STC878-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC878-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02592-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Marco Aurelio Rengifo Bejarano, Jos\u00e9 Pastor y Socorro Carre\u00f1o Hern\u00e1ndez frente al fallo proferido el 1\u00ba de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esa ciudad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del mismo lugar y Waldo Tacha D\u00edaz, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos constitucionales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abnulidad absoluta por indebida notificaci\u00f3n (sic)\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial cuestionada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abse decrete la nulidad por indebida notificaci\u00f3n dentro del proceso [fustigado]\u00bb; \u00abse ordene suspender todo tr\u00e1mite que se realice en desarrollo de las providencias objeto\u2026 del\u2026 presente incidente\u2026 [d]e nulidad por indebida notificaci\u00f3n (sic)\u00bb; y \u00abse vincule a los accionantes\u2026 a la oferta de compra por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 o[,] en su defecto[,] que se tengan como parte integral dentro del proceso [atacado]\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente asunto: <\/p>\n
2.1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1, tras agotar, infructuosamente, la etapa de expropiaci\u00f3n administrativa sobre una franja del predio con folio inmobiliario Nro. 50S-519134, respecto del cual aparec\u00eda registrado como propietario Waldo Tacha D\u00edaz, inco\u00f3 el respectivo proceso judicial en contra de \u00e9ste, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la sede judicial acusada, la que, al hallar satisfechos los presupuestos contemplados en el precepto 399 del C\u00f3digo General del Proceso, el 14 de junio de 2019 adelant\u00f3 la diligencia en la que efectu\u00f3 la entrega anticipada del inmueble, a favor de la demandante, sin que all\u00ed, ni con posterioridad, se presentara oposici\u00f3n alguna al respecto, y el 30 de octubre de 2020 dict\u00f3 la sentencia correspondiente, en la cual acogi\u00f3 las pretensiones. Determinaci\u00f3n \u00faltima que cobr\u00f3 ejecutoria luego de que el 7 de diciembre siguiente se declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a la misma por el demandado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela sus impulsores adujeron que desde hace m\u00e1s de 42 a\u00f1os ostentan la posesi\u00f3n del predio objeto de dicho juicio, de forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, mientras que el all\u00ed demandado tan s\u00f3lo tiene su nuda propiedad, por lo que al no hab\u00e9rseles convocado a tal tr\u00e1mite, debiendo serlo, el mismo est\u00e1 viciado de nulidad. <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que que esta \u00abacci\u00f3n se torna improcedente en virtud del principio de subsidiaridad\u00bb, comoquiera que \u00ablos accionantes\u2026 no realizaron intervenci\u00f3n de ning\u00fan linaje al interior de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abcon base en los mismos hechos los accionantes presentaron otra petici\u00f3n de amparo tambi\u00e9n contra [esa] oficina judicial[,] radicada bajo el n\u00famero 2021-02129, que en su momento conoci\u00f3 el\u2026 Tribunal Superior de Bogot\u00e1, donde se emiti\u00f3 sentencia el 29 de septiembre de 2021, declarando la improsperidad de la tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 – ESP se opuso al ruego constitucional porque \u00abha cumplido la normatividad vigente que rige la materia dentro del proceso de enajenaci\u00f3n voluntaria y posteriormente en el\u2026 judicial de expropiaci\u00f3n\u2026, donde se notific\u00f3 en debida forma al titular del derecho de propiedad debidamente acreditado en el certificado de\u2026 tradici\u00f3n\u2026[,] quien se hizo parte en el mismo\u00bb; y los quejosos \u00abno figuran dentro del certificado\u2026, como tampoco fueron observados durante las visitas efectuadas por los trabajadores sociales de la EAAB-ESP\u2026 al predio (no hab\u00edan personas ni construcci\u00f3n alguna en el predio que pudiera evidenciar ocupaci\u00f3n o tenencia distinta a la del propietario del predio)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en el asunto fustigado \u00abse profiri\u00f3 sentencia ejecutoriada del 30 de octubre de 2020 y la entrega material del \u00e1rea expropiada fue llevada a cabo el 14 de junio de 2019, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, por cuanto no se est\u00e1n vulnerando derechos fundamentales a los accionantes\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo desestim\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, \u00aben la medida en que la entrega provisional del predio a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 se realiz\u00f3 el 14 de junio de 2019 y la sentencia de expropiaci\u00f3n se dict\u00f3 el 30 de octubre de 2020, lo que significa que para la fecha en que se formul\u00f3 esta acci\u00f3n -22 de noviembre de 2021-, transcurri\u00f3 un lapso superior a un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en su reclamo, agregando que, acorde con la jurisprudencia constitucional, \u00abla no notificaci\u00f3n vulnera de manera irremediable los derechos fundamentales de las personas a las cuales afecta un fallo sin el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos formales dentro de un proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, la salvaguarda se abre paso de manera excepcional y limitada a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Lo dicho, porque entre la materializaci\u00f3n de la entrega anticipada del predio expropiado (14 de junio de 2019), la que no fue objeto de oposici\u00f3n alguna por parte de los accionantes (en ese momento ni con posterioridad), as\u00ed como desde la emisi\u00f3n de la sentencia que puso fin al proceso fustigado (30 de octubre de 2020), y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar (noviembre de 2021), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose el lapso semestral fijado por la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que, a pesar de las manifestaciones de los impugnantes, la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n v\u00e1lida alguna que justifique tal tardanza, la cual denota la ausencia de urgencia en el reclamo propuesto. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis se muestra aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n entonces reclamada, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que: <\/p>\n
1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01) <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros. <\/p>\n
En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n
Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona la accionante, se remite en primer lugar, a la sentencia de 26 de octubre de 2012, en la cual se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n del predio perseguido por el Instituto Nacional de Concesiones \u2013INCO, y se orden\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n a favor de la sucesi\u00f3n del causante\u2026 Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o; sin embargo, el amparo constitucional, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 29 de noviembre de 2017 (CSJ STC1877-2018, 14 feb., rad. 2017-00822-01). <\/p>\n
3. Sumado a ello, el fracaso de la salvaguarda tambi\u00e9n deriva del hecho que los gestores omitieron agotar previamente sus alegaciones ante el juzgador natural, respecto a las circunstancias que por v\u00eda de tutela sindican de irregulares. <\/p>\n
De ese modo, la queja actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los gestores desperdiciaron \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Lo dicho impone respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a los interesados y env\u00edese las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC878-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC878-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02592-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Marco Aurelio Rengifo Bejarano, Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61531","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61531"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61531\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}