STC834-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC834-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00162-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pedro Pablo Herrera Berm\u00fadez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso verbal de radicado 2019-00552-00. <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El tutelante interpuso demanda verbal en contra de Fernando C\u00e1rdenas Restrepo, con el fin de que se declarara a su favor la deuda por valor de $126.400.000. En consecuencia, \u00abse condene al [demandado] al pago de la suma [descrita]\u00bb, as\u00ed como de los \u00abintereses civiles\u00bb que se generaron, bajo la cuant\u00eda indexada1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con sentencia del 16 de marzo de 2021 resolvi\u00f3 declarar \u00abno probadas las excepciones inexistencia de causa, extinci\u00f3n de obligaci\u00f3n por novaci\u00f3n y gen\u00e9rica\u00bb. Y dispuso que \u00abel se\u00f1or Fernando C\u00e1rdenas, debe a Pedro Pablo Herrera la suma de $126\u00b4400.000\u00bb, m\u00e1s los \u00abintereses civiles\u00bb causados. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el extremo pasivo de dicha contienda impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el \u00abefecto devolutivo\u00bb2. <\/p>\n
2.3. El Tribunal querellado, con resoluci\u00f3n del 1\u00ba de diciembre de 2021 decidi\u00f3 revocar \u00abla sentencia proferida el 16 de marzo de 2021 por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. En su lugar, estipul\u00f3 como \u00abprobada la excepci\u00f3n de \u201cextinci\u00f3n de las obligaciones deprecadas por novaci\u00f3n\u201d formuladas por el demandado y, por consiguiente, negar las pretensiones de la demanda\u00bb3. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, expresa que \u00abel fallador de segunda instancia no valor\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n, dejo de lado la voluntad de las partes, estableciendo su propia interpretaci\u00f3n de lo que hab\u00eda sido los diferentes negocios jur\u00eddicos, [\u2026] con ello permitiendo que el se\u00f1or C\u00e1rdenas siga incumpliendo con su obligaci\u00f3n e intenci\u00f3n de no realizar el pago de la suma de dinero adeudada\u00bb. En ese sentido, resalt\u00f3 que \u00abel fallador debe apreciar las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos; evitando el prejuzgamiento y ante todo administrando justicia resolviendo de fondo las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, aduce que el tribunal incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al no haber tenido en cuenta los art\u00edculos 1963 y dem\u00e1s del C\u00f3digo Civil, aspectos que resultaban sustanciales de la figura de la novaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efecto la providencia [\u2026] proferida por el Tribunal [\u2026] de Bogot\u00e1 Sala Civil [\u2026] del d\u00eda 1 de diciembre de 2021\u00bb. En consecuencia, \u00abconfirmar la sentencia de primera instancia proferida por la Juez 18 Civil del circuito de Bogot\u00e1 de [\u2026] 16 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado, estim\u00f3 \u00abimprocedente la protecci\u00f3n constitucional invocada [\u2026] debido a que la determinaci\u00f3n cuestionada no fue antojadiza, arbitraria, caprichosa ni configur\u00f3 alg\u00fan defecto que constituyera una v\u00eda de hecho, motivo por el cual es improcedente que el quejoso acuda a esta v\u00eda excepcional y residual para imponer su interpretaci\u00f3n de las normas de derecho aplicables al caso y su valoraci\u00f3n probatoria del acervo recaudado\u00bb4. <\/p>\n
2. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que de \u00ablos supuestos f\u00e1cticos planteados en la tutela no se atribuye vulneraci\u00f3n alguna [de su parte], habi\u00e9ndose emitido la correspondiente sentencia dentro del proceso en menci\u00f3n, el d\u00eda 16 de marzo de 2021 sin reparo por parte del actor\u00bb5. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental alegado por el promotor, con ocasi\u00f3n del fallo dictado el 1\u00b0 de diciembre de 2021, que revoc\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado. Ello pues, a su juicio, el Tribunal querellado incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental, al no valorar debidamente el material probatorio e inaplicar los preceptos sustanciales que reglaban el tema en juicio. <\/p>\n
