STC908-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00170-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Erika Natalia Serna Herrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las providencias dictadas el 5 y 20 de noviembre de 2021, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Jos\u00e9 Daniel Serna Suaza, con radicado No. 2014-00116. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se invaliden las citadas determinaciones, para que, en su lugar, se \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n, en la que se decreten las pruebas [por ella] solicitadas (\u2026) dentro del tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos, y en especial aqu\u00e9llas tendientes a demostrar si los pasivos denunciados corresponden o no a deudas que hab\u00eda contra\u00eddo en vida el causante JOSE DANIEL SERNA SUAZA\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce la accionante, en lo fundamental, que mediante sentencia de 2 de marzo de 2021, el Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, declar\u00f3 que ella tiene igual derecho \u00abque Yaned Orfilia, Liliana, Jos\u00e9 Darienson, Yolanda y Luz Estella Serna Hern\u00e1ndez, Gustavo Adolfo y Daniela Serna Ocampo, en su calidad de herederos, y la c\u00f3nyuge sobreviviente Mar\u00eda Emma Hern\u00e1ndez de Serna, dentro de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Daniel Serna Suaza\u00bb, por lo que se orden\u00f3, en consecuencia, \u00abrehacer la partici\u00f3n en el tr\u00e1mite liquidatario del extinto para que sea incluida la demandante, en su condici\u00f3n de heredera; as\u00ed como, cancelar la inscripci\u00f3n de la sentencia aprobatoria de la adjudicaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n del causante en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes inmuebles adjudicados\u00bb, tr\u00e1mite que inici\u00f3 ante la citada autoridad judicial. <\/p>\n
Comenta que ya en desarrollo de la partici\u00f3n adicional present\u00f3 objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentados por los dem\u00e1s herederos, en lo que refiere al valor que se le asign\u00f3 al activo reportado, y a los pasivos relacionados, por cuanto no hab\u00eda certeza que los t\u00edtulos aportados como base de los mismos hubieren sido suscritos por el difunto, y para respaldar tales alegatos inst\u00f3 el decreto de diferentes medios de convicci\u00f3n; empero, la juez cognoscente \u00abvulnerando flagrantemente [su] derecho al debido proceso, le niega la oportunidad de controvertir dichos documentos, con el argumento QUE EL T\u00cdTULO EJECUTIVO ahora era una sentencia en firme\u00bb, argumento que no se encuentra ajustado, pues si bien es cierto que, \u00abdentro del proceso ejecutivo se profi[ri\u00f3] una sentencia, que orden[\u00f3] seguir adelante la ejecuci\u00f3n, (\u2026) el respaldo de la misma sigue siendo los t\u00edtulos valores allegados con la demanda, sino como es que la misma ley y la jurisprudencia, facultan al Juez para que al momento de decidir de fondo el asunto, pueda nuevamente hacer un an\u00e1lisis de si los t\u00edtulos valores allegados a la demanda, re\u00fanen o no los requisitos establecidos por la ley\u00bb. <\/p>\n
Indica que, aunque atac\u00f3 en apelaci\u00f3n la aludida decisi\u00f3n, la misma fue mantenida por el Tribunal Superior de Manizales, lo que, dice, la legitiman para acudir a la presente v\u00eda excepcional, ante la equivocada e incorrecta apreciaci\u00f3n del acervo probatorio por parte de las autoridades judiciales cuestionadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 20 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Secretario Ad hoc del Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente digital contentivo del proceso de sucesi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, expidi\u00f3 certificaci\u00f3n acerca de la existencia del proceso, las partes contendientes y la \u00faltima de las diligencias adelantadas en el mismo, sin esgrimir ninguna manifestaci\u00f3n acerca de los hechos y pretensiones narradas por la accionante. <\/p>\n
