STC880-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC880-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-02625-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Cabrera, quien dice actuar en calidad de apoderado de Ana Edilia Chaves Fuentes, contra el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abrevoque el auto proferido el 19 de noviembre de 2021\u2026 en el cual se declara la extemporaneidad de la contestaci\u00f3n de la demanda ejecutiva\u00bb; que se les permita \u00abefectuar el derecho a la defensa conforme a la contestaci\u00f3n de la demanda ejecutiva\u2026 enviada o radicada ante el despacho\u2026 el d\u00eda 3 de noviembre de 2021 a las 4:59 pm\u00bb; y que se \u00abinterrumpa la medida cautelar contemplada en el libramiento de pago proferido el d\u00eda 6 de septiembre de 2021\u2026 hasta tanto no se definan los derechos invocados en la presente tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Samuel Morales promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Jos\u00e9 Amel Castiblanco y Ana Edilia Chaves Fuentes, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que el 6 de septiembre de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago; el 3 de noviembre siguiente se alleg\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda, pero en auto de 19 de noviembre se tuvo por extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor siempre estuvo atento del proceso; que contaba con 10 d\u00edas para contestar la demanda, lo que qued\u00f3 ratificado en el auto con el que se libr\u00f3 mandamiento de pago y en el prove\u00eddo que se tuvo por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el referido t\u00e9rmino se cumpl\u00eda el 3 de noviembre a las 5:00 pm, por lo que radic\u00f3 a las 4:59 pm de esa data la contestaci\u00f3n y el poder; y que el mismo d\u00eda a las 5:05 pm adjunt\u00f3 una serie de documentos con los que quer\u00eda poner en conocimiento maltratos que sufr\u00eda su poderdante. <\/p>\n
2.4. Adujo que el 4 de noviembre de 2021 el estrado criticado acus\u00f3 el recibo de sus correos; que la extemporaneidad aducida fue respecto del \u00faltimo correo con el que se adjuntaron los otros documentos; que el C\u00f3digo General del Proceso establec\u00eda lineamientos para contestar la demanda; que el Decreto 806 contemplaba los medios tecnol\u00f3gicos para el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; y que el correo era un medio de flexibilizaci\u00f3n, que se desconoci\u00f3 en el caso concreto. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que no impetr\u00f3 recursos frente a la decisi\u00f3n censurada, pues estos no proced\u00edan; y que formulaba esta acci\u00f3n en causa propia de acuerdo a las facultades otorgadas en el mandato a \u00e9l conferido. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el auto de 19 de noviembre de 2021, con el que se tuvo por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n allegada, no fue recurrido; que en todo caso ingresar\u00eda de nuevo el expediente al despacho para proceder para la revisi\u00f3n oficiosa de la radicaci\u00f3n del primer correo enviado por la ahora accionante y de ser procedente dejar sin efecto la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
2. Luis Antonio Saez Gordillo, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Samuel Morales, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que se configuraba la falta de legitimaci\u00f3n, pues no exist\u00eda prueba sobre el reconocimiento del accionante como parte o tercero en la contienda judicial, lo que lo inhabilitaba para refutar en nombre propio lo all\u00ed rituado; que el promotor reclamaba la protecci\u00f3n esgrimiendo su condici\u00f3n de abogado en el juicio criticado, sin allegar el apoderamiento para intervenir en esta acci\u00f3n excepcional; y que la jurisprudencia constitucional hab\u00eda sido enf\u00e1tica en determinar que a la tutela se deb\u00eda acudir con poder especial, aun cuando tuviese poder especifico o general en otros asuntos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que mientras el juzgador acusado le reconoc\u00eda personer\u00eda, el Tribunal Constitucional conclu\u00eda que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa; que se cercenaban sus derechos al libre ejercicio de la profesi\u00f3n; que el poder conferido en el proceso consignaba que era quien deb\u00eda velar por los intereses de su poderdante, por lo que era el llamado de forma directa a hacerlo; y que el poder se encontraba en el proceso, en donde se le reconoci\u00f3 personer\u00eda, era aut\u00e9ntico y daba observancia a la normatividad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Cabrera carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
En efecto, el promotor no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, sin que el hecho de que sea el apoderado de la ejecutada en el proceso de criticado, lo habilite para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa\u2026 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01). <\/p>\n
Y ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2018La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2019. (CSJ STC, 25 abr. 2013 rad. No. 00819-00, reiterada en la STC 10 abr. 2014, rad. 00093-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
Por consiguiente, para que el apoderado judicial de una parte pueda promover una acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de derechos en el interior del asunto en que act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de ella, tiene necesariamente que satisfacer la prueba de la representaci\u00f3n que se le exige, en este caso espec\u00edfico, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, a saber: \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u2019 (CSJ STC16132-2016, 8 nov. 2016, rad. 2016-00203-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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