STC804-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC804-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02159-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (02) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 03 de noviembre de 2021 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la cual se deneg\u00f3 el amparo reclamado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte Suprema. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Ricardo Pe\u00f1uela Aya present\u00f3 demanda laboral en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, a efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pactada en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario, as\u00ed como el pago de las mesadas dejadas de percibir y la indexaci\u00f3n de tales rubros. <\/p>\n
2.2. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el 23 de junio del 2017, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a la demandada \u00aba reconocer y pagar al actor la pensi\u00f3n convencional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva y su par\u00e1grafo 1\u00b0, en cuant\u00eda de $3.520.575.69 M\/CTE, a partir del 8 de noviembre de 2015 junto con los reajustes anuales de ley y la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas y 14 mesadas anuales\u00bb. <\/p>\n
2.3. Impugnada tal determinaci\u00f3n, el 19 de julio del 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la providencia de primer grado. Y, en su lugar, absolvi\u00f3 a la parte pasiva. <\/p>\n
2.4. El demandante present\u00f3 oportunamente recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto por la Sala accionada con sentencia del 18 de mayo de 2021, en la que resolvi\u00f3 casar la providencia impugnada. Y, modific\u00f3 \u00abel numeral primero de la sentencia proferida por el Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, del 23 de junio de 2017 en el sentido de condenar a la demandada a reconocer al demandante la prestaci\u00f3n establecida en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario, a partir del 8 de noviembre de 2010, en cuant\u00eda de $2,923,316.34, debidamente indexadas entre la causaci\u00f3n de cada mesada y su pago efectivo\u00bb. <\/p>\n
2.5. El actor considera que tal discernimiento involucra una v\u00eda de hecho por tres razones. La primera en tanto que, a su juicio, es errado el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional ya que no se cumplen \u00ablos requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 de la CAJA AGRAR\u00cdA, esto es, 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad para los hombres, los cuales deben acreditarse antes del 31 de julio de 2010 conforme a lo exigido por el Acto Legislativo 001 de 2005, pues de la informaci\u00f3n obrante en el expediente pensional del se\u00f1or RICARDO PE\u00d1UELA AYA se observa que, si bien acredit\u00f3 24 a\u00f1os 5 meses 7 d\u00edas laborados de servicio p\u00fablico, para el 31 de julio de 2010, s\u00f3lo ten\u00eda la edad de 54 a\u00f1os, lo que hace que no cumpliera con este requisito conforme a lo postulados convencionales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que la interpretaci\u00f3n dada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte al art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva 1998-1999 es err\u00f3nea, pues no puede confundirse la expectativa del derecho, con el derecho adquirido, raz\u00f3n por la que no hab\u00eda lugar a casar el fallo recurrido. <\/p>\n
Estim\u00f3 que tambi\u00e9n se err\u00f3 al reconocer la mesada catorce, toda vez que el demandante no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, adem\u00e1s, de aceptar la postura de la Corte \u00abcon base en el Acto Legislativo 01 de 2005 tampoco se cumple con el requisito en el sentido de que la prestaci\u00f3n no puede superar los 3 SMLMV, pues para el a\u00f1o 2010, fecha a partir del cual se reconocer\u00eda la pensi\u00f3n convencional, la mesada del causante, en la forma reconocida por el estrado judicial accionado, ser\u00eda de $2\u2019923.316,34 M\/cte esto es un monto superior a los 3 SMLMV si se tiene en cuenta que para el a\u00f1o 2010 el salario m\u00ednimo era de $515.000 que multiplicado por 3 arroja el valor de $1.545.000 M\/cte, monto inferior al valor de la prestaci\u00f3n reconocida al se\u00f1or PE\u00d1UELA AYA\u00bb. <\/p>\n
Hizo hincapi\u00e9 en que, de la p\u00e1gina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, se evidencia que \u00abel se\u00f1or RICARDO PE\u00d1UELA AYA, se encuentra pensionado desde el 17 de enero de 2011, mediante Resoluci\u00f3n 57016\u00bb, lo cual genera que \u00abreconocer la pensi\u00f3n convencional cree la figura de la INCOMPATIBILIDAD pensional con lo cual se contrar\u00eda lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 128 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pero adem\u00e1s desconoce las normas que desarrollaron la prohibici\u00f3n de devengar dos emolumentos de erario para proteger el mismo riesgo\u00bb. En tal sentido, evidenci\u00f3 que reconocer y pagar la pensi\u00f3n convencional a favor de Pe\u00f1uela Aya \u00abgenere esa prohibici\u00f3n constitucional y legal por \u00e9l estar devengando con los mismos tiempos y para amparar el mismo riesgo, pensi\u00f3n de vejez reconocida y pagada por COLPENSIONES, situaci\u00f3n que har\u00e1 que del Tesoro P\u00fablico se paguen las dos mesadas una pagada por Colpensiones y otra por la UGPP lo cual como ya se explic\u00f3 es