STC931-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC931-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00230-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Viviana Barrera Cruz y Marina Sanmiguel Duarte, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, la \u00abCanciller\u00eda\u00bb, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo reclaman a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de la justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n integral, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con el tr\u00e1mite de solicitud de extradici\u00f3n simplificada que cursa actualmente respecto de Dairo Antonio \u00dasuga David, alias \u201cOTONIEL\u201d, con rad. 60687. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, que se disponga \u00abretrotraer el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n de DAIRO ANTONIO \u00daSUGA DAVID hasta tanto pague aqu\u00ed en Colombia por los cr\u00edmenes de lesa humanidad que ha cometido\u00bb, o en su defecto, \u00abse vincule a las diligencias que aparentemente est\u00e1 haciendo la Fiscal\u00eda (\u2026) como parte civil en la masacre de Mapiripan (sic)\u00bb; y adem\u00e1s, se \u00abordene dar traslado a las entidades accionadas sobre el plan o la forma que se tiene prevista para que la extradici\u00f3n (\u2026) no constituya de facto una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de sus v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas exponen en compendio, que fueron reconocidas como v\u00edctimas de la masacre ocurrida en Mapirip\u00e1n \u2013Meta, hecho delictuoso en el que \u00abparticip\u00f3 activamente\u00bb Dairo Antonio \u00dasuga David alias \u00abOTONIEL\u00bb, quien \u00abfue uno de l\u00edderes del grupo proveniente de Urab\u00e1 por expreso designio de Carlos Casta\u00f1o\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abexiste una sentencia condenatoria a 480 meses de prisi\u00f3n por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo (\u2026) que no se hab\u00eda podido concretar toda vez que el condenado se encontraba pr\u00f3fugo de la justicia\u00bb. <\/p>\n
Indican que pese a que existe la citada condena, junto con \u00ab128 \u00f3rdenes de captura, siete sentencia condenatorias y ocho medidas de aseguramiento\u00bb en contra del citado ciudadano, no solo el Presidente de la Rep\u00fablica ha sido enf\u00e1tico en comunicar que \u00abhar\u00e1 que se concrete la extradici\u00f3n\u00bb del condenado a los Estados Unidos, sino que el Fiscal General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3 que conformar\u00eda un \u00abequipo t\u00e9cnico (\u2026) encargado de agrupar todas las investigaciones y hacer sus interrogatorios, interrogatorios previos al proceso de extradici\u00f3n\u00bb, diligencias estas \u00faltimas que no se han puesto en su conocimiento, en el marco del proceso que se adelanta por la referida Masacre. <\/p>\n
Se\u00f1alan que, de perfeccionarse el pedido de extradici\u00f3n, el citado no cumplir\u00eda con las condenas que se le impusieron por los hechos delictuales, ni que el aludido extraditable sirva \u00abcomo potencial delator o testigo\u00bb de todos los hechos de violencia ocurridos en el marco de la violencia interna del pa\u00eds y realmente, que como v\u00edctimas de \u00e9ste, pueden acceder a la verdad y reparaci\u00f3n, lo que, dicen, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 26 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, en lo fundamental, que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que el tr\u00e1mite especial de extradici\u00f3n se encuentra en curso. <\/p>\n
b. El Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3, que \u00abel tr\u00e1mite de extradici\u00f3n a la fecha est\u00e1 en etapa probatoria y no se ha emitido concepto favorable o desfavorable en el mismo, por tal raz\u00f3n el acto jur\u00eddico de la extradici\u00f3n no se ha consolidado, raz\u00f3n por cual la resulta improcedente el amparo solicitado ya que no hay una decisi\u00f3n de fondo respecto a la extradici\u00f3n\u00bb; sin embargo, \u00abcuando (\u2026) [se] corra traslado para presentar los alegatos de conclusi\u00f3n, una vez analizado el expediente (\u2026), en cumplimiento de nuestra funci\u00f3n constitucional y en defensa del orden jur\u00eddico y los intereses de la sociedad emitir\u00e1 el respectivo concepto que corresponda en derecho\u00bb. <\/p>\n
c. La Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa Cartera de las presentes diligencias, \u00abporque no obra hecho alguno atribuible a \u00e9ste, que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante por parte de esta entidad\u00bb. <\/p>\n
d. El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues solo \u00abinterviene en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n pasiva durante la etapa administrativa inicial y en la etapa administrativa final, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)\u00bb. <\/p>\n
