STC887-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC887-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00211-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Maricela Castro Rayo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-00178. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. El apoderado de la tutelante relata en s\u00edntesis que, su prohijada Castro Rayo fue condenada (bajo el rito procesal de la ley 600 de 2000) por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n y \u00ab200 smlmv (sic)\u00bb por el delito de \u00abfraude procesal\u00bb con sentencia del 16 de octubre de 2020, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, mediante fallo del 21 de junio de 2021, decisi\u00f3n esta \u00faltima que fue recurrida en casaci\u00f3n, remedio extraordinario inadmitido por la Sala Especializada de esta Corte el 27 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Con amplitud cuestiona las referidas providencias, centrando su inconformidad en la dictada por el Tribunal Superior de Neiva. Dirige concretas cr\u00edticas a la valoraci\u00f3n probatoria, y se\u00f1ala \u00abvarios yerros [a] la argumentaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de [\u2026] los hechos\u00bb. Sostiene que, los elementos materiales de prueba analizados por los juzgadores de instancia no cumpl\u00edan con \u00ablos requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para acreditar la supuesta conducta de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al contexto f\u00e1ctico y los hechos objeto de reproche, aduce que, su poderdante \u00abfue traicionada en su confianza y buena fe tanto por los deudores Flor Mar\u00eda Manrique y Cesar Augusto Gonz\u00e1lez, quienes probablemente tergiversaron los hechos intentando mostrar que, adem\u00e1s de incumplir de forma descarada con los pagos que hab\u00edan acordado, fueron v\u00edctimas de un fraude procesal por el diligenciamiento de los espacios en blanco de la letra de cambio, lo cual cabe destacar que, a la luz del ordenamiento comercial, se encuentra regulado por normas supletivas\u00bb. Agreg\u00f3 que, en todo caso, \u00abfue la profesional del derecho Mar\u00eda del Pilar Rivera Fajardo la que ejecut\u00f3 la letra de cambio a nombre propio ante las autoridades judiciales, lo cual, contrario a lo que argument\u00f3 el [tribunal] muestra de manera clara que no se otorg\u00f3 poder alguno por parte de la se\u00f1ora Maricela Castro Rayo para la cobranza judicial del t\u00edtulo valor, menos a\u00fan se actu\u00f3 en coautor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, recrimina que el fallo de segundo grado se ocup\u00f3 de profundizar en el examen del delito de \u00abfalsedad en documento privado\u00bb el que finalmente no fue objeto de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n; y, discuti\u00f3 tambi\u00e9n que le diera total valor a las declaraciones de la denunciante \u00absin contraste ni tamizaje alguno [\u2026] en cuanto a aspectos cruciales en donde surg\u00edan a relucir sendas inconsistencias en su dicho\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala entonces que, de lo anterior, se evidencia por parte de los juzgadores la incursi\u00f3n en los defectos \u00abprocedimental absoluto [y] f\u00e1ctico\u00bb que configura la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de su defendida. <\/p>\n
3. En suma, pretende que, \u00ab(\u2026) se declare sin valor ni efecto la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva el 21 de junio de 2021 dentro del proceso con n\u00famero radicado [201500178] (\u2026) en su lugar, se inste a proferir sentencia de segunda instancia revisando el material probatorio correspondiente e interpretando los hechos y las actuaciones conforme a la normatividad comercial en los aspectos pertinentes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Quinta Penal del Circuito de Neiva, defendi\u00f3 la sentencia que profiri\u00f3 en tanto que, \u00abno obedeci\u00f3 m\u00e1s que a la valoraci\u00f3n probatoria realizada, en raz\u00f3n de la cual se concluy\u00f3 que exist\u00edan motivos para condenar a la aqu\u00ed accionante, quien, debe destacarse, ha tenido la posibilidad de ejercer la respectiva controversia