STC916-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC916-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00202-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el Jaime Casta\u00f1o Salazar frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, a la \u00abpropiedad\u00bb, a la contradicci\u00f3n, y al \u00abprincipio de perentoriedad e improrrogabilidad de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de segunda instancia dictada en el marco del proceso de pertenencia que Nancy Patricia Cabrera Ruiz promovi\u00f3 en su contra y la de otros, con rad. 2016-00527. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abcorregir\u00bb la decisi\u00f3n del 12 de enero de 2022, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 25 de enero de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3, que se atiene a lo que se decida en esta sede. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Casta\u00f1o Salazar est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 12 de enero anterior por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abREVOCAR\u00bb lo decidido el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, de decretar la terminaci\u00f3n, por desistimiento t\u00e1cito, del proceso de pertenencia que Nancy Patricia Cabrera Ruiz promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Colegiatura convocada para dejar sin valor ni efecto lo decidido por el juez cognoscente, puntualiz\u00f3 que \u00abpor auto de 30 de abril de 2019 se dispuso: \u201c(\u2026) Tercero. No se tendr\u00e1n en cuenta las publicaciones aportadas por no haberse dado cumplimiento al par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 108 del C\u00f3digo General del Proceso, por tanto, debe proceder la parte actora a realizar las publicaciones ed\u00edtales de las personas indeterminadas y los dem\u00e1s demandados de conformidad con la disposici\u00f3n en cita, acreditando las exigencias de dicha norma. Cuarto. (Con relaci\u00f3n a los) (sic). Requi\u00e9rase a la parte actora al cumplimiento de lo ac\u00e1 dispuesto en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso so pena de las consecuencias se\u00f1aladas en dicha disposici\u00f3n. (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, refiri\u00f3 que \u00abel apoderado de la demandante present\u00f3 escrito el 16 de mayo de 2019, en el que pidi\u00f3 se revocara la nulidad decretada en audiencia aduciendo que ya se hab\u00eda cumplido con el emplazamiento y deprecando la teor\u00eda del antiprocesalismo\u00bb; as\u00ed, la Corporaci\u00f3n accionada advirti\u00f3, que el expediente ingres\u00f3 al Despacho el 24 de julio de 2019 con el citado memorial y el de renuncia del apoderado del aqu\u00ed accionante, con el correspondiente informe secretarial. <\/p>\n
Ahora, tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00abmediante auto de 24 de febrero de 2020, el juzgado resolvi\u00f3: \u201cEl memorialista estese a lo ordenado por el H. Tribunal Superior en auto del 13 de septiembre de 2019. Por lo tanto, la parte actora, deber\u00e1 proceder a dar cumplimiento al emplazamiento de las personas indeterminadas y a la instalaci\u00f3n de la valla, que deber\u00e1 permanecer hasta la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, conforme el Art\u00edculo 375 C\u00f3digo General del Proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00abevidente es que: (i) La actuaci\u00f3n desplegada el 16 de mayo de 2019, interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino concedido en la audiencia del 30 de abril de 2019. (ii) Oportunamente el juzgador no dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Procesal Civil que nos rige; por el contrario prosigui\u00f3 la actuaci\u00f3n indic\u00e1ndole al demandante que deb\u00eda presentar el edicto emplazatorio y la prueba de instalaci\u00f3n de la valla necesaria en esta clase de procesos; decisi\u00f3n que, se itera, no fue cuestionada. (iii) La nueva orden expedida el 24 de febrero de 2020 no pod\u00eda ser ignorada por el abogado del demandado, para deprecar la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito; ni menos a\u00fan por el Juez. (iv) Como la instrucci\u00f3n del 24 de febrero de 2020, no se hizo bajo los apremios del pluricitado precepto, tampoco pod\u00eda d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n. (v). En acatamiento de lo dispuesto el 24 de febrero de 2020, el demandante realiz\u00f3 las publicaciones, lo que acredit\u00f3 ante el juzgado, el cual consider\u00f3 satisfac\u00edan las exigencias de ley, pues dio paso a su inserci\u00f3n en los Registros de Emplazados y de Procesos de Pertenencia en auto del 3 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandado), es anteponer su propio criterio por haberle resultado desfavorable la decisi\u00f3n en menci\u00f3n, finalidad que es ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos. <\/p>\n
3.3. N\u00f3tese que la Colegiatura endilgada tuvo en cuenta las particularidades del asunto puesto a su consideraci\u00f3n, y evidenci\u00f3, precisamente que la parte demandante puso de presente al Juzgado, dentro del t\u00e9rmino que le fue concedido, que cumpli\u00f3 con el deber que se le impuso, es decir, con el emplazamiento de los otros interesados, actuaci\u00f3n que a voces precisamente del literal c del art\u00edculo 317 del C.P.G., se puede tener para interrumpir el t\u00e9rmino previsto para que se impulsara la controversia, con independencia de que no se hubiese concretado en aqu\u00e9lla oportunidad el aludido tr\u00e1mite, circunstancia que adem\u00e1s acept\u00f3 el demandado con su silencio ante el nuevo requerimiento del Juzgado, el que en efecto dio lugar al perfeccionamiento de las notificaciones pretendidas y por lo tanto el desarrollo de la controversia. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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