STC881-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC881-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Am\u00e9rica Camargo Ram\u00edrez contra el Juzgado Octavo de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sin hacer petici\u00f3n concreta, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 20 de noviembre de 2020 el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 apertur\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Juan de Dios Camargo Carrillo, donde se reconocieron como herederos a Yolanda, Germ\u00e1n, Luis Eduardo, Mireya y Martha Luc\u00eda Ram\u00edrez Camargo; Edisonn, Yesid y Fredy Camargo Ram\u00edrez; Ronal, Katherine, Adaly y Edwin Rinc\u00f3n Camargo. <\/p>\n
2.2. Con prove\u00eddo de 13 de octubre de 2021 el estrado judicial dispuso que previo al reconocimiento pretendido por Am\u00e9rica Camargo Ram\u00edrez, aqu\u00e9lla deb\u00eda aportar el registro civil de nacimiento en donde aparezca el reconocimiento realizado por Pedro Camargo Carrillo, ya que en el aportado no aparece firmado por aquel, o en su defecto deb\u00eda aportar el registro civil del matrimonio de sus progenitores. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la promotora que el 2 de noviembre del mismo a\u00f1o falleci\u00f3 el progenitor de su apoderado, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 el aplazamiento de la diligencia de inventarios y aval\u00faos programada para el d\u00eda siguiente; no obstante, el despacho no atendi\u00f3 tal petici\u00f3n, adelantando la audiencia donde, por dem\u00e1s, no fue reconocida como heredera, pese a cumplir con los requisitos exigidos. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que el estrado judicial querellado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues no tuvo en cuenta que el \u00faltimo lugar de domicilio del causante fue Fusagasug\u00e1; no la vincul\u00f3 a ella ni a sus hermanos al tr\u00e1mite sucesoral de su t\u00edo; no atendi\u00f3 la partida de matrimonio de sus padres, ni la de su bautismo, con el fin de ser reconocida como heredera; adem\u00e1s, tampoco tuvo en cuenta la calamidad dom\u00e9stica de su apoderado; situaciones que quebranta sus prerrogativas de primer grado. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el fallador desconoci\u00f3 sus derechos \u00abcomo heredera, como cesionaria con ocasi\u00f3n de la cesi\u00f3n de derechos herenciales realizada a sus hermanos y como guardadora \u00fanica y principal del causante\u00bb, tras considerar que \u00abel registro civil de nacimiento no est\u00e1 suscrito por [su] padre\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio de sucesi\u00f3n de Juan de Dios Camargo Carrillo; indic\u00f3 que en la audiencia recibi\u00f3 los inventarios, sin embargo, resolvi\u00f3 desfavorablemente la solicitud de suspensi\u00f3n de la audiencia, comoquiera que Am\u00e9rica Camargo Ram\u00edrez no est\u00e1 reconocida en el juicio, y si bien recepcion\u00f3 la documental aportada, \u00e9sta no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos para reconocerla como heredera; remiti\u00f3 el link para consultar el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, tras advertir que si bien el apoderado de la promotora solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia, lo cierto es que \u00abdicho profesional estuvo presente el d\u00eda de la audiencia, tal cual se aprecia de la grabaci\u00f3n de la audiencia, lo cual descarta cualquier posible afectaci\u00f3n del debido proceso\u00bb, adem\u00e1s, contra esa decisi\u00f3n, as\u00ed como contra la que neg\u00f3 el reconocimiento hereditario, la promotora no formul\u00f3 recurso. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la promotora puede insistir el reconocimiento hereditario, acreditando las exigencias necesarias con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reiterando los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que \u00abs\u00ed interpus[o] recurso de apelaci\u00f3n, como pueden corroborar Am\u00e9rica Camargo, su hermano Pedro Ernesto Camargo Ram\u00edrez, como su esposo\u2026 Antonio Burgos\u2026 y en respuesta la se\u00f1ora Juez\u2026 guard\u00f3 silencio e inmediatamente dio por culminada la audiencia\u00bb, adem\u00e1s, la grabaci\u00f3n de la audiencia presentaba errores t\u00e9cnicos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, y la solicitud de amparo cumpla con el presupuesto de la inmediatez en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona la negativa del despacho respecto del aplazamiento de la diligencia de inventarios y aval\u00faos programada para el 3 de noviembre de 2021, as\u00ed como la falta de reconocimiento de la promotora como heredera del causante Juan de Dios Camargo Carrillo, determinaciones que fueron adoptadas en esa misma data; pues, en sentir de la gestora, su apoderado tuvo una calamidad que le imped\u00eda estar presente en dicha diligencias, sumado a que, cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos con el fin de ser reconocida en el juicio. <\/p>\n
3. Luego, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que la actora ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra dichas decisiones, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso1, el cual no agot\u00f3, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos; destacando que, si bien el apoderado solicit\u00f3 el aplazamiento de dicha diligencia por su infortunito, lo cierto es que asisti\u00f3 a la misma, donde fue escuchado, empero, no hizo uso de los mecanismos de defensa procedentes, adem\u00e1s que, contrario a lo afirmado por el impugnante, el audio de la diligencia no da cuenta de su intervenci\u00f3n con el fin de promover tales remedios. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria; de ah\u00ed que no sea de recibo los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se destaca que una vez la promotora acredite las exigencias necesarias para su reconocimiento hereditario, puede pretenderla ante el fallador natural, donde, por dem\u00e1s, una vez tenga dicho reconocimiento, puede alegar las irregularidades de las que ahora se duele, entre ellas, la supuesta falta de notificaci\u00f3n y de competencia del estrado enjuiciado para conocer del tr\u00e1mite sucesoral. <\/p>\n
5. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez… <\/p>\n
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STC881-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC881-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01169-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61534","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61534\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}