STC885-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC885-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00193-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Trinidad Mari\u00f1o de Brice\u00f1o, Andr\u00e9s Antonio Brice\u00f1o Jauregui y Jos\u00e9 Leonardo, Ang\u00e9lica Mar\u00eda, Cesar Augusto y Alfredo Enrique Brice\u00f1o Mari\u00f1o contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00902. <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al \u00abdebido proceso, propiedad privada, buen nombre, igualdad, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, trabajo y a la presunci\u00f3n de buena fe\u00bb, los cuales estiman trasgredidos con la sentencia de 16 de septiembre de 2021, mediante la cual el tribunal querellado acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras promovida en su contra, pese a que, en su criterio, los elementos de juicio recaudados no desvirtuaban que el negocio jur\u00eddico a trav\u00e9s del cual la all\u00ed demandante enajen\u00f3 el predio al hoy fallecido Ciro Antonio Brice\u00f1o L\u00f3pez (causante a quien ellos sucedieron en su derecho de propiedad) fue \u00ablegal, real y no estuvo viciado en ning\u00fan momento por la voluntad de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto el fustigado prove\u00eddo y se suspenda la diligencia de entrega programada en el asunto, mientras se decide nuevamente la viabilidad de las pretensiones. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Hasta el momento en que se discuti\u00f3 el asunto, no se hab\u00eda recibido ning\u00fan informe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal encartado acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras promovida contra quienes aqu\u00ed accionan, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura precis\u00f3 inicialmente que \u00abANA YOLANDA RIVERA DE D\u00cdAZ se encuentra legitimada en la causa para procurar la restituci\u00f3n bajo examen, pues como se explan\u00f3, acredit\u00f3 la titularidad del fundo, el cual se halla plenamente identificado, aleg\u00f3 y prob\u00f3, sumariamente al menos, su calidad de v\u00edctima en lo que tiene que ver con la ocurrencia del despojo como consecuencia de la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica No. 3181 del 20 de septiembre del 200158 de la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de C\u00facuta, con la que CIRO ANTONIO BRICE\u00d1O L\u00d3PEZ adquiri\u00f3 la heredad solicitada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que \u00ablos testimonios y declaraciones (\u2026) concuerdan con las circunstancias de modo tiempo y lugar que reflejan la din\u00e1mica del conflicto armado en el corregimiento Buena Esperanza, cuyo territorio resisti\u00f3 inicialmente el accionar de las guerrillas, que luego se torn\u00f3 m\u00e1s \u00e1lgido con la incursi\u00f3n paramilitar que llegaba justamente para repeler aquellos deriv\u00e1ndose una serie de enfrentamientos en los que en medio quedaba inerme la poblaci\u00f3n civil, principal afectada, pues la hostilidad del ambiente as\u00ed generado, las amenazas directas o indirectas, los se\u00f1alamientos sin soportes objetivos de ser colaboradores de uno u otro bando, como resultaba l\u00f3gico y era de esperarse provoc\u00f3 el \u00e9xodo de algunos de los pobladores que prefirieron salvaguardar su integridad por encima de su patrimonio, lo que por supuesto deja en evidencia una violaci\u00f3n masiva de derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario. Sucesos tales que tuvieron lugar b\u00e1sicamente durante toda la d\u00e9cada de los 90 hasta principios del 2000, justo dentro del interregno que interesa al proceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abdel examen individual y en conjunto de los medios de convicci\u00f3n decantados hasta este punto, resulta di\u00e1fano concluir que, con ocasi\u00f3n y origen en el conflicto armado interno, la solicitante y su n\u00facleo m\u00e1s cercano sufrieron afectaciones tanto morales como materiales a partir de las cuales con suficiencia acreditan los supuestos a que alude el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, siendo evidente la condici\u00f3n de v\u00edctima de la accionante y su n\u00facleo familiar. En cuanto a la materializaci\u00f3n del despojo y los sucesos que lo provocaron, el c\u00f3nyuge de la solicitante, quien para la fecha del desplazamiento ten\u00eda a su cargo la jefatura del