STC811-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC811-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00708-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 3 de diciembre de 2021, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Torres Cohen -en calidad de alcalde de el Carmen de Bol\u00edvar- contra los Juzgados Primero Promiscuo del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal del mismo territorio. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad Judicial cuestionada en el tr\u00e1mite incidental debatido. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Luis David Lascarro, impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el municipio de El Carmen de Bol\u00edvar, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petici\u00f3n. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Municipal encarado, quien resolvi\u00f3 ordenar al ente territorial dar respuesta de fondo al pedimento formulado. <\/p>\n
2.2. Ante el incumplimiento de la orden, se inici\u00f3 el incidente de desacato. En tr\u00e1mite del mismo, el aqu\u00ed promotor, el 2 de noviembre de 2021 remiti\u00f3 respuesta a la solicitud del se\u00f1or Lascarro. Sin embargo, el juez consider\u00f3 que la misma no fue clara y de fondo. Por tanto, resolvi\u00f3 imponerle sanci\u00f3n de tres d\u00edas de arresto y una multa de 2 SMLMV. Tal determinaci\u00f3n fue confirmada en grado de consulta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, sostuvo que la autoridad recriminada no analiz\u00f3 de fondo los aspectos importantes del asunto, olvidando examinar la conducta del accionante frente a la solicitud elevada y la obligaci\u00f3n del municipio de suministrar una informaci\u00f3n que se encuentra en los \u00f3rganos judiciales. Refiri\u00f3 que la solicitud del dato relacionado con las sentencias ejecutoriadas en contra del municipio, no era una informaci\u00f3n que deba conservar una entidad territorial. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se tutele su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, se ordene revocar la providencia dictada el 8 de noviembre de 2021, con la cual se confirm\u00f3 la sanci\u00f3n a \u00e9l impuesta por desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Bol\u00edvar2, luego de memorar sus actuaciones, indic\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n proferida dentro del tr\u00e1mite incidental se ajusta a derecho, e inclusive fue confirmada en sede de consulta, sin que en ninguna manera est\u00e1n siendo violentados {los derechos del accionante}\u00bb. Por lo tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n constitucional no puede salir avante, pues como se ha advertido, el accionante no demostr\u00f3 la diligencia para acceder a la informaci\u00f3n solicitada, por lo que, la decisi\u00f3n adoptada por los juzgados accionados corresponde a un an\u00e1lisis razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y normatividad aplicable al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. No comparte la decisi\u00f3n de primera instancia al inferir que la misma desconoce el antecedente jurisprudencial en el que se impide una orden de arresto por desacato. Motivo por el cual insiste en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales y en la aplicaci\u00f3n del precedente de esta Corporaci\u00f3n con respecto a las medidas de arresto en atenci\u00f3n a las particularidades circunstancias de salud p\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 8 de noviembre de 2021, con la cual se confirm\u00f3 en grado de consulta la sanci\u00f3n impuesta al actor mediante prove\u00eddo del 3 de ese mismo mes y a\u00f1o, por el incumplimiento del fallo de tutela del 24 de agosto de la misma anualidad, que ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n del se\u00f1or Luis Lascarro. <\/p>\n
2. Una vez verificado el plenario, se destaca que el incidentado fue notificado de todas las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite debatido. Inicialmente, se le requiri\u00f3 el cumplimiento de la tutela mediante auto del 14 de octubre de 2021. Seguidamente, el prove\u00eddo de apertura del 21 de octubre de 2021, le fue notificado al correo electr\u00f3nico contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co. <\/p>\n
De igual forma, oportunamente se le enter\u00f3 de la sanci\u00f3n impuesta el 3 de noviembre de 2021, as\u00ed como tambi\u00e9n de lo resuelto en sede de consulta -el 8 de ese mismo mes y a\u00f1o-. Prove\u00eddos en los cuales se concluy\u00f3 que no fue acreditado el cumplimiento del fallo de tutela del 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se observa que el Juzgado Municipal accionado, al resolver el incidente de desacato, con providencia del 3 de noviembre de 2021 expres\u00f3 los motivos que lo llevaron a sancionar al actor. En principio, se refiri\u00f3 al pedimento del 19 de mayo de 2021, en el que el se\u00f1or Lascarro pretend\u00eda: <\/p>\n
