DOBLE pago\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, debido a que consider\u00f3 que, \u00abcontrario al parecer del demandante, se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, esto es, conforme al pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n y normatividad aplicable\u00bb. En cuanto a lo manifestado por el Ministerio de Trabajo resalt\u00f3 que no indic\u00f3 las razones por las cuales coadyubaba la tutela y, a su vez, pidi\u00f3 que se declarara improcedente, por lo que se abstuvo de hacer manifestaciones de fondo al respecto. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la petici\u00f3n inicial, destacando que, en su sentir, fue err\u00f3nea la interpretaci\u00f3n que del art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se realiz\u00f3 en su caso. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que, por v\u00eda constitucional, se revoquen las decisiones emitidas por las autoridades judiciales accionadas, para que, en su lugar, se ordene a la empresa Chevron Petroleum Company que le reconozca y pague la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, dado que fue la que defini\u00f3 el asunto, se observa que la Sala acusada, al desatar el mencionado recurso extraordinario, expuso que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si el Tribunal se hab\u00eda equivocado \u00abpor no entender que la edad solo es un requisito de exigibilidad de la pensi\u00f3n, pues el derecho a la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 260 CST surgi\u00f3 a partir del cumplimiento de los 20 a\u00f1os de servicio\u00bb y precis\u00f3 que en el caso objeto de estudio no era motivo de controversia que: \u00ab(i) el demandante prest\u00f3 sus servicios a la demandada por m\u00e1s de 20 a\u00f1os; (ii) al momento del retiro (16 de junio de 1995) ten\u00eda 49 a\u00f1os de edad; y (iii) mediante conciliaci\u00f3n, las partes acordaron el pago anticipado de mesadas pensionales futuras, en la suma \u00fanica de $260.867.500, valor definido con base en los respectivos estudios actuariales\u00bb. <\/p>\n
3.1. Seguidamente, cit\u00f3 la sentencia CSJ SL14030-2016 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, a efectos de reiterar el criterio concerniente a la estructuraci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 260 del CST, en la que se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026desde el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo se ha entendido que lo que da lugar al nacimiento del derecho de la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n consagrada por el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo es la \u2018prestaci\u00f3n del servicio durante un n\u00famero determinado de a\u00f1os, con la concurrencia del factor edad\u2019 (Casaci\u00f3n laboral, abril 28 de 1958, G. J. LXXXVII, 858). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la configuraci\u00f3n de la prestaci\u00f3n reclamada, con base en el art\u00edculo 260 del CST, en el caso objeto de estudio estaba supeditada al cumplimiento de la edad y el tiempo de servicio, pues, de no ser as\u00ed, esta ser\u00eda una mera expectativa, lo que la hac\u00eda susceptible de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. En ese orden, precis\u00f3 que, aunque la demanda de casaci\u00f3n se enfilaba a indicar que el actor hab\u00eda cumplido la edad y tiempo de servicios para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, el se\u00f1or Benjam\u00edn Enrique Ashook suscribi\u00f3 una conciliaci\u00f3n con la empresa empleadora por el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma \u00fanica y en el proceso, desde el l\u00edbelo introductorio, dirigi\u00f3 sus s\u00faplicas a que aquella se declarara nula, por tratarse de un derecho cierto e irrenunciable, razones por las cuales la Sala convocada procedi\u00f3 a analizar el acta de conciliaci\u00f3n 028 del 14 de julio de 1995 adelantada ante el Ministerio del Trabajo, as\u00ed como el escrito del Instituto de Seguros Sociales dirigido a dicha entidad, en el que inform\u00f3 que revis\u00f3 y encontr\u00f3 conforme el c\u00e1lculo actuarial que fue presentado; de lo anterior, concluy\u00f3 que el Tribunal obr\u00f3 acertadamente al adoptar su decisi\u00f3n, toda vez que dio aplicaci\u00f3n al criterio jurisprudencial vigente sobre la licitud de los acuerdos de pago anticipado en una \u00fanica suma, expuesto en la sentencia CSJ SL1551-2021, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab\u2026esta Sala de la Corte ha prohijado la validez de conciliaciones sobre pensiones de jubilaci\u00f3n a cargo del empleador en curso de adquisici\u00f3n, es decir, respecto de las cuales el trabajador no ha cumplido la integridad de los requisitos de tiempo y edad, a trav\u00e9s del pacto \u00fanico de pensi\u00f3n, por representar simples expectativas y no derechos adquiridos. <\/p>\n