b. La Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, luego de hacer un breve recuento acerca del desarrollo procesal acaecido con ocasi\u00f3n del recurso de alzada que desat\u00f3 en prove\u00eddo adiado 30 de noviembre de 2021, hizo \u00e9nfasis en que \u00aben la demanda no se atribuy[e] ning\u00fan hecho concreto de vulneraci\u00f3n, aflorando que el descontento de la accionante radica en que las decisiones adoptadas al interior del proceso son contrarias a sus aspiraciones, circunstancia que torna improcedente la tutela, puesto que la mera disconformidad con la decisi\u00f3n es insuficiente para avalar la intromisi\u00f3n del juez constitucional, tal como lo ha sostenido de forma inveterada la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, por lo que solicita la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n inquirida. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas por parte de los intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Erika Natalia cuestiona, de manera puntual, el auto proferido el 30 de noviembre del a\u00f1o pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, que mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n proferida el 5 de noviembre de 2015 por el Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, porque, seg\u00fan sus dichos, con dicha postura se trasgredi\u00f3 de manera \u00abflagrante\u00bb su derecho a la defensa, tras \u00abser condenada sin ser escuchada\u00bb. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Corte considera que la salvaguarda reclamada respecto de las determinaciones criticadas no tiene lugar, toda vez que su contenido cumple con las exigencias m\u00ednimas argumentativas y de an\u00e1lisis probatorio, para predicar la imposibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en lo resuelto, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En efecto, la Corporaci\u00f3n convocada arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n adoptada, luego de estudiar el asunto de manera ordenada y concreta; y para ello, luego hacer un resumen sumamente detallado de lo ocurrido en primer grado a partir de la presentaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos que finalmente resultaron aprobados al interior de la sucesi\u00f3n del causante Jos\u00e9 Daniel Serna Suaza, empez\u00f3 por se\u00f1alar, que \u00abel debate se centrar\u00e1 en determinar si fue atinada la decisi\u00f3n de no decretar las pruebas peticionadas por el apoderado de la se\u00f1ora Erika Natalia Serna Herrera en el tr\u00e1mite de objeciones al inventario y aval\u00faos, al estimar que son inconducentes e impertinentes\u00bb, frente a los cual el canon 501 del Estatuto General del Proceso prev\u00e9, que \u00aben el inventario se incluir\u00e1 como activo los bienes denunciados por cualquiera de los interesados y como pasivo las obligaciones que consten en t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente cuando conciernen a la sociedad conyugal o patrimonial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se incluir\u00e1n en el pasivo los cr\u00e9ditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Cuando en el proceso de sucesi\u00f3n haya de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, en el inventario se relacionar\u00e1n los correspondientes activos y pasivos para lo cual se proceder\u00e1 atendiendo a los lineamientos antes expuestos y conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 28 de 1932 que reza \u2018En el caso de liquidaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 1o de esta Ley, se deducir\u00e1 de la masa social o de lo que cada c\u00f3nyuge administre separadamente, el pasivo respectivo. Los activos l\u00edquidos restantes se sumar\u00e1n y dividir\u00e1n conforme al C\u00f3digo Civil, previas las compensaciones y deducciones de que habla el mismo C\u00f3digo\u2019. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, el activo de la sucesi\u00f3n puede conformarse por los bienes denunciados por cualquiera de los interesados, excluy\u00e9ndose aquellos que sean propios del c\u00f3nyuge sobreviviente, y el pasivo por las obligaciones contenidas en t\u00edtulos que presten m\u00e9rito ejecutivo y las que se acepten expresamente por los interesados dentro del proceso liquidatorio. <\/p>\n
En todo caso, podr\u00e1n objetarse las \u2018partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social\u2019 (art. 501 num. 2 inc. 5 C.G.P.). Para la resoluci\u00f3n de las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y aval\u00faos o sobre la inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de bienes o deudas sociales, el numeral 3\u00b0 del mismo articulado se\u00f1ala que el juez ordenar\u00e1 la suspensi\u00f3n de la audiencia, practicar\u00e1 las pruebas pertinentes y resolver\u00e1 en la continuaci\u00f3n de la vista p\u00fablica. <\/p>\n
Esa etapa suasoria, adem\u00e1s de que se rige por la libertad probatoria que gobierna el ordenamiento jur\u00eddico procesal, debe entenderse orientada a la comprobaci\u00f3n de los motivos en que se fundan las objeciones planteadas; de ah\u00ed que todo elemento de convicci\u00f3n que se decrete y practique debe ser pertinente, conducente y \u00fatil para la cuesti\u00f3n a desentra\u00f1ar\u00bb. <\/p>\n