e. La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo, que carece de competencia para intervenir en el tr\u00e1mite que hace curso en esta Corte, por ser del resorte del Gobierno Nacional la decisi\u00f3n de enviar al ciudadano colombiano al extranjero o dejarlo en territorio nacional; adem\u00e1s que, \u00absi bien el se\u00f1or Dairo Antonio \u00dasuga David se encuentra privado de la libertad con fines de extradici\u00f3n, una vez se defina el procedimiento actual (concediendo o negando la extradici\u00f3n), deber\u00e1 continuar privado de la libertad, indistintamente del territorio donde se encuentre. En el evento de que sea entregado en extradici\u00f3n, el ordenamiento procesal penal, en los art\u00edculos 484, 485 y 486 de la Ley 906 de 2004, prev\u00e9 el uso de los mecanismos de cooperaci\u00f3n judicial internacional, para la obtenci\u00f3n de todo tipo de prueba, evidencia o elemento material probatorio y el traslado de fiscales y jueces al territorio extranjero para la pr\u00e1ctica de diligencias judiciales, una vez agotados los medios t\u00e9cnicos disponibles para la realizaci\u00f3n de videoconferencias\u00bb. <\/p>\n
f. El Fiscal 56 de la Direcci\u00f3n Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos indic\u00f3, que el procesado fue condenado a 480 meses de prisi\u00f3n por los hechos cometidos en el municipio de Mapirip\u00e1n -Meta; empero, \u00ab[l]a circunstancia de que el se\u00f1or DAIRO ANTONIO USUGA DAVID, alias OTONIEL, sea eventualmente extraditado a los Estados Unidos de Am\u00e9rica para ser juzgado por cr\u00edmenes cometidos contra ese pa\u00eds, no imposibilita de ninguna manera que esta investigaci\u00f3n prosiga y contin\u00fae el esclarecimiento de los hechos y la atribuci\u00f3n de responsabilidad en contra de los autores y part\u00edcipes de las conductas punibles, conforme ha venido ocurriendo. Existen instrumentos de cooperaci\u00f3n internacional, como las cartas rogatorias, con los que esta Fiscal\u00eda y cualquier otra autoridad judicial que investigue o juzgue al citado ciudadano puede obtener su intervenci\u00f3n en los procesos mediante versi\u00f3n libre, indagatoria, declaraci\u00f3n juramentada, interrogatorio en juzgamiento, etc\u00bb. <\/p>\n
g. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al escrito de tutela, y comoquiera que son las quejas dirigidas en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las que le otorgan competencia para conocer del presente asunto, se observa que lo pretendido concretamente por las se\u00f1oras Viviana y Marina a trav\u00e9s del presente mecanismo, es que se ordene dicha Colegiatura \u00abretrotraer\u00bb el tr\u00e1mite de solicitud de extradici\u00f3n simplificada que cursa en contra de Dairo Antonio \u00dasuga David, alias \u201cOTONIEL\u201d, pues en su criterio, de conceptuarse favorablemente la extradici\u00f3n, el citado no pagar\u00eda la condena impuesta por la justicia colombiana por la masacre acaecida en el municipio de Mapirip\u00e1n, juicio en el que ellas fueron reconocidas como v\u00edctimas. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite y el informe de las autoridades convocadas, se advierte de entrada que el amparo rogado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n simplificada a\u00fan no se hab\u00eda definido cuando se present\u00f3 la tutela, es decir, la hom\u00f3loga Especializada en lo Penal de esta Corte no hab\u00eda proferido el concepto correspondiente; luego, como estaba a\u00fan sin decidir la tem\u00e1tica relacionada con la procedencia de la mentada extradici\u00f3n, no cabe duda que resultaba en ese momento apresurada la reclamaci\u00f3n de cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la particular materia se resolviera de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no era procedente acudir con \u00e9xito al amparo cuando estaban en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. Es decir, se deb\u00eda esperar a la definici\u00f3n del asunto por la autoridad competente para poder acudir en petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de esta acci\u00f3n constitucional, se ha plasmado que \u00ab\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1304-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Pero fuera de la anterior raz\u00f3n, y para ahondar en los motivos de la improcedencia del amparo, la Sala advierte que tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que no obra prueba que las gestoras del amparo o su apoderado hayan solicitado en debida forma y a trav\u00e9s del tr\u00e1mite previsto para el efecto, ante la Sala de Especializada en lo Penal de esta Corte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo aqu\u00ed solicitado, esto es, en \u00faltimas, la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del se\u00f1or \u00dasuga David, sin que pueda pretenderse acudir al juez de tutela para proveer soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir es a la autoridad competente. <\/p>\n
La Corte sobre esa puntual tem\u00e1tica ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (CSJ STC, 13 nov. 2012, rad. 00135-01; reiterada en STC3412-2021). <\/p>\n
5. De este modo, las sencillas razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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