STC813-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC813-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 25 de noviembre de 2021, que neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Germinis Getulio Galv\u00e1n Doria contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Pur\u00edsima – C\u00f3rdoba. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad Judicial cuestionada en el tr\u00e1mite del proceso reivindicatorio de radicado 2021-00115-00. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ana Cecilia Rodr\u00edguez Diz, promovi\u00f3 demanda reivindicatoria de dominio agrario contra el aqu\u00ed accionante. El asunto correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, quien la rechaz\u00f3 y la remiti\u00f3 al Juzgado atacado. <\/p>\n
2.2. La autoridad censurada, con prove\u00eddo del 29 de julio de 20212 inadmiti\u00f3 la demanda, al considerar que era necesario aportar el aval\u00fao catastral actual del predio, con el fin de determinar la cuant\u00eda. Cumplido lo anterior, profiri\u00f3 auto del 11 de agosto siguiente3, con el cual admiti\u00f3 el escrito inicial. Y dispuso que \u00abDe conformidad con el art\u00edculo 390 del C.G.P., DAR a las presentes diligencias el tr\u00e1mite de proceso verbal sumario\u00bb m\u00e1s no el tr\u00e1mite verbal de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
2.3. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, persiguiendo que se adelantara el proceso como de mayor cuant\u00eda, con el fin de recurrir en segunda instancia. Consider\u00f3 que para determinar la cuant\u00eda se debi\u00f3 tener en cuenta que el \u00abprecio del contrato de compraventa, estaba pactado en la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS\u00bb. Y que el mismo fue hipotecado al Banco Agrario por $56.169.000. sin embargo, la citada autoridad el 7 de septiembre del mismo a\u00f1o mantuvo su postura. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, mediante auto del 26 de octubre de 20214, la enjuiciada fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C.G.P. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el proceso referido. En consecuencia, se ordene al Juzgado accionado impartirle al proceso reivindicatorio de m\u00ednima cuant\u00eda \u00abel tr\u00e1mite que legalmente corresponda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Pur\u00edsima, luego de memorar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que \u00abninguna vulneraci\u00f3n de los derechos del actor se dio porque este despacho le imprimiera el tr\u00e1mite de \u00fanica instancia al proceso reivindicatorio seguido en su contra, ya que el aval\u00fao catastral del inmueble a reivindicar ascend\u00eda a la suma de ($16.968.000), es decir, es de m\u00ednima cuant\u00eda; pues independientemente de que el criterio no se comparta, el art\u00edculo 26 numeral 3 del C.G.P., as\u00ed lo estatuye, sabido es que la discusi\u00f3n dentro de esta clase de asuntos es sobre el dominio de inmueble y no sobre pretensiones econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la improcedencia del amparo, al expresar que \u00abse evidencia que la acci\u00f3n de tutela promovida en contra de este despacho resulta improcedente para rebatir las decisiones judiciales proferidas dentro de un asunto de naturaleza civil, al cual se le otorg\u00f3 un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia por ser de m\u00ednima cuant\u00eda, por lo cual, no es esta servidora la que decidi\u00f3 que tales decisiones no cuenten con segunda instancia, as\u00ed le placi\u00f3 al legislador\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional, despu\u00e9s de realizar un an\u00e1lisis de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra actuaciones o decisiones judiciales, neg\u00f3 la solicitud de amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla providencia datada 11 de agosto de 2021, objetada en esta sede supralegal, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, toda vez que la Juez accionada, tom\u00f3 su decisi\u00f3n apalancada en valoraciones razonables de los elementos jur\u00eddicos y de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, siendo que dicho auto no luce caprichoso ni antojadizo, igual se predica del interlocutorio adiado 7 de septiembre de 2021, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el ac\u00e1 actor\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abresulta evidente que el asunto que aqu\u00ed se estudia es de m\u00ednima cuant\u00eda dado su aval\u00fao catastral y seg\u00fan el art\u00edculo 390 del CGP, todo asunto contencioso de esta cuant\u00eda se tramitar\u00e1 por el procedimiento verbal sumario, sin que tengan cabidas otras interpretaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor sin plantear los motivos de inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 7 de septiembre de 2021, que mantuvo la determinaci\u00f3n del 11 de agosto anterior, con la cual se admiti\u00f3 la demanda reivindicatoria, d\u00e1ndole tr\u00e1mite de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
2. Se observa que el Juzgado accionado, inicialmente, en auto del 29 de julio de 2021 inadmiti\u00f3 la demanda reivindicatoria de dominio promovida contra el libelista. Y otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para subsanar la misma, requiriendo el aval\u00fao catastral vigente del bien inmueble, documento que posteriormente tuvo en cuenta para determinar la cuant\u00eda. <\/p>\n
2.1. Cumplido lo anterior, con prove\u00eddo del 11 de agosto de la misma anualidad, admiti\u00f3 la demanda y dispuso que de \u00abconformidad con el art\u00edculo 390 del C.G.P., Dar a las presentes diligencias el tr\u00e1mite de proceso verbal sumario\u00bb. <\/p>\n
2.2. El gestor, inconforme con tal determinaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, la autoridad enjuiciada, con providencia del 7 de septiembre de 2021 mantuvo su postura. Para ello, comenz\u00f3 por referirse a los argumentos expuestos por el actor, al destacar que estos \u00abno resultan suficientes para quebrantar el auto recurrido con fecha 11 de agosto de 2021, por medio del cual se admiti\u00f3 el presente asunto, raz\u00f3n por la que dicho prove\u00eddo se habr\u00e1 de mantener inc\u00f3lume\u00bb. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, resalt\u00f3 que la asignaci\u00f3n del tr\u00e1mite judicial es un mandato legal e invoc\u00f3 el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual reza que: \u201c(\u2026) La cuant\u00eda se determinar\u00e1 as\u00ed: 3. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulaci\u00f3n y los dem\u00e1s que versen sobre el dominio o la posesi\u00f3n de bienes, por el aval\u00fao catastral de estos (\u2026)\u201d. As\u00ed las cosas, determin\u00f3 que \u00abel presente asunto versa sobre el dominio de un bien, por lo cual su cuant\u00eda se determina por el aval\u00fao catastral, no por aquel que considera la parte que debe asign\u00e1rsele, o sea m\u00e1s provechoso o ventajoso para su defensa\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que es \u00abevidente que el asunto que aqu\u00ed se estudia es de m\u00ednima cuant\u00eda dado su aval\u00fao catastral y seg\u00fan el art\u00edculo 390 del CGP, todo asunto contencioso de esta cuant\u00eda se tramitar\u00e1 por el procedimiento verbal sumario, sin que tengan cabidas otras interpretaciones\u00bb. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente5 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 2-7. Anexo FOLIO 246 TUTELA EN COMPETENCIA RAD 2021-00262 <\/p>\n
2\u0002 Folio 21-23. Anexo FOLIO 246 TUTELA EN COMPETENCIA RAD 2021-00262 <\/p>\n
3\u0002 Folio 24-25. Anexo FOLIO 246 TUTELA EN COMPETENCIA RAD 2021-00262 <\/p>\n
4\u0002 Folio 26-27. Anexo FOLIO 246 TUTELA EN COMPETENCIA RAD 2021-00262 <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021. <\/p>\n
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