STC875-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC875-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01241-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Mu\u00f1oz Tobar contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que ordene \u00abla entrega y orden de pago a favor de su hermano\u2026 de los t\u00edtulos judiciales por la suma de\u2026 $151.450.000\u2026 consignados\u2026 con motivo del preacuerdo que se hab\u00eda hecho con la Fiscal\u00eda delegada para [su] proceso y que despu\u00e9s de aprobado, la Juez 35 Penal del Circuito\u2026 anul\u00f3 y el Tribunal\u2026 confirm\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Gustavo Mu\u00f1oz Tobar por la comisi\u00f3n del delito huerto calificado y agravado, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 12 de junio de 2020, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 206 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que, tras ser apelada, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad en fallo de 2 de marzo de 2021. Posteriormente, con prove\u00eddo de 21 de junio siguiente se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n impetrado, pues no present\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que en 2018 fue capturado como coparticipe del delito endilgado porque se desempe\u00f1aba como conductor de veh\u00edculo de transporte de valores que fue objeto de hurto por $1.849.000.000; y que ante la angustia que vive en prisi\u00f3n realiz\u00f3 un preacuerdo con la Fiscal\u00eda y la transportadora. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que dicha empresa inform\u00f3 que la aseguradora le hab\u00eda pagado los dineros robados y que solo pretend\u00eda el deducible de la p\u00f3liza por $151.450.000; que su familia vendi\u00f3 bienes y acudi\u00f3 a cr\u00e9ditos bancarios para obtener dicha suma, consignando en el Banco Agrario $80.000.000 y entreg\u00e1ndole al representante legal de la Transportadora $71.450.000, completando as\u00ed los referidos $151.450.000. <\/p>\n
2.4. Adujo que el juzgador de conocimiento al momento de emitir el fallo anul\u00f3 dicho preacuerdo, pues consider\u00f3 que deb\u00eda devolver los $1.849.000.000 m\u00e1s perjuicios, sin tener en cuenta que la transportadora ya hab\u00eda aceptado el deducible, decisi\u00f3n que adem\u00e1s fue confirmada por el superior. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que los estrados acusados se negaban a ordenar la devoluci\u00f3n de los dineros entregados por el preacuerdo; que ante las injusticias cometidas acept\u00f3 los cargos, pero se neg\u00f3 dicha aceptaci\u00f3n; que fue condenado a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n; y que se pas\u00f3 por encima de la voluntad de la Fiscal\u00eda, la v\u00edctima y la defensa. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que se encontraba prohibida la prisi\u00f3n por deudas civiles; que si el preacuerdo fue anulado, las cosas deb\u00edan volver a su estado inicial, por lo que le ten\u00edan que devolver los dineros entregados; y que de un tajo los falladores censurados acabaron los preacuerdos de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no se desconoci\u00f3 derecho fundamental alguno, en la medida en que \u00ablas decisiones se adoptaron dentro de las condiciones legales\u00bb; y que con auto de 21 de junio de 2021 se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n impetrado. <\/p>\n
2. Camilo Iv\u00e1n Pizza Rodr\u00edguez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Transportadora de Valores Atlas Ltda., alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicha empresa vinculada. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues si bien el actor present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no alleg\u00f3 la demanda, por lo que fue denegado el mismo, perdiendo la oportunidad id\u00f3nea de discutir lo pretendido; y que no se accedi\u00f3 a la devoluci\u00f3n de las sumas consignadas, en tanto que se trataba de un pago realizado a t\u00edtulo de restituci\u00f3n parcial del objeto de delito, frente a lo que el recurso de casaci\u00f3n era el mecanismo para acceder a sus aspiraciones. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que el art\u00edculo 12 de la Ley 906 de 2004 dispon\u00eda que todos los intervinientes del proceso penal deb\u00edan obrar con lealtad y buena fe; que con honradez pag\u00f3 los $151.450.000 a la v\u00edctima, empero, se apropiaron de su dinero y lo enga\u00f1aron con un preacuerdo que fue anulado, siendo condenado a 16 a\u00f1os de c\u00e1rcel y sin esa suma; y que la Secretar\u00eda del Tribunal criticado no le inform\u00f3 que el proceso estaba a su disposici\u00f3n ni que el plazo para presentar la demanda casaci\u00f3n estaba corriendo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el peticionario no present\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, desaprovechando as\u00ed la oportunidad para plantear los reparos por los que ahora se queja. <\/p>\n
Ciertamente, esta acci\u00f3n excepcional no es el mecanismo adecuado para elucidar aspectos como los planteados por el promotor del resguardo, cuando no se agotaron los instrumentos id\u00f3neos para ello, destacando que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas oportunidades para que expongan en el marco del proceso y ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que los mismos puedan ser soslayados so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el quejoso tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de impetrar dicho medio extraordinario y no lo hizo, con lo que desperdici\u00f3 la oportunidad de obtener su revisi\u00f3n ante el \u00f3rgano m\u00e1ximo de la justicia ordinaria y mostr\u00f3 conformidad o desinter\u00e9s frente a la condena impuesta en segunda instancia\u2026 el accionante debi\u00f3 acudir al medio de defensa previsto en la ley penal para cuestionar el veredicto del Tribunal, habida cuenta que\u2026 no es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u2026 Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta improcedente (CSJ STC, 19 ag. 2011, rad. 01590-01; reiterada en STC10865-2014, 14 ag. 2014, rad. 2014-01231-01; y STC5078-2015, 29 abr. 2015, rad. 2015-00280-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, sobre el argumento expuesto en la impugnaci\u00f3n atinente a que el Tribunal criticado no le inform\u00f3 que el proceso estaba a su disposici\u00f3n en Secretar\u00eda o que el plazo para presentar la casaci\u00f3n ya estaba corriendo, es de advertirse que ello no es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n, puesto que los t\u00e9rminos son perentorios y esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018desconocer los mandatos legales no exime a las personas de observarlos, as\u00ed como tampoco los habilita para acudir a este mecanismo excepcional cuando por dicha ignorancia no han hecho uso de las herramientas que el ordenamiento nacional les otorga. \u2018As\u00ed lo establece el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil (\u2026), [que indica] \u2018la ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u2019. \u2018Al punto, se explic\u00f3 que \u2018el argumento o justificaci\u00f3n esgrimido por \u00e9stos para no agotar el citado medio de defensa, no resulta admisible en tanto (\u2026) la ignorancia de la ley no sirve de excusa para revivir oportunidades desperdiciadas por las partes\u2019 (10 de agosto de 2009, exp. 00360-01, reiterado, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2011, exp. 02595-01 y sentencia de 3 de junio de 2012, exp. 00900-01)\u2019 (CSJ STC9118-2015, 23 jul. 2015, rad. 2015-00307-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 14 de diciembre de 2021. <\/p>\n
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