particular\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, en el mismo sentido, adujo que en la decisi\u00f3n que le correspondi\u00f3 adoptar en sede de apelaci\u00f3n \u00abse consider[\u00f3] que las pruebas recaudadas durante la totalidad de la actuaci\u00f3n fueron suficientes para establecer la existencia o materialidad de la conducta punible de fraude procesal, y para derruir la presunci\u00f3n de inocencia de la accionante [\u2026] toda vez que al valorar las mismas y en conjunto, como se pretende nuevamente ahora con esta acci\u00f3n constitucional, se verifica su compromiso en los hechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal se pronunci\u00f3 indicando que, al conocer del recurso extraordinario propuesto por la defensa de la hoy accionante, se evidenci\u00f3 la falta de aptitud de los cargos de la demanda presentada, motivo por el cual fue inadmitida. Sobre los reproches expuestos en este resguardo, sostuvo que no se denota \u00abla incursi\u00f3n en un defecto o causal espec\u00edfica de procedibilidad del mecanismo de amparo en contra de providencia judicial por parte de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la quejosa con las decisiones proferidas (al interior del proceso penal que se le adelant\u00f3 por el delito de \u00abfraude procesal\u00bb, radicado n\u00ba 2015-00178) (i) el 21 de junio de 2021, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva; y, (ii) auto del 27 de octubre de 2021 mediante el cual la Sala Especializada Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta, al incurrir dichas autoridades en supuesta v\u00eda de hecho, por defectos \u00abprocedimental absoluto y f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1.1. Auscultadas las discrepancias expuestas por esta v\u00eda excepcional contra las determinaciones del tribunal accionado y la Hom\u00f3loga Penal, se observa que son defensas afines a las presentadas como fundamentos de la apelaci\u00f3n y de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario; as\u00ed, principalmente respecto de la sentencia del ad quem, critic\u00f3 en extenso la valoraci\u00f3n probatoria, la supuesta falta de congruencia argumentativa en cuanto a que, ahond\u00f3 en el examen de la comisi\u00f3n del delito de falsedad de documento privado, conducta cuya acci\u00f3n penal prescribi\u00f3 en el transcurso de la actuaci\u00f3n procesal, mientras que no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis con el mismo rigor respecto del \u00abfraude procesal\u00bb; y, que se haya dejado de lado la normativa comercial de cara a establecer la validez del t\u00edtulo valor tachado de fraudulento. <\/p>\n
De esa manera, las irregularidades que resalt\u00f3 en la demanda tutelar frente a las decisiones que cuestiona las calific\u00f3 como defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico. Sobre el primero, el apoderado arguy\u00f3 que se presenta porque, especialmente el tribunal ad quem, \u00ab(\u2026) dirigi\u00f3 sus esfuerzos argumentativos a sustentar la supuesta ocurrencia de un delito que jam\u00e1s se mencion\u00f3 en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, ni tampoco en la sentencia de primera instancia, esto es, la falsedad en documento privado, cuando lo que en realidad deb\u00eda analizar era si confirmaba o no la condena emitida por el a quo en cuanto al delito de fraude procesal, y deb\u00eda despejar los serios cuestionamientos hechos en la apelaci\u00f3n en cuanto a la falta de pruebas para estructurar la totalidad de los requisitos doctrinales y jurisprudenciales de la coautor\u00eda (\u2026) Ello tiene como consecuencia que mi prohijada, al interior del curso procesal ordinario, no haya tenido oportunidad de defenderse de aquellas consideraciones novedosas sobre el delito de falsedad en documento privado que se incluyeron solamente en decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que la sentencia se ocup\u00f3 en detalle del delito de falsedad en documento privado cuando este no hizo parte de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, lo que constituye, seg\u00fan aduce, \u00ab(\u2026) un grave vicio procedimental, que nubla la visi\u00f3n objetiva que debe tener el funcionario judicial, dado que