2. Pues bien, se observa que la Sala accionada en providencia del primero de diciembre de 2021, expres\u00f3 los motivos por los cuales revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primer grado. Para ello, comenz\u00f3 por resaltar lo referente a la noci\u00f3n y modalidades de la novaci\u00f3n, por lo que referenci\u00f3 los art\u00edculos 1625, 1687 y 1690 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Respecto de las normas aludidas, discurri\u00f3 que \u00abpara que pueda hablarse de novaci\u00f3n, es preciso que concurran los siguientes presupuestos basilares, a saber: i) una obligaci\u00f3n anterior y una obligaci\u00f3n nueva; ii) validez de la obligaci\u00f3n inicial y del contrato de novaci\u00f3n; iii) cambios sustanciales de la nueva obligaci\u00f3n respecto de la primitiva; iv) animus novandi, explicada esta condici\u00f3n como la voluntad de las partes de sustituir la primigenia obligaci\u00f3n por una nueva, como as\u00ed lo se\u00f1ala el art\u00edculo 1693 de la codificaci\u00f3n civil, el cual establece que \u201c[p]ara que haya novaci\u00f3n es necesario que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente que su intenci\u00f3n ha sido novar, porque la nueva obligaci\u00f3n envuelve la extinci\u00f3n de la antigua\u201d, puesto que \u201c[s]i no aparece la intenci\u00f3n de novar, se mirar\u00e1n las dos obligaciones como coexistentes, y valdr\u00e1 la obligaci\u00f3n primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, anot\u00f3 que \u00absi bien en la promesa de compraventa suscrita entre las partes no se manifest\u00f3 expresamente que era la intenci\u00f3n del acreedor y del deudor extinguir la obligaci\u00f3n anterior de pagar una suma de dinero por la obligaci\u00f3n posterior de celebrar una compraventa de inmueble, lo cierto es que, a partir del examen de dicho documento y de las declaraciones rendidas en este litigio, se colige claramente que la voluntad de las partes fue novar el compromiso que surgi\u00f3 entre ellos\u00bb. <\/p>\n
Arrim\u00f3 a esa conclusi\u00f3n, al analizar, por un lado, el contrato de compraventa celebrado el 21 de febrero de 2018 entre los extremos en litigio, en el cual figuraba Pedro Pablo Herrera Berm\u00fadez como \u00abpromitente comprador\u00bb, respecto de un inmueble ubicado en el municipio de Soacha por un valor de $132.400.000, \u00abque pagar\u00eda el demandante \u201cen un solo contado que ser\u00e1 cancelado en la fecha acordada para el perfeccionamiento de esta promesa [\u2026]\u201d\u00bb, que ser\u00eda protocolizada el 16 de marzo de 2018, en la Notar\u00eda 72 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por otra parte, examin\u00f3 el testimonio de Pedro Pablo Herrera Berm\u00fadez, quien confes\u00f3 haber firmado una promesa de compraventa con el demandado, el cual le \u00abhizo la propuesta que [le] daba el apartamento de Soacha en pago de la plata prestada [\u2026]\u00bb. Asimismo, el de Fernando C\u00e1rdenas Moreno, que sostuvo \u00abque la promesa la reali[z\u00f3] dado que no se hab\u00eda podido realizar el tema del cheque, entonces, pues, como para poder sellar el tema [\u2026] acept[\u00f3] cualquier precio que [le] daban en esa \u00e9poca del apartamento para poder sanar la deuda que ten\u00eda con \u00e9l\u201d\u00bb. Y por \u00faltimo, el de Pedro Hemel Herrera M\u00e9ndez, el cual adujo que las acciones realizadas para conseguir el pago hab\u00edan resultado infructuosas, sin embargo, mencion\u00f3 que Fernando C\u00e1rdenas \u00aben una ocasi\u00f3n ofreci\u00f3 traspasar la propiedad de un apartamento que \u00e9l tiene en Soacha [\u2026]\u00bb, por lo que se encarg\u00f3 de los tr\u00e1mites del contrato de promesa de compraventa. Y la Sala censurada, agreg\u00f3 que \u00abesa persona insisti\u00f3 en que el valor de la deuda del demandado con su padre era de $132.400.000 y que por eso firm\u00f3 la promesa de compraventa por el mismo valor, eso significaba que [C\u00e1rdenas Moreno] estaba consciente y sab\u00eda que esa era la plata que \u00e9l deb\u00eda\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, indic\u00f3 que en los hechos s\u00e9ptimo y octavo del escrito inicial, se plante\u00f3 que \u00ab\u201c[e]n vista de su incumplimiento con la devoluci\u00f3n del dinero, el pago de las ganancias mensuales a que se hab\u00eda comprometido y el cheque girado, se acuerda realizar el traspaso del inmueble ubicado en la Carrera (sic) 2 No. 36 – 60 Apto (sic) 304 de la Torre (sic) 20 del Conjunto Residencial Cerezos del Municipio e (sic) Soacha – Cundinamarca, inmueble cuyo propietario inscrito es el Se\u00f1or (sic) FERNANDO CARDENAS (sic) MORENO\u201d y que \u201c[p]ara tal efecto se suscribe y firma contrato de promesa de compraventa de fecha 21 de Febrero (sic) de 2018 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Analizado lo antecedente, sostuvo que al interior de la causa s\u00ed \u00abse demostr\u00f3 que la intenci\u00f3n de las partes fue novar la obligaci\u00f3n primigenia de pagar los $132.400.000 adeudados por el se\u00f1or C\u00e1rdenas, por cuenta del pr\u00e9stamos de diversos montos de dinero que efectu\u00f3 a favor de aquel el se\u00f1or Herrera el 10 de abril de 2017, debido a que con la firma de la promesa de compraventa del 21 de febrero de 2018 el demandado asumi\u00f3 el compromiso de traspasar al demandante el inmueble situado en [\u2026] Soacha [\u2026], por el precio de $132.400.000, esto es, por el mismo valor reclamado en esta acci\u00f3n verbal\u00bb. <\/p>\n
