STC867-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC867-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00207-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga que \u00abconceder [su] recurso extraordinario de casaci\u00f3n como la ley [s]e lo permite en la acci\u00f3n popular tutelada hoy\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Banco Popular, bajo el radicado 2019-00141, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, el que dict\u00f3 sentencia el 16 de septiembre de 2021 denegando las pretensiones de la demanda. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga confirm\u00f3 la providencia de primera instancia en fallo de 19 de noviembre de 2021, por lo que el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que fue denegado en prove\u00eddo de 6 de diciembre siguiente, decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n, pero que se mantuvo en auto de 13 de enero de 2022. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en la referida acci\u00f3n popular se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00abpedido en derecho\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago indic\u00f3 que las decisiones proferidas fueron producto de un estudio juicioso de los supuestos de hecho presentados en el asunto, la aplicaci\u00f3n correcta de la normativa que disciplina la acci\u00f3n y la valoraci\u00f3n probatoria ajustada a la sana critica; y que no se le reproch\u00f3 actuaci\u00f3n a ese despacho, por lo que se deb\u00eda denegar el resguardo impetrado. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga refiri\u00f3 que se dict\u00f3 sentencia de segunda instancia el 19 de noviembre de 2021, se deneg\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n impetrado y se mantuvo dicha determinaci\u00f3n. Remiti\u00f3 las providencias criticadas. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia de 13 de enero de 2022, con la que mantuvo la decisi\u00f3n de denegar la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de segundo grado proferido dentro de la acci\u00f3n criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el sub-judice, sin expresar los motivos de su disenso, cuestiona el accionante por v\u00eda de reposici\u00f3n, la decisi\u00f3n adoptada por la suscrita magistrada, consistente en negar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, interpuesto previamente, contra la sentencia dictada por la Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil-Familia, el pasado 19 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.3. Pues bien, dado que no se plantearon por el recurrente, las razones por las que considera, esta Magistrada deber\u00eda reconsiderar la viabilidad del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que antecede, baste reiterar que el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, no contempl\u00f3 en su redacci\u00f3n la viabilidad de este tipo de censura, contra las decisiones de fondo adoptadas al interior de acciones populares, exclusi\u00f3n que encuentra apoyo en su propia naturaleza jur\u00eddica, en cuanto fue concebida como un mecanismo de defensa de los derechos colectivos, sujeta a un tr\u00e1mite especial y expedito sin formalismo alguno, al punto que puede ser presentada directamente por el accionante sin la mediaci\u00f3n de un profesional del derecho4, a lo cual cabe agregar, que, la sentencia dictada dentro de este tipo de acciones no irradia agravio a las partes, pues no se ejerce motu proprio, sino en representaci\u00f3n de una colectividad. <\/p>\n
Respecto a la viabilidad de este recurso extraordinario, contra sentencia dictadas en acciones populares, ha sostenido la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: <\/p>\n
\u201c[T]rat\u00e1ndose de las acciones populares, la Ley 472 de 1998 que las reglament\u00f3, al regular en el cap\u00edtulo X del T\u00edtulo II lo atinente a los recursos frente a las providencias emitidas en ellas, sencillamente se abstuvo de consentir el extraordinario de casaci\u00f3n. La propia norma especial no instituy\u00f3 el comentado medio de impugnaci\u00f3n para los fallos dictados en estos procesos. En cambio, s\u00ed lo hizo respecto de las acciones de grupo, pues al decir de su art\u00edculo 67, inciso tercero, \u00ab[c]ontra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las Acciones de Grupo proceden el recurso de revisi\u00f3n y el de casaci\u00f3n (\u2026), de conformidad con las disposiciones legales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u201cY aunque el art\u00edculo 44 de la Ley 472 citada, de modo expreso prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos por acciones populares se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u00bb, lo cierto es que el mismo canon condicion\u00f3 y limit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de tal estatuto s\u00f3lo a \u00ab(\u2026) los aspectos no regulados en la presente Ley\u00bb; que no es el caso del recurso extraordinario, por cuanto, como viene de explicitarse, el aspecto atinente a los medios de impugnaci\u00f3n frente a las decisiones emitidas en esas acciones, incluido el de casaci\u00f3n, s\u00ed fue expresamente regulado por dicha ley, solo que no toler\u00f3 su procedencia. <\/p>\n
Y que no se diga que el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor, \u00abse excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb, abre el camino a la casaci\u00f3n de acciones de este tipo, pues al respecto ha ense\u00f1ado la misma Corte que: <\/p>\n
\u201cEste precepto no puede tener una lectura aislada de las reglas de la casaci\u00f3n, espec\u00edficamente del art\u00edculo 334 \u00eddem (que defini\u00f3 expl\u00edcitamente los asuntos cuyas sentencias son susceptibles del remedio extraordinario), pues m\u00e1s all\u00e1 de que aquella norma excluya de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir a las sentencias emitidas en las acciones populares, no puede perderse de vista que esta regla consagra un requisito que deben observar los procesos listados en el citado art\u00edculo 334 ibidem, en orden a procurarse este medio extraordinario de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cSobre la menci\u00f3n a las acciones populares que hace el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 338 ejusdem, esta Corte en pret\u00e9rita oportunidad precis\u00f3: \u00abno fue m\u00e1s que un yerro legislativo, derivado de la intenci\u00f3n inicial contenida en el art\u00edculo 334 que s\u00ed las contemplaba, pero que se advirti\u00f3 oportunamente, generando una incongruencia entre estas disposiciones, que se pretendi\u00f3 subsanar con la expedici\u00f3n del decreto 1736 de 2012, mediante el cual en su art\u00edculo sexto, corrige el mentado art\u00edculo\u00bb y, si bien el Consejo de Estado, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018 anul\u00f3 esta norma, en manera alguna puede entenderse que esta decisi\u00f3n habilit\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n para las acciones populares. <\/p>\n
En suma, una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica e integral del ordenamiento jur\u00eddico \u2013C\u00f3digo General del Proceso y Ley 472 de 1998-, en armon\u00eda con los lineamientos jurisprudenciales de nada menos que el Tribunal frente al cual se tramitan este tipo de censuras, permite inferir sin hesitaci\u00f3n alguna, que las sentencias dictadas en acciones populares, no son pasibles del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Como consecuencia de lo expuesto, se mantendr\u00e1 inmodificable la decisi\u00f3n recurrida por el accionante. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria de la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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