STC886-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC886-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00218-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Agust\u00edn Mar\u00eda Giraldo Rivera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2008-80079. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae del escrito inicial y los anexos, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, con sentencia del 28 de agosto de 2009 conden\u00f3 a Giraldo Rivera (y al coprocesado Harold Enrique Restrepo Palacio) a la pena de 452 meses de prisi\u00f3n y multa de 3.979 smlmv por los delitos de \u00abdoble secuestro extorsivo\u00bb, condena ratificada el 10 de diciembre del mismo a\u00f1o por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n la defensa del enjuiciado Restrepo Palacio interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, inadmitido por la Hom\u00f3loga Penal mediante auto del 15 de septiembre de 2010. <\/p>\n
Giraldo Rivera acude a la presente tutela cuestionando con \u00e9nfasis la pena que le fue impuesta porque, para la fecha en del fallo de primera instancia se encontraba vigente la ley 733 de 2002 que modific\u00f3 el art\u00edculo 171 de la ley 599 de 2000, por tanto, considera que debi\u00f3 d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n en virtud del \u00abprincipio universal de favorabilidad\u00bb; al respecto adujo que, \u00abla norma m\u00e1s favorable al proceso en el caso que nos ocupa es la modificaci\u00f3n que introdujo la ley 733 de 2002 en la conducta de secuestro y secuestro simple, por lo que se disminuy\u00e9ramos la pena en la proporci\u00f3n que ordena la norma citada nos arrojar\u00eda una pena a imponer de 96.5 meses prisi\u00f3n y no de 193 meses (sic) como err\u00f3neamente se condena confirma por los despachos judiciales accionados\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide, \u00ab(\u2026) (i) se me redosifique la pena; (ii) se d\u00e9 cumplimiento a la ley 733 de 2002, la cual es m\u00e1s favorable para mi proceso; (iii) se me respeten los procedimientos judiciales para acceder m\u00e1s pronto a mi libertad; [y], (iv) la redosificaci\u00f3n de los agravantes penales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, relacion\u00f3 lo acontecido en la causa penal en cuesti\u00f3n que involucr\u00f3 al ac\u00e1 accionante, indicando que la pena que se les impuso a los all\u00ed acusados por los delitos de \u00abdoble secuestro extorsivo\u00bb ascendi\u00f3 a \u00ab452 meses de prisi\u00f3n y multa de 3979 smlmv\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, el tr\u00e1mite judicial se rigi\u00f3 por el pleno respeto de las garant\u00edas fundamentales de los implicados, por lo que no se configuran \u00abcausales gen\u00e9ricas o espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, ponente de la providencia recriminada indic\u00f3 que, en efecto, conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la defensa del ac\u00e1 tutelante contra la sentencia condenatoria de primer grado, la que decidi\u00f3 confirmar en su integridad mediante fallo del 10 de diciembre de 2009. <\/p>\n
3. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal resalt\u00f3 que esa Sala, ciertamente, el 15 de septiembre de 2010 inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el apoderado del sentenciado Giraldo Rivera contra la sentencia del tribunal ad quem; agreg\u00f3 que, en el examen realizado, se advirti\u00f3 que \u00ab(\u2026) pese a las imprecisiones de la demanda, se destac\u00f3 la inexistencia de transgresiones a los derechos y garant\u00edas fundamentales que justificaran el estudio oficioso de la sentencia de segunda instancia, conforme lo se\u00f1ala el inciso 3 del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor en el proceso penal radicado n\u00ba 2008-80079 al condenarlo a 452 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abdoble secuestro extorsivo\u00bb (sentencia de primera instancia del 28 de agosto de 2009; de segundo grado del 15 de diciembre de 2009 y, auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, del 15 de septiembre de 2010), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho al imponer la sanci\u00f3n punitiva sin tener en cuenta la modificaci\u00f3n efectuada al quantum se\u00f1alado en el art\u00edculo 171 del C\u00f3digo Penal por la ley 733 de 2002 aplicable por favorabilidad. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace el actor no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n dentro de la causa penal que lo involucr\u00f3 fue proferido el 15 de septiembre de 2010, mientras que el presente auxilio se radic\u00f3 el 4 de noviembre de 2021, esto es, superando el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Entonces, el afectado debi\u00f3 agotar oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento respecto de las decisiones que ataca; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas y el cuestionamiento a la legalidad de la pena que desde la primera instancia procesal le fue impuesta al precursor del amparo, ex\u00e1menes que, en este caso, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque el convocante se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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