STC892-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC892-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00237-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Miguel \u00c1ngel Echeverri Garc\u00eda, en nombre y representaci\u00f3n de su progenitor German Echeverri Cardozo, le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, la Procuradur\u00eda Delegada para la Sala de Casaci\u00f3n Penal y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00057. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, en la calidad enunciada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, dignidad humana, libertad, igualdad, personas con discapacidad y m\u00ednimo vital\u00bb para que, se ordenara declarar \u00abLA AUSENCIA DE DOLO DE LA SANCI\u00d3N CONDENATORIA AL PREVARICATO POR ACCI\u00d3N, POR LO MISMO SEA ABSUELTO O, SUBSUDIARAMENTE, SE DECLARE LA NULIDAD DE LA PROVIDENCIA CONDENATORIA POR SER EVIDENTE UNA FALSA MOTIVACION, seg\u00fan la providencia con Radicado No. 58154 del 1 de Septiembre del 2021 emanado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la C.S.J en el cual por medio de una presunci\u00f3n se le aplic\u00f3 DOLO de forma ANTIJURIDICA incurriendo en DEFECTO FACTICO POR ACCI\u00d3N Y OMISI\u00d3N, por una irrazonable aplicaci\u00f3n de pruebas basadas en un ERROR DE JUICIO el cual se PRACTIC\u00d3 A T\u00cdTULO PERSONAL Y NO T\u00c9CNICO en el an\u00e1lisis cognitivo y volitivo de la valoraci\u00f3n de pruebas neuro-psiqui\u00e1tricas las cuales fueron desechadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3, adujo que el Tribunal Superior de Buga, en primera instancia, conden\u00f3 a German Echeverri Cardozo por el punible de prevaricato por acci\u00f3n (2 feb. 2020), determinaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 (SP3912-2021, 1\u00ba sep.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abel fallo de la primera y segunda instancia, consolidaron un DEFECTO FACTICO POR OMISION Y ACCI\u00d3N, en la valoraci\u00f3n probatoria, porque las pruebas periciales de la defensa y las pruebas periciales psiqui\u00e1trico-forenses fueron desechadas y apreciadas de manera subjetiva, arbitraria y caprichosas, con desconocimiento de la sana critica, los principios l\u00f3gicos y cient\u00edficos y el sentido com\u00fan, siendo valoradas por medio de un error de juicio al ser tomadas a t\u00edtulo personal y no t\u00e9cnicas, por abogados titulados, los cuales carecen de autoridad m\u00e9dico-psiquiatras especializada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que su padre presenta p\u00e9rdida de capacidad laboral por deficiencia mental y f\u00edsica del 58.38% seg\u00fan el dictamen n\u00b0 7548923-21034 de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Echeverri Cardozo durante los 23 a\u00f1os que estuvo al servicio al Estado como Juez de la Rep\u00fablica \u00abNUNCA tuvo antecedentes delictivos, y en el momento que enfrento condiciones de salud mentales que deterioraron su capacidad para ejercer el cargo como JUEZ de la Rep\u00fablica, fue condenado de forma arbitraria sin la posibilidad de analizar a fondo su estado de salud real, que era lo m\u00ednimo que el estado pod\u00eda hacer en agradecimiento con el servicio que le brindo\u00bb; que al conocer el habeas corpus \u00abque destruyo su vida fue un actuar completamente fuera de la ley y atento contra el bien jur\u00eddico, pero es aqu\u00ed donde su mismo acto podr\u00eda ser muestra de su estado de salud mental, NO APTO al momento de la comisi\u00f3n del delito (\u2026) NUNCA: SE LE COMPROB\u00d3 UN ACTUAR CORRUPTO MARCADO EN UN COHECHO Y NUNCA SE LE COMPROB\u00d3 MANIPULACI\u00d3N DE REPARTO (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Buga alleg\u00f3 copia digitalizada de las sentencias de ambas instancias expedidas en la Litis 2018-00057. <\/p>\n
El Fiscal 12 Delegado ante el Tribunal de Distrito Direcci\u00f3n del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abse observa sin asomo de duda que la acci\u00f3n de amparo propuesta por el condenado ECHEVERRI CARDOZO es a todas luces improcedente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye regla invariable la inviabilidad de este instrumento residual para disentir o revisar las resoluciones judiciales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01 y STC6153-2021), toda vez que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01 y STC6153-2021). <\/p>\n
