STC968-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC968-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00415-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Eugenia Mej\u00eda Vallejo en calidad de \u00abapoderada general\u00bb de Avantel S.A.S. \u2013en reorganizaci\u00f3n, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio declarativo a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad querellante a trav\u00e9s de su apoderado general, reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que consider\u00f3 quebrantado por la autoridad jurisdiccional accionada quien presuntamente tramit\u00f3 de forma defectuosa el recurso de apelaci\u00f3n que la aqu\u00ed quejosa interpuso contra la sentencia de primer grado, la cual fue adversa a sus defensas, en el marco del juicio declarativo radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2017-01078. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abdar tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n sustentada por escrito, y enviada mediante correo electr\u00f3nico de 19 de mayo de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la capital Risaraldense, el se\u00f1or Cristian David Osorio Londo\u00f1o adelant\u00f3 en su contra juicio de responsabilidad civil, el cual finaliz\u00f3 con sentencia condenatoria del 13 de mayo de 2021, decisi\u00f3n contra la cual, en el curso de la audiencia, interpuso recurso de apelaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino procesal para ello, por lo que \u00abmediante correo electr\u00f3nico\u00bb remiti\u00f3 el escrito de sustentaci\u00f3n de ese remedio. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, sin reparar en lo anterior, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira \u2013a quien por reparto correspondi\u00f3 el asunto, por auto del 15 de septiembre de ese mismo a\u00f1o declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada, por lo que inconforme, acudi\u00f3 en reposici\u00f3n, pero el 10 de noviembre de la misma calenda la autoridad cuestionada mantuvo en su integridad esa determinaci\u00f3n, pese a la \u00abevidente vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso\u00bb, situaci\u00f3n que, dice, hace viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
a). El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, adem\u00e1s de historiar el asunto y destacar los actos procesales all\u00ed adelantados, explic\u00f3 que una vez concedida la alzada orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juez Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. Con todo, dijo que la \u00absola discrepancia respecto de las decisiones judiciales no son motivo suficiente para acceder al amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa localidad remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque la apoderada de la sociedad querellante \u00abdej\u00f3 de presentar poder especial para interponer la acci\u00f3n de tutela espec\u00edficamente. Por el contrario, alega intervenir en virtud de poder general otorgado por la representante legal de Avantel S.A.S., conferido mediante Escritura P\u00fablica No. 1259 del 01 de julio de 2020\u00bb; coligi\u00f3 entonces, que el mecanismo de amparo \u00abno fue interpuesto por el representante legal de esa sociedad, ni tampoco por apoderado judicial constituido en virtud de poder especial, a pesar de que aquella profesional del derecho fue requerida en el auto admisorio de la tutela para que allegara poder que cumpliera dicha condici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el acto de apoderamiento para promover acciones de tutela, \u00abrequiere colmar el presupuesto de la especialidad, es decir que se conceda el poder para un asunto concreto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la apoderada general de la sociedad reclamante, al considerar que el poder contenido en la escritura p\u00fablica aportada con la demanda constitucional la facultaba para ejercer la representaci\u00f3n de su poderdante \u00aben cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia o proceso\u00bb, y por lo tanto, contaba con \u00abtodas las facultades necesarias para desarrollar todo tipo de encargos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1; las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En este asunto, Gloria Eugenia Mej\u00eda Vallejo vali\u00e9ndose de la condici\u00f3n de apoderada general de Avantel SAS en reorganizaci\u00f3n, cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso vertical que formul\u00f3 frente a la sentencia dictada en el marco del pleito de responsabilidad civil que Cristian David Osorio Londo\u00f1o promovi\u00f3 en contra de esa compa\u00f1\u00eda, pues ante la autoridad de primera instancia sustent\u00f3 en debida forma dicho remedio, por lo que era del resorte del ad quem tramitar dicho mecanismo de defensa, y no declararlo desierto como erradamente lo hizo. <\/p>\n
4. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al tr\u00e1mite y los informes rendidos al interior del mismo, no cabe duda sobre la confirmaci\u00f3n del fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, teniendo en cuenta que el poder general otorgado por Avantel SAS a la abogada Mej\u00eda Vallejo mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 1259 de 1\u00ba de julio de 2020, otorgada en la Notar\u00eda Once del C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1, no habilita a \u00e9sta para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad judicial querellada en el ejercicio de sus atribuciones legales, a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario de defensa. <\/p>\n
Al efecto, viene a bien recordar que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC3076-2021). <\/p>\n
5. En un caso de similares contornos jur\u00eddicos, esta Sala expres\u00f3 que \u00absi bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb (CSJ STC16300-2020). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ, STC15818-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias se impone ratificar el fallo cuestionado, conforme los motivos antes se\u00f1alados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
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