hogar, manifest\u00f3 ante el Juez que por medio de su hijo RODOLFO DIAZ recibi\u00f3 una oferta de compra por parte de CIRO ANTONIO BRICE\u00d1O; la cual lo llev\u00f3 a pensar que \u201csi hay quien compre ese predio (\u2026) venderlo, porque de lo contrario si nos toca dejar eso, lo dejamos botado\u201d; afirmaci\u00f3n a la que se le suma lo dicho por el mismo \u00d3SCAR DE JES\u00daS en etapa administrativa, instancia en la que asegur\u00f3 haber aceptado enajenar el fundo con el prop\u00f3sito de \u201ccuidar la vida m\u00eda, la de mi esposa, y de mis hijos\u201d. Enajenaci\u00f3n que, ANA YOLANDA, propietaria leg\u00edtima del predio reclamado decidi\u00f3 realizar tras escuchar la oferta que le presentaron a su c\u00f3nyuge. Al respecto, ella en estrados indic\u00f391: \u201cyo le dije a \u00e9l: \u00d3SCAR si le van a dar eso h\u00e1gale, yo lo hago, yo le firmo un poder ya, cuando sea algo que recuperemos, pero porque yo ya no vuelvo para all\u00e1\u201d. Mandato que en efecto le concedi\u00f3 a su esposo quien suscribi\u00f3 en su nombre y representaci\u00f3n la compraventa contenida en escritura p\u00fablica No. 3181 del 20 de septiembre del 200192 a favor de CIRO ANTONIO BRICE\u00d1O L\u00d3PEZ, materializ\u00e1ndose de esta manera, la p\u00e9rdida definitiva del v\u00ednculo jur\u00eddico con el fundo\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 igualmente que \u00abarguyeron los opositores que no exist\u00eda relaci\u00f3n de causalidad entre \u201clas supuestas v\u00edctimas, los grupos armados que causaron innegablemente desplazamiento forzado en el territorio nacional y el se\u00f1or CIRO BRICE\u00d1O, y su familia\u201d comparando el proceso de restituci\u00f3n de tierras con un juicio de responsabilidad en su contra; cuesti\u00f3n que sin lugar a dudas se aleja de los supuestos f\u00e1cticos y legales de la acci\u00f3n, pues bajo el r\u00e9gimen de la Justicia Transicional y el dise\u00f1o especial de este tr\u00e1mite; el nexo que se debe evidenciar o desvirtuar subsiste entre los hechos victimizantes y la p\u00e9rdida del v\u00ednculo jur\u00eddico con el predio. En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia que la apoderada del extremo opositor transcribi\u00f3 sin identificar, no resulta aplicable ni por asomo al sub examine, pues no se trata de un tr\u00e1mite ordinario ni de naturaleza contractual o extracontractual que reclame el cumplimiento de un asunto en particular o se exija respecto del contradictor, el deber legal de indemnizar. Grosso modo, en este punto basta con cuestionarse si de no haber mediado los hechos victimizantes, igual se hubiese perdido el v\u00ednculo jur\u00eddico. Planteamiento que claramente deviene resuelto, pues como se decant\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, la venta del fundo fue una de las consecuencias del desplazamiento forzado y del estado de necesidad que ello gener\u00f3, circunstancias que viciaron el consentimiento de la reclamante, configur\u00e1ndose de esta manera el despojo\u00bb. <\/p>\n
Verificados, de esa forma, los presupuestos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, procedi\u00f3 el tribunal a analizar la condici\u00f3n en que los convocados detentaban materialmente el predio objeto de la disputa, y sobre el particular advirti\u00f3 que \u00absi bien la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que, en algunos eventos, atendiendo a las particularidades que la casu\u00edstica presenta, el Juez puede flexibilizar dicho est\u00e1ndar e inclusive, inaplicarlo, si se hallan circunstancias de debilidad manifiesta en el acceso a la tierra o cuando el opositor es tambi\u00e9n v\u00edctima, en el sub judice, aunque se enunciaron determinados hechos de violencia soportados por el n\u00facleo familiar de MAR\u00cdA TRINIDAD MARI\u00d1O DE BRICE\u00d1O, no se sustent\u00f3 por alg\u00fan medio que tales sucesos hayan ocasionado en ellos, un estado de vulnerabilidad, indefensi\u00f3n o desventaja que, en el caso del finado CIRO ANTONIO BRICE\u00d1O otrora comprador lo hubieren compelido para llegar al predio y que por tanto entonces se puedan obviar las averiguaciones y diligencias que deb\u00eda realizar previo a la adquisici\u00f3n del inmueble reclamado. Tampoco exist\u00eda dificultad en el acceso a la tierra pues, tal como lo indic\u00f3 ALFREDO BRICE\u00d1O MARI\u00d1O108, opositor e hijo de CIRO ANTONIO, su padre ya hab\u00eda tenido otro predio en el corregimiento \u201cRestauraci\u00f3n\u201d el cual vendi\u00f3 previo a la adquisici\u00f3n del fundo solicitado, adem\u00e1s, el declarante afirm\u00f3 que para la \u00e9poca en que lo compraron, habitaban un inmueble ubicado en el barrio \u201cLa Riviera\u201d, \u00e1rea urbana del municipio de C\u00facuta. Razones suficientes para considerar que no hay lugar a flexibilizar o inaplicar el est\u00e1ndar del proceder cualificado\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00ablos opositores MAR\u00cdA TRINIDAD MARI\u00d1O DE BRICE\u00d1O , ANG\u00c9LICA MAR\u00cdA, ALFREDO ENRIQUE, C\u00c9SAR AUGUSTO, JOSE LEONARDO BRICE\u00d1O MARI\u00d1O y ANDR\u00c9S ANTONIO BRICE\u00d1O JAUREGUI, quienes integran el extremo pasivo en su condici\u00f3n de herederos de CIRO ANTONIO BRICE\u00d1O L\u00d3PEZ\u00b8 no alegaron m\u00e1s que buena fe simple, pues su defensa estuvo dirigida a desvirtuar los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n y de manera t\u00edmida a pretender el pago de mejoras y el valor actual del inmueble \u201ccomo lo ordena el art\u00edculo 89 y 91 de la ley 1448 del 2011\u201d o en su defecto, de manera subsidiaria el reconocimiento como poseedores de buena fe, nada m\u00e1s, carga que por ley se exige a cualquier sujeto resistente de la pretensi\u00f3n, con independencia de la naturaleza del tr\u00e1mite de que se trate, en tanto concurra al proceso a ocupar el otro extremo de la relaci\u00f3n procesal. Es por ello que, as\u00ed como la parte demandante tiene una carga argumentativa y probatoria en el ejercicio de la acci\u00f3n, y de contera, le corresponde expresar los hechos que le sirven de fundamento a sus pretensiones, e igualmente solicitar las pruebas que pretenda hacer valer (art. 82 C.G. del P.), la parte demandada tambi\u00e9n soporta imposiciones legales representadas en la exigencia de pronunciarse de manera expresa y concreta sobre aquellos, con manifestaci\u00f3n precisa y un\u00edvoca de las razones de su respuesta \u2013en tanto los deniegue o no le consten\u2013 pues de no hacerlo se tendr\u00e1n por ciertos; y si ha de formular las excepciones de m\u00e9rito necesariamente tiene la obligaci\u00f3n de indicar con precisi\u00f3n fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico en el cual se sustenta, y obviamente aportar o solicitar los elementos de juicio para su comprobaci\u00f3n (art. 96 ejusdem)\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abno hay lugar al reconocimiento de compensaci\u00f3n alguna frente a los referidos opositores, pues, aunque solicitaron el pago de los ya mencionados emolumentos arguyendo ser poseedores de buena fe, tanto el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 del 2011 como el literal r) del 91, exigen la acreditaci\u00f3n del explicado est\u00e1ndar superlativo, mismo que como qued\u00f3 visto ni siquiera se plante\u00f3 expresamente al momento de la oposici\u00f3n sino apenas t\u00edmidamente en las alegaciones conclusivas, pero que en todo caso auscultado todo el material probatorio recopilado no se demostr\u00f3 como era su deber\u00bb. <\/p>\n
Y en cuanto a la posible calidad de segundos ocupantes de los actores, recalc\u00f3 que \u00ablos opositores MAR\u00cdA TRINIDAD MARI\u00d1O DE BRICE\u00d1O, ALFREDO ENRIQUE, ANG\u00c9LICA MAR\u00cdA, C\u00c9SAR AUGUSTO, JOSE LEONARDO BRICE\u00d1O MARI\u00d1O y ANDR\u00c9S ANTONIO BRICE\u00d1O JAUREGUI, si bien no tuvieron relaci\u00f3n directa ni indirecta con el despojo o el abandono forzado del inmueble, toda vez que en la actualidad ostentan la condici\u00f3n de coposeedores del fundo reclamado, en virtud de su derecho como herederos \u2013 y c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite – de CIRO ANTONIO BRICE\u00d1O quien en vida fuere el propietario, lo cierto es que no cumplen con los requisitos para ser considerados ocupantes secundarios, pues no hubo prueba que diera cuenta de un posible estado de vulnerabilidad latente o derivado de la restituci\u00f3n material, no residen en el fundo ni sustentaron la necesidad de continuar con el predio por derivar de all\u00ed su sustento. Aunado, seg\u00fan el reporte de la Superintendencia de Notariado y Registro, a excepci\u00f3n de ANDR\u00c9S ANTONIO y C\u00c9SAR AUGUSTO, todos cuentan con por lo menos una propiedad adicional a la ac\u00e1 pretendida como m\u00e1s adelante se detallar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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