STC975-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC809-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00150-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c9dgar Augusto Echeverry Sol\u00f3rzano contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente 2018-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y legalidad\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que adquiri\u00f3, por compraventa realizada a Jorge Eliecer Vergara, el inmueble ubicado en la calle 10 n\u00famero 8-09 del municipio de Mariquita, contenida en la escritura p\u00fablica 1017 de 23 de mayo de 201, instrumento en cuya cl\u00e1usula quinta se dej\u00f3 constancia de \u00abla entrega real y material\u00bb del bien; sin embargo, \u00abjam\u00e1s\u2026se me realiz\u00f3\u00bb, pese a haber sido registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
Sostiene que formul\u00f3 demanda contra el vendedor cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, despacho que en audiencia de 13 de julio de 2021 emiti\u00f3 sentencia desestimatoria, determinaci\u00f3n conta la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que, con fallo de 26 de noviembre de aquel a\u00f1o, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
Agrega que \u00absi el juzgador hubiese valorado en debida y legal forma dicha prueba\u2026 habr\u00eda encontrado que los cheques\u2026 girados por la mencionada se\u00f1ora\u2026 ten\u00edan fecha de causaci\u00f3n posterior al 23 de mayo de 2017, d\u00eda en que el vendedor firm\u00f3 la escritura\u2026 luego los mencionados t\u00edtulos valores, incontrovertiblemente, nunca fueron instrumento de pago del precio de compra\u2026\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1ala, tambi\u00e9n, que, dentro del proceso en cuesti\u00f3n, \u00abni siquiera se pudo establecer probatoriamente, el monto total de la negociaci\u00f3n por cuanto el vendedor mencion\u00f3 una cantidad y el comprador otra\u00bb de all\u00ed que no hubiera sido correcto la denegaci\u00f3n de sus pretensiones por el no pago total del precio. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse ordene al juez colegiado de segunda instancia para que se rehaga la decisi\u00f3n y se dicte sentencia acorde con lo que jur\u00eddicamente indica inequ\u00edvocamente la prueba aportada el proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, por conducto del magistrado ponente de la sentencia de segundo grado dijo que esa corporaci\u00f3n \u00abestudi\u00f3 minuciosamente los medios probatorios incorporados legalmente al proceso, en especial, se desat\u00f3 con suficiencia la controversia suscitada sobre si hubo o no pago del precio\u2026\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00abrechazar la acci\u00f3n constitucional\u00bb dado que, el prove\u00eddo cuestionado no adolece del defecto atribuido por el gestor, al tiempo que lo pretendido por este es \u00abreabrir un debate zanjado\u00bb pues trata de anteponer su propia visi\u00f3n y comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad judicial \u00ablo que resulta inadmisible a la luz de la doctrina constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil del Circuito de Honda manifest\u00f3 atenerse \u00aba las actuaciones surtidas por la titular de turno como juez de conocimiento y as\u00ed como la decisi\u00f3n que la corte Suprema de Justicia Sala Civil adopte respecto de los hechos y pretensiones que se fundamente la queja constitucional [sic]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante con la expedici\u00f3n del fallo de 26 de noviembre de 2021 a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la sentencia desestimatoria proferida el 13 de julio del mismo a\u00f1o por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, por realizar, supuestamente, una \u00abincorrecta valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil Familia de la aludida corporaci\u00f3n, comoquiera que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el fallo del 26 de noviembre de 2021, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura accionada, luego de hacer un recuento de los antecedentes procesales relevantes, identific\u00f3 los reparos formulados por la demandantes en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el demandado al firmar la escritura p\u00fablica de venta convalid\u00f3 la negociaci\u00f3n entre los se\u00f1ores R\u00edos Cruz (supuesto intermediario) y \u00c9dgar Augusto Echeverry Sol\u00f3rzano (comprador), raz\u00f3n por la cual no puede presentarse ahora como ajeno a dicha negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el pago del precio, pone de presente el recurrente, el contenido d la cl\u00e1usula sexta de la escritura\u2026 para afirmar que hubo un pago del precio, as\u00ed fuera parcial, ya que el vendedor pact\u00f3 con el comprador, solucionar la deuda adquirida con la se\u00f1ora Yamile Morales Dur\u00e1n, respaldada con hipoteca; sobre el giro de los cheques posfechados puntualiza que el se\u00f1or Echeverry Sol\u00f3rzano (comprador) pag\u00f3 el saldo del precio de la compra del inmueble, y el aqu\u00ed demandado, le prest\u00f3 ese dinero a la se\u00f1ora Lady Cruz Molina surgiendo una nueva obligaci\u00f3n entre ellos. <\/p>\n
