STC882-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC882-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00448-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 5 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan de Jes\u00fas C\u00e1rdenas Casta\u00f1eda contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abreformatio in pejus\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se \u00abanule la sentencia proferida\u00bb en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra Juan de Jes\u00fas C\u00e1rdenas Casta\u00f1eda, quien formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abusucapi\u00f3n\u00bb respecto de los bienes cuya reivindicaci\u00f3n exig\u00eda la demandante. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2020, se desestim\u00f3 la reivindicaci\u00f3n y se accedi\u00f3 a la usucapi\u00f3n que se plante\u00f3 por v\u00eda exceptiva, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la actora, siendo revocada por el juzgado accionado con providencia del 11 de agosto de 2021, para en su lugar, acceder a las pretensiones que elev\u00f3 el ICBF, por lo que se conden\u00f3 al demandado a restituir a la actora los predios en litigio, as\u00ed como tambi\u00e9n al pago de los frutos civiles que produjeron tales inmuebles \u00aba partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el despacho judicial acusado \u00abdesbordando las facultades y en perjuicio del apelante \u00fanico, sin haber sido objeto de debate en el proceso\u2026, [lo] condena a\u2026 $47\u2019936.877, por frutos civiles\u2026, suma que\u2026 se [fij\u00f3]\u2026 sin fundamentos probatorios\u2026, sin tener en cuenta que [es] poseedor de buena fe\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El ICBF defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot expres\u00f3 que \u00ablas decisiones tomadas en 2\u00aa Instancia dentro del proceso\u2026 objeto de tutela\u2026 fueron ajustadas a derecho y conforme a la ley\u00bb, por lo que pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00ablos motivos aducidos por el juez cuestionado para acceder a las pretensiones reivindicatorias y ordenar las restituciones mutuas, no son arbitrarios ni irracionales, sino genuina aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 961 y s.s. del C.C.\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abcontrario a lo pretendido por el [gestor], la garant\u00eda de la no reformatio in pejus protege es a la parte que oportunamente interpone el recurso, siendo en el caso concreto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el que promovi\u00f3 la alzada, mientras que el aqu\u00ed accionante guard\u00f3 silencio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la cuant\u00eda de la condena al pago de frutos que le impuso el juzgado accionado en el fallo criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la cuestionada sentencia de 11 de agosto de 2021, que revoc\u00f3 la dictada el 12 de noviembre de 2020, no denota arbitrariedad, porque el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que resultaba viable reconocer los frutos que reclam\u00f3 la demandante en el juicio objeto de reproche constitucional, en la cuant\u00eda se\u00f1alada en el libelo, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Para el caso concreto y de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, no se estableci\u00f3 la existencia de expensas ni mejoras \u00fatiles realizadas por el demandado en los inmuebles objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, como tampoco fueron alegadas por dicha parte\u2026 <\/p>\n
Lo que s\u00ed se demostr\u00f3 fue el valor de los frutos civiles que por arrendamientos pudieron generar los inmuebles, mediante la prueba del juramento estimatorio que no fue objeto de discusi\u00f3n alguna por el demandado, as\u00ed: <\/p>\n
Inmueble 150-5038 $ 140.000 mensuales para 2017. <\/p>\n
Inmueble 150-2375 $ 500.000 mensuales para 2017. <\/p>\n
Inmueble 150-2263 $ 500.000 mensuales para 2017. <\/p>\n
A estos valores ha de aplicarse el I.P.C. de cada a\u00f1o hasta el presente 2021 de acuerdo con los porcentajes establecidos por el D.A.N.E., comput\u00e1ndose dichos frutos civiles a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda que tuvo lugar el 30 de abril de 2018. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Inmueble 150-5038 $ 140.000 mensual para 2017 <\/p>\n
2018 $ 140.000 x 3.18% = $ 144.452 x 8 $ 1\u2019155.616 <\/p>\n
2020 149.941 x 1.61% = 152.355 x 12 1\u2019828.260 <\/p>\n
2021 152.355 x 3.5% = 157.687 x 7 1\u2019103.809 <\/p>\n
$ 5\u2019886.977 <\/p>\n
Inmueble 150-2375 $ 500.000 mensual para 2017 <\/p>\n
2018 $ 500.000 x 3.18% = $ 515.900 x 8 $ 4\u2019127.200 <\/p>\n
2019 515.900 x 3.80% = 535.504 x 12 6\u2019426.048 <\/p>\n
2020 535.504 x 1.61% = 544.126 x 12 6\u2019529.512 <\/p>\n
2021 544.125 x 3.5% = 563.170 x 7 3\u2019942.190 <\/p>\n
$ 21\u2019024.950 <\/p>\n
Inmueble 150-2263 $ 500.000 mensual para 2017 <\/p>\n
2018 $ 500.000 x 3.18% = 515.900 x 8 4\u2019127.200 <\/p>\n
2019 515.900 x 3.80% = 535.504 x 12 6\u2019426.048 <\/p>\n
2020 535.504 x 1.61% = 544.126 x 12 6\u2019529.512 <\/p>\n
2021 544.125 x 3.5% = 563.170 x 7 3\u2019942.190 <\/p>\n
$ 21\u2019024.950 <\/p>\n
TOTAL FRUTOS CIVILES POR ARRENDAMIENTOS $47\u2019936.877 <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que la cuant\u00eda de los frutos que reclam\u00f3 la demandante en el proceso reivindicatorio criticado se encontraba demostrada con el juramento estimatorio que realiz\u00f3 en el libelo, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 2061 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que procedi\u00f3 a tasarlos, realizando las operaciones aritm\u00e9ticas que estim\u00f3 pertinentes, r\u00e9ditos que concedi\u00f3 desde la contestaci\u00f3n de la demanda, con fundamento en lo establecido en el inciso final del art\u00edculo 9642 del C\u00f3digo Civil, al reconocer que el enjuiciado era un poseedor de buena fe. <\/p>\n
Tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abQuien pretenda el reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n, compensaci\u00f3n o el pago de frutos o mejoras, deber\u00e1 estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petici\u00f3n correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento har\u00e1 prueba de su monto mientras su cuant\u00eda no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerar\u00e1 la objeci\u00f3n que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEl poseedor de buena fe no es obligado a la restituci\u00f3n de los frutos percibidos antes de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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