STC970-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC970-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02669-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maidy Lizeth Murcia Vargas contra la Superintendencia de Sociedades de Colombia y Carlos Augusto Ram\u00edrez G\u00f3mez, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a \u00abla propiedad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el marco del proceso de liquidaci\u00f3n judicial simplificada de persona natural comerciante tramitado frente a Pablo Arturo Pinilla Villalobos, identificado con radicado No. 99843. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Superintendencia de Sociedades, \u00abcorrija su decisi\u00f3n revocando la orden de liquidaci\u00f3n total de los inmuebles, respetando as\u00ed [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido tr\u00e1mite adelantado respecto de su esposo, el 3 de noviembre de 2021 se realiz\u00f3 la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, aprobaci\u00f3n de proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, inventarios de bienes – activo neto de liquidaci\u00f3n, y se fijaron honorarios del liquidador, donde la Supersociedades orden\u00f3 cautelar unos inmuebles, que no son en su totalidad propiedad del deudor, sino tambi\u00e9n suyos en un 50%, de manera que, \u00absi bien el se\u00f1or Pablo Arturo Pinilla Villalobos entr\u00f3 en proceso de liquidaci\u00f3n, [ella] no es sujeto dentro de dicho proceso, ni [sus] bienes propios pueden ser incluidos de manera arbitraria y abusiva por el liquidador\u00bb, situaci\u00f3n que, en su criterio, abre paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
a. Carlos Augusto Ram\u00edrez G\u00f3mez, liquidador dentro del proceso del asunto, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del mismo, y precis\u00f3 que el aval\u00fao del inmueble que seg\u00fan la gestora, es en parte de ella, lo hizo sobre el 100% del mismo, \u00abpues era imposible avaluar tan solo el 50% del inmueble\u00bb; no obstante, precis\u00f3 que \u00abse parte de este valor total del aval\u00fao para vender proporcionalmente en lo que solo afecta al concursado y no a la accionante\u00bb, y que \u00aba la fecha no se ha afectado ning\u00fan derecho a la accionante pues no se ha realizado enajenaci\u00f3n de los bienes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la tutelante no objet\u00f3 el inventario de bienes y el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, ni tampoco interpuso alg\u00fan recurso contra la decisi\u00f3n del 3 de noviembre de 2021 que aprob\u00f3 el mismo. <\/p>\n
b. El Coordinador del Grupo de Procesos de Liquidaci\u00f3n Judicial Simplificada de la Superintendencia de Sociedades manifest\u00f3, que la solicitud de amparo incumple con el requisito de la subsidiariedad, \u00abtoda vez que la accionante no ejerci\u00f3 los mecanismos procesales dentro del proceso concursal que se adelanta, esto es, no present\u00f3 objeci\u00f3n contra el inventario de bienes con la base contable del valor neto de liquidaci\u00f3n; no present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en la audiencia celebrada el 3 de noviembre de 2021, ni tampoco ha solicitado al despacho pronunciarse respecto de la situaci\u00f3n planteada en la presente acci\u00f3n, que puede resolverse al interior del proceso concursal\u00bb; adem\u00e1s, el proceso concursal del ep\u00edgrafe no ha culminado, ya que se encuentra en la etapa de venta de bienes, \u00abcuya competencia es del liquidador, la cual se realizar\u00e1 sobre la titularidad de los bienes del concursado, por lo que se insiste, no existe transgresi\u00f3n alguna contra la accionante\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, de los bienes del concursado hay comunidad con la aqu\u00ed accionante, y solo est\u00e1 embargada la parte de propiedad de aqu\u00e9l en los inmuebles identificados con las matr\u00edculas 50C-2026607, 50C2026606, 50C-20226777; de manera que, \u00abaun cuando la valoraci\u00f3n de los inmuebles fue realizada en su totalidad, se debe indicar que en la etapa de la venta de los mismos, deber\u00e1 recaer solamente sobre el 50% de los inmuebles (\u2026) pues est\u00e1n afectados los bienes del se\u00f1or Pinilla Villalobos, y por consiguiente, no se realizar\u00e1 la venta de los porcentajes de aquellos copropietarios o comuneros en raz\u00f3n a que no son sujetos del proceso concursal que se adelanta\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque \u00abla accionante no actu\u00f3 al interior de esa vista p\u00fablica y present\u00f3 la objeci\u00f3n correspondiente, adicionado a que, como lo indic\u00f3 el liquidador en la contestaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, era necesario realizar el aval\u00fao de la totalidad del bien, puesto que de conformidad con lo normado en los numerales 6 y 7 del art\u00edculo 12 del decreto 772 de 2020, concordante con los art\u00edculos 57 y 58 de la ley 1116 de 2006, se indica que en aquellos bienes en los que el concursado sea propietario de un porcentaje de, solamente este ser\u00e1 objeto de venta, por lo que los derechos de terceros ajenos al proceso concursal no podr\u00e1n ser afectados. Con otras palabras, es claro que los derechos de la accionante no pueden ser afectados, en modo alguno, por el liquidador y la Superintendencia, a prop\u00f3sito de la actuaci\u00f3n que adelantan\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, con similares motivos a los que expuso en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En este caso, la ciudadana Maidy Lizeth cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, que dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial simplificado adelantado respecto de su c\u00f3nyuge Arturo Pinilla Villalobos, la Superintendencia de Sociedades haya incluido dentro del inventario de bienes unos inmuebles de los cuales es propietaria en un 50%, pues seg\u00fan su dicho, se est\u00e1 desconociendo el derecho que tiene sobre esos bienes. <\/p>\n
3. Para la Corte tienen trascendencia los siguientes hechos extra\u00eddos de la documental anexa al expediente constitucional, a saber: <\/p>\n
3.1. El 26 de marzo de 2021, la Superintendencia de Sociedades declar\u00f3 la apertura del precitado decurso, y design\u00f3 como liquidador a Carlos Augusto Ram\u00edrez G\u00f3mez. <\/p>\n
3.3. Una vez el liquidador present\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos y el inventario de bienes con el valor neto de liquidaci\u00f3n, se corri\u00f3 traslado de esas actuaciones, de las cuales solo la primera fue objetada por el Banco Caja Social y Bancolombia SA. <\/p>\n
3.4. El 3 de noviembre siguiente se realiz\u00f3 la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, se aprob\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y, el inventario de bienes, decisi\u00f3n que los Bancos Davivienda y de Occidente pidieron aclarar, y que el Banco de Bogot\u00e1 atac\u00f3 en reposici\u00f3n. <\/p>\n
3.5. El proceso se encuentra en la etapa de venta de bienes. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, la actora dej\u00f3 de aprovechar los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento de Maidy Lizeth recae en que supuestamente los bienes de los cuales es propietaria en un 50%, fueron inventariados dentro del tr\u00e1mite concursal del asunto, por lo que, eventualmente ser\u00e1n vendidos o adjudicados, sin ser ella la deudora, a \u00e9sta le correspond\u00eda intervenir dentro de dicho proceso, para objetar los inventarios de bienes y\/o atacar mediante el recurso de reposici\u00f3n, el prove\u00eddo del 3 noviembre de 2021 con que se aprob\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y el inventario de bienes, por lo que al as\u00ed no haber procedido, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, en raz\u00f3n a que no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que la quejosa ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Adicional a lo expuesto, encuentra la Sala que, seg\u00fan lo informaron la Superintendencia accionada y el liquidador designado dentro del decurso, a\u00fan no se vendido ninguno de los bienes que la accionante reclama como suyos, y en todo caso, ello se realizar\u00e1 \u00fanicamente respecto de la parte bajo el dominio del deudor, conforme lo establecen los art\u00edculos 57 y 58 de la Ley 1116 de 2006, a los que remite el art\u00edculo 12 del Decreto 772 de 2020; de manera que, a\u00fan puede la aqu\u00ed interesada intervenir dentro del juicio y hacer valer sus derechos a trav\u00e9s del uso de los medios ordinarios establecidos para ese efecto, si as\u00ed lo considera, sin que entretanto pueda intervenir el juez constitucional, ya que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC2451-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GURZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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