aspectos tan cruciales como el dolo, terminan analiz\u00e1ndose de cara a la falsedad documental lo cual pareciera hacer pensar que, por el principio de especialidad, el accionado apuntara m\u00e1s bien al delito de falsedad ideol\u00f3gica, y no al de fraude procesal (\u2026) sea como fuere, al concentrarse en estos razonamientos, que estaban por fuera de la \u00f3rbita que el mismo accionado hab\u00eda delimitado en el problema jur\u00eddico inicialmente planteado en la sentencia, se cae en sendas irregularidades procesales, dado que lo que tenemos es una decisi\u00f3n de segunda instancia que excede lo esgrimido por la Fiscal\u00eda a lo largo del proceso a partir de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, excede el \u00e1mbito de la primera instancia, adem\u00e1s, excede el \u00e1mbito de los argumentos de la apelaci\u00f3n, y que, peor a\u00fan, excede del \u00e1mbito argumentativo delimitado por el propio accionado al comienzo de la providencia en cita al establecer la cuesti\u00f3n jur\u00eddica a resolver. Entonces, claramente, esta actuaci\u00f3n ultra vires, ultra y extra petita, deja una marca indeleble en el juzgador, que no le permite apreciar a cabalidad y con la debida mesura el comportamiento del supuesto fraude procesal, dado que tiende a vincularlo argumentativamente con una supuesta falsedad documental (por confusi\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 entonces que, pareciera que el delito que se investig\u00f3 fue el de falsedad documental y no por el que se profiri\u00f3 condena, de manera que aquello signific\u00f3 \u00ab(\u2026) pasar por encima del principio de congruencia de manera grotesca, al omitir aspectos sustanciales de la apelaci\u00f3n -coautor\u00eda y sus requisitos doctrinales y jurisprudenciales- para concentrarse en un tipo penal distinto, con plena consciencia de ello, y al desbordar el propio problema jur\u00eddico planteado [\u2026] hemos de concluir la indubitada presencia de un defecto procedimental muy grave en la providencia emitida por el aqu\u00ed accionado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de los presupuestos de validez de los t\u00edtulos valores destac\u00f3 que, en primer lugar, no se demostr\u00f3 en el proceso que la acusada hubiera diligenciado la letra de cambio sin fecha de vencimiento o que hubiera indicado a una profesional del derecho que lo hiciera; a\u00f1ade que, aun as\u00ed, no es proceder que se encuentre por fuera de la legislaci\u00f3n comercial, pues el C\u00f3digo de Comercio contempla, en lo que a creaci\u00f3n de letras de cambio se refiere, la forma denominada \u00aba la vista\u00bb; tesis que soport\u00f3 con jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil para recalcar que \u00ab(\u2026) dejar espacios en blanco en los t\u00edtulos valores constituye una pr\u00e1ctica normal y reiterada en el \u00e1mbito mercantil, m\u00e1s a\u00fan cuando se trata de garantizar un contrato de mutuo, ya sea civil o comercial. En este sentido, esta manera de diligenciar el t\u00edtulo valor se encuentra plenamente amparada dentro del marco de la licitud\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, reiter\u00f3 que, \u00ab(\u2026) fue la se\u00f1ora MAR\u00cdA DEL PILAR RIVERA FAJARDO quien realiz\u00f3 dicho diligenciamiento del t\u00edtulo valor y no mi representada, y que no obra prueba alguna en el proceso que se\u00f1ale, a ciencia cierta, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que haya sido MARICELA CASTRO RAYO la que le dio instrucciones precisas a RIVERA FAJARDO de c\u00f3mo rellenar ese t\u00edtulo valor. Lo que existe all\u00ed es un vac\u00edo de informaci\u00f3n que no puede ser llenado con elucubraciones, sino dando prioridad a una interpretaci\u00f3n que, claramente, ha de favorecer al procesado (in dubio pro reo)\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 discutiendo la apreciaci\u00f3n de los hechos que tuvo la colegiatura accionada para llegar a la condena, indicando que, \u00ab(\u2026) de un an\u00e1lisis concienzudo de la decisi\u00f3n judicial en comento, hallamos que por ninguna parte de la misma existe evidencia concluyente y certera que lleve a la conclusi\u00f3n de que MARICELA CASTRO RAYO hubiera emitido directrices precisas en cuanto a que pretend\u00eda el cobro jur\u00eddico de la obligaci\u00f3n (que no el pre jur\u00eddico); que MARICELA CASTRO RAYO hubiera indicado exactamente c\u00f3mo llenar el t\u00edtulo valor y que, adem\u00e1s, hubiera emitido estas presuntas instrucciones (por dem\u00e1s inexistentes) con el prop\u00f3sito de enga\u00f1ar, teniendo en cuenta que CASTRO RAYO hubiera tratado de desconocer el negocio jur\u00eddico causal para lograr el enga\u00f1o al juez civil. Nada de eso est\u00e1 acreditado\u00bb. <\/p>\n
