STC876-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC876-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01357-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Eugenia Holgu\u00edn de V\u00e1squez frente al fallo proferido el 15 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de esta Corte, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, dignidad humana y \u00abseguridad social integral\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas por la emisi\u00f3n de decisi\u00f3n adversa a sus pretensiones en el juicio laboral que inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin efecto la sentencia SL2367-2021\u2026 [de] (02) de junio de\u2026 (2021)[,] proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de [esta] Corte\u2026, y la\u2026 de Segunda Instancia\u2026 proferida por el\u2026 Tribunal [convocado]\u00bb; ordenar: i) \u00abel cumplimiento de la Sentencia de\u2026 05 de septiembre de 2.017[,] proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira\u00bb, y ii) \u00aba Colpensiones[,] que emita el acto administrativo reconoci[\u00e9]ndo[le] la pensi\u00f3n de sobreviviente[s]\u00bb; o subsidiariamente, iii) a la Sala accionada de esta Corporaci\u00f3n, emitir \u00abuna nueva sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la actora le inco\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (pretendiendo, en lo medular, \u00able fuera reconocida pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n de la muerte de su c\u00f3nyuge Guillermo V\u00e1squez Montoya\u00bb), el 5 de septiembre de 2017 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira dict\u00f3 sentencia en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, pero esa decisi\u00f3n la revoc\u00f3 el 28 de agosto de 2018 el Tribunal convocado para, en su lugar, absolver a la demandada, al observar que al asunto era aplicable el canon 12 de la Ley 797 de 2003 y no se acredit\u00f3 que el causante hubiese cotizado un m\u00ednimo de 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a su deceso. Determinaci\u00f3n \u00faltima que el pasado 2 de junio no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la gestora adujo que erraron las autoridades acusadas al desconocerle la prestaci\u00f3n pensional reclamada, en tanto que debieron atender el principio de \u00abaplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, lo que les hubiese permitido descubrir que aunque \u00abV\u00e1squez Montoya (q.e.p.d.) no estaba cotizando al Instituto de Seguros Sociales al momento de su fallecimiento\u00bb, lo cierto era que \u00abde las 589 semanas reconocidas, su totalidad fueron cotizadas antes de 1.994, fecha en la que entr[\u00f3] en vigencia la Ley 100 de 1.993, de las cuales 300\u2026 son las que exige el Decreto 758 de 1.990 que aprob\u00f3 el acuerdo 049 de febrero 01 de 1990 emanado del Seguro Social, motivo por el cual\u2026 [ella] tiene que ser amparada por dicho Decreto, norma m\u00e1s favorable, tal como est\u00e1 establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[,] concretamente en la SU-005 de 2018, que unific[\u00f3] todas las decisiones al respecto\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abcuenta con 73 a\u00f1os de edad, en estos momentos pasa por una situaci\u00f3n econ\u00f3mica precaria y sus ingresos se limitan al subsidio que le paga el gobierno y algunas ayudas humanitarias de sus vecinos; es cabeza de familia y presenta quebrantos de salud como hipertensi\u00f3n esencial (primaria) Hiperlipidemia, obesidad, dedo en gatillo y acaba de ser intervenida quir\u00fargicamente de cataratas, pertenece al r\u00e9gimen subsidiado de salud Emssanar entidad que le presta el servicio\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Administradora Colombiana de Pensiones pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte\u00bb de los accionados, \u00abas\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte solicit\u00f3 \u00abdeclarar improcedente el amparo\u2026, dado que el fallo proferido por [esa] Sala\u2026 se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales, as\u00ed como a los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala permanente de la Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que, ante la extinci\u00f3n de \u00e9ste, la competente para pronunciarse sobre el caso discutido era Colpensiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n objeto de controversia se profiri\u00f3 en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la gestora del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales y resalt\u00f3 que \u00abno se tuvo en cuenta el precedente Constitucional vinculante, expuest[o] en el presente caso\u2026, ya que desde el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y hasta la presente acci\u00f3n\u2026 se expuso y se solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la Sentencia SU-005 del 2018[,] proferida por la Corte Constitucional[,] que decidi\u00f3 establecer como regla general la definici\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s favorable en materia de pensi\u00f3n de sobreviviente, adecu\u00e1ndose lo all\u00ed decidido al caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada -sobre la cual recae el presente estudio por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto en cuesti\u00f3n- no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, encontr\u00f3 indiscutido que \u00abV\u00e1squez Montoya falleci\u00f3 el 15 de marzo de 2004, luego de haber cotizado desde agosto de 