STC977-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC977-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2021-00462-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 9 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ena del Socorro Fern\u00e1ndez Garc\u00eda contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa capital, la Cooperativa de Educadores del Magdalena, Rosana Ang\u00e9lica Lara Mel\u00e9ndez y Juan Miguel Prada Rivera. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al librar orden de pago dentro del pleito radicado bajo el n\u00b0 2018-00181. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en atenci\u00f3n a la demanda ejecutiva promovida por la Cooperativa de Educadores del Magdalena -Cooedumag- contra ella y Rosana Ang\u00e9lica Lara Mel\u00e9ndez, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta \u00abprofiri\u00f3 el auto de fecha 7 de mayo de 2019, por medio del cual se libra orden de pago\u00bb, pese a que el \u00abel t\u00edtulo valor pagar\u00e9 No. 98235 de fecha 20 de junio de 2017, no fue endosado en procuraci\u00f3n para el cobro judicial al Dr. Juan Miguel Prada Rivera\u00bb, por lo que \u00abno cumple con el lleno de los requisitos legales, seg\u00fan lo preceptuado por el C\u00f3digo de Comercio colombiano en su art\u00edculo 658\u00bb. <\/p>\n
Que conforme a lo previsto en el ordenamiento legal, \u00abel endoso es tan importante que solo lo puede hacer un juez de la Rep\u00fablica por v\u00eda de jurisdicci\u00f3n voluntaria [por lo que], no se puede reemplazar el endoso en procuraci\u00f3n en el cuerpo del t\u00edtulo valor por el poder que es un contrato de mandato\u00bb, aspecto que constituye \u00abun desatino jur\u00eddico, ya que el C\u00f3digo General del Proceso [art\u00edculo 77] de manera expresa reglamente que el apoderado no podr\u00e1 realizar actos reservados por la ley a la parte misma\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel Dr. Juan Miguel Prada Rivera no est\u00e1 legitimado para presentar el t\u00edtulo valor (\u2026) para el cobro judicial ya que no acredit\u00f3 la calidad de endosante que obra en nombre de otro en el t\u00edtulo a la orden seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 663 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. Que el C\u00f3digo General del Proceso \u00abconsagra expresamente en el art\u00edculo 431, que cuando se haya estipulado cl\u00e1usula aceleratoria, el acreedor deber\u00e1 precisar en su demanda desde qu\u00e9 fecha hace uso de ella [empero], el demandante no [lo] precis\u00f3 [lo cual] hace que el juez de conocimiento no pueda pronunciarse sobre [la demanda], creando un defecto f\u00e1ctico insubsanable\u00bb. Aunado a ello, el t\u00edtulo valor \u00abfue firmado con espacios en blanco [y en la demanda] no se anex\u00f3 la carta de instrucciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, se proceda a \u00abrevocar en todas y cada una de sus partes el auto de fecha 7 de mayo de 2019, por medio del cual se libra orden de pago por v\u00eda ejecutiva y auto que fij\u00f3 cauci\u00f3n y decreto de medidas cautelares (\u2026), ya que no cumple con los requisitos legales establecidos en la ley 1564 de 2012 en su art\u00edculo 430\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Tercera Civil Municipal de Santa Marta, aclar\u00f3 que el auto que libr\u00f3 orden de pago y dispuso medidas cautelares dentro de la ejecuci\u00f3n fustigada, \u00abfue proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, el 4 de marzo de 2019 en sede de recuso de apelaci\u00f3n contra el auto emitido por el Juzgado Tercero Civil Municipal en fecha 19\/04\/2018 que neg\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb, y que \u00abel auto del 07 de mayo de 2019, corresponde al prove\u00eddo mediante el cual este despacho judicial ordena el obedecimiento y cumplimiento a lo resuelto por el superior funcional en prove\u00eddos de 04\/03\/2019 y 09\/04\/2019 (este \u00faltimo mediante el cual se corrigi\u00f3 el primero de ellos)\u00bb. Por ello, pidi\u00f3 \u00abdesvincular a este juzgado de la acci\u00f3n de tutela [porque este], no vulner\u00f3 derecho fundamental al debido proceso del accionante\u00bb, y solicit\u00f3 \u00abnegar el amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio porque \u00abno se cumple con la inmediatez, toda vez que la providencia cuestionada emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad en sede de apelaci\u00f3n (\u2026) data del 4 de marzo de 2019, y la tutela se present\u00f3 el 16 de septiembre [de 2021] seg\u00fan el acta de reparto (\u2026), es decir, pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os desde aqu\u00e9l entonces\u00bb, frente a lo cual \u00abno se observa alguna causa que justifique la tardanza (\u2026), sin que sea de recibo el argumento de la actora relacionado con la interrupci\u00f3n de t\u00e9rminos decretado por el Consejo Superior de la Judicatura en raz\u00f3n a la pandemia por Covid-19, pues ello s\u00f3lo se dio a partir del 15 de marzo de 2020\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, precisando que \u00abcontra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago present\u00f3, dentro del t\u00e9rmino legal, el recurso de reposici\u00f3n, proponiendo las excepciones previas [y tambi\u00e9n], contestaci\u00f3n de la demanda proponiendo las excepciones de fondo, con el mismo argumento jur\u00eddico de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, y que si bien el tribunal \u00abtiene toda la raz\u00f3n\u00bb al referir en su fallo \u00abel principio de inmediatez (\u2026), debe tomar en consideraci\u00f3n, no solo los decretos relacionados con la interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos decretados por el Consejo Superior de la Judicatura en raz\u00f3n a la pandemia Covid-19, sino tambi\u00e9n (\u2026) los decretos que expidi\u00f3 el gobierno nacional de confinamiento obligatorio (\u2026), que restring\u00edan el derecho fundamental a la libre locomoci\u00f3n de los ciudadanos, lo cual imped\u00eda a la accionante hacer valer sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta -fungiendo como ad quem dentro del ejecutivo singular n\u00b0 2018-00181-, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la querellante, al haber librado orden de pago en su contra. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio deprecado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque no alcanza a superar tanto el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez como el de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Al estar dirigido el reproche constitucional contra la determinaci\u00f3n que libr\u00f3 mandamiento de pago, el impedimento de procedibilidad en comento se configura porque tal actuaci\u00f3n est\u00e1 contenida en los autos proferidos -en sede de apelaci\u00f3n-, el 4 de marzo de 2019, corregido el 9 de abril del mismo a\u00f1o, mientras la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 16 de septiembre de 2021, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar los seis (6) meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 00320-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC16397-2021, 1\u00b0 dic. 2021, rad. 00956-01). Se subraya. <\/p>\n
Ahora, por cuanto la actora adujo que su demanda s\u00ed cumpl\u00eda el principio de temporalidad, porque, en su criterio, no le fue posible presentarla antes debido a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid-19, para la Sala tal excusa no constituye situaci\u00f3n que afectara estrictamente a la interesada para acudir oportunamente a la administraci\u00f3n de justicia, por el contrario, se muestra infundada por no constituir un motivo v\u00e1lido para justificar su inactividad, pues, la demandante, adem\u00e1s de encontrarse representada en el desarrollo procesal por abogado, no prob\u00f3 motivos ajenos a su voluntad que impidieran acudir tempranamente a la salvaguarda. <\/p>\n
N\u00f3tese que, para adoptar la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, como medida transitoria por motivos de salubridad p\u00fablica, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020, precis\u00f3 que \u00abse except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela\u00bb, disposici\u00f3n que se mantuvo en las reglamentaciones posteriores. <\/p>\n
En este orden, como la referida suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales no se extendi\u00f3 a las acciones de tutela, aunado a que la informalidad en la presentaci\u00f3n es una de sus caracter\u00edsticas y a que las distintas instancias judiciales han abierto y conservado los canales virtuales para su instauraci\u00f3n y tr\u00e1mite, la situaci\u00f3n excepcional de la pandemia no tuvo efecto frente al requisito de inmediatez; por ende, no fue demostrada la existencia de motivo o circunstancia que justifique la tardanza de la accionante para recurrir a este instrumento constitucional. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de este presupuesto se predica en la modalidad de prematura, habida cuenta la existencia de otros medios de defensa judicial que est\u00e1n en curso y a\u00fan no se han definido al interior del proceso. <\/p>\n
Ciertamente, por encaminarse la acci\u00f3n a que se ordene al querellado reconsiderar la idoneidad del t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n, porque en criterio de la quejosa, \u00abel pagar\u00e9 No. 98235 de fecha 20 de junio de 2017, no cumple con los requisitos legales\u00bb de que tratan los art\u00edculos 430 y 422 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como porque \u00abno fue endosado en procuraci\u00f3n para el cobro judicial\u00bb, entre otras \u00abfalencias\u00bb ampliamente descritas, ello constituye una pretensi\u00f3n cuya definici\u00f3n desborda la actual competencia del sentenciador constitucional, en la medida en que anticipar\u00eda la resoluci\u00f3n de fondo que habr\u00eda de adoptar el juez de conocimiento, ya que \u00abcon el mismo argumento jur\u00eddico de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, la all\u00ed demandada plante\u00f3 \u00abexcepciones de fondo\u00bb, las cuales, por la etapa preliminar en que se halla el juicio, no han sido desatadas. <\/p>\n
As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de la postura asumida al desestimar el recurso de reposici\u00f3n propuesto v\u00eda excepci\u00f3n previa, para que al cabo de ello decidiera librar orden de apremio contra la hoy reclamante, la discusi\u00f3n atinente a los requisitos que el C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s normativa prev\u00e9 para viabilizar o no su cobro judicial, a\u00fan no se ha resuelto de fondo por parte del funcionario cognoscente en las oportunidades procesales pertinentes, pues el litigio a\u00fan est\u00e1 en etapa de notificaci\u00f3n y traslados. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sala (STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, y STC4808-2017, 5 abr. 2017, rad. 00694-00, entre otras), ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, no concluyen con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago. <\/p>\n
En consecuencia, se reitera que mientras est\u00e9n en tr\u00e1mite otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados al acusado, la tutela resulta impertinente por prematura, toda vez que, \u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC12818-2021, 29 sep. 2021, rad. 01824-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, toda vez que no se satisfacen los requisitos generales de la inmediatez y de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones desarrolladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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