Con todo, puntualiz\u00f3 que, \u00ab(\u2026) en el presente asunto, la se\u00f1ora MARICELA CASTRO RAYO no particip\u00f3 ni realiz\u00f3 de forma alguna los elementos del tipo de fraude procesal pues todo su comportamiento se enmarco en los par\u00e1metros de la legalidad, la costumbre y buena fe, as\u00ed como la prudencia, diligencia y cuidado de una buena mujer de negocios\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Ahora bien, n\u00f3tese, que alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que la actora, por intermedio de su abogado, pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Entonces, observa la Corte que en realidad lo que hace el apoderado de la accionante es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en los escenarios rese\u00f1ados por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias y auscultados tambi\u00e9n por la propia Sala de Casaci\u00f3n Penal al verificar los cargos planteados en el recurso extraordinario interpuesto; es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la intenci\u00f3n de la querellante es imponer su particular postura frente al ejercicio ponderativo de los elementos de prueba que llevaron a los funcionarios judiciales accionados, primero, a establecer la tipicidad de la conducta investigada y, segundo, la responsabilidad de los enjuiciados y en concreto la de Castro Rayo, en los hechos reprochados; en todo caso, un examen que implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
3.2. Del pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Pese a lo que viene de considerarse para determinar el fracaso del auxilio, es pertinente agregar que, los reparos que expone la tutelante en la presente demanda a trav\u00e9s de su mandatario, fueron abordados por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n (AP5099-2021, 27 de octubre 2021, rad. 60385) al momento de calificar la demanda, y aunque concluy\u00f3 que los cargos no fueron adecuadamente formulados conforme la t\u00e9cnica exigida, examin\u00f3 los aspectos cr\u00edticos de las censuras planteadas, frente a la primera de ellas, dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El primer cargo, por el cual se denunci\u00f3 la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia en el entendido que, desde la teor\u00eda del delito, no se demostr\u00f3 la coparticipaci\u00f3n de Castro Rayo en el delito de fraude procesal, aparece infundado, porque de la lectura de dicha decisi\u00f3n, si bien podr\u00eda decirse que no se hizo como lo reclama el demandante, un desarrollo de la figura de la coautor\u00eda desde la dogm\u00e1tica, ello no puede asimilarse como una omisi\u00f3n por la cual deba anularse la sentencia, ya que el juez plasm\u00f3 los razonamientos a partir de los cuales atribuy\u00f3 responsabilidad a Maricela Castro Rayo. <\/p>\n
En ese sentido se precis\u00f3 en el fallo, que como beneficiaria de la letra de cambio, una vez se produjo el endoso a su favor por Ulpiano Hern\u00e1n Jovel Mu\u00f1oz, procedi\u00f3 a su entrega para que la profesional del derecho Mar\u00eda del Pilar Rivera Fajardo, obtuviera su pago por la v\u00eda judicial, llenando los espacios en blanco, anticipando la fecha de exigibilidad del 22 de abril de 2006 al 30 de julio de 2005 y, con ello, inducir en error a la Jueza \u00danica Promiscua Municipal de Rivera, a fin de disponer el pago de una obligaci\u00f3n no vencida. <\/p>\n
