STC808-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC808-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02530-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Juli\u00e1n Enrique Cantillo contra la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, procur\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El accionante impuls\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en contra de la sociedad Amoblados Pullman y\/o Alondra Muebles y Colchones S.A.S. a efectos de que se declare que \u00abest\u00e1 vulnerando mi derecho como consumidor a la Garant\u00eda legal\u00bb y que \u00abincumpli\u00f3 las obligaciones contempladas en el art\u00edculo 11 de la ley 1480 de 2011\u00bb1. En consecuencia, pidi\u00f3 que se le condene a devolver el dinero pagado por el producto defectuoso. Notificada la demandada, esta guard\u00f3 silencio en el t\u00e9rmino de traslado concedido para contestar la demanda2. <\/p>\n
2.2. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, la autoridad cuestionada, el 29 de octubre del 2021 declar\u00f3 que \u00abla sociedad ALONDRA MUEBLES Y COLCHONES S.A.S., identificada con NIT. 900.877.788 -3, vulner\u00f3 los derechos del consumidor\u00bb. Sin embargo, acept\u00f3 \u00abla intenci\u00f3n de acceder favorablemente a lo pretendido y, en consecuencia, ordenar a la sociedad ALONDRA MUEBLES Y COLCHONES S.A.S., identificada con NIT. 900.877.788 -3, que, a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, a favor del se\u00f1or JULIAN ENRIQUE CANTILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 80.096.291, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al cumplimiento de lo dispuesto en el par\u00e1grafo, proceda a realizar la devoluci\u00f3n del dinero pagado por la cama armable 120*190 Wengue, esto es la suma de $253.250\u00bb. A su turno, orden\u00f3 al demandado devolver la cama objeto de debate judicial en las instalaciones del accionado. <\/p>\n
A su turno, cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n efectuada por el despacho de la declaraci\u00f3n rendida por el demandado, puesto que, a voces del art\u00edculo 34 de la ley 1480 de 2011, los contratos deben interpretarse a favor del consumidor y no del productor, como ac\u00e1 se hizo \u00abal considerar como cierto un documento descocido y no aceptado por el suscrito, donde le dio un valor no concertado a cada uno de los componentes del combo adquirido\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el valor dado por la falladora a la sola cama no consulta la realidad, \u00abpor ese valor escasamente se consiguen las tablas, olvid\u00f3 la falladora que el producto lo compr\u00e9 en promoci\u00f3n que aprovech\u00e9, hubo una rebaja de precio en ese momento, pero el valor real del producto adquirido en condiciones normales es mucho mayor, situaci\u00f3n que no lo analiz\u00f3, solo favoreci\u00f3 al productor, contrariando el objeto de la ley org\u00e1nica que contiene el Estatuto del Consumidor\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 \u00abRevocar la sentencia y acceder a las pretensiones de mi demanda ordenando la devoluci\u00f3n del dinero por mi pagado por la totalidad del producto comprado, conforme a los documentos allegados al proceso, al pago de los perjuicios en la forma solicitada y condenarlo en costas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio inform\u00f3 que el tr\u00e1mite adelantado \u00abcorresponde a un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, en concreto una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, la cual se ha tramitado de conformidad con la funci\u00f3n Jurisdiccional que ostenta esta Superintendencia en materia de protecci\u00f3n al consumidor de conformidad con el art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es improcedente puesto que \u00abno se observa que se configure la totalidad de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad haciendo inadmisible su estudio de fondo, al respecto se puede observar en primer lugar que el asunto que se discute no implica una evidente relevancia pues se limita a una discusi\u00f3n frente a las decisiones tomadas por esta Superintendencia en uso de su independencia judicial, y no se observa una vulneraci\u00f3n al debido proceso del accionante por lo que no es susceptible de ser estudiada por la