irregular\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, asever\u00f3 que con tal postura se desconoci\u00f3 el precedente constitucional \u00abreferente a la vigencia de las convenciones colectivas consignado en Sentencia de Unificaci\u00f3n SU 555 DE 2014. As\u00ed, entonces, es claro que la corporaci\u00f3n judicial accionada incurri\u00f3 en una doble violaci\u00f3n del precedente: i). En primer lugar, al apartarse indebida e injustificadamente de los t\u00e9rminos ya expuestos y consignados en la sentencia SU 555 DE 2014 y ii). Al advertirse en sentencia de constitucionalidad C-179 de 2016, igualmente ya citada, la obligatoriedad de las sentencias de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional es claro que se est\u00e1 desconociendo una sentencia de constitucionalidad de obligatoria observancia y acatamiento como lo regula el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; esto, en la medida que este \u00faltimo fallo es de control abstracto de constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 \u00abDEJAR sin efectos la sentencia del 18 de mayo de 2021 dictadas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL SALA DE DESCONGESTI\u00d3N NO. 2, en el proceso laboral ordinario No. 11001310500820150036400 por la flagrante v\u00eda de hecho y el abuso palmario del derecho en raz\u00f3n al reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional y derecho a la mesada catorce al se\u00f1or RICARDO PE\u00d1UELA AYA, quien no cumpli\u00f3 la totalidad de los requisitos se\u00f1alados en la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 ni en el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. En consecuencia, que se le ordene dictar nueva sentencia que confirme la de segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 el devenir procesal del proceso en cuesti\u00f3n. Indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n tomada por la Corporaci\u00f3n \u00abno es extra\u00f1a para la Corte pues ha sido reiterada en sentencias CSJ SL2297-2021, CSJ SL3339-2021, CSJ SL5178-2020, CSJ SL3113-2020, CSJ SL990-2020, CSJ SL880-2020, CSJ SL5030-2019, CSJ SL3280-2019, CSJ SL2659-2019 y CSJ SL4550-2018\u00bb. Por lo que para la Sala es extra\u00f1o que la UGPP, pese a conocer los precedentes, \u00abinsista en acudir mediante el presente mecanismo a intentar controvertir una posici\u00f3n fijada de forma pac\u00edfica y reiterativa por la Sala Laboral, sin que se muestren argumentos que permitan cambiar dicha l\u00ednea de pensamiento\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, estim\u00f3 que \u00abno podr\u00eda discutirse nuevamente en esta sede el alcance dado al art\u00edculo convencional indicado, pues del mismo surge patente que para que un trabajador de la Caja fuere beneficiario de la CCT solo requer\u00eda haber prestado sus servicios a la entidad durante 20 a\u00f1os y haber sido desvinculado de la misma, momento en el cual se consolida el derecho siendo exigible \u00fanicamente hasta el cumplimiento de la edad\u00bb. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 la temeridad de la actora, \u00abpues pese a tratarse de procesos diferentes contienen el mismo asunto, esto es, la interpretaci\u00f3n del art. 41 de la CCT 1998-1999, la aplicaci\u00f3n de los efectos del AL 01 de 2005 frente a ello y la eventual incompatibilidad con una pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abefectivamente conoci\u00f3 de la demanda ordinaria instaurada por RICARDO PE\u00d1UELA AYA en contra de la UGPP radicada bajo el n\u00famero 110013105008-2015-00364-00, proceso en el cual, se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia condenatoria el 23 de junio de 2017, decisi\u00f3n revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Laboral en sentencia del 19 de julio de 2017 y posteriormente casada por la Sala de Descongesti\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 18 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deneg\u00f3 el amparo, comoquiera que la providencia reprochada \u00abcontiene motivos razonables, porque, para arribar a la conclusi\u00f3n cuestionada por la UGPP, fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial. <\/p>\n
Transcritas las consideraciones del Despacho cuestionado, advirti\u00f3 que estas \u00abcorresponden a la valoraci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento; por lo cual, la providencia censurada es intangible por el sendero de este diligenciamiento. Recu\u00e9rdese que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administradores de justicia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, estim\u00f3 que es de recibo el argumento exteriorizado por la autoridad accionada \u00abreferente a que en casos donde una persona es beneficiaria de una pensi\u00f3n convencional de una entidad p\u00fablica y, a su vez, obtenga la prestaci\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, con posterioridad al 17 de octubre 1985, la misma revestir\u00e1 el car\u00e1cter de compartida. Es decir, que no se recibir\u00e1n de forma simult\u00e1nea, sino que se otorgar\u00e1 un solo pago: el ex empleador debe sufragar el mayor valor que resulte de la diferencia entre lo percibido judicialmente y lo entregado por la administradora de pensiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la entidad actora, quien increp\u00f3 que \u00aba pesar de que el a quo considere que la decisi\u00f3n del 18 de mayo de 2021, hoy controvertida, se encuentra ajustada a las interpretaciones