Entonces, dicho lo anterior, advirti\u00f3 el Tribunal, que la directora del proceso \u00abacert\u00f3\u00bb al denegar la pr\u00e1ctica del dictamen grafol\u00f3gico pedido por la apelante (objetante), pues \u00abaunque est\u00e1 encaminado al estudio de validez de los t\u00edtulos valores que originaron las acreencias denunciadas, es patente su impertinencia frente a la sentencia judicial tra\u00edda como t\u00edtulo ejecutivo contentivo de esos pasivos. <\/p>\n
Si bien podr\u00eda pensarse que una experticia sobre la autenticidad de las letras de cambio que fueron el origen de las deudas relacionadas, guarda cierta relaci\u00f3n con el tema debatido, no puede soslayarse que el t\u00edtulo que fundament\u00f3 su inclusi\u00f3n en el tr\u00e1mite sucesoral es la sentencia ejecutiva dictada en contra de los se\u00f1ores Mar\u00eda Emma Hern\u00e1ndez de Serna, Yaned Orfilia, Liliana, Jos\u00e9 Darienson, Yolanda y Luz Estella Serna Hern\u00e1ndez, Daniela y Gustavo Adolfo Serna Ocampo, como herederos determinados del se\u00f1or Jos\u00e9 Daniel Serna Suaza, en la que se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de las obligaciones contra\u00eddas por el causante, la cual se adopt\u00f3, una vez se verificaron los presupuestos de claridad, expresividad y exigibilidad de cada una de ellas, as\u00ed como su validez y autenticidad. <\/p>\n
Practicar una prueba t\u00e9cnica a fin de mancillar la validez de los t\u00edtulos valores contentivos de esas acreencias, cuando est\u00e1 de por medio una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada que dispuso su ejecuci\u00f3n, as\u00ed la interesada no hubiera comparecido a ese proceso compulsivo, carece de virtualidad para lograr la exclusi\u00f3n de esos pasivos de la masa sucesoral del se\u00f1or Jos\u00e9 Daniel. No se olvide que toda probanza debe prestar un servicio efectivo para lograr la convicci\u00f3n del operador judicial, de tal modo que si una prueba que se pretende aducir, de entrada, se denota falta de esa aptitud, se hace menester su rechazo de plano (art. 168 C.G.P.). <\/p>\n
En ese orden, desacierta el apelante al afirmar que, como la se\u00f1ora Erika Natalia Serna Herrera no concurri\u00f3 al proceso ejecutivo, debe revivirse la controversia probatoria sobre la claridad, expresividad y exigibilidad de las obligaciones contentivas en las letras de cambio que fundamentaron el tr\u00e1mite compulsivo, a pesar de que exista sentencia judicial en firme que haya dispuesto que los herederos determinados del causante, entre las cuales se encuentra su prohijada, debe atender esos pasivos con el producto del haber sucesoral. <\/p>\n
Avalar esa posici\u00f3n, no ser\u00eda m\u00e1s que desatender los principios de acierto, legalidad y cosa juzgada que enmarca toda sentencia judicial y conllevar\u00eda el desconocimiento de otros principios procesales por los que debe velarse, habida cuenta que adentrarse en el estudio de validez y autenticidad de las cambiales sin detenerse a evaluar su idoneidad, puede ocasionar una seria afectaci\u00f3n a la seguridad jur\u00eddica, en franca rebeld\u00eda con el car\u00e1cter vinculante, inmutable y definitivo de toda providencia judicial\u00bb (resalta la Corte). <\/p>\n
Ahora bien, frente a los interrogatorios de los herederos, hermanos del causante y de su contador, y, las declaraciones de renta del extinto y de los acreedores, enfatiz\u00f3 la Colegiatura criticada, que \u00abconcuerda (\u2026) en que son abiertamente inconducentes e in\u00fatiles para demostrar que las deudas relacionadas no fueron contra\u00eddas por el de cujus, toda vez que existe sentencia judicial en firme que as\u00ed lo determin\u00f3\u00bb, pues, en estricto sentido, \u00ab[e]n nada contribuye discurrir sobre los dichos de los involucrados y los ingresos, egresos e inversiones que el se\u00f1or Jos\u00e9 Daniel y sus acreedores declararon ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, para esclarecer la existencia y validez de las acreencias, cuesti\u00f3n en que se encumbra la objeci\u00f3n planteada, con plena desatenci\u00f3n de la sentencia ejecutiva obrante en el plenario como fundamento de ese pasivo. Pi\u00e9nsese, en el evento que se accediera a la pr\u00e1ctica de esos medios de prueba, sea cual fuere el resultado de ello, no se lograr\u00eda destronar la fuerza vinculante y propia de una sentencia judicial ejecutoriada que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de esas obligaciones dinerarias, luego que naci\u00f3 