STC872-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC872-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00664-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 6 de diciembre de 2021, dictado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan David \u00c1ngel Botero contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, conformado por el \u00c1rbitro \u00danico Jaime Andr\u00e9s Castillo Cadena, tr\u00e1mite al cual fue vinculadas las partes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sin exponer una pretensi\u00f3n concreta, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, al no tener por contestada la demanda en tiempo, pese a que la remiti\u00f3 por correo f\u00edsico el 20 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Advanced Technologies & Solutions Group convoc\u00f3 a proceso arbitral al Consocio Servicios de Tr\u00e1nsito y Movilidad de C\u00facuta, integrado por Juan David \u00c1ngel Botero, Taborda V\u00e9lez & C\u00eda. S. en C. y la Compa\u00f1\u00eda de Moldes y Soplados Pl\u00e1sticos S.A.S., con la finalidad de que se declarara el incumplimiento del contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscritos entre las partes el 25 de mayo de 2018 y, en consecuencia, se ordene el pago de $187.872.320 y el de la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
2.2. Instalado el Tribunal de Arbitramento, admiti\u00f3 la demanda, notificando de dicha decisi\u00f3n al promotor por correo electr\u00f3nico el 23 de agosto de 2021, concedi\u00e9ndole 20 d\u00edas para contestar el libelo inicial; con auto de 8 de octubre siguiente, dicha autoridad tuvo por no contestada la demanda, tras considerar que hab\u00eda sido presentada de forma extempor\u00e1nea, pues se recibi\u00f3 el 28 de septiembre de 2021; determinaci\u00f3n que mantuvo el 26 de octubre del mismo a\u00f1o, negando la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado subsidiariamente. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, contrario a lo afirmado por Tribunal, dicha contestaci\u00f3n fue en tiempo, comoquiera que, \u00abla envi\u00f3 el d\u00eda 20 de septiembre de 2021, fecha esta en la que aun gozaba de vigor el t\u00e9rmino para ello, siendo recibida por estos el d\u00eda 27 de septiembre de 2021\u00bb; que dicho t\u00e9rmino fenec\u00eda el d\u00eda 20 de ese mismo mes y a\u00f1o, data en la que la remiti\u00f3 \u00aba trav\u00e9s de empresa certificada de mensajer\u00eda\u00bb, al margen de que se hubiese recepcionado d\u00edas despu\u00e9s. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que \u00abal elegir el medio f\u00edsico y no el electr\u00f3nico para ejercer medios defensivos comporta una posici\u00f3n desventajosa frente al electr\u00f3nico, hecho que de inmediato rayar\u00eda con el derecho a la igualdad, pues estando en otra ciudad, ya no se contar\u00eda con 20 d\u00edas para contestar, sino con 13, pues se tiene que la demora en la entrega de la empresa de correos certificados puede llegar a demorarse 7 d\u00edas, 7 d\u00edas que ser\u00edan descontados de los t\u00e9rminos que cuenta para defenderse el demandado dentro de un proceso arbitral\u00bb. <\/p>\n
2.5. Insisti\u00f3 que la contestaci\u00f3n a la demanda fue en tiempo; que si bien el Tribunal sugiri\u00f3 que de ser la remisi\u00f3n por correo certificado deb\u00eda ser con antelaci\u00f3n, \u00abno [son] expertos en el manejo de env\u00edos documentales certificados, por tanto, transmitir esa carga al demandado constituye una acci\u00f3n que atenta contra el debido proceso, pues de contera se aplicaron consecuencias procesales que ri\u00f1en gravemente con los interese en las resultas litigiosas\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Jaime Andr\u00e9s Castillo Cadena y Karol Viviana Vega Pe\u00f1a -\u00e1rbitro y secretaria del Tribunal censurado, respectivamente-, se pronunciaron sobre los hechos de la salvaguarda; instaron la improcedencia del resguardo, al considerar que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias, pues tal como all\u00ed se consign\u00f3, el escrito de contestaci\u00f3n se radic\u00f3 y recibi\u00f3 en la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga el 28 de septiembre de 2021, data posterior a la fecha de vencimiento del t\u00e9rmino de traslado de la demanda; que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 23 de la Ley 1563 de 2012 la admisi\u00f3n de la demanda se notific\u00f3 al promotor por correo electr\u00f3nico el 23 de agosto de 2021, por lo que el t\u00e9rmino comenzaba a correr el d\u00eda siguiente, de ah\u00ed que el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas all\u00ed contemplados fenec\u00edan el 20 de septiembre del mismo a\u00f1o, al margen de que dicha respuesta sea por medios virtuales o f\u00edsicos; que el recurso de alzada no era procedente, toda vez que los proceso arbitrales son de \u00fanica instancia por su naturaleza y sin importar su cuant\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, pues la competencia para pronunciarse sobre la admisi\u00f3n de la demanda, los traslados y dem\u00e1s actuaciones derivadas del proceso arbitral, recae s\u00f3lo en el \u00e1rbitro designado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que si bien existe una irregularidad en el conteo de t\u00e9rminos, comoquiera que, el Tribunal de Arbitramento aplic\u00f3 las disposiciones en la Ley 1563 de 2012, omitiendo aplicar lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 para la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, pues el art\u00edculo 8\u00b0 de dicha normatividad refiere que la \u00abla notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezaran a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u00bb, lo cierto es que dicha omisi\u00f3n resulta intrascendente, toda vez que de la misma manera la presentaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda resulta extempor\u00e1nea, pues, se dio el aquella se dio el 28 de septiembre de 2021, siendo el t\u00e9rmino m\u00e1xima el d\u00eda 22 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no son de recibo \u00ablos argumentos encaminados a que s\u00ed env\u00edo en tiempo la contestaci\u00f3n de la demanda [20 de septiembre de 2021], como quiera que, a disposici\u00f3n del accionante se encontraban los canales electr\u00f3nicos para allegar la contestaci\u00f3n de la demanda, y los cuales pueden ser visualizados en el correo de notificaci\u00f3n de fecha 23 de agosto de 2021, y cuesti\u00f3n contraria es que haya decidido hacer uso del correo f\u00edsico para remitir su defensa [medio igualmente autorizado para el env\u00edo de documentos], por tanto, la demora en que se haya incurrido por la empresa de correo, no es una carga que deba ser asumida por el centro de arbitraje\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, insistiendo que \u00abla contestaci\u00f3n de la demanda s\u00ed se envi\u00f3 en termino de ley\u2026 pues al tomar en cuenta las distancias f\u00edsicas entre el remitente y el destinatario era apenas obvio que no pod\u00eda llegar el mismo d\u00eda\u00bb, raz\u00f3n por lo que dicho escrito debe ser atenderse como oportuno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que atendiendo la irregularidad evidenciada por el a quo constitucional, de cara a la aplicaci\u00f3n del decreto 806 de 2020, encuentra que tambi\u00e9n existe \u00abuna causal de nulidad insaneable, como lo es indebida notificaci\u00f3n, ante la cual pod\u00eda intervenir oficiosamente anulando todo lo actuado desde el momento de la notificaci\u00f3n, en la cual no se mencionaron [l]os tiempos de configuraci\u00f3n de la notificaci\u00f3n personal por v\u00eda digital, sino que se ajustaron su contabilizaci\u00f3n de tiempos para ejercer la defensa conforme a la norma 1563 de 2012\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Analizada la demanda de tutela y su impugnaci\u00f3n, se observa que su promotor pretende: (i) dejar sin efecto el auto de 26 de octubre de 2021, que mantuvo el del d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o, pues, en su sentir, la contestaci\u00f3n de la demanda fue en tiempo, toda vez que debe atenderse desde el momento de su env\u00edo y no desde la recepci\u00f3n, adem\u00e1s, porque no se atendi\u00f3, respecto a dicho t\u00e9rmino, lo dispuesto en el decreto 806 de 2020; y (ii) se declare la nulidad de su notificaci\u00f3n, toda vez que, a su parecer, dicho enteramiento no fue claro, por cuanto debi\u00f3 aplicarse el referido decreto 806 de 2020, y no la ley 1563 de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e al primero de esos reclamos, se concluye que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que, al margen de que el Tribunal de Arbitramento haya contabilizado los t\u00e9rminos para la contestaci\u00f3n de la demanda al d\u00eda siguiente de su enteramiento (ley 1563 de 2012), y no a los dos d\u00edas siguientes al env\u00edo del mensaje de datos, tal como lo contempla el art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 806 de 2020, lo cierto es que tal como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, dicha contestaci\u00f3n de igual manera resultaba extempor\u00e1nea. <\/p>\n
En efecto, el promotor fue notificado de la demanda por correo electr\u00f3nico el 23 de agosto de 2021, por lo que en los t\u00e9rminos dispuestos en el referido decreto, los 20 d\u00edas para contestar el libelo inicial comenzaban a correr a partir del 26 de agosto siguiente, temporalidad que culminaba el 22 de septiembre del mismo a\u00f1o, empero, el escrito contestatario fue recepcionado en la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga solamente hasta el 28 de septiembre de 2021; de ah\u00ed que, si bien existi\u00f3 irregularidad en el conteo del t\u00e9rminos, lo cierto es que, se insiste, dicha respuesta resulta extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no es de recibo la alegaci\u00f3n del promotor de cara a que dicha contestaci\u00f3n fue en tiempo, pues, en su sentir, dicho documento lo puso en la empresa de correo el 20 de septiembre de 2021, esto, por cuanto esa carga jur\u00eddica se satisface con la recepci\u00f3n del documento en la sede judicial, relievando, por dem\u00e1s, que tampoco la justificaci\u00f3n que est\u00e1 en otra ciudad le imped\u00eda llegar a tiempo, pues lo cierto es que a disposici\u00f3n del accionante se encontraban los canales electr\u00f3nicos para allegar dicha contestaci\u00f3n, sin que de ellos hubiese hecho uso, eligiendo la utilizaci\u00f3n del correo f\u00edsico para ello, raz\u00f3n por la que la demora en la recepci\u00f3n de la contestaci\u00f3n no es atribuible a la autoridad querellada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la supuesta anomal\u00eda que el quejoso enrostr\u00f3 a la autoridad enjuiciada, por no atender su contestaci\u00f3n de demanda en tiempo, es una cuesti\u00f3n que resulta intrascendente, pues lo cierto es que, se reitera, al margen de que el conteo de t\u00e9rminos no se atendi\u00f3 debidamente por parte del centro de arbitraje, en aplicaci\u00f3n del decreto 806 de 2020 la recepci\u00f3n de dicho escrito contestatario tambi\u00e9n resultaba extempor\u00e1neo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e al otro de los reclamos del gestor del amparo, esto es, la supuesta indebida notificaci\u00f3n de la demanda, por lo que, en su sentir, se debe disponer la nulidad de lo actuado, se advierte que dichos aspectos constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por el convocado, por lo que un pronunciamiento de esta instancia frente a los mismos, implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa del aqu\u00ed accionado. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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