STC883-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC883-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 27 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Segundo Ojeda Guti\u00e9rrez contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abexcluir del\u2026 proceso disciplinario [que se sigue en su contra]\u2026\u00bb las pruebas que, seg\u00fan \u00e9l, se recaudaron de forma irregular. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra el accionante se adelanta proceso disciplinario, en el que, a trav\u00e9s de solicitud del 11 de junio de 2021, el abogado investigado solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de algunos elementos probatorios, al considerar que los mismos fueron allegados al prenotado tr\u00e1mite de manera irregular. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, al no excluir las aludidas probanzas, la autoridad accionada \u00abest\u00e1 desconociendo lo establecido en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, ley 527 de 1999, art\u00edculos 93, 95 de la ley 1123 de 2007 y\u2026 157, 158 de la ley 1952 de 2019\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira destac\u00f3 que \u00abcon la queja del proceso disciplinario padre se aportaron unas pruebas documentales, que luego se a\u00f1adieron otras -entre ellas cuatro audios-, y que el disciplinable estuvo en la primera sesi\u00f3n de la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n, sin oponerse a \u00e9stas\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de la persistente inasistencia del disciplinable y las suspensiones que ha sufrido el proceso ante las recusaciones presentadas, no ha sido posible reanudar la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n, por esa raz\u00f3n\u2026 no ha podido entrar a pronunciarse sobre el contenido del memorial presentado el d\u00eda 11 de junio de 2021\u00bb, toda vez que \u00abla contradicci\u00f3n probatoria que pretende el disciplinable\u2026, respecto de las pruebas documentales aportadas por los quejosos y la\u2026 testimonial de\u2026 Yoe Arregoc\u00e9s Ustate, que todav\u00eda no se ha practicado, es un asunto que debe ventilarse en audiencia, para que sustente por qu\u00e9 considera ilegales o inconstitucionales tales pruebas\u00bb. <\/p>\n
2. Eder Aurelio Arregoc\u00e9s Pinto defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n que censur\u00f3 el tutelante. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. Carbones del Cerrej\u00f3n Limited destac\u00f3 que \u00abno tiene conocimiento de las actuaciones surtidas en desarrollo del proceso disciplinario [cuestionado], ni ha intervenido en este\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad de algunas de las pruebas adosadas al proceso disciplinario que se sigue en su contra. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que el auto de 16 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual la sede judicial acusada le design\u00f3 defensor de oficio, \u00abviola [sus] derechos fundamentales\u2026, porque\u2026 nunca\u2026 [lo] notific\u00f3 sobre el nombramiento de un defensor de oficio\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso disciplinario objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite est\u00e1 en sus instancias iniciales, sin que, siquiera, se hubiese dictado sentencia de primera instancia. <\/p>\n
En tal virtud, el gestor tiene a su alcance instrumentos procesales mediante los cuales puede alegar las inconsistencias en que presuntamente incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, anomal\u00edas que, en su concepto, vician la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que al juez de tutela no le es dable sustituir las facultades deferidas por el legislador a los funcionarios comunes, ni soslayar los remedios ordinarios ni extraordinarios de defensa dispuestos en el ordenamiento positivo para resguardar las garant\u00edas de las partes al interior del juicio. <\/p>\n
En ese sentido ha precisado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01; y STC5429-2016, 28 abr., 2016-00332-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la norma disciplinaria le ofrece precisas herramientas de defensa judicial para que exponga ante el juez natural sus argumentaciones o reproches, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como v\u00eda de hecho. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones expuestas en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado, empero con fundamento en las motivaciones efectuadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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