2.- Se advierte que el estudio de este resguardo se suscribir\u00e1 a la providencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n de Penal (SP3912-2021, 1\u00ba sep.), que convalid\u00f3 la del Tribunal de Buga que conden\u00f3 a Diego Fernando Guti\u00e9rrez Orrego y Germ\u00e1n Echeverry Cardozo por prevaricato por acci\u00f3n, por ser el \u00f3rgano de cierre, misma que no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto, inicialmente afirm\u00f3 que no cabe duda en lo que concierne a: <\/p>\n
\u00ab(i) la identidad de los procesados; ii) su calidad de servidores p\u00fablicos como Juez Sexto Civil Municipal de Buenaventura en el caso de DIEGO FERNANDO GUTI\u00c9RREZ ORREGO y Juez Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, respecto de GERM\u00c1N ECHEVERRY CARDOZO para la fecha en que adoptaron las decisiones cuestionadas; iii) haber proferido, el 4 de julio de 2018, fallo de habeas corpus en primera instancia y el 12 de julio del mismo a\u00f1o la providencia que resolvi\u00f3 sobre su impugnaci\u00f3n, mediante la cual finalmente se dispuso la libertad de Edinson Perlaza Orobio. Si bien de tal forma se satisfacen los dos primeros presupuestos que estructuran la conducta punible, esto es, (i) un sujeto activo calificado que ostenta la calidad de servidor p\u00fablico y, (ii) que el mismo profiera resoluci\u00f3n, dictamen o concepto (\u2026). <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 \u00absi las decisiones fueron manifiestamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan los reparos presentados por los apelantes frente a la condena proferida en primera instancia\u00bb. En lo que respecta a la falta de competencia para conocer la acci\u00f3n de habeas corpus esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00abExaminadas las pruebas practicadas e indiscutidas por v\u00eda del recurso as\u00ed como las estipulaciones que en esa materia acordaron las partes, se estableci\u00f3 a trav\u00e9s de las mismas que DIEGO FERNANDO GUTI\u00c9RREZ ORREGO actuando como Juez Sexto Civil Municipal de Buenaventura, se encontraba en turno para conocer de la referida acci\u00f3n p\u00fablica el 3 de julio de 2018, raz\u00f3n por la cual la actuaci\u00f3n impetrada en favor de Edinson Perlaza Orobio fue repartida a su despacho; tanto el citado funcionario como el Juez Primero Civil del Circuito de dicha ciudad, GERM\u00c1N ECHEVERRY CARDOZO, conocieron respectivamente en primera y en segunda instancia de la acci\u00f3n no obstante que el privado de libertad se hallaba en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota de Bogot\u00e1, luego en esas condiciones emerge el primer reproche en contra de los acusados en orden a establecer la ilegalidad que de sus decisiones se predica en la acusaci\u00f3n y en el fallo impugnado, pues carec\u00edan de competencia territorial, la cual hab\u00eda sido modulada desde la sentencia la C-187 de 2006 al indicarse que \u00abser\u00e1 competente la autoridad con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad\u00bb (\u2026). <\/p>\n
En consecuencia, si bien puede ser tomada como una regla de competencia territorial, no configura un precedente vinculante de obligatorio cumplimiento que por eso constituya elemento del delito de prevaricato por acci\u00f3n o del abuso de funci\u00f3n p\u00fablica a que se refieren los recurrentes pues, aun cuando en procura de los principios de inmediaci\u00f3n, celeridad, eficacia y eficiencia, resulta conveniente, lo cierto es que, de conformidad con el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley Estatutaria de habeas corpus1, la competencia para conocer de esa acci\u00f3n constitucional concierne a todos los Jueces y Tribunales del pa\u00eds. <\/p>\n
