STC930-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC930-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la tutela que Gonzalo y Luis Miguel Caldas Vargas instauraron contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, en el proceso radicado No. 2017-00297. <\/p>\n
1. El representante judicial de los interesados, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia de sus representados, presuntamente vulnerados por el Juzgado accionado, en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de sociedad, y, solicit\u00f3 en consecuencia, \u00abOrdenar al accionado cumplir con el art\u00edculo 50 CGP y las normas relacionadas con la designaci\u00f3n y exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia, en este caso, de la liquidadora dentro del proceso indicado\u00bb y, asimismo, \u00abOrdenar al accionado darle tr\u00e1mite a este proceso que est\u00e1 signado por la inactividad (\u2026) [y] considerar la conducta de la liquidadora de no satisfacer el derecho de petici\u00f3n en tres ocasiones ejercido por el accionante, se\u00f1or Luis Miguel Caldas Vargas, como elemento que afecta la buena fe que se espera de quien desempe\u00f1a un oficio p\u00fablico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que las actuaciones realizadas por la auxiliar de la justicia la se\u00f1ora Zamira Abusaid Rochan, designada por el Juzgado accionado como liquidadora en el proceso radicado No. 2017-00297; vulneran los derechos fundamentales invocados, pues en sentir, las tareas realizadas por la profesional no satisfacen las responsabilidades asignadas, raz\u00f3n por la cual se debe dar aplicaci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo General del Proceso, para excluirla de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en providencias de 15 de julio y 18 de octubre de 2019 se requiri\u00f3 a la mentada liquidadora para que, presentara el inventario de activos y pasivos de la sociedad en liquidaci\u00f3n, a\u00fan no ha dado respuesta. <\/p>\n
Complement\u00f3 que el 29 de mayo de 2020 se orden\u00f3 que, en el plazo de 15 d\u00edas siguientes a la entrega de los extractos de la cuenta de ahorros por parte de COOFINEP, la experta realizara la tarea para la que fue comisionada, y as\u00ed mismo, se expidi\u00f3 orden a la entidad financiera para que proveyera de forma inmediata los pliegos requeridos por la Doctora, para el cumplimiento de sus deberes. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que si bien la auxiliar obtuvo tales extractos desde el 7 de enero de 2020, solicit\u00f3 una pr\u00f3rroga para entregar el documento y finalmente agreg\u00f3, que le advirti\u00f3 al Juez accionado el 10 de mayo de 2021, un posible conflicto de intereses de la funcionaria, sin que existiera pronunciamiento. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil-Familia, neg\u00f3 el amparo, al evidenciar que el hecho que cimentaba las peticiones de la acci\u00f3n constitucional hab\u00eda sido superado, en raz\u00f3n a que la auxiliar de la justicia el 27 de agosto de 2021 alleg\u00f3 al Juzgado el inventario de activos y pasivos de la sociedad en liquidaci\u00f3n y \u00aben auto del 16 de noviembre se fij\u00f3 fecha para adelantar la audiencia del art\u00edculo 530 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado judicial impugn\u00f3, reconociendo que la \u00abdecisi\u00f3n es solo hecho superado lo concerniente a la fijaci\u00f3n de fecha para la audiencia\u00bb, y solicit\u00f3 nuevamente, calificar la idoneidad de la liquidadora, de conformidad a lo fijado por el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, establece que la acci\u00f3n de tutela es la herramienta expedita para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y los particulares, cuya cariz subsidiario y residual no consiente sustituir a los jueces funcionalmente competentes, ni los mecanismos ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el evento en estudio, observa la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n, porque, en estrictez, concurre la superaci\u00f3n del hecho que dio origen a la protecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la providencia del Tribunal constitucional debe ratificarse. <\/p>\n
En efecto, buscaban los accionantes a trav\u00e9s de apoderado judicial \u00abOrdenar al accionado darle tr\u00e1mite a este proceso que est\u00e1 signado por la inactividad (\u2026)\u00bb, y, las piezas procesales allegadas en el curso de este tr\u00e1mite, evidencian que el 27 de agosto de 2021 la liquidadora alleg\u00f3 al Juzgado el inventario de activos y pasivos echado de menos, el cual fue ingresado al despacho para emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, y seg\u00fan lo inform\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, \u00ab(\u2026) para conjurar la demora en la sustanciaci\u00f3n del expediente, se ha emitido auto con fecha 16 de noviembre de 2021 mediante el cual se resolvi\u00f3 fijar las 9:00 a. m. del 11 de febrero del 2022, para que tenga lugar la audiencia de que trata la disposici\u00f3n el art\u00edculo 530 del C.G.P. y que ser\u00e1 notificado por Estado el d\u00eda 17 de noviembre de 2021 en el micrositio web del Juzgado existente en la P\u00e1gina Web de la Rama Judicial y cuyos apoderados judiciales podr\u00e1n conocer para que si a bien lo tienen ejerzan su derecho de contradicci\u00f3n con los mecanismos que la ley otorga\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 esta acci\u00f3n est\u00e1 superada y, en esa medida, carecer\u00eda de objeto y raz\u00f3n expedir alguna orden en tal sentido, puesto que el fin perseguido ya se materializ\u00f3. <\/p>\n
Referente a la figura en comento, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que la tutela pierde su fuerza, \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que como \u2018se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb (CSJ STC 21 jun. 2012, rad. 00121-01; citada entre otras, en STC2539-2016, STC16456-2019, STC8936-2020, STC5702-2021, STC8308-2021 y STC13747-2021). <\/p>\n
De otra parte, observa la Sala que los accionantes pretenden que en sede constitucional, se solucionen sus apreciaciones sobre la imparcialidad y la aptitud de la auxiliar de la justicia para emitir concepto sobre el inventario de activos y pasivos de la sociedad en liquidaci\u00f3n, y, para sustentar lo anterior, su apoderado relata en el escrito de tutela, que, \u00able advirti\u00f3 al Juez accionado el 10 de mayo de 2021, un posible conflicto de intereses de la funcionaria, sin que existiera pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, recuerda la Sala, que de conformidad a las precisiones decantadas en la mayor\u00eda de jurisprudencia constitucional sobre el tema, no es el la acci\u00f3n constitucional, el \u00e1mbito para resolver las solicitudes radicadas, pues la base del amparo se cimenta en el principio de la subsidiariedad, cuando existen medios defensa ordinarios. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en CSJ STC3807-2018, STC6904-2020, STC1067-2021 y STC9022-2021, entre muchas otras). <\/p>\n
3. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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