de una ardua labor judicial apreciativa y argumentativa dentro del proceso ejecutivo donde se discurri\u00f3 sobre su claridad, expresividad y exigibilidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la desestimaci\u00f3n de las pruebas mentadas se encuentra ajustada a derecho, por ser impertinentes e inconducentes para demostrar que los pasivos relacionados en el inventario no fueron adquiridos por el se\u00f1or Jos\u00e9 Daniel Serna Suaza, fin \u00faltimo de la objeci\u00f3n formulada por la apelante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, y en lo concerniente con la prueba pericial que se solicit\u00f3 la heredera Erika Natalia, aqu\u00ed interesada, con el fin de traer a valor presente los justiprecios de los bienes denunciados como activo sucesoral, dijo el ad quem que, \u00aben modo alguno deneg\u00f3 su pr\u00e1ctica, al contrario, concedi\u00f3 un t\u00e9rmino a los interesados para que aporten las experticias para efectos de fijar el valor real de los mismos; disposici\u00f3n nada reprochable. <\/p>\n
Es que el recurrente no puede, bajo la figura de la prueba de oficio contemplada en el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso, desentenderse de su carga probatoria, a fin de que el operador judicial despliegue todas las gestiones tendientes al recaudo del material probatorio conducente y pertinente para definir la cuesti\u00f3n puesta a su conocimiento, luego que es su deber ejecutar durante el proceso todas las actuaciones que considere indispensables para lograr la defensa efectiva de su inter\u00e9s particular. <\/p>\n
Tampoco puede escudarse en el amparo de pobreza que tiene reconocido para apartarse de sus deberes procesales, pues aunque puede carecer de recursos econ\u00f3micos para asumir los gastos inherentes a un tr\u00e1mite judicial de liquidaci\u00f3n, en especial, si se trata de una experticia t\u00e9cnica; bien puede propender por facilitar la pr\u00e1ctica de esos elementos de juicio, haciendo uso de todas las herramientas jur\u00eddicas para obtener esa prueba pericial. <\/p>\n
Una cosa es contar con el beneficio que busca garantizar la igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, permitiendo la exoneraci\u00f3n en el pago de ciertos costos que genera el tr\u00e1mite, y otra muy diferente es abandonar las cargas procesales que le asigna la ley con la creencia err\u00f3nea de que el Juez debe entrar a suplir su pasividad por tratarse de un amparado de pobre. En esa l\u00ednea, mal har\u00eda la judicatura en auspiciar la conducta de la parte interesada, cuando ni siquiera ha efectuado todas las diligencias encaminadas a lograr la pr\u00e1ctica efectiva de los aval\u00faos actualizados, y a\u00fan se encuentra en t\u00e9rmino para hacerlo, seg\u00fan lo dispuesto por la A quo\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seg\u00fan lo expuesto, encuentra esta Corporaci\u00f3n, que contrario a lo planteado por la accionante, el Tribunal convocado no transgredi\u00f3 de manera alguna los bienes jur\u00eddicos primarios que invoc\u00f3, pues, adem\u00e1s de ce\u00f1irse a los precisos puntos sobre los cuales vers\u00f3 la apelaci\u00f3n, analiz\u00f3 los mismos de manera concienzuda y fue a partir de un an\u00e1lisis atendible de los medios de convicci\u00f3n, las normas aplicables a la materia y la sana cr\u00edtica, que dicha autoridad pudo arribar a las prenotadas conclusiones, pues, dicho sea de paso, inconducentes e innecesarias resultaban las pruebas solicitadas por la objetante, y su pr\u00e1ctica, tal y como se concluyo en ambas instancias procesales, constituir\u00eda una trasgresi\u00f3n del principio de la cosa juzgada, en tanto que, los pasivos relacionados se fundaron en lo determinado por un juez de la rep\u00fablica a trav\u00e9s de una sentencia. <\/p>\n
Entonces, lo decidido por el Tribunal, no fue el resultado de un caprichoso proceder, y la divergencia conceptual expuesta por la actora, de manera alguna abre camino a esta especial\u00edsima herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
3.3. Finalmente, y acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la Sala de Decisi\u00f3n criticada de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, debe tenerse en cuenta que, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por las querellantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que las desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC908-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00170-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Erika Natalia Serna Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}