Significa lo anterior, que fundado \u00fanicamente en la competencia territorial para conocer y decidir la acci\u00f3n de habeas corpus ejercida en nombre de Perlaza Orobio, no puede endilgarse conducta t\u00edpica a los funcionarios ac\u00e1 acusados; lo que no es \u00f3bice, para que sea considerado como un indici\u00f3 grave que demuestra el querer abrogarse la competencia para seguidamente emitir una decisi\u00f3n contraria a la ley\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se pronunci\u00f3 sobre la conducta imputada a German Echeverri Cardozo, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abDebe, por tanto, verificarse en relaci\u00f3n con la conducta imputada al juez civil del circuito procesado si en ella concurren los elementos constitutivos del tipo de prevaricato por acci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 413 C.P., seg\u00fan las premisas ya antes se\u00f1aladas, m\u00e1xime que el recurso propuesto por su defensor se sustenta en: i) falta de conocimiento y experticia en la materia; ii) procedencia de la acci\u00f3n constitucional ante la inminente materializaci\u00f3n de la extradici\u00f3n del detenido y la falta de definici\u00f3n de la concesi\u00f3n de beneficios por parte de la JEP y iii) atipicidad subjetiva\u00bb. <\/p>\n
Frente a la falta de conocimiento y experticia en la materia sostuvo: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan la defensa, para GERM\u00c1N ECHEVERRY CARDOZO la resoluci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional result\u00f3 de gran complejidad como quiera que desde su desempe\u00f1o como juez civil no contaba con la experticia ni el estudio de las normas que regulan el tema, m\u00e1s cuando se involucraba la legislaci\u00f3n transicional por la que se rige la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. <\/p>\n
Tal argumentaci\u00f3n, sin embargo, deviene inadmisible no solo porque las tem\u00e1ticas envueltas en la acci\u00f3n ejercida en favor de Perlaza Orobio no representaban complejidad alguna en cuanto se trataba de un asunto subyacente de extradici\u00f3n a consecuencia del cual aqu\u00e9l se encontraba a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la solicitada aplicaci\u00f3n de algunos mecanismos de la justicia transicional que part\u00edan necesariamente de establecer que el eventual beneficiario era miembro de la insurgencia con la cual se hab\u00eda acordado la paz, sino porque adem\u00e1s indudablemente alcanzar el nivel de juez de circuito supone un determinado y amplio bagaje jur\u00eddico sin que pueda pretextarse el desempe\u00f1o en el \u00e1rea civil cuando, trat\u00e1ndose de acciones constitucionales como la tutela o el habeas corpus, tambi\u00e9n los jueces de dicho \u00e1mbito del derecho tienen en t\u00e9rminos generales facultad para decidirlas con sustento en regulaciones espec\u00edficas que datan de 1991 en el primer caso o de 2006 en el segundo. <\/p>\n
Pero si lo anterior no bastare, es lo cierto que las entidades vinculadas a la acci\u00f3n de habeas corpus se encargaron de actualizarle el conocimiento al advertirle no solamente que el extraditable se encontraba detenido en virtud de resoluci\u00f3n expedida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 3 de octubre de 2016 con fines de extradici\u00f3n, solicitud que se formaliz\u00f3 en tiempo seg\u00fan las exigencias del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, sino que, por si fuera poco, se adjunt\u00f3 al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional el concepto favorable emitido el 14 de marzo de 2018 por la Sala Penal de la Corte, que indudablemente hac\u00eda inoperante la garant\u00eda de no extradici\u00f3n por haberse constatado fehacientemente que Perlaza Orobio carec\u00eda de la condici\u00f3n de miembro perteneciente a la insurgencia\u00bb <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a \u00abla alegada procedencia de la acci\u00f3n constitucional ante la inminente materializaci\u00f3n de la extradici\u00f3n del detenido y la falta de definici\u00f3n de la concesi\u00f3n de beneficios por parte de la JEP\u00bb, sostuvo que <\/p>\n