jurisdicci\u00f3n Constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Amoblados Pullman y\/o Alondra Muebles y Colchones S.A.S. guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo \u00abporque la providencia judicial atacada no es arbitraria, ni caprichosa, como lo asevera el accionante, pues no se considera que la misma sea producto del arbitrio del juzgador\u00bb. En ese sentido, advirti\u00f3 que \u00abla resoluci\u00f3n de la sentencia atacada si bien no se ci\u00f1\u00f3 a lo peticionado, no puede tacharse de ilegal, comoquiera que en materia de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, dispone que \u201cal adoptar la decisi\u00f3n definitiva, el Juez de conocimiento o la Superintendencia de Industria y Comercio resolver\u00e1 sobre las pretensiones de la forma que considere m\u00e1s justa para las partes seg\u00fan lo probado en el proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y ultrapetita, y emitir\u00e1 las \u00f3rdenes a que haya lugar con indicaci\u00f3n de la forma y t\u00e9rminos en que se deber\u00e1n cumplir\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el actor, quien insisti\u00f3 en que \u00abse present\u00f3 en el transcurso de la audiencia, llevada a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, un documento que la se\u00f1ora Juez de instancia denomin\u00f3 factura, el cual me pusieron en conocimiento, y no acept\u00e9, y lo desconoc\u00ed como prueba, por cuanto el \u00fanico documento a m\u00ed entregado fue el aportado con la demanda, y que se encuentra firmado por m\u00ed, donde claramente se establece que adquir\u00ed un combo, en dichos documentos no se especifica el valor de cada uno de los componentes del combo\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, a pesar de que dicho documento no reun\u00eda los requisitos de una factura y haber sido desconocido, \u00abla se\u00f1ora juez le dio todo el valor probatorio, para llegar a la determinaci\u00f3n que lleg\u00f3, valorando la cama que forma parte del combo en la suma de $ 253.250, y ordenando al demandado pagarme este valor y recoger la cama. Solo se me indag\u00f3 si yo ten\u00eda conocimiento del valor de la cama, a lo que yo respond\u00ed no tener conocimiento, poni\u00e9ndome en estado de indefensi\u00f3n frente al proveedor, violando en esta forma mi derecho como consumidor, y no siendo justa en su apreciaci\u00f3n, pues de suyo se cae que una cama puede tener un valor tan \u00ednfimo, pues con ese valor ordenado escasamente se compran las tablas\u00bb. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abLo razonable y justo para las partes es que yo devuelvo el combo y me devuelven el dinero completo de lo que pagu\u00e9, indexado o al precio actual del mismo, pues qued\u00e1ndome con algunas piezas, no prestan el servicio que deb\u00edan prestar y para lo cual adquirir el juego de alcoba. Y en el peor de los casos, se devuelva el valor justo de la cama si se decide que \u00fanicamente ser\u00e1 cambiada \u00e9sta, al precio que lo tienen anunciado en la p\u00e1gina y no en la forma decretada favoreciendo los intereses del proveedor, que vali\u00e9ndose de una prueba inexistente logr\u00f3 favorecer sus intereses\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, la accionante se duele de la sentencia proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado 29 de octubre, comoquiera que la decisi\u00f3n \u00abfue caprichosa, injusta, desconociendo el caudal probatorio, d\u00e1ndole valor probatorio a pruebas no aceptadas y desconocidas por el suscrito incurriendo en v\u00edas de hecho, desconociendo adem\u00e1s lo establecido en el numeral 9 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011\u00bb. <\/p>\n
2. Se observa que la autoridad accionada en la sentencia del 29 de octubre de 2021, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 los motivos por los cuales se impon\u00eda al demandado la \u00abdevoluci\u00f3n del dinero pagado por la cama armable 120*190 Wengue, esto es la suma de $253.250\u00bb. <\/p>\n
