STC819-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC819-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2021-00493-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que concedi\u00f3 el amparo invocado por Sussy Sarmiento D\u00edaz contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito introductorio y las probanzas allegadas, se resalta la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. La accionante actu\u00f3 como la apoderada de la demandante en el proceso reivindicatorio 2015-00128-00, asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, que cit\u00f3, para el 11 de noviembre de 2021, la continuaci\u00f3n de la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento1. <\/p>\n
2.2. El 28 de septiembre de 20212, la tutelante solicit\u00f3 al Despacho convocado que le indicaran \u00absi la se\u00f1ora JACQUELINE GUERRERO PRADA le ha otorgado a la fecha poder a otro abogado para que contin\u00fae represent\u00e1ndole dentro del procesamiento\u00bb3. <\/p>\n
2.3. El 8 de octubre de 2021, la secretar\u00eda del Juzgado inform\u00f3 que \u00abpara el expediente que cita no ha sido radicada solicitud de ninguna naturaleza\u00bb. Adicionalmente, le manifest\u00f3 que, a trav\u00e9s del m\u00f3dulo de atenci\u00f3n al usuario, pod\u00eda recibir atenci\u00f3n virtual para cualquier informaci\u00f3n del proceso4. <\/p>\n
2.4. En la misma fecha, la tutelante acus\u00f3 recibido de la respuesta y pidi\u00f3 el v\u00ednculo del proceso \u00abcomo me han facilitado en todos los Despachos (\u2026) a efecto de enterarme de lo acaecido en el mismo\u00bb5, pero adujo que no recibi\u00f3 respuesta. <\/p>\n
2.5. El 13 de octubre de 20216, la abogada formul\u00f3 derecho de petici\u00f3n \u00abcon los mismos argumentos del primer memorial\u00bb7, que asevera tampoco fue atendido. <\/p>\n
2.6. El 2 de noviembre de 20218 present\u00f3 nuevo memorial ante el Juzgado, en el que desisti\u00f3 del \u00abderecho de Petici\u00f3n incoado en 13 de octubre\/2021, en punto a evitar el conteo de los t\u00e9rminos propios de ley y atendiendo principalmente la premura del tiempo, toda vez que seg\u00fan se advierte en la p\u00e1gina web, mediante auto del 16 de Febrero de 2021 se fij\u00f3 audiencia de INSTRUCCI\u00d3N Y JUZGAMIENTO (\u2026) para el pr\u00f3ximo once (11) del mes de noviembre del a\u00f1o en curso\u00bb; adem\u00e1s, dijo que desconoc\u00eda si su poderdante le hab\u00eda dado poder a otro abogado, en cuyo caso, inst\u00f3 \u00abconocer la fecha de otorgamiento, el nombre y el n\u00famero de la tarjeta profesional del togado (a) que haya asumido el mandato\u00bb. Asimismo, rog\u00f3 \u00abse me otorgue la informaci\u00f3n por medio electr\u00f3nico a trav\u00e9s del env\u00edo del v\u00ednculo del expediente digitalizado o se me conceda una cita en el juzgado\u00bb9. Dicho requerimiento, seg\u00fan refiri\u00f3, no fue respondido. <\/p>\n
2.7. El 4 de noviembre de 202110, el Despacho convocado envi\u00f3 a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la tutelante11 el enlace de acceso al expediente, solicitando descargar los archivos antes de la audiencia programada. El 9 de noviembre posterior, ese correo fue reenviado a la abogada12, quien respondi\u00f3 el mismo d\u00eda con un mensaje de agradecimiento13. <\/p>\n
2.8. El 10 de noviembre de 2021, la tutelante present\u00f3 renuncia al poder otorgado por la demandante14, que fue aceptada por el Juzgado accionado el d\u00eda siguiente, ordenando la suspensi\u00f3n de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, para que la accionante designara un nuevo apoderado. <\/p>\n
3. La promotora censur\u00f3 la falta de respuesta a las solicitudes formuladas, pues requer\u00eda tener certeza acerca de si su mandante le hab\u00eda revocado el poder otorgado, en raz\u00f3n a la diligencia programada, para lo cual pidi\u00f3 acceder al expediente. Por lo anterior, solicit\u00f3 que \u00abse ordene al Juzgado accionado, entregar la informaci\u00f3n solicitada en varias peticiones a trav\u00e9s de las direcciones de correo electr\u00f3nico aportadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 manifest\u00f3 que atendi\u00f3 la solicitud de \u00abinformaci\u00f3n sobre la presentaci\u00f3n de nuevo poder para representar a la demandante\u00bb. Adicionalmente, el 4 de noviembre de 2011, remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico de la tutelante \u00abel link correspondiente para que pudiese revisar el proceso mencionado\u00bb15. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 la salvaguarda impetrada, porque no hab\u00eda \u00abevidencia de que el sentenciador hubiese enaltecido el prop\u00f3sito esgrimido por la quejosa, incuria que tambi\u00e9n deriva porque ese enjuiciador no enfrent\u00f3 lo dicho en el escrito de resguardo, de donde, por mandato del precepto 20 del Decreto 2591 de 1991, se presume la infracci\u00f3n de la no provisi\u00f3n de los elementos o enlaces necesarios que permiten consultar el plenario virtual\u00bb requerido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la juez accionada, quien relat\u00f3 que fue notificada de la tutela el 19 de noviembre de 2021 y por ello no pudo enviar el informe antes del fallo impugnado. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que en el presente tr\u00e1mite constaba \u00abcomunicaci\u00f3n remitida el 9 de noviembre por la accionante, en la que se deja por esta constancia, que a la fecha ya hab\u00eda tenido acceso al expediente, toda vez que desde el 4 de noviembre se hab\u00eda compartido el link correspondiente\u00bb, por lo que asegur\u00f3 que, tanto a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela como del fallo de primera instancia, \u00ablas posibles conductas vulneradoras se encontraban superadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante pretende la protecci\u00f3n de sus derechos de petici\u00f3n y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 no dio respuesta a las solicitudes con las que requiri\u00f3 que le informaran, en caso de que la demandante en el proceso reivindicatorio le hubiese revocado el poder, \u00abla fecha de otorgamiento, el nombre y el n\u00famero de la tarjeta profesional del togado (a) que haya asumido el mandato\u00bb, as\u00ed como que le enviaran el \u00abv\u00ednculo del expediente digitalizado\u00bb, ante la programaci\u00f3n de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 11 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2. De manera preliminar, advierte la Sala que jurisprudencialmente se ha establecido que las personas legitimadas para accionar en sede de tutela por las presuntas omisiones de los operadores judiciales son las partes en el proceso y no sus apoderados; m\u00e1xime que, en el presente caso, la abogada present\u00f3 renuncia que fue aceptada en la aludida audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento -del 11 de noviembre de 2021, la cual fue suspendida por esa causa, por lo que no es posible alegar inter\u00e9s en el asunto16. Asimismo, esta Sala ha considerado, frente a las solicitudes relacionadas con los juicios, como lo es la que se formula en este caso, que no es posible invocar la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, en tanto no corresponden con aspectos netamente administrativos17. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin perjuicio de lo expuesto, para el caso particular y concreto, resalta la Sala que el Juzgado inform\u00f3 a la abogada -ahora tutelante- que en el proceso no se hab\u00eda radicado memorial alguno -refiri\u00e9ndose a una revocatoria de poder-; adicionalmente, el 4 de noviembre de 2021 envi\u00f3 a una de las direcciones electr\u00f3nicas de la gestora el enlace de acceso al expediente y, el 9 de noviembre posterior, reenvi\u00f3 la informaci\u00f3n a otro de los correos de la apoderada, quien acus\u00f3 el recibido de esta en la misma fecha18. <\/p>\n
Sobre esa actuaci\u00f3n, la tutelante remiti\u00f3 al Tribunal que conoci\u00f3 la primera instancia constitucional19 un memorial en el que puso de presente que, el 4 de noviembre de 2021, el Juzgado envi\u00f3 el enlace solicitado, \u00abAl parecer (\u2026) a un correo antiguo que ya no utilizo\u00bb; adem\u00e1s, inform\u00f3 que el 9 de noviembre siguiente recibi\u00f3 el expediente a su correo actual y, por tanto, manifest\u00f3 que agradec\u00eda \u00aben gran manera a su Honorable Despacho el que a trav\u00e9s de la petici\u00f3n de amparo constitucional, haya podido obtener la informaci\u00f3n solicitada ya que afecta el desarrollo del proceso (\u2026), entendiendo en esta forma el hecho superado en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones como las descritas, la Sala ha considerado que se debe negar el amparo, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ablo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u2019\u00bb (CSJ STC12717-2019. 9 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y, en consecuencia, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 01Tutela.pfd, folio 12. Auto del 16 de febrero de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, folio 6. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem, folio 2 y 3. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, folio 8. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem, folio 9. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem, folio 10. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem, folio 3. <\/p>\n
8\u0002 C1Reivindicatorio, pdf 51. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem, pdf 50. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem, pdf 48. <\/p>\n
11\u0002 sussy_2707@yahoo.es, registrada por la abogada en los siguientes documentos del proceso: 11Demanda, 14EscritoSubsanaci\u00f3n, 15EscritoDemanda. <\/p>\n
12\u0002 A la direcci\u00f3n sussy2707@hotmail.com, tambi\u00e9n referida en los escritos anteriores y en la presente tutela. <\/p>\n
13\u0002 Ibidem, pdf 52. <\/p>\n
14\u0002 Ibidem, pdf 54, 55 y 57. <\/p>\n
15\u0002 Respuesta del 22 de noviembre de 2021. <\/p>\n
16\u0002 Al respecto, la Sala ha sostenido que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019); igualmente, ha indicado, que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. Se subraya). <\/p>\n
17\u0002 En ese sentido, la Sala ha definido que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC323-2019, reiterada en STC1622-2020). <\/p>\n
19\u0002 Archivo 02Tutelainformacion, del 9 de noviembre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC819-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC819-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2021-00493-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61493\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}