STC805-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC805-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02163-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Gustavo C\u00e1rdenas Ibag\u00f3n frente a la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 76001310500820170010801. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la seguridad social, la igualdad, el m\u00ednimo vital y la dignidad humana, as\u00ed como al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante indic\u00f3 que naci\u00f3 el 20 de noviembre de 1947, que padece de \u00abinsuficiencia renal cr\u00f3nica, HC de hipoacusia OD tintius, hipertensi\u00f3n arterial, glaucoma en uso de latanoprost, hipotiroidismo no especificado, hiperplasia de la pr\u00f3stata\u00bb y que sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral calificada por la Administradora Colombiana de Pensiones en \u00abun porcentaje del 67.29%, con fecha de estructuraci\u00f3n 21 de junio de 2016\u00bb; no obstante, la entidad le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, mediante \u00abResoluci\u00f3n No. 378493 del 13 de diciembre de 2016\u00bb, al estimar que \u00abno cumpl\u00eda con lo reglado en la Ley 860 de 2003, en cuanto que no ten\u00eda cotizadas 50 semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por ello, present\u00f3 demanda ordinaria que fue negada el 27 de junio de 2017 por el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali. <\/p>\n
2.3. El 19 de octubre de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y le orden\u00f3 a la entidad accionada \u00abreconocer y pagarme la pensi\u00f3n de invalidez desde el 21 de junio de 2016, fecha de estructuraci\u00f3n de mi invalidez\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 25 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 la sentencia emitida por el ad quem y confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del Juzgado, en raz\u00f3n a que \u00abla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa afecta el principio de seguridad jur\u00eddicas (sic), pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable, por lo que el Juez plural incurri\u00f3 en los desaciertos normativos que le enrostra la censura, en tanto solucion\u00f3 el conflicto con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, siendo que el evento juzgado se regula por lo estatuido en el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
2.5. En criterio del actor, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y en desconocimiento de los precedentes constitucionales, al inaplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez y el test de precedencia, aunado a que no tuvo en cuenta su \u00abestado de salud, que no puedo movilizarme por s\u00ed s\u00f3lo, no puedo trabajar, no tengo ning\u00fan ingreso econ\u00f3mico\u00bb, dejando de lado que es una persona de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales invocadas y que se conceda la pensi\u00f3n de invalidez reclamada. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 negar la salvaguarda pretendida, toda vez que \u00abla providencia cuestionada, adem\u00e1s de ser razonable, fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la ley y al precedente, por manera que no resulta arbitraria ni lesiva de derecho superior alguno, tal como puede advertirse de las consideraciones all\u00ed vertidas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
4. Colpensiones inst\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, dado que con las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas no se materializ\u00f3 ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno se ofrece arbitraria ni caprichosa, ni violatoria del ordenamiento jur\u00eddico, pues se encuentra precedida de un an\u00e1lisis serio y debidamente fundamentado, soportado en los hechos probados, las disposiciones normativas y la jurisprudencia aplicable al caso, cuyo contraste permite a esta Colegiatura descartar la procedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abTampoco resulta cierto que la autoridad demandada desconoci\u00f3 el precedente, [pues] como viene de verse, en la decisi\u00f3n controvertida, reiter\u00f3 la jurisprudencia de su propia especialidad, la cual tiene car\u00e1cter vinculante, obligatorio, y es un criterio propio de la autonom\u00eda e independencia que gozan las autoridades\u00bb. Y destac\u00f3 que, aunque la Sala de Casaci\u00f3n se aparte del precedente de la Corte Constitucional, no por ello puede calificarse de vulneradora de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, por ser el fallo de primera instancia perjudicial a sus intereses, dado su estado de indefensi\u00f3n. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que se protejan los derechos fundamentales invocados y que se le conceda la pensi\u00f3n de invalidez reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL3800-2021 del 25 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) que el se\u00f1or Gustavo C\u00e1rdenas Ibag\u00f3n ten\u00eda una \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral de 67.29%, estructurada el 21 de junio de 2016\u00bb; ii) que cotiz\u00f3 entre \u00abel 27 de agosto de 1968 y el 30 de noviembre de 1996, 753.86 semanas\u00bb y, iii) que \u00abno tiene aportes entre el 21 de junio de 2013 y el mismo d\u00eda y mes de 2016\u00bb. <\/p>\n
En torno a los aspectos cuestionados se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez deb\u00eda ser dirimido bajo la \u00e9gida de la normatividad vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez y, en esa medida, la disposici\u00f3n que deb\u00eda aplicarse en el caso concreto era el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, pues la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez fue el 21 de junio de 2016. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia a varias sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, como las CSJ SL353-2018 y CSJ SL4020-2019, en las que se expuso el criterio que se ha mantenido respecto del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, enfatizando que no era viable la aplicaci\u00f3n de la \u00abplusultractividad de la ley\u00bb, entendida esta como la posibilidad de \u00abexplorar en legislaciones anteriores, para identificar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del demandante o le resulta m\u00e1s favorable\u00bb, pues con ello se desconocer\u00eda que \u00ablas leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y rigen hacia el futuro\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que, si bien el Tribunal acogi\u00f3 el postulado contenido en la sentencia CSJ SL1552-2021, que permit\u00eda definir el derecho con base en la norma inmediatamente anterior, la cual para el asunto objeto de estudio era la Ley 100 de 1993 original, lo cierto era que para su aplicaci\u00f3n era indispensable que la estructuraci\u00f3n de la invalidez se hubiera dado entre el \u00ab26 de diciembre de 2003 y la misma fecha de 2006\u00bb, como lo indicaba la sentencia CSL SL2358-2017, lo que tampoco ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
De otra parte, en lo pertinente al alcance que otorg\u00f3 la Corte Constitucional al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la Sala convocada hizo \u00e9nfasis en lo contenido en la sentencia CSJ SL1938-2020 de la Sala Permanente, en la que expuso: <\/p>\n
\u00abPues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ 5L1683-2019, CSJ 5L1685-2019, CSJ 5L2526-2019 y CSJ 5L2829-2019)\u00bb. <\/p>\n
Bajo las circunstancias mencionadas, concluy\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la norma, pues resolvi\u00f3 el conflicto con fundamento en \u00ablo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, siendo que el evento juzgado se regula por lo estatuido en el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003\u00bb, por lo que el cargo era \u00abfundado y la sentencia gravada ser\u00e1 casada\u00bb; en consecuencia, dict\u00f3 la sentencia de instancia y confirm\u00f3 la dictada por el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali, el 27 de junio de 2017, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
Por lo tanto, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. En ese orden, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba una pensi\u00f3n de invalidez y en el cual la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pretendida, en raz\u00f3n a que la norma aplicable era la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de aquella -Ley 860 de 2003-, sin que fuera posible considerar, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que de la salvaguarda no era procedente, dado que a providencia atacada se sustent\u00f3 razonadamente, \u00abadvirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural1\u00bb (STC16333-2021). <\/p>\n
4.2. As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep., Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Finalmente, frente a lo indicado por el actor sobre el perjuicio irremediable y su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, debe precisarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar la salvaguarda en la forma pretendida, toda vez que la Sala ha indicado que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegales las decisiones judiciales recriminadas (CSJ STC247-2022, 20 enero de 2022, exp. 2021-00306-01). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13983-2021, STC14389-2021, STC14818-2021, STC15447-2021. <\/p>\n
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