1971 hasta mayo de 1991, un total de 589.43 semanas; tambi\u00e9n, que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba [con] m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad, pero no satisfizo la densidad de cotizaciones exigida por el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, ni el del literal b) del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993; Tampoco, que al momento del deceso no se encontraba cotizando al sistema de pensiones, ni el car\u00e1cter de beneficiaria de la actora\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras anotar que le correspond\u00eda \u00abdefinir si el Tribunal deb\u00eda definir el derecho con aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, o si, acert\u00f3 al llamar a operar la Ley 797 de 2003, como quiera que el afiliado falleci\u00f3 durante su vigencia\u00bb; de cara \u00aba la normativa que gobierna el reconocimiento a la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, sostuvo que: <\/p>\n
\u2026esta Corporaci\u00f3n tiene asentado que, por regla general, la disposici\u00f3n aplicable la vigente al momento en que ocurri\u00f3 el deceso del afiliado o pensionado (CSJ SL2476-2018). De ah\u00ed que, como tal suceso ocurri\u00f3 el 15 de marzo de 2004, el precepto legal a tener en cuenta es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que consagra el requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 a\u00f1os que antecedieron a la muerte del afiliado. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n advirti\u00f3 que en el caso sometido a su escrutinio estaba \u00abdefinido que tal condici\u00f3n no fue cumplida, pues el causante cotiz\u00f3 por \u00faltima vez en mayo de 1991 y su deceso ocurri\u00f3 aproximadamente 13 a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb; por lo que, \u00abdada la propuesta de la censura\u00bb, era \u00abnecesario traer a la palestra la posibilidad de solucionar la contienda bajo la preceptiva del \u00faltimo reglamento del Instituto de Seguros Sociales que regul\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb; interrogante que resolvi\u00f3 negativamente, bajo los siguientes postulados: <\/p>\n
De entrada, con base en abundantes precedentes de esta Sala de la Corte, tal soluci\u00f3n est\u00e1 descartada. Bastante se ha reiterado que a\u00fan bajo el espectro del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es inviable dar aplicaci\u00f3n plusultractiva a la ley, en tanto, dada la retrospectividad o aplicaci\u00f3n inmediata de la ley del trabajo y de la seguridad social, carece de racionalidad hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de legislaciones anteriores, a fin de ajustar la soluci\u00f3n a las condiciones particulares del de cujus (CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, entre otras). <\/p>\n
En fallo CSJ SL4650-2017, se adoctrin\u00f3 que como el objeto del principio constitucional referido, es servir de puente de amparo a quienes, teniendo una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, puedan transitar entre una ley y otra, era necesario que para casos como el presente, en el que el afiliado no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones en el tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, se acreditara que i) el deceso ocurri\u00f3 en el periodo que se denomin\u00f3 zona de paso, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, ii) se demostrara que en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la segunda normativa, hab\u00eda aportado 26 semanas, y iii) hubiese cotizado esta misma densidad de aportes en el a\u00f1o que antecede a su fallecimiento. <\/p>\n
Sin embargo, conforme los supuestos f\u00e1cticos definidos, f\u00e1cil resulta colegir que no se abre paso a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen previsto en la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, toda vez que si bien, el c\u00f3nyuge de la actora falleci\u00f3 el 25 de marzo de 2004, no satisfizo los dem\u00e1s requisitos, como quiera que el Tribunal tuvo por demostrado que su \u00faltimo aporte al sistema general de pensiones fue en mayo de 1991. <\/p>\n
Ahora bien, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando no se cumple el requisito de las 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los 3 a\u00f1os anteriores al deceso del afiliado, procede verificar la viabilidad de la pensi\u00f3n desde la perspectiva del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, paladino es que esta posibilidad tampoco conduce a la prosperidad de las aspiraciones de la demandante pues, a pesar de que el causante era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, consolid\u00f3 589.43 semanas en toda su vida laboral, solo 10.28 dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al deceso. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso particular, especialmente, del canon 12 de la Ley 797 de 2003, determinando que la tutelante no era beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes porque el causante no cumpli\u00f3 con los requisitos all\u00ed exigidos. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n del precedente constitucional que invoc\u00f3, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 20 de septiembre, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 9 de diciembre \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda 13 siguiente y el 14 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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