En efecto, se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n contra\u00edda por el promitente comprador \u00abtuvo como g\u00e9nesis la existencia de una acreencia dineraria anterior, lo cual fue reconocido por el propio hijo del actor [\u2026] quien asever\u00f3 que la celebraci\u00f3n del segundo negocio jur\u00eddico examinado fue un mecanismo elaborado para recuperar la plata que su padre le hab\u00eda prestado al demandado, por lo que el valor del contrato de promesa fue igual al del monto de dinero adeudado por el se\u00f1or C\u00e1rdenas\u00bb. Adem\u00e1s, el demandante \u00abconfes\u00f3, al tenor del art\u00edculo 191 del [C.G.P.], que el negocio del apartamento ubicado en Soacha [\u2026], se realiz\u00f3 \u201cen pago de la plata prestada\u201d\u00bb, lo cual, se corrobora con la manifestado en la demanda, relativo a que \u00abse acord\u00f3 hacer el traspaso de la propiedad del inmueble [\u2026], a causa del incumplimiento del demandado en la devoluci\u00f3n del dinero prestado\u00bb. Por tanto, consider\u00f3 que \u00abexisti\u00f3 una intenci\u00f3n de los se\u00f1ores Herrera y C\u00e1rdenas en sustituir la obligaci\u00f3n de pago de la suma equivalente a $132.400.000 en una nueva, correspondiente a la promesa de vender un apartamento [ubicado] en Soacha [\u2026], por un precio igual al valor mencionado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, expuso que no era posible \u00abinferir que hay obligaciones coexistentes con el argumento de que no se expres\u00f3 en el documento contentivo de la promesa de compraventa que era voluntad de los contratantes novar la obligaci\u00f3n primitiva. Esto se debe a que, si bien en dicho convenio se estipul\u00f3 que el demandante pagar\u00eda el precio en efectivo una vez se perfeccionara el negocio jur\u00eddico prometido, lo verdadero es que, seg\u00fan las pruebas [\u2026] recaudadas, dicho precio realmente correspond\u00eda al monto de la obligaci\u00f3n dineraria anterior a cargo del demandado\u00bb. Sumado a lo anterior, resalt\u00f3 que en el acta de comparecencia del 16 de marzo de 2018 a la Notar\u00eda determinada \u00abno se hizo menci\u00f3n alguna a que [el se\u00f1or Herrera] hubiera llevado $132.400.000 en efectivo [\u2026], lo que constituy\u00f3 un indicio claro de que la voluntad contractual aut\u00e9ntica fue que el precio de la compraventa se cancelara con la acreencia primigenia que ten\u00eda a su favor el demandante\u00bb. <\/p>\n
Y, aunque evidenci\u00f3 que el contrato de promesa de compraventa no se perfeccion\u00f3, ya que no se elev\u00f3 la escritura p\u00fablica respectiva, estim\u00f3 que \u00abdicha situaci\u00f3n no implica que las partes no sigan atadas a ese negocio jur\u00eddico. De ah\u00ed que, al tenor del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, la parte cumplida tendr\u00eda la posibilidad de obtener la resoluci\u00f3n de la promesa o su cumplimiento forzado con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, pues, en principio, las obligaciones que se derivan de este segundo negocio todav\u00eda subsisten en la vida jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales y testimoniales). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, resulta necesario resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente6 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
3.3. Aunado a lo anterior, la Sala evidencia que lo analizado por el tribunal querellado, en relaci\u00f3n con el animus probandi, encuentra correspondencia con lo establecido por la Corte, en el sentido que el acuerdo de voluntades es \u00abcondici\u00f3n fundamental de la novaci\u00f3n, ya subjetiva ora objetiva, bien sea porque as\u00ed lo declaren expresamente las partes o porque sea circunstancia claramente deducible de la intenci\u00f3n de las mismas\u201d\u00bb (cas. civ. de 23 de enero de 1992; sent. 007). Lo antecedente, en la medida que, del material probatorio adosado, el fallador colegiado advirti\u00f3 frente a las partes \u00abel querer los efectos de la nueva obligaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC 12 de marzo de 2013. Rad. 2013-00006-01). <\/p>\n
4. Finalmente, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Magistrada impedida) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 47 a 52 del archivo PDF \u00abCuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 222 a 226 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00abAutoRevoca\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de enero de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de enero de 2022. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, entre otros. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC834-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC834-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00162-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pedro Pablo Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61495","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61495\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}