STC923-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC923-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00235-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ra\u00fal Antonio Dur\u00e1n Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma urbe, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor de la salvaguarda reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia emitida en segunda instancia en el marco de la acci\u00f3n posesoria respecto del apartamento identificado con el folio de matr\u00edcula No. 350-18595 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9, ubicado en \u00abla carrera 4\u00aa No. 30-18\u00bb de dicha circunscripci\u00f3n, que instaur\u00f3 contra Jos\u00e9 Everardo Devia, identificado con el consecutivo 2019-00178. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se invalide la mentada determinaci\u00f3n, y se ordene a la Colegiatura convocada, \u00abemit[ir] la que corresponda en los t\u00e9rminos que impone el deber legal\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce en s\u00edntesis, que el 2 de julio de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 desestim\u00f3 las pretensiones elevadas a la luz del citado asunto, decisi\u00f3n que atac\u00f3 sin \u00e9xito verticalmente, pues la Sala Civil Familia del Tribunal de ese distrito judicial la confirm\u00f3, dice, sin haberse pronunciado sobre todos los puntos materia de la apelaci\u00f3n, verbigracia que \u00abel a quo reconoci\u00f3 al demandado posesi\u00f3n sobre el (\u2026) apartamento involucrado (\u2026) cuando para el momento del pronunciamiento cualquier discusi\u00f3n sobre el derecho de posesi\u00f3n de Jos\u00e9 Everardo Devia era cosa del pasado, con efectos de cosa juzgada frente a [\u00e9l]\u00bb, y pese estar plenamente demostrado que el demandado \u00abperdi\u00f3 legitimidad jur\u00eddica para reclamar la entrega del apartamento con base en la sentencia [de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado iniciado por Fabiola Lasso S\u00e1nchez, en representaci\u00f3n de los herederos menores de edad de Dionisio Devia Devia, en contra de Jos\u00e9 Everardo Devia, identificado con el consecutivo, 2008-00035-00] del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, puesto que (\u2026) sobre la misma sentencia, su aclaraci\u00f3n y la prueba obrante en el expediente, resulta inane tal entrega\u00bb, m\u00e1xime cuando la contienda de pertenencia adelantada por aqu\u00e9l, no prosper\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s indica, que el ad quem en contrav\u00eda de lo dispuesto en el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, se refiri\u00f3 sobre tem\u00e1ticas que no fueron alegadas con la alzada, al considerar que \u00abno existe ning\u00fan elemento de juicio que demuestre la perturbaci\u00f3n por parte del demandado o que este le hubiera quitado la posesi\u00f3n al actor, como tampoco que le creara un temor fundado\u00bb, circunstancias por las que acude a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 26 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013Sala Civil Familia, se limit\u00f3 a remitir el link de acceso al expediente contentivo del tr\u00e1mite de segundo grado adelantado en el maro del litigio posesorio objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
b. A su turno, el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma localidad, adem\u00e1s de facilitar los datos de las partes e intervinientes en el prenombrado juicio, se limit\u00f3 a manifestar que \u00abel accionante no reclama vulneraci\u00f3n de sus derechos, en es[a] 1\u00aa instancia, por lo que, (\u2026) no tiene hechos o pretensiones para contestar\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del mero capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente caso, el gestor del amparo cuestiona lo determinado el 26 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, de mantener \u00edntegramente la sentencia desestimatoria de las pretensiones dictada el 22 de julio de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, pues en su criterio, existe causal de procedencia del amparo al no haberse pronunciado frente a la totalidad de los reparos concretos en los que ciment\u00f3 la alzada, y en cambio, referirse a tem\u00e1ticas que no fueron objeto de la misma. <\/p>\n
3. Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las documentales digitales allegadas, el expediente digital enviado por la Colegiatura convocada, y, lo consultado en el sistema de informaci\u00f3n judicial, la Sala advierte la improcedencia de lo reclamado, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n a que el se\u00f1or Dur\u00e1n Guti\u00e9rrez, en un acto constitutivo de incuria, no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque si el actor se duele a trav\u00e9s del presente mecanismo de la supuesta falta de pronunciamiento del Tribunal criticado respecto a la totalidad las inconformidades que expuso en el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso frente al fallo que le result\u00f3 desfavorable a sus intereses dentro de la acci\u00f3n posesoria revisada, ha debido solicitar la adici\u00f3n y complementaci\u00f3n de la sentencia que agot\u00f3 la instancia, de acuerdo a lo previsto por el legislador en el canon 287 del C\u00f3digo General del Proceso, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, no puede acudir al amparo \u00aben pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, como tambi\u00e9n es motivo de inconformidad del promotor el hecho que -seg\u00fan sus afirmaciones- hubiera el ad quem descendido al an\u00e1lisis de cuestiones que no fueron alegadas por \u00e9l en su condici\u00f3n de apelante \u00fanico , debi\u00f3 entonces tambi\u00e9n pedir la aclaraci\u00f3n de la sentencia cuestionada (precepto 285 ejusdem), con el fin de elucidar las razones que llevaron a la Sala enjuiciada a ejercer tal examen, convirti\u00e9ndose esta en otra v\u00eda judicial desperdiciada por el demandante, situaci\u00f3n que, se repite, imposibilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional en atenci\u00f3n al principio de la subsidiariedad que gobierna los tr\u00e1mites de este linaje. <\/p>\n
5. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, advierte la Sala que los motivos que llevaron a la Colegiatura convocada a mantener inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n que le neg\u00f3 al gestor del amparo las pretensiones posesorias, se soportaron, en lo fundamental, en que no se cumpl\u00eda con el segundo de los presupuestos axiol\u00f3gicos de esa acci\u00f3n, este es, la perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n por t\u00e9rmino menor a un (1) a\u00f1o, en raz\u00f3n a que \u00abpese a que la demanda no fue suficientemente expl\u00edcita en ilustrar cu\u00e1l era ese temor fundado y m\u00e1s bien s\u00ed de manera expresa se hizo notar en audiencia del 4 de octubre de 2018 al decir el representante judicial de la parte actora que ello deriva de la orden de entrega dispuesta por el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad a favor del ac\u00e1 demandado, no es admisible entonces apreciar o catalogar esa orden como un miedo racional. <\/p>\n
En verdad, esa actuaci\u00f3n o decisi\u00f3n no deviene de un proceder indebido, injusto, violento o il\u00edcito, al contrario, emana de causa legal, puntualmente de un tr\u00e1mite judicial en el que una sentencia en firme orden\u00f3 la referida entrega, de ah\u00ed que la naturaleza de ese procedimiento no pueda tildarse de un temor fundado como lo pretende la parte apelante. <\/p>\n
La materializaci\u00f3n de dicha entrega, por cierto dilatada y postergada infundadamente por mucho tiempo, simplemente es la conclusi\u00f3n del mandato proferido en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que saliera avante a favor del aqu\u00ed accionado al ejercitar su derecho de defensa, raz\u00f3n por la cual su devenir se basa en la legalidad y no en un acto arbitrario o caprichoso. \u201c\u2026otra cuesti\u00f3n es que mi cliente el hecho que gener\u00f3 esta acci\u00f3n posesoria, b\u00e1sicamente el hecho perturbador deviene del temor fundado que tiene por una orden de entrega del Juzgado Octavo Civil Municipal surgida de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, b\u00e1sicamente el temor deviene es de all\u00ed\u2026\u201d <\/p>\n
Por ejemplo, ver acta de continuaci\u00f3n a la diligencia de entrega que no pudo llevarse a cabo porque algunas personas no permitieron el ingreso al bien. <\/p>\n
Por consiguiente, no es posible mediante esta acci\u00f3n bautizar de temor razonado la pluricitada orden de entrega con el fin de crearse otra justificaci\u00f3n para seguir posponi\u00e9ndose la misma, m\u00e1xime, cuando el demandante de ser el caso, cuenta con la posibilidad de iniciar las acciones judiciales pertinentes ya sea contra el ac\u00e1 demandado ora contra las personas que le vendieron el inmueble. As\u00ed las cosas, hu\u00e9rfano de prueba se encuentra el expediente para acreditar que el demandado perturb\u00f3, despoj\u00f3 o le cre\u00f3 un miedo razonable al demandante; en verdad, ninguna probanza ni documental ni de otra caracter\u00edstica es demostrativa de ese proceder\u00bb. <\/p>\n
De este modo, y a diferencia de lo considerado por el inconforme, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n recaudados en la etapa de conocimiento, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, acci\u00f3n que no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC2717-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
6. Son entonces, las anteriores razones suficientes para concluir, que la salvaguarda invocada est\u00e1 abocada al fracaso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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