\u00ab1- Solicito se me informe el n\u00famero de Sentencias debidamente ejecutoriadas que tienen \u00f3rdenes de embargo y su cuant\u00eda, que pesan sobre las cuentas corrientes o de ahorro que posee el municipio en el Banco de Bogot\u00e1 de esta localidad. <\/p>\n
2- Tuvo usted se\u00f1or Alcalde en cuenta estas obligaciones al presentar el proyecto de Presupuesto al Concejo Municipal para su estudio y aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
3- Le solicito copia de los Presupuestos ajustado a su programa de gobierno vigencia 2020-2021\u00bb. <\/p>\n
3.1. Para ello, procedi\u00f3 a analizar la respuesta realizada por la alcald\u00eda, la cual, respecto al primer punto contest\u00f3 que, \u00abha venido trabajando en la obtenci\u00f3n y organizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n referente al tema relacionado con las medidas de embargo, que las distintas autoridades judiciales han decretado sobre las diferentes cuentas bancarias de propiedad de esta entidad territorial. tarea que iniciamos de cero\u2026\u00bb. No obstante, manifest\u00f3 que \u00aben estos momentos no cuenta con la informaci\u00f3n solicitada, y que las medidas de embargo decretadas por los jueces, espec\u00edficamente del Banco de Bogot\u00e1, no establece si dentro de cada proceso existe una sentencia y si esta se encuentra ejecutoriada o no, ya que la entidad bancaria, solo se limita a informar la existencia de la medida cautelar, agregando que ha sido dispendioso obtener la informaci\u00f3n debido al traumatismo presentado en la Rama Judicial, gracias a la pandemia generada por el virus Covid \u2013 19\u00bb. En cuanto a este numeral, la autoridad enjuiciada consider\u00f3 que dicha respuesta no resuelve de fondo la petici\u00f3n elevada por el actor, pues \u00ab\u2026la negativa en brindar la informaci\u00f3n al accionante no son de recibo, en primer lugar, porque la solicitud del actor data del 19 de mayo de 2021, es decir de hace aproximadamente 5 meses, habiendo recibido respuesta solo hasta el d\u00eda de ayer, tal como se evidencia de la constancia de remisi\u00f3n aportada, tiempo m\u00e1s que suficiente para realizar las gestiones pertinentes que conllevaran a la consecuci\u00f3n de la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, resalt\u00f3 que \u00abes de conocimiento p\u00fablico y nacional que la Rama Judicial reactiv\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales el 1\u00aa de julio de 2020, e inclusive ha venido prestando el servicio en forma virtual disponiendo de diversos canales de atenci\u00f3n para el acceso a la informaci\u00f3n y a los expedientes digitales, sin que se logre acreditar un m\u00ednimo de diligencia por parte de la administraci\u00f3n municipal en acceder a dicha informaci\u00f3n, de tal suerte que pudiere dar respuesta ya sea en forma positiva o negativa a la petici\u00f3n del actor\u00bb. <\/p>\n
3.3. Tal determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Primero Promiscuo del circuito accionado con providencia del 8 de noviembre de 2021, en la cual se destac\u00f3 que las pruebas documentales que militan en el expediente evidencian que el incidentado no ha cumplido con el mandato impartido por el juez constitucional. <\/p>\n
4. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
4.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente3 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
6. Finalmente, pese a la razonabilidad de las providencias cuestionadas, esta Sala no desconoce que al gestor se le impuso una medida de arresto por 3 d\u00edas, decisi\u00f3n que contraviene el criterio de esta Corporaci\u00f3n, en punto a la naturaleza de las sanciones que se pueden aplicar en atenci\u00f3n a las particularidades de salud p\u00fablica ocasionadas por la pandemia Covid-19. As\u00ed la cosas, en armon\u00eda con esa l\u00ednea, se ordenar\u00e1 al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar dejar sin efectos la providencia del 8 de noviembre de 2021, \u00fanicamente en cuanto a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto. <\/p>\n
7. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 y acceder\u00e1 parcialmente a la salvaguarda impetrada. En lo dem\u00e1s, se confirmar\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, Revoca y concede parcialmente el amparo incoado por Carlos Eduardo Torres Cohen. En consecuencia, resuelve: <\/p>\n
Primero: ordenar al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a dejar sin efectos el prove\u00eddo del 8 de noviembre de 2021, \u00fanicamente en cuanto a la sanci\u00f3n de arresto a Carlos Eduardo Torres Cohen, en su condici\u00f3n de alcalde del municipio de El Carmen de Bol\u00edvar, de conformidad con las consideraciones expuestas. <\/p>\n
Segundo: En lo dem\u00e1s, se confirma la determinaci\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-6, Anexo EXPEDIENTE 708-2021.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 33-35. Anexo EXPEDIENTE 708-2021.pdf <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021. <\/p>\n
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