En la sentencia CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 35713, que reiter\u00f3, entre otras, la CSJ SL, 19 oct. 2005, rad. 26266, referidas justamente a empresas del sector del petr\u00f3leo, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En lo que tiene que ver con los pactos \u00fanicos de pensiones y su relaci\u00f3n con la prohibici\u00f3n de conciliar derechos ciertos e indiscutibles, de tiempo atr\u00e1s se ha admitido por la Sala la validez de esos pactos, siempre y cuando, eso s\u00ed, se re\u00fanan las exigencias establecidas en la ley. De ello da cuenta la sentencia proferida por la Secci\u00f3n Segunda el 2 de septiembre de 1987, radicaci\u00f3n 1477, (reiterada en la de esa misma secci\u00f3n de 2 de agosto de 1990, radicaci\u00f3n 3840), en la que se dijo: <\/p>\n
\u2018Es conveniente aclarar tambi\u00e9n que, si bien los pactos \u00fanicos por concepto de pensiones futuras de jubilaci\u00f3n no son objeto de prohibici\u00f3n legal, las normas que los regulan supeditan su viabilidad a la existencia del convenio expreso al respecto acompa\u00f1ado del c\u00e1lculo actuarial correspondiente y de la aprobaci\u00f3n de este \u00faltimo por el Seguro Social o por el Ministerio del Trabajo, requisitos con los cuales se pretende salvaguardar los intereses del trabajador. Obviamente que esa especie de convenio se refiere a pensiones que van a causarse en el futuro y no a pensiones que ya se vengan percibiendo en el presente, caso este \u00faltimo que es el objeto del estudio actual\u2019\u2026 <\/p>\n
\u2018En sentencia de 10 de noviembre de 1995, rad. N\u00b0 7695, tra\u00edda a colaci\u00f3n en otra de 22 de septiembre de 1998, rad. N\u00b0 10805, dijo la Corte sobre el tema lo siguiente: <\/p>\n
\u2018Conviene ante todo precisar que si bien un trabajador puede conciliar su expectativa de pensi\u00f3n jubilatoria que le reconocer\u00eda directamente su empleadora, cuando no se ha consolidado al momento de la diligencia un derecho cierto en su favor, esa voluntad de ambas partes debe quedar plasmada de manera inequ\u00edvoca en el texto del acuerdo conciliatorio (\u2026) Y adem\u00e1s debe el funcionario que apruebe dicho arreglo amigable prestar especial atenci\u00f3n a los convenios de esa clase para prevenir que con ellos se lesionen derechos indiscutibles de los trabajadores\u2019. <\/p>\n
4.- Ahora bien, conviene precisar que una negociaci\u00f3n como la que es materia del sub examine, no compromete la existencia del derecho, ni supone la renuncia del mismo sino, por el contrario, parte de la premisa de la existencia del germen de un derecho, por ello a\u00fan incierto, y del cual se pacta una forma de pago. <\/p>\n
\u2018Reprocha el recurrente la legalidad de un acuerdo de pago de derecho pensional -que a\u00fan se admitiera de origen legal-, porque el pago del capital requerido para cubrir una renta equivalente a la mesada pensional, se haga directamente a quien fue trabajador. Se ha de indicar que la diferencia que existe entre las pensiones de empresa y las de seguridad social, es que para las segundas la ley ha creado una institucionalidad espec\u00edfica encargada de gestionar los recursos y garantizar as\u00ed el pago por el largo periodo pensional; para las pensiones de empresa no existen reglas para el manejo de los recursos, pues \u00e9stos, incluso para cuando se cumple con la obligaci\u00f3n de garant\u00eda de pago constituyendo debidamente las reservas contables, se confunden con los de la empresa y corren el riesgo propio de las actividades econ\u00f3micas de \u00e9sta. Frente a este escenario es que ha de estimarse como un beneficio para el trabajador, un acuerdo por medio del cual se obtenga la separaci\u00f3n real del patrimonio de la empresa de uno suficiente para cubrir las deudas de pensiones y ser entregado a \u00e9ste para su propia gesti\u00f3n, siempre y cuando, la empresa no est\u00e9 en alguna de las situaciones previstas para declarar la conmutaci\u00f3n pensional, esto es, para cuando no est\u00e9 en peligro el derecho de los dem\u00e1s pensionados. <\/p>\n
