STC932-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC932-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01622-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Leidy Jazm\u00edn Ram\u00edrez Oliveros le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Girardot, extensiva al Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNCS) y dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite constitucional n\u00ba 2020-00237-01 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
De su extenso escrito, se desprende que en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2020-00237-01 que propuso frente al Sanatorio de Agua de Dios, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Girardot deneg\u00f3 el amparo el 24 de diciembre de 2020, advertida la ausencia del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Inconforme con dicha decisi\u00f3n, la actora impugn\u00f3, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca la confirm\u00f3 el 16 de febrero de 2011 por las mismas razones, en tanto que, \u00abla accionante no acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, escenario en que procede controvertir los actos administrativos concernientes a la convocatoria del cargo p\u00fablico, que ocupaba en provisionalidad\u00ab. <\/p>\n
Acus\u00f3 a la Colegiatura criticada de incurrir en v\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, defecto procedimental, porque, en su criterio, el juzgador de segundo grado constitucional, no valor\u00f3 \u00abde manera \u201cretrospectiva\u201d el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1960 de 2019 (Modifica el numeral 4 del Art\u00edculo 31 de la Ley 909 de 2004)\u00bb, conforme lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional T-340 de 2020; por lo que requiri\u00f3 por \u00e9sta v\u00eda, la aplicaci\u00f3n de precedentes de similares contornos en las jurisdicciones contencioso administrativo (rad. n\u00b0 2020-00308-01\/00058-01, etc) y constitucional (T-112 de 2014, entre otras). <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot aleg\u00f3 la improcedencia del resguardo, en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiaridad de la acci\u00f3n, ante la existencia legal de otro mecanismo para el amparo del derecho y la soluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
El Tribunal defendi\u00f3 la legalidad del pronunciamiento atacado, avalando la decisi\u00f3n de primer grado por no satisfacer el presupuesto de la subsidiaridad. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el amparo, en tanto, se \u00ab(\u2026) encontr\u00f3 que la citada actuaci\u00f3n -radicada en dicha Corporaci\u00f3n con el n\u00famero T8147326- no fue seleccionada para ser estudiada, en auto de 31 de mayo de 2021. Dicha determinaci\u00f3n fue notificada el 17 de junio siguiente (\u2026) Por consiguiente, se advierte que la libelista dej\u00f3 vencer la posibilidad de acudir a la encargada de la guarda y supremac\u00eda de la Carta Magna e insistir en la revisi\u00f3n de aquel asunto por los presuntos defectos en los que incurri\u00f3 el cuerpo colegiado accionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme la se\u00f1ora Leidy Jazm\u00edn Ram\u00edrez Oliveros, impugn\u00f3 reiterando los argumentos iniciales, a los que agreg\u00f3 que \u00aben {su} correo electr\u00f3nico no existe una debida notificaci\u00f3n personal con fecha del 17 de junio de 2021, con el n\u00famero T8147326 proveniente de la Corte Constitucional de la providencia que no dispuso su selecci\u00f3n, motivo por el cual como interesada no acudo en los quince (15) d\u00edas siguientes calendario \u2013 fenecieron el 30 de junio 2021 – a la encargada de la guarda y supremac\u00eda de la Carta Magna e insisto (incluso solicitando el concurso de la misma Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – PGN), en la revisi\u00f3n de aquel asunto por los presuntos defectos en los que incurri\u00f3 el cuerpo colegiado accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, se anuncia que el amparo no puede abrirse paso, y por ende, ha de confirmarse el fallo impugnado, debido a que el estudio de la queja se torna inviable, en raz\u00f3n a que, de una parte, la \u00abtutela contra tutela\u00bb resulta improcedente, salvo cuando en el procedimiento seguido se desconozca de manera evidente la garant\u00eda al debido proceso, esto es, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (CSJ STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, reiterada en STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC5471-2021 y STC12893-2021, entre muchas otras). <\/p>\n
En el asunto en estudio, lo controvertido por la se\u00f1ora Leidy Jazm\u00edn Ram\u00edrez Oliveros Ram\u00edrez Oliveros no es la falta o indebida notificaci\u00f3n o integraci\u00f3n del contradictorio, \u00fanicos eventos en los que ser\u00eda admisible el examen supralegal de otra causa similar, sino que se discute el sentido mismo de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca, que defini\u00f3 lo pretendido en anterior acci\u00f3n de tutela (rad. n\u00ba 2020-00237), porque confirm\u00f3 el amparo desestimado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Girardot, en su sentir, sin analizar \u00abde manera \u201cretrospectiva\u201d el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1960 de 2019 (Modifica el numeral 4 del Art\u00edculo 31 de la Ley 909 de 2004)\u00bb, conforme lo establecido en el pronunciamiento CC T-340 de 2020 y pidiendo adem\u00e1s la aplicaci\u00f3n de precedentes de similares contornos en las jurisdicciones contencioso administrativo y constitucional. <\/p>\n
2. Adicionalmente, y seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional (exp. T8147326) la citada actuaci\u00f3n no fue seleccionada en la eventual revisi\u00f3n (17 jun. 2021), sin que la interesada se hubiese propuesto \u00abel recurso de insistencia\u201d. De modo que, \u00abrespecto de la misma ha operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional derivada de la no selecci\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb (fallo de 7 de junio de 2012, exp. No. 11001-22-03-000-2012-00775-01, reiterada en sentencia de 11 de junio, exp. 2013- 00019-01 y STC8818-2019). <\/p>\n
Frente a la \u00abrevisi\u00f3n de la sentencia de tutela\u00bb, ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00absi bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3nn se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018cualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u00bb. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia de 8 mayo de 2012 exp, 11001 02 03 000 2012-00862-00, reiterada en CSJ STC3573-2020). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que sobre el t\u00f3pico de la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026)\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que la libelista dej\u00f3 vencer la posibilidad de acudir ante el organo de cierre constitucional e insisitir en la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n para alegar los presuntos defectos en lo que consider\u00f3 incurri\u00f3 la sede constitucional. <\/p>\n
3. Ahora, en cuanto a las inconformidades expresadas en el escrito de impugnaci\u00f3n, y referentes a que, \u00abno existe una debida notificaci\u00f3n personal con fecha del 17 de junio de 2021, con el n\u00famero T8147326 proveniente de la Corte Constitucional de la providencia que no dispuso su selecci\u00f3n\u00bb, constituyen alegaciones nuevas de las cuales no tuvieron conocimiento las querelladas, por tanto, no pueden ser examinadas en esta instancia, ya que afectar\u00eda el derecho de defensa de quienes no pudieron controvertir concretamente dichos aspectos. <\/p>\n
La Sala ha esgrimido sobre dicho asunto, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01, reiterada STC175-2017, 19 enero 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo prove\u00eddo por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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