STC894-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC894-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Alba Yola Rosso Gamboa y Arnul Enrique Murillo Moreno le instauraron al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a la Sociedad Transportes Guarne S.A. \u2013 SOTRAGUR S.A., Hern\u00e1n Antonio Giraldo Corrales, Alba Leydi, Arnul Aleixon Murillo Rosso y Juana Vilma Rosso Gamboa y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los actores, por intermedio de apoderado, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, confianza leg\u00edtima y el adecuado acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara a la autoridad querellada: i) \u00abdeclarar la nulidad de las actuaciones realizadas con las que se dio la declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u00bb y, ii) \u00abdecretar como medida cautelar la suspensi\u00f3n de la entrega de los t\u00edtulos por parte del Banco de Bogot\u00e1 a la empresa Sotragur S.A.\u00bb. <\/p>\n
En compendio indicaron que promovieron demanda ejecutiva en contra de la Sociedad Transportes Guarne S.A. \u2013 SOTRAGUR S.A. y Hern\u00e1n Antonio Giraldo Corrales, con ocasi\u00f3n a la prosperidad de las pretensiones del litigio de responsabilidad civil extracontractual formulado por el deceso en accidente de tr\u00e1nsito de Lewis Eder Murillo Rosso. <\/p>\n
Sostuvieron que el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago (19 jul. 2019), luego los requiri\u00f3 para que \u00abprocediera[n] a notificar a Hern\u00e1n Antonio Giraldo Corrales en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena de proceder a finalizar la ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito\u00bb (24 sep. 2020), por lo que le informaron que \u00abno se ten\u00eda conocimiento de la direcci\u00f3n, n\u00famero telef\u00f3nico y mucho menos del correo electr\u00f3nico de Hern\u00e1n Antonio Giraldo Corrales; por lo que se sugiri\u00f3 al despacho buscar los datos en el expediente del proceso ordinario\u00bb y se puso a consideraci\u00f3n realizar el respectivo enteramiento a trav\u00e9s de Sotragur, porque la persona convocada \u00abera empleada de dicha empresa\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron que el despacho asever\u00f3 que \u00abno resulta de recibo tener por notificado al ejecutado a trav\u00e9s de la sociedad mencionada. Adicionalmente, [le puso] de presente al mandatario judicial que cuenta con la alternativa prevista en el segundo par\u00e1grafo del art\u00edculo 291 del C.G.P\u00bb y los inst\u00f3 nuevamente para que \u00abdentro de los 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de cuenta del diligenciamiento del oficio No. 310 del 04 de marzo de 2020 o en su defecto proceda con la notificaci\u00f3n del demandado Hern\u00e1n Antonio Giraldo Corrales\u00bb (1\u00b0 feb. 2021) y el 18 de marzo siguiente declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del coercitivo por desistimiento t\u00e1cito, toda vez que \u00abel t\u00e9rmino legal indicado en el auto proferido el d\u00eda 01 de febrero de 2021, sin que la parte demandante hubiera realizado el acto procesal o la actividad ordenada en dicha providencia, indispensables para el impulso del proceso y para cuyo cumplimiento se le hab\u00eda requerido\u00bb. <\/p>\n
Atacaron dicha decisi\u00f3n, de \u00abausencia de motivaci\u00f3n ajustada a derecho, afecta gravemente el derecho a una indemnizaci\u00f3n justa para quienes perdieron un familiar en un accidente de tr\u00e1nsito por ocasionado por un conductor de la empresa Sotragur S.A; m\u00e1xime cuando la empresa de manera pasiva ha venido manifestando su inter\u00e9s de indemnizar y llegar una conciliaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abse olvid\u00f3 el juez que durante ese periodo se encontraban cerrados los despachos judiciales por el tema de la contingencia sanitaria de COVID 19\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn relat\u00f3 el rito surtido en el juicio censurado y destac\u00f3 la improcedencia del amparo, dado que no cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el ruego porque \u00ablos accionantes cuestionan la providencia que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del proceso 2019 00189, la cual data del 18 de marzo de 2.021, es decir, hace m\u00e1s de ocho (8) meses con relaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n que nos ocupa, la que se radic\u00f3 el 29 de noviembre de 2.021, en ese orden, transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, siendo improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela por el principio de inmediatez\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abtuv[ieron] la posibilidad de presentar los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que v\u00eda tutela ataca[n] (arts. 317.2 literal e y 318 del C. G. del P.), sin embargo, guard[aron] silencio, por lo que tampoco se supera el presupuesto de subsidiariedad\u00bb <\/p>\n
2.- Impugnaron los accionantes y los vinculados Alba Leydi, Arnul Aleixon Murillo Rosso y Juana Vilma Rosso Gamboa, todos con las mismas alegaciones inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Respecto de la legitimaci\u00f3n para acudir a este sendero excepcional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que, <\/p>\n
\u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Precepto sobre el que la jurisprudencia constitucional ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (STC3778-2021). <\/p>\n
En el sub lite, el abogado Yadir Antonio Torres Palacios quien dice actuar en representaci\u00f3n de Alba Leidy Murillo Rosso, Arnul Aleixon Murillo Rosso, Juana Vilma Rosso Gamboa y Ana Tulia Gamboa C\u00f3rdoba, no cuenta con poder especial otorgado por estos para este tr\u00e1mite, lo que pone en evidencia que s\u00f3lo est\u00e1 facultado para cuestionar las determinaciones adoptadas en el \u00abejecutivo\u00bb objetado en nombre de aquellos y, por ende, que carece de legitimaci\u00f3n en esta causa. <\/p>\n
2.- Hecha la anterior anotaci\u00f3n, de entrada, se advierte que, frente al interlocutorio reprochado (8 mar. 2021), la salvaguarda resulta inviable, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, los presupuestos de \u00abinmediatez y subsidiariedad\u00bb que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que lo pretendido por Alba Yola y Arnul Enrique es que se \u00abdeclare la nulidad de las actuaciones realizadas con las que se dio la declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u00bb y se \u00abdecrete como medida cautelar la suspensi\u00f3n de la entrega de los t\u00edtulos por parte del Banco de Bogot\u00e1 a la empresa Sotragur S.A.\u00bb; sin embargo, entre la data de dicha actuaci\u00f3n y la formulaci\u00f3n de la demanda superlativa se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la tutela, pues n\u00f3tese que entre el prove\u00eddo controvertido (18 mar. 2021) y la radicaci\u00f3n del libelo constitucional (29 nov. 2021), transcurrieron ocho (8) meses y once (11) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado, que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y STC101-2022). <\/p>\n
Ello, impide examinar el fondo del debate instado, porque si los interesados se demoraron en interponer la petici\u00f3n tutelar, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al juzgado demandado, con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
3.- Sumado a lo precedido, se observa que no fue recurrido el interlocutorio comentado, a trav\u00e9s de la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb procedente al tenor del art\u00edculo 321, numeral 7\u00b0 del Estamento Procedimental, para que fuera el juez natural el que estudiara las inconformidades que ahora traen en este sendero especial, circunstancia que ratifica su descuido en el empleo de los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.\u00bb (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021 y STC095-2022). <\/p>\n
3.- En consecuencia, se avalar\u00e1 el fallo objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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