\u2018Ciertamente el pago de los derechos pensionales, los que la empresa le proporciona al pensionado, ha de hacerse por un valor exacto cuando es causado, o si son derechos futuros de incierta causaci\u00f3n con un valor t\u00e9cnicamente estimado; las normas reglamentarias de la seguridad social han establecido f\u00f3rmulas y procedimientos para hacer del c\u00e1lculo actuarial un estimativo confiable, m\u00e1s no por ello preciso, pues se hace sobre variables simplemente probables. De esta manera el pago del valor del c\u00e1lculo actuarial libera definitivamente a la empresa de la obligaci\u00f3n pensional, sin lugar a ajustes, ni a devoluciones, porque, por ejemplo, la fecha que se estim\u00f3 como probable de la muerte se anticipe o se postergue. Lo anterior no es \u00f3bice, para solicitar la revisi\u00f3n del c\u00e1lculo si se hubiere incurrido en equivocaciones en su elaboraci\u00f3n. <\/p>\n
\u2018En sentencia de 17 de junio de 1993, rad. N\u00b0 5761, anot\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u2018Por \u00faltimo, existe notorias diferencias entre las mesadas pensionales causadas, las cuales no pueden ser objeto de conciliaci\u00f3n, y las eventuales que son las que est\u00e1n en curso de adquisici\u00f3n por el transcurso del tiempo. Estas \u00faltimas son las que pueden solucionarse anticipadamente mediante el pacto \u00fanico de pensiones de jubilaci\u00f3n, previo el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados por el Estatuto Tributario, como son, la celebraci\u00f3n del pacto por escrito, la presentaci\u00f3n del c\u00e1lculo actuarial y la aprobaci\u00f3n del mismo por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Instituto de Seguros Sociales\u2026 <\/p>\n
No encuentra la Corte en los razonamientos jur\u00eddicos del cargo razones que la lleven a modificar el entendimiento de que se ha hecho memoria, antes rese\u00f1ado. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Asimismo, en la sentencia CSJ SL17740-2015, reiterada en las decisiones CSJ SL17778-2016 y CSJ SL5508-2018, la Corte diferenci\u00f3 las figuras jur\u00eddicas de \u2018pago anticipado de mesadas pensionales futuras\u2019 y \u2018pacto \u00fanico de pensi\u00f3n\u2019 y reiter\u00f3 que este \u00faltimo resultaba leg\u00edtimo, en el curso de una diligencia de conciliaci\u00f3n, si la pensi\u00f3n sobre la cual reca\u00eda constitu\u00eda apenas una expectativa, porque el beneficiario no hab\u00eda cumplido la integridad de los requisitos necesarios para adquirirla\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Con base en dicha sentencia, concluy\u00f3 que los cargos no estaban llamados a prosperar. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable, la jurisprudencia relacionada con el tema de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente y las probanzas allegadas, acorde con las cuales la Sala accionada concluy\u00f3 frente a lo pretendido en el juicio, esto es, la anulaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n suscrita entre las partes, que por no cumplirse el requisito de la edad \u00abpara adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, solo se [ten\u00eda] una mera expectativa de derecho\u00bb y, en esa medida, el derecho incierto pod\u00eda ser conciliado, ci\u00f1\u00e9ndose a las exigencias contempladas en la ley, como en efecto ocurri\u00f3, pues los documentos allegados as\u00ed lo acreditaban y el monto del c\u00e1lculo realizado fue revisado y aprobado por la autoridad competente. <\/p>\n
4.1. Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que las inconformidades de las partes frente a las decisiones adoptadas no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
4.2. Finalmente, frente a lo indicado por el actor sobre su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, debe precisarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar el amparo en la forma pretendida, toda vez que la Sala ha indicado que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegales las decisiones judiciales recriminadas (CSJ STC247-2022, 20 enero de 2022, exp. 2021-00306-01). <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC803-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC803-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01904-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61483","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61483"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61483\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}