STC807-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC807-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02410-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por International Materials LLC. contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura para Procedimientos de Insolvencia-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Cementos y Calizas de la Paz S.A., en reorganizaci\u00f3n y al promotor Rafael Santo Domingo Ochoa. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Cementos y Calizas de la Paz S.A., en reorganizaci\u00f3n, expediente 55610. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que era proveedor de Cementos y Calizas de la Paz S.A. (CECAPAZ), sociedad que present\u00f3 solicitud de reorganizaci\u00f3n el 30 de abril de 2019, de lo cual no ten\u00eda conocimiento. <\/p>\n
Mediante auto 2019-01-482189 del 17 de diciembre de 2019, la Superintendencia admiti\u00f3 a CECAPAZ en el proceso de reorganizaci\u00f3n, providencia que habr\u00eda sido notificada a la sociedad por reorganizar el l8 de diciembre de 2019, en tanto que, de conformidad con el registro de existencia y representaci\u00f3n legal de la concursada, s\u00f3lo hasta el 23 de diciembre siguiente se realiz\u00f3 el registro del auto admisorio de la Superintendencia de Sociedades en la C\u00e1mara de Comercio de Valledupar. <\/p>\n
El 20 de enero de 2020 se public\u00f3 y fij\u00f3 en un lugar p\u00fablico del Grupo de Apoyo Judicial en Bogot\u00e1 y en las Intendencias de Barranquilla y Cartagena el aviso que informaba del estado de reorganizaci\u00f3n de la empresa, el cual fue desfijado el 24 de enero siguiente. <\/p>\n
Por correo electr\u00f3nico del 6 de febrero de 2020, CECAPAZ le inform\u00f3 de su situaci\u00f3n de insolvencia, esto es, 50 d\u00edas calendario posteriores a la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n y, \u00abEntre la solicitud de admisi\u00f3n a reorganizaci\u00f3n y el efectivo enteramiento de IM sobre la admisi\u00f3n al mismo, CECAPAZ continu\u00f3 haciendo pagos a IM, recibidos de buena fe por mi representada sin que tuviera idea o noticia del proceso de insolvencia\u00bb, como lo fueron los pagos correspondientes a la factura 2171606. <\/p>\n
En audiencia del 19 de julio de 2021, fijada para resolver objeciones, la accionada abri\u00f3 un incidente, \u00abpor la presunta violaci\u00f3n del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2016, en raz\u00f3n a que, supuestamente, la concursada e IM habr\u00edan violado la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 17 de la ley 1116 de 2006, al haberse realizado pagos en favor de IM por cuenta de la factura n\u00famero 2171606, luego de que se admitiera a la sociedad deudora al proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, audiencia que fue suspendida. <\/p>\n
Reanudada la diligencia el 23 de julio de 2021, \u00abtanto IM como CECAPAZ argumentaron que dichos pagos se hicieron de buena fe y en raz\u00f3n al giro ordinario de los negocios de CECAPAZ\u00bb; no obstante, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganizaci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n \u201cA\u201d de la Superintendencia, \u00absin ajustarse a la interpretaci\u00f3n razonable del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2007\u00bb, resolvi\u00f3 \u00abReconocer los presupuestos de ineficacia de pleno derecho por la ocurrencia de conductas contrarias al art\u00edculo 17 de la ley 1116 de 2006 en raz\u00f3n al pago realizado por la concursada al acreedor International Materials Inc en relaci\u00f3n con la factura 2171606 en las siguientes fechas diciembre de 2019 los d\u00edas 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27 y en enero de 2020 los d\u00edas 2, 3 y 7\u00bb, al tiempo que orden\u00f3 al promotor reconocer las obligaciones descritas e impuso una multa de 250 UVT a Rafael Santo Domingo Ochoa, en calidad de representante legal de CECAPAZ y promotor del proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Contra aquella decisi\u00f3n present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, en el que puso de presente que, en una providencia de 2015, emanada de la accionada, se supedit\u00f3 \u00abla aplicaci\u00f3n de las sanciones previstas y de las consecuencias previstas en el art\u00edculo 17 a los acreedores a la notificaci\u00f3n del laudo que dio comienzo al proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb y que la restituci\u00f3n de esos dineros, dos a\u00f1os despu\u00e9s, resultaba \u00abcompletamente perjudicial y da\u00f1ina para la compa\u00f1\u00eda\u00bb y vulneraba su confianza, pues no ten\u00eda c\u00f3mo saber de la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n, recurso que fue desestimado por la accionada. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que las decisiones cuestionadas desconocieron sus derechos, por defecto procedimental, dado que los pagos correspondientes a \u00abla factura 2171606, entre el 18 de diciembre de 2019 y el 7 de enero de 2020\u00bb, los recibi\u00f3 de buena fe, en consideraci\u00f3n a que conoci\u00f3 del proceso de reorganizaci\u00f3n s\u00f3lo hasta el 20 de enero de 2020, cuando se produjo la notificaci\u00f3n por aviso y agreg\u00f3 que el perjuicio se materializ\u00f3 con la elaboraci\u00f3n de la nueva calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentada el 20 de octubre de 2021, toda vez que su cr\u00e9dito se encuentra en la cuarta categor\u00eda y, \u00abPor lo tanto, IM que pas\u00f3 de tener una acreencia pagada a una expectativa de pago sujeta a varios a\u00f1os de espera\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abla Superintendencia se excedi\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de la norma conculcando la finalidad del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2016 y pretermitiendo las pruebas sobre la notificaci\u00f3n del estado de reorganizaci\u00f3n de CECAPAZ a IM\u00bb y, adem\u00e1s, no acogi\u00f3 su propio precedente, circunstancia que vulneraba su derecho a la igualdad1. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin valor ni efecto los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la parte resolutiva\u00bb de la providencia de 23 de julio de 2021, que resolvi\u00f3 el incidente del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006 y, por tanto, \u00abdeclarar eficaces los pagos realizados por CECAPAZ a IM entre el 18 de diciembre de 2019 (admisi\u00f3n de CECAPAZ a reorganizaci\u00f3n) y el 20 de enero de 2020 (notificaci\u00f3n por aviso a los acreedores)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganizaci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n A de la Superintendencia de Sociedades afirm\u00f3 que International Materials \u00abadmite que tuvo conocimiento del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n de Cementos y Calizas de la Paz S.A. el 6 de febrero de 2020 a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico, y aun as\u00ed, no devolvi\u00f3 los recursos recibidos por parte de la concursada, pese a la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 17 de la Ley 1116, y en esa medida, le son aplicables las sanciones que contempla la mencionada norma, hecho que tuvo en cuenta el Despacho al momento de dictar su providencia, pues el desconocimiento de la ley no exime a la parte de su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que ese Despacho comprob\u00f3 que los pagos realizados en relaci\u00f3n con la factura 2171606 recaen sobre obligaciones que se causaron con anterioridad al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n y no se encontr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna para que la concursada hubiere procedido con el pago de dichas acreencias de forma posterior a la admisi\u00f3n, raz\u00f3n por la que declar\u00f3 ineficaces de pleno derecho los pagos e impuso multa al representante legal. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la ley de insolvencia no prev\u00e9 la notificaci\u00f3n personal del auto de apertura para los acreedores, sino un acto de comunicaci\u00f3n regulado en el art\u00edculo 19.9 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el supuesto desconocimiento del propio precedente, afirm\u00f3 que, \u00abcontrario a lo que sostiene el accionante, lo cierto es que los precedentes citados no se refieren a la misma situaci\u00f3n bajo estudio. Adicionalmente, como se discuti\u00f3 tambi\u00e9n en la audiencia del 23 de julio de 2021, el accionante hizo una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y parcial de uno de los precedentes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la actuaci\u00f3n censurada no era violatoria de la garant\u00eda superior al debido proceso, pues la accionada efectu\u00f3 una apreciaci\u00f3n prudente y razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, y \u00abuna simple inconformidad en materia de interpretaci\u00f3n\u00bb no habilita la interferencia de esta excepcional justicia. <\/p>\n
En cuanto al derecho a la igualdad, sostuvo que \u00abla evidencia tra\u00edda a colaci\u00f3n por la querellante, resulta insuficiente y no revela que el despacho acusado hubiera obrado en un contexto equivalente al aqu\u00ed planteado, de manera contraria\u00bb, dado que se limit\u00f3 a transcribir fragmentos parcializados del auto 430-012214 de 17 de septiembre de 2015, en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Banacol S.A. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien asegur\u00f3 que no se analiz\u00f3 en el fallo que los pagos se recibieron antes de conocer que CECAPAZ hab\u00eda sido admitida a un proceso de insolvencia, del cual se enter\u00f3 el 6 de febrero de 2020; adem\u00e1s, no tuvo en cuenta que el aviso correspondiente se fij\u00f3 del 20 al 24 de enero de 2020, asunto que \u00abreviste un verdadero problema constitucional, pues se le aplicaron consecuencias procesales y sustanciales a una parte que todav\u00eda no estaba notificada\u00bb, a lo cual se sum\u00f3 que, de conformidad con decisiones anteriores de la Superintendencia, el bien jur\u00eddico protegido con el aviso \u00abson aquellos acreedores que no han sido informados de la admisi\u00f3n al proceso de insolvencia y se puedan ver afectados por la ineficacia prevista en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 17\u00bb, precedente que puede ser aplicado al sub examine, pues no requiere que sea de contornos id\u00e9nticos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n controvertida no aplic\u00f3 la excepci\u00f3n establecida en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2016, que permite al deudor efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios, siendo que la concursada \u00abindic\u00f3 que los insumos que IM entreg\u00f3 eran esenciales para la continuaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la tutelante que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la providencia emitida en audiencia del 23 de julio de 2021, en el proceso de reorganizaci\u00f3n 55610, mediante la cual la accionada declar\u00f3 ineficaces los pagos hechos por CECAPAZ, pues, en su opini\u00f3n, estos se realizaron antes de la notificaci\u00f3n por aviso del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n y, por tanto, los recibi\u00f3 de buena fe y no le resultan aplicables las prohibiciones y sanciones del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas adosadas al plenario, se establece que, en el curso del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial 55610 de Cementos y Calizas de la Paz S.A., se practic\u00f3 una audiencia el 19 de julio de 2021, en la cual se decidi\u00f3 abrir un incidente, \u00abpara resolver lo pertinente frente a la posible infracci\u00f3n de las prohibiciones del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006, por el pago de obligaciones con anterioridad a la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb2, el cual se cerr\u00f3 el 23 de julio de 2021, determinando la juez concursal que no hab\u00eda lugar a imponer sanciones y multas. <\/p>\n
No obstante, luego de escuchar las intervenciones de los participantes y observar las pruebas, la accionada decidi\u00f3 abrir un nuevo incidente, \u00abpara resolver lo pertinente frente a la posible infracci\u00f3n de las prohibiciones del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006, con ocasi\u00f3n del pago de obligaciones con posterioridad a la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n y la posible imposici\u00f3n de las sanciones all\u00ed previstas\u00bb3, para lo cual corri\u00f3 traslado a las partes de los memoriales presentados en el anterior incidente por International Material LLC y Cementos y Calizas de la Paz S.A., en los que indicaban que el acreedor aqu\u00ed accionante era un proveedor estrat\u00e9gico para la continuaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de la concursada, raz\u00f3n por la cual se le hicieron unos pagos sin autorizaci\u00f3n; adem\u00e1s, que la Superintendencia se encontraba en vacancia judicial. Igualmente, se mencionaron los argumentos expuestos en el escrito de tutela sobre la buena fe de la acreedora. <\/p>\n
Previa intervenci\u00f3n de las partes, el Despacho consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Seguidamente, manifest\u00f3 que, mediante auto del 17 de diciembre de 2029, notificado por estado del 18 de diciembre siguiente, se admiti\u00f3 a la Sociedad Cementos y Calizas de la Paz S.A. a un proceso de reorganizaci\u00f3n, en tanto que \u00abla inscripci\u00f3n en el registro mercantil se efectu\u00f3 el 23 de diciembre de 2019 y el aviso de la admisi\u00f3n fue publicado en el registro el 27 de enero de 2020. Por su parte, el aviso que public\u00f3 el grupo de apoyo judicial se fij\u00f3 entre el 20 y 24 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, de conformidad con el material probatorio, \u00abEn relaci\u00f3n con la factura 2171606 se efectuaron pagos en diciembre de 2019 en los d\u00edas 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27 y en enero de 2020, los d\u00edas 2, 3 y 7, efectivamente realizados en una fecha posterior a la admisi\u00f3n\u00bb5, sin que existiera justificaci\u00f3n alguna al respecto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la providencia que el apoderado de la accionante solicita tener como precedente \u2013argumento repetido en sede de tutela-, manifest\u00f3 la juez concursal que \u00abEn este caso la norma es clara en se\u00f1alar que la ineficacia se da desde el momento de la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n y esto no dar\u00eda lugar en ese sentido a otra interpretaci\u00f3n\u00bb6. <\/p>\n
Y, analizando la sanci\u00f3n aplicable al caso particular, resolvi\u00f3, entre otros aspectos, \u00abReconocer los presupuestos de ineficacia de pleno derecho, por la ocurrencia de conductas contrarias al art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006 en raz\u00f3n al pago realizado por la concursada al acreedor International Materials Inc, en relaci\u00f3n con la Factura 2171606 en las siguientes fechas: diciembre 2019: 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27; y enero 2020: 2, 3 y 7\u00bb. <\/p>\n