Por otro lado, en la cl\u00e1usula tercera de la escritura\u2026 se pact\u00f3 que el precio fue pagado en su totalidad, y conforme indica el art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil, no admite prueba en contrario (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 las disposiciones legales aplicables y propuso como problema jur\u00eddico a resolver, si \u00abse demostr\u00f3 o no el pago total del precio de la venta celebrada entre \u00c9dgar Augusto Echeverry Sol\u00f3rzano y Jorge Eli\u00e9cer Vergara\u00bb y de cara al material probatorio obrante, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el tribunal destaca que en este asunto\u2026 delanteramente se rechaza la tesis del recurrente [demandante] consistente en que en esta clase de procesos \u00fanicamente debe verificarse si en efecto ocurri\u00f3 o no la entrega del bien inmueble\u2026 teor\u00eda que, de ser acogida, se llevar\u00eda de calle el derecho de defensa y contradicci\u00f3n en cabeza del demandado como garant\u00eda constitucional. <\/p>\n
(\u2026) en esta litis existe discrepancia notoria en lo que ata\u00f1e al precio finalmente acordado por los contratantes sobre el fundo\u2026 tambi\u00e9n existe disparidad\u2026 entre los contendientes sorbe la persona que pag\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario cuyo gravamen afectaba la cosa\u2026 y tambi\u00e9n, este litigio tiene la particularidad de que el pago del precio fue intentado hacer por un tercero\u2026 <\/p>\n
(\u2026) las partes contratantes en el curso de sus interrogatorios de parte rendidos\u2026 desmintieron el contenido de la cl\u00e1usula tercera de la escritura\u2026 pues, el demandante refiri\u00f3 que el precio real fue de quinientos cincuenta millones de pesos\u2026 pero para efectos tributarios, se escritur\u00f3 por otro valor\u2026 por su parte, el demandado en su interrogatorio afirm\u00f3 que el precio real de la venta fue por seiscientos ochenta millones de pesos\u2026 de los cuales solo recibi\u00f3 la suma de ciento noventa millones de pesos\u2026 y el saldo ser\u00eda pagado a trav\u00e9s de 4 cheques\u2026 <\/p>\n
(\u2026) las partes admiten que el precio pactado en el instrumento p\u00fablico no corresponde con el verdaderamente acordado entre los contratantes. <\/p>\n
(\u2026) la parte demandada como sustento de su afirmaci\u00f3n del no pago total del precio convenido aport\u00f3 los siguientes cheques\u2026 girados por la se\u00f1ora Lady Cruz Molina\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Los t\u00edtulos valores anteriormente referidos, fueron devueltos por\u2026 \u201cfondos insuficientes\u201d, es decir, el cheque se present\u00f3 para su pago, pero la cuenta corriente no presenta fondos suficientes o no tiene cupo de sobregiro disponible o el cupo de sobregiro disponible no es suficiente para cubrir el valor del documento. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, los cheques devueltos\u2026 demuestran que el se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Vergara no ha recibido el pago total del precio del bien\u2026 <\/p>\n
(\u2026) en el proceso se estableci\u00f3 que\u2026 el pago del cr\u00e9dito hipotecario a favor de la se\u00f1ora Yamile Morales Dur\u00e1n, las partes en conflicto entiende que cada uno de ellos solucion\u00f3 tal obligaci\u00f3n\u2026 [pero] es lo cierto que el pago de la deuda hipotecaria no supone ni equivale al pago total del precio, cuesti\u00f3n \u00faltima sobre la cual tambi\u00e9n difieren radicalmente los contendientes (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que se sustenta en las disposiciones legales pertinentes, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el gestor del resguardo se\u00f1ala lo que, en su sentir, es un \u00abdefecto\u00bb del juzgador ad quem en el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de este por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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