2.1. Para el efecto, comenz\u00f3 por explicar la obligaci\u00f3n de los productores y proveedores con respecto a la garant\u00eda legal de los bienes y servicios que se ponen en circulaci\u00f3n en el mercado de conformidad con las normas del Estatuto del Consumidor y el Decreto 735 del 2013. Entrado a analizar el caso sub examine, determin\u00f3 que la relaci\u00f3n de consumo se encontraba acreditada \u00abcon el documento que la parte demandante aporta al expediente (\u2026) esto es el pedido del combo Montblanc adquirido el d\u00eda 19 de junio de 2020 y por el cual se pag\u00f3 una suma de $1.173.690, correspondiente a lencer\u00eda, cabecero, la cama y un colch\u00f3n de la referencia Montblanc gris\u00bb. <\/p>\n
2.2. Respecto a la existencia o no de una vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor final, y en lo que concierne con el deber de este de informar la falla y poner a disposici\u00f3n del productor el bien, \u00abteniendo en cuenta del tipo de bien del cual se solicit\u00f3 la garant\u00eda, es claro que no se puso el bien a disposici\u00f3n pero el consumidor s\u00ed cumpli\u00f3 con su deber de informar la falla en dos oportunidades mediante reclamaciones directas realizadas el d\u00eda 9 de octubre a trav\u00e9s de la p\u00e1gina y tambi\u00e9n por correo certificado (\u2026)\u00bb. De manera que era deber \u00abde la sociedad demandada atender la garant\u00eda en un t\u00e9rmino de quince d\u00edas h\u00e1biles indicar si s\u00ed iba a proceder\u00bb. <\/p>\n
A su turno, evidenci\u00f3 que \u00aben el expediente no est\u00e1 acreditado un eximente de responsabilidad, por lo que es procedente alegar la efectividad de la garant\u00eda\u00bb. Ello, aunado al hecho de que se no se present\u00f3 contestaci\u00f3n de la demanda, deviene en que se halle comprobado la existencia de una \u00abvulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor\u00bb. <\/p>\n
2.3. De las pruebas obrantes en el plenario -reclamaci\u00f3n de garant\u00eda, demanda, reclamaciones directas, confesi\u00f3n surgida en el interrogatorio de parte y documentales-, \u00abllevan a concluir al Despacho que los defectos de calidad e idoneidad recaen sobre la cama. Se adquiri\u00f3 lencer\u00eda, se adquiri\u00f3 un colch\u00f3n, se adquiri\u00f3 (\u2026) la almohada tambi\u00e9n con la que ven\u00eda el bien (\u2026) y un nochero, y estos no presentan ning\u00fan defecto, no se acreditan defectos en estos dos bienes\u00bb. En efecto, preguntado a la parte demandante en qu\u00e9 estado se encuentran, este \u00abmanifest\u00f3 que el colch\u00f3n y el nochero se encontraban en buen estado y los dem\u00e1s bienes. Es decir que es \u00fanicamente la cama la que present\u00f3 el defecto\u00bb. <\/p>\n
Por ello, para el Despacho, \u00fanicamente debe pronunciarse sobre la cama, a pesar de que las pretensiones recaen sobre todo el combo de muebles. Lo anterior comoquiera que \u00abel consumidor tiene el deber de informar la falla y poner el bien a disposici\u00f3n y no est\u00e1n reconoci\u00e9ndose fallas en las pruebas ni en el interrogatorio de parte sobre los dem\u00e1s bienes adquiridos por lo que la efectividad de la garant\u00eda deber\u00e1 ordenarse solamente respecto de la cama adquirida\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, aludi\u00f3 al documento presentado por la demandada -decretado de oficio- y el cual la parte activa manifest\u00f3 desconocer. Pero \u00abno hay ninguna otra prueba, ni siquiera en las que aporta el demandante, que permitan acreditar que ese valor o el valor que indica el pedido no corresponde o que el valor que pag\u00f3 es totalmente diferente\u00bb. Por lo tanto, \u00abel Despacho procede, por un lado, a aceptar la intenci\u00f3n de acceder favorablemente a la parte demandada (\u2026) pero, frente a la devoluci\u00f3n del dinero pagado, pues la \u00fanica prueba documental que indica con precisi\u00f3n cu\u00e1l es el precio que el consumidor pag\u00f3 por la cama o que conten\u00eda la cama pues es el pedido que se decret\u00f3 de oficio y que el Despacho tendr\u00e1 en cuenta para impartir la orden\u00bb. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser revocada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente4 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones expuestas, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes. Oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 2-12 del PDF \u00ab20-493302\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 76 del PDF ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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