\u00abEl acusado en lugar de ce\u00f1irse a la regulaci\u00f3n propia del habeas corpus contenida en la Ley 1095 de 2006, decidi\u00f3 aplicar la legislaci\u00f3n transicional y realizar el razonamiento de si proced\u00eda en favor de Edinson Perlaza Orobio el beneficio de la libertad condicionada de la Ley 1820 de 2016 y la garant\u00eda de no extradici\u00f3n -Art\u00edculo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017-, temas que mal pod\u00edan ser el sustento para reconocer el amparo a la libertad cuando, de un lado, la JEP se encontraba en t\u00e9rmino -120 d\u00edas- para resolver la petici\u00f3n presentada el 8 de mayo del 2018 en tal sentido, ni le era posible pronunciarse sobre la legalidad de la captura de un pedido en extradici\u00f3n en cuyo favor no operaba legalmente la garant\u00eda de su prohibici\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco pod\u00eda pretextarse la inminencia de la extradici\u00f3n a efectos de conceder una il\u00edcita excarcelaci\u00f3n cuando es claro que el concepto favorable de la Corte emitido el 14 de marzo de 2018, dentro del radicado 49502, era una opini\u00f3n no vinculante y no una decisi\u00f3n que materializara el mecanismo, el cual depende s\u00f3lo y en \u00faltimas de la decisi\u00f3n administrativa de la Presidencia de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abno se trat\u00f3 de un error en la aplicaci\u00f3n de normas, sino de la manifiesta e intencionada contradicci\u00f3n a las mismas por cuanto, adem\u00e1s de lo dicho, la consideraci\u00f3n acerca de si el detenido fue miembro del grupo insurgente, seg\u00fan el Decreto 900 de 2017, como para tener derecho a la suspensi\u00f3n de \u00f3rdenes de captura con fines de extradici\u00f3n, se encontraba absolutamente descartada desde el inicio del estudio del caso ya que por informaci\u00f3n del Alto Comisionado para la Paz – \u00fanica autoridad con legitimidad para certificar la pertenencia a grupos armados al margen de la ley-, Edinson Perlaza Orobio no era militante de la organizaci\u00f3n rebelde (\u2026). <\/p>\n
Posteriormente, resalt\u00f3 que en el caso concreto \u00abno hab\u00eda ciertamente situaci\u00f3n f\u00e1ctica alguna que revelase la privaci\u00f3n ilegal de la libertad de Perlaza Orobio que diera lugar a concederle el habeas corpus\u00bb, por lo que, <\/p>\n
\u00abel reproche en contra del juez civil del circuito procesado demuestra objetiva y subjetivamente el conocimiento y la voluntad de conceder una excarcelaci\u00f3n que legalmente resultaba en un todo improcedente; sin duda, la providencia emitida el 12 de julio de 2018 tuvo por prop\u00f3sito dejar en libertad a Perlaza Orobio de manera caprichosa y conveniente a los propios intereses y del tercero, no obstante que en contra exist\u00eda una solicitud de detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n por tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, que en virtud de la misma se orden\u00f3 legalmente la captura, que mediaba un concepto favorable al mecanismo de cooperaci\u00f3n as\u00ed solicitado y que no operaba ni la prohibici\u00f3n de extradici\u00f3n, ni los beneficios de la legislaci\u00f3n de transici\u00f3n sencillamente porque, aun cuando existiera una solicitud de ellos ante la JEP, el requerido carec\u00eda de la esencial condici\u00f3n para hacerse merecedor a una y otros, pues probado estaba en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n p\u00fablica que carec\u00eda de la condici\u00f3n de miembro del grupo armado que se acogi\u00f3 al Acuerdo de Paz\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo relacionado con la \u00abinvocada atipicidad subjetiva\u00bb, destac\u00f3 que <\/p>\n
\u00abAunque ya en precedencia se han denotado algunos elementos del actuar doloso imputado a ECHEVERRY CARDOZO, la comprobaci\u00f3n de la subjetividad del tipo penal de prevaricato por acci\u00f3n exige verificar que la decisi\u00f3n ha sido proferida con conocimiento actualizado de los hechos constitutivos de la infracci\u00f3n penal y con voluntad de su realizaci\u00f3n, es decir, que quien emite la decisi\u00f3n conozca el \u00e1mbito normativo que regula el caso y se aparte del mismo deliberadamente, de manera antojadiza y caprichosa. En otras palabras, con voluntad de obrar en contra del ordenamiento jur\u00eddico (Cfr. SP668-2021, rad. 51652 y SP1310-2021, rad. 55780). <\/p>\n
Este conocimiento y voluntad de realizaci\u00f3n de la conducta t\u00edpica suele manifestarse cuando la decisi\u00f3n se basa en criterios subjetivos, beneficios propios o ajenos, argumentos caprichosos, arbitrarios, manifiestamente absurdos, donde queda duda que el \u00e1nimo no es acertar sino abandonar deliberadamente el prop\u00f3sito de administrar justicia y la aplicaci\u00f3n de las normas vigentes2. <\/p>\n