As\u00ed, la judicatura luego de explicar la falsedad que se identific\u00f3 como maniobra enga\u00f1osa para obtener una decisi\u00f3n favorable a los intereses de la parte demandante, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, la demostraci\u00f3n a trav\u00e9s de los diferentes medios de prueba tra\u00eddos al proceso no solo de la existencia de ese comportamiento punible, sino tambi\u00e9n sobre su responsabilidad en el mismo por parte de las acusadas CASTRO RAYO y RIVERA FAJARDO, sirve como punto de apoyo para establecer su real compromiso en el delito igualmente atribuido a las mismas constitutivo de fraude procesal; de ah\u00ed la importancia en esclarecer aquel comportamiento. Veamos: Del abordaje de la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de prueba aportados al proceso, se destaca inicialmente la materialidad de este comportamiento, al demostrarse, como ya se dijo, en primer lugar, que las aludidas acusadas MARICELA CASTRO RAYO y MAR\u00cdA DEL PILAR RIVERA FAJARDO, obrando en coautor\u00eda criminal, incurrieron en la adulteraci\u00f3n o falsificaci\u00f3n de la letra de cambio que por valor de $5.000.000 suscribieron Flora Mar\u00eda Manrique de Gonz\u00e1lez y C\u00e9sar Augusto Gonz\u00e1lez Manrique, en calidad de deudores, documento espurio que luego se utiliz\u00f3 por MAR\u00cdA DEL PILAR como prueba para pretender su cobro ante la autoridad judicial\u201d. <\/p>\n
Quedando a partir del transcrito aparte, la contribuci\u00f3n que cada una de las procesadas realiz\u00f3 en la comisi\u00f3n del hecho constitutivo de fraude procesal por el cual fueron halladas responsables en ambas instancias, y frente a los cuales, m\u00e1s all\u00e1 de indicar el censor que en el an\u00e1lisis no se expuso conceptualmente por qu\u00e9 se atribu\u00eda la figura de la coautor\u00eda, qued\u00f3 sentado desde el plano f\u00e1ctico y probatorio la intervenci\u00f3n por la que se les sanciona penalmente. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que de hecho el defensor reconoce, a tal punto que se adentra en criticar tales conclusiones por estimar que no pod\u00eda concluirse el aporte de su defendida al no ser parte dentro del proceso ejecutivo, en un intento de mostrarla ajena al acto criminal, cuando, su contribuci\u00f3n se explicaba en ser la tenedora del t\u00edtulo valor, la entrega que de \u00e9l hizo a la procesada Rivera Fajardo, para que, \u00e9sta acudiera, incluso, a t\u00edtulo personal y sin ser la acreedora del cr\u00e9dito, ante la judicatura, buscando el pago de deuda adquirida de quienes las suscribieron tiempo antes de que se pudiera hacer efectiva, para lo cual, afirmaron una realidad no veraz en el documento que prestaba m\u00e9rito ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la supuesta falta de congruencia entre la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y el fallo por haberse detenido la evaluaci\u00f3n de la colegiatura en la conducta de falsedad en documento privado para decantarse finalmente en el fraude procesal, la Hom\u00f3loga Especializada explic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se depreca la trasgresi\u00f3n del principio de congruencia, no es la causal tercera a la que se impone acudir sino a la segunda de casaci\u00f3n instituida en el art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000 y, lo segundo, ya que, al acudir a ella, lo que debe evidenciarse es que, al dictarse sentencia, se desconoci\u00f3 imputaci\u00f3n de la conducta en sus marcos conceptual, f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
Y en el presente asunto, es claro que no se verifica un defecto de tal magnitud, no s\u00f3lo porque la identidad de los acusados se mantuvo en la sentencia respecto de Maricela Castro Rey y Mar\u00eda del Pilar Rivera Fajardo, sino porque existe correspondencia entre el cargo por el cual fueron llamadas a juicio, esto es, fraude procesal, y en el supuesto f\u00e1ctico del que no revel\u00f3 el apoderado recurrente una tergiversaci\u00f3n en los hechos sindicados. <\/p>\n