Contra aquella decisi\u00f3n la acreedora International Materials LLC present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n7, argumentando que se deb\u00eda aplicar el precedente del 20158 y que recibi\u00f3 los pagos de buena fe, pues no sab\u00eda de la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, la Juez concursal procedi\u00f3 a resolver el recurso y, frente a la solicitud de tener en cuenta el precedente, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abEn primer lugar, en los autos a los que hace referencia que efectivamente son los mismos que se\u00f1al\u00f3 el despacho, encontramos que hay una interpretaci\u00f3n diferente, es decir, efectivamente estamos de acuerdo en que no se entiende que los efectos se surten desde la providencia, desde la fecha de expedici\u00f3n de la providencia de la admisi\u00f3n, pero diferimos en algo, y es en que los efectos, se van a entender surtidos desde la notificaci\u00f3n del auto y esa notificaci\u00f3n en el caso particular, se dio el 18 de diciembre de 2019, es decir, la notificaci\u00f3n no puede entenderse cuando se hace al acreedor, porque la comunicaci\u00f3n que se env\u00eda al acreedor, no cumple con las reglas de notificaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso y no es ese el sentido digamos que le impone la norma al aviso. Entonces debemos partir de la base de que se entiende que los efectos se surten con la notificaci\u00f3n del auto de admisi\u00f3n al proceso, y la notificaci\u00f3n del acto de admisi\u00f3n al proceso se da por estado al d\u00eda siguiente de la fecha en la que se expide la providencia\u00bb9. <\/p>\n
Y, sobre lo alegado en torno a la buena fe como eximente de la consecuencia contemplada en el art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006, adujo que \u00abla norma no se\u00f1ala ning\u00fan pronunciamiento sobre la buena o mala fe con la que est\u00e1 actuando el acreedor, porque pues, si vamos hablar de buena o mala fe, entonces hay una cuesti\u00f3n que o una inquietud que le surge al despacho y es entonces, por qu\u00e9 no hicieron la respectiva devoluci\u00f3n cuando tuvieron el conocimiento de la admisi\u00f3n, que como lo se\u00f1alaron, es en febrero del a\u00f1o 2020. Advierte este despacho que el supuesto de ineficacia no establece que sea desde el conocimiento de la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n por parte del acreedor, sino que claramente se\u00f1ala que ser\u00e1n ineficaces de pleno derecho los pagos que se realicen desde la fecha de admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n que lo vamos a entender para efectos pr\u00e1cticos con la notificaci\u00f3n del auto que profiere la admisi\u00f3n al proceso, que como ya lo dije entiende el 18 de diciembre de 2019\u00bb10. <\/p>\n
En tal sentido, mantuvo su decisi\u00f3n respecto al recurso presentado por Internacional Material LLC y redujo la sanci\u00f3n impuesta al promotor, asunto que tambi\u00e9n hab\u00eda sido objeto de reparo por el afectado. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron satisfactoriamente los argumentos reiterados en sede de tutela, para controvertir el auto del 23 de julio de 2021, que defini\u00f3 el incidente de ineficacia en el proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, la accionada estableci\u00f3 que la consecuencia contemplada en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 17 de la Ley 1116 de 2006, esto es, la ineficacia de pleno derecho, aquella era atribuible a los pagos realizados desde el momento en que notific\u00f3 por estado el auto que dispuso la admisi\u00f3n al proceso concursal, sin perjuicio de la buena fe con la que fueron recibidos por el acreedor, pues, en su sano criterio, la norma no exige la presencia de tal elemento subjetivo. <\/p>\n
En consecuencia, la decisi\u00f3n desfavorable a los intereses de la actora, con fundamento en el an\u00e1lisis que bajo la autonom\u00eda judicial y criterio racional despleg\u00f3 la accionada, no implica per se la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sino que corresponde a las cargas propias de los acreedores de un deudor que se somete al proceso concursal. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En referencia al auto 430-012214 de 17 de septiembre de 2015, en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Banacol S.A. <\/p>\n
2\u0002 Destaca la Sala. <\/p>\n
3\u0002 Minuto 49:46. <\/p>\n
4\u0002 Minuto: 55:15. <\/p>\n
5\u0002 Minuto 51:19 <\/p>\n
6\u0002 Minuto 53:19 <\/p>\n
7\u0002 Minuto 59:28 <\/p>\n
8\u0002 Auto 400011860 del 8 de septiembre de 2015. <\/p>\n
9\u0002 Minuto 1:49:15. <\/p>\n
10\u0002 Minuto 1:51:03. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC807-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC807-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02410-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61487","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61487\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}