Asimismo, la acreditaci\u00f3n de este requisito puede obtenerse a partir de elementos objetivos debidamente demostrados, como la naturaleza de la decisi\u00f3n, la complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables al caso, la trayectoria y experiencia profesional del acusado, entre otros aspectos, en el evento que haya dificultad de obtener pruebas directas de su estructuraci\u00f3n3\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, aunque, \u00abla defensa argument\u00f3 la ausencia de dolo por considerar que el proceder del implicado no fue mal intencionado, pues obedeci\u00f3 a la complejidad del caso que lo llev\u00f3 a cometer error en la aplicaci\u00f3n de las normas y supuestos con los que le dio resoluci\u00f3n al habeas corpus\u00bb, encontr\u00f3 <\/p>\n
\u00abdemostrada la decidida voluntad del procesado de proferir la orden manifiestamente contraria a la ley, pues las disposiciones normativas que deb\u00eda atender eran claras y no ofrec\u00edan diversas interpretaciones y en atenci\u00f3n a las mismas y a la informaci\u00f3n de las entidades vinculadas a la acci\u00f3n de habeas corpus era di\u00e1fanamente determinable que el requerido en extradici\u00f3n estaba privado de libertad por orden de la Fiscal\u00eda y que ello ocurr\u00eda con sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros legales y constitucionales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que, el acusado <\/p>\n
\u00abno haya recibido promesa remuneratoria o dadiva algunas para decidir en la forma que lo hizo acerca de la libertad de Perlaza Orobio, ni haya tenido injerencia alguna en la manipulaci\u00f3n del reparto, como lo alega su defensor, si bien la existencia de aquellas o la mediaci\u00f3n de \u00e9sta podr\u00edan concurrir a demostrar el m\u00f3vil y el dolo, su aducida inexistencia no implica inexorablemente la ausencia de \u00e9ste; basta con acreditar, como ha sucedido en este evento la contrariedad arbitraria y caprichosa del ordenamiento legal pues, se reitera, a pesar de que el funcionario acusado fue advertido, actualizando su conocimiento, sobre las circunstancias en que se hallaba Perlaza Orobio privado de libertad y las razones por las cuales esa privaci\u00f3n resultaba legal, sin que fuera posible de otro lado aplicar beneficios previstos en la legislaci\u00f3n transicional, decidi\u00f3 obrar en forma diametralmente opuesta, esto es en concurrencia de los elementos cognoscitivo y volitivo que conforman el dolo, luego, en contra de la opini\u00f3n del recurrente, s\u00ed existi\u00f3 el conocimiento y la intenci\u00f3n de apartarse del orden jur\u00eddico y de la realidad f\u00e1ctica, torciendo la funci\u00f3n jurisdiccional con la clara finalidad de favorecer a Edinson Perlaza Orobio en orden a evitar su extradici\u00f3n a los Estados Unidos\u00bb <\/p>\n
Enfatizando que, <\/p>\n
\u00abcomo la decisi\u00f3n del entonces juez civil del circuito GERM\u00c1N ECHEVERRY CARDOZO de ordenar la libertad de Perlaza Orobio al reconocerle su derecho de habeas corpus result\u00f3 manifiestamente contraria a la ley y en su adopci\u00f3n actu\u00f3 con el conocimiento y voluntad de hacerlo en concurrencia de los elementos que acreditan el tipo subjetivo, se confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia en cuanto lo conden\u00f3 por el punible de prevaricato por acci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Corporaci\u00f3n avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Son estas razones las que conllevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Echeverri Garc\u00eda en nombre y representaci\u00f3n de German Echeverri Cardozo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ley 1095 de 2006. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. SP14499-2014, Rad. 39538 y CSJ SP1657-2018, rad. 52545. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SP, 3 ago. 2005, rad. 22112. <\/p>\n
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STC892-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC892-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00237-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la tutela que Miguel \u00c1ngel Echeverri Garc\u00eda, en nombre y representaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61545","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61545"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61545\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}