Por el contrario, lo que se observa es una desavenencia del defensor con el an\u00e1lisis que emprendi\u00f3 el Tribunal, particularmente, cuando para dar estructurado el delito acusado, se remite a consideraciones sobre la falsedad del t\u00edtulo valor, lo cual hizo motivado por cosa no distinta que a verificaci\u00f3n de la maniobra enga\u00f1osa que requiere el tipo penal de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, ese an\u00e1lisis era necesario de cara a la comprobaci\u00f3n del delito de fraude procesal y resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aun cuando frente a la conducta descrita en el art\u00edculo 289 del C\u00f3digo Penal no pod\u00eda emitirse sentencia dado que no fue objeto del pliego acusatorio por haber prescrito la acci\u00f3n penal, ello no significa que el juez colegiado pudiera sustraerse de cualquier an\u00e1lisis referente a la acci\u00f3n falsaria, pues, en este caso, se reitera, se verificaba como el medio fraudulento que se proscribe en el art\u00edculo 453 del estatuto sustancial (\u2026) Entonces, no se cambi\u00f3 as\u00ed el supuesto f\u00e1ctico destacado por el acusador en dicha oportunidad, sino que el fallador destac\u00f3 que, incluso, en el caso de marras, la persona que acudi\u00f3 como demandante y supuesta acreedora fue la abogada que no la beneficiaria del pago del cr\u00e9dito una vez lo adquiri\u00f3 de Ulpiano Hern\u00e1n Jovel Mu\u00f1oz\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el alegato que se dirige respecto de la tipicidad de la conducta y la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y los hechos, esa Sala precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se impone recordar que cuando se alega este tipo de defecto, es carga del proponente, no s\u00f3lo indicar sobre cu\u00e1l de las probanzas recay\u00f3 el mismo, sino determinar la regla de la sana cr\u00edtica que fue quebrantada por el sentenciador, es decir, el principio de la l\u00f3gica, m\u00e1xima de la experiencia o ley de la ciencia que result\u00f3 inaplicado o aplicado de manera indebida, cu\u00e1l era la que aparec\u00eda aplicable y, conforme a \u00e9ste, el entendimiento que a la prueba debi\u00f3 darse con tal trascendencia que modificar\u00eda de forma sustancial la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Criterios que de manera alguna satisfizo el defensor, quien no despleg\u00f3 el m\u00ednimo esfuerzo argumentativo tendiente a revelar una falta con tal alcance, por el contrario, se limit\u00f3 a indicar que, contrario a lo que exige la ley -ya que, es el mismo censor quien pone de presente que debe ser acordada entre las partes para que opere-, la demanda ejecutiva se present\u00f3 en el entendido que hab\u00eda operado la cl\u00e1usula aceleratoria que justificaba la variaci\u00f3n de la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Punto al cual se acoge ahora, porque revisadas las decisiones de instancia y los alegatos que se consignan de las partes, no expres\u00f3 una tal situaci\u00f3n, como tampoco, estar\u00eda acreditado en la demanda que en su momento fue conocida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Rivera, en la que nada se dice al respecto. <\/p>\n
De all\u00ed que, m\u00e1s que destacar una incorrecci\u00f3n en la aprobaci\u00f3n probatoria que efectuaron los juzgadores, lo que se evidencia es una proposici\u00f3n novedosa con la que pretende que se descarte la materializaci\u00f3n de una acci\u00f3n enga\u00f1osa con el resultado conocido; incluso, ahora tambi\u00e9n cuestionando a que monto ascend\u00eda el cr\u00e9dito, aspecto que si no fue abordado en la sentencia, no fue por negligencia de funcionario judicial, sino porque la acci\u00f3n claramente reprobada era acudir de manera anticipada a ejecutar a los deudores con un t\u00edtulo valor alterado\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, se reitera, no encuentra esta Sala configurada la v\u00eda de hecho a que se refiere en la demanda, ya que las consideraciones expuestas, tanto por el Tribunal Superior de Neiva al confirmar la sentencia del a quo, como de la Sala Especializada denunciada al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, resultan razonadas, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por la accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC887-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC887-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00211-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Maricela Castro Rayo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61540","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61540\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}