STC928-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC928-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01278-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Rodrigo Rafael Jim\u00e9nez Aguas instaur\u00f3 en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, Trasportes Puerto Santander S.A y a las partes e intervinientes en el proceso n\u00b0 2007-00245-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El tutelante, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00aba la igualdad, al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y seguridad social\u00bb, y requiri\u00f3 dejar sin efectos \u00abel fallo de segunda instancia emitido en la fecha 05 de noviembre de 2009\u00bb por la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta y, en consecuencia, \u00abconfirmar la sentencia de primera instancia de fecha 18 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de C\u00facuta y en el sentido de acceder al reconocimiento y pago de las acreencias, sanciones e indexaci\u00f3n al se\u00f1or RODRIGO RAFAEL JIM\u00c9NEZ AGUAS por parte de la empresa demandada\u00bb cuya revisi\u00f3n debe implementarse al estar \u00absalpicados por corrupci\u00f3n en favorecimiento a terceros\u00bb (sic). <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de C\u00facuta en el juicio laboral que promovieron Pedro Antonio Palencia P\u00e9rez, Alberto Jaimes Ortiz y \u00e9l, en contra de la sociedad Transportes Puerto Santander S.A.S -TRASAN S.AS, para que se declarara \u00abla existencia de un contrato de trabajo entre las partes que fue terminado de manera unilateral e injusta\u00bb, en sentencia de 18 de diciembre de 2008, conden\u00f3 a la demandada al pago y reconocimiento de todas y cada una de las pretensiones incoadas, decisi\u00f3n que apelada por el demandado revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal de C\u00facuta en fallo de 5 de noviembre de 2009. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que por lo anterior, formularon recurso extraordinario de Casaci\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia de 4 de noviembre de 2015, no quebr\u00f3 el veredicto del ad quem (SL15203-2015). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que teniendo en cuenta que los Magistrados Fernando Casta\u00f1eda Cantillo y F\u00e9lix Mar\u00eda Galvis del Tribunal Superior de C\u00facuta, quienes produjeron el veredicto de segundo grado del proceso objeto de queja, \u00abfueron capturados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 03 de agosto de 2017 por peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros y otros delitos\u00bb, su proceso merece una revisi\u00f3n exhaustiva, advertida la \u00abconducta anti \u00e9tica en fallos ama\u00f1ados en favor de terceros\u00bb, lo cual no brinda una verdadera confianza y transparencia del mismo. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y destac\u00f3 el incumplimiento del requisito de inmediatez. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de C\u00facuta inform\u00f3 el tr\u00e1mite y remiti\u00f3 el link del expediente n\u00ba 2007-00245-00. <\/p>\n
Transportes Puerto Santander S.A.S -TRASAN S.A.S se opuso a la demanda superlativa, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que opera la cosa juzgada por cuanto esta acci\u00f3n \u00abafectar\u00eda de manera evidente la seguridad jur\u00eddica de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el amparo, debido a la no confluencia del presupuesto de la inmediatez, en tanto, \u00ab(\u2026) la solicitud de amparo no se radic\u00f3 en un plazo razonable pues lo fue el 10 de junio de 2021 y la sentencia que puso fin al proceso ordinario laboral data del 4 de noviembre de 2015, es decir, hace 5 a\u00f1os y 7 meses. Adicionalmente, la sentencia del tribunal sobre la cual el accionante manifiesta sus reparos, se profiri\u00f3 el 5 de noviembre de 2009, fecha desde la cual han trascurrido 11 a\u00f1os y 7 meses\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, consider\u00f3 que \u00absi se tomara como referente la captura de los magistrados a la que alude el accionante en su escrito se encuentra que \u00e9ste la ubica temporalmente en el a\u00f1o 2017, por lo que tampoco es razonable que promueva la acci\u00f3n m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s, sin que est\u00e9 demostrada alguna circunstancia excepcional que le impidiera acudir al ejercicio de esta acci\u00f3n constitucional con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n de la a quo carece de las condiciones necesarias de la sentencia congruente, porque \u00aba) No se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de mi petici\u00f3n; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho como lo establece la ley y c) En la decisi\u00f3n desfavorable se omitieron jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre los presupuestos de procedencia de la Acci\u00f3n de Tutela\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la exigencia temporal, adujo \u00ab(\u2026) las pruebas documentales aportadas al expediente tutelar pretendi\u00f3 el accionante las razones de hecho y de derecho que le impidieron presentar la Acci\u00f3n de Tutela en su momento, esto debido a la ineptitud y dilataci\u00f3n del operador judicial primario, tanto fue as\u00ed, que para poder obtener todo y cada una de las actuaciones judiciales dentro del proceso en dudas se tuvo que acudir al juez constitucional para la entrega del expediente, ver pruebas documentales en la Acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala puntualiza, que no obstante la queja se dirige igualmente contra la providencia expedida en la segunda instancia del litigio 2007-00245, se analizar\u00e1 \u00fanicamente la emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n de 4 de noviembre de 2015, por ser la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2. Debe tenerse presente, que la reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, de la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, emerge el fracaso del amparo y la consiguiente convalidaci\u00f3n de lo resuelto por el juez constitucional de primera instancia, porque se inobserv\u00f3, sin excusa valida, el requisito de la inmediatez que impera en esta particular justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto, entre la fecha de ejecutor\u00eda de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de 4 de noviembre de 2015, que no cas\u00f3 la de segundo grado (constancia de ejecutor\u00eda 13 enero de 2018) y la radicaci\u00f3n del escrito de tutela el 22 de junio de 2021, transcurrieron 3 a\u00f1os, 5 meses y 9 d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha establecido que, <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre otros, en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n de amparo, su descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Corporaci\u00f3n denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
Ahora, si bien, en algunos casos se ha superado la ausencia de tal presupuesto flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo acaece cuando la demora en activar este dispositivo se encuentra debidamente justificada, y en esa l\u00ednea en la Sala en sentencia STC3949-2021 indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con todo, no es v\u00e1lido afirmar como lo hace el convocante que la sentencia de primera instancia constitucional no se ajust\u00f3 a los supuestos de hecho de su demanda supralegal, y menos a\u00fan sirve de excusa ese argumento para no interponer oportunamente el auxilio, dado que si no se predica el cumplimiento del l\u00edmite temporal respecto de la proferida por la Sala de Casaci\u00f3n laboral (SL15203-2015, 04 nov.), tampoco lo es frente a la determinaci\u00f3n del Tribunal Superior de C\u00facuta (5 nov. 2009) sobre la que refiri\u00f3 no le brinda una verdadera confianza y transparencia, por hechos acaecidos en el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
3. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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