que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia Sala De Casaci\u00f3n laboral en materia de pensiones convencionales y m\u00e1s espec\u00edficamente respecto de los requisitos de causaci\u00f3n y exigibilidad del derecho, es del caso se\u00f1alar que dicha posici\u00f3n desconoce abiertamente el Acto Legislativo 01 de 2005, el t\u00e9rmino de vigencia de la convenci\u00f3n colectiva 1998 \u2013 1999, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de derechos adquiridos, donde ha sido enf\u00e1tica que los derechos pensionales s\u00f3lo se causan cuando se han cumplido la totalidad de los requisitos para su reconocimiento, esto es, edad + tiempo de servicios antes del vencimiento de la convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abla l\u00ednea jurisprudencial fijada por la Corte Suprema de Justicia ri\u00f1e con las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho de la Constituci\u00f3n en materia de derechos adquiridos pensionales, al ser enf\u00e1tica, esta \u00faltima Corporaci\u00f3n, que los derechos en materia pensional s\u00f3lo se adquieren o se causan cuando se han acreditado la totalidad de los requisitos fijados por la norma correspondiente, es decir, que en el caso de las pensiones convencionales, la edad y el tiempo de servicios son dos requisitos de causaci\u00f3n del derecho. En las sentencias C- 596 de 1997 y la C-242 de 2009 ha hecho la siguiente diferenciaci\u00f3n entre los derechos adquiridos y las meras expectativas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso en concreto, la entidad accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 2\u00b0 de la Hom\u00f3loga Laboral el 18 de mayo de 2021. Ello pues, aduce que dicho pronunciamiento se edific\u00f3 en v\u00edas de hecho vulneradoras de los alegados derechos fundamentales. <\/p>\n
2.- Pronto esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. Ello por cuanto no se satisface el requisito general de subsidiariedad, al no haberse agotado los mecanismos ordinarios con que cuenta el impugnante para obtener lo que pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que contra la decisi\u00f3n emitida por la autoridad judicial cuestionada procede la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, tal como lo contempla el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 20031. As\u00ed las cosas, se evidencia que el promotor omiti\u00f3 agotar los medios ordinarios con los que cuenta para salvaguardar sus derechos fundamentales antes de acudir a este mecanismo subsidiario. <\/p>\n
2.1. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed pues, la Corte Constitucional, en sentencia T-396-2014 puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abtrat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos or\u00edgenes\u2019. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jur\u00eddico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su tr\u00e1mite las irregularidades procesales que puedan afectarle\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que: <\/p>\n
\u00ab[e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018 y en reiterada en CSJ STC2799-2020, Mar. 12 de 2020. Rad. 2020-00627-00). <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en situaciones con connotaciones similares en torno al reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional y la mesada catorce, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo (\u2026). <\/p>\n
La entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01, reiterada STC6282-2021 y STC12506-2021). <\/p>\n
2.2. Sumado a lo anterior, se debe destacar que el t\u00e9rmino que tienen las administradoras de pensiones para interponer el mecanismo \u00abextraordinario de revisi\u00f3n de las decisiones judiciales\u00bb que hayan reconocido pensiones a su parecer con abuso del derecho, seg\u00fan los art\u00edculos 30 y 32 de la Ley 712 de 2001, no puede exceder de cinco (5) a\u00f1os a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que se encuentra vigente, pues la resoluci\u00f3n rebatida se profiri\u00f3 el 18 de mayo de 2021. <\/p>\n
3.- Finalmente, el promotor no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable en orden a conceder el amparo de manera temporal o transitoria. Es decir, \u00abno se demostr\u00f3 la necesidad de evitar un perjuicio irremediable que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; STC, 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; y STC, 18 oct. 2012, rad. 2012-00213-01). <\/p>\n
Al respecto, cabe recordar que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento del citado menoscabo es insuficiente para justificar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
4.- Por las consideraciones expuestas, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 20. REVISI\u00d3N DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERI\u00d3DICAS A CARGO DEL TESORO P\u00daBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA P\u00daBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La revisi\u00f3n tambi\u00e9n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo y, adem\u00e1s: <\/p>\n
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso, y b) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC804-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC804-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02159-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1 D.C., dos (02) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 03 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}