STC979-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC979-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00392-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 15 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Uribe Ruiz contra el Juzgado Catorce de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00ba 2018-00761. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al resolver las excepciones previas que propuso en el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que impetr\u00f3 en su contra Diana Patricia G\u00f3mez Mazo, el cual se adelanta ante el Juzgado Catorce de Familia de Medell\u00edn, present\u00f3 \u00abexcepci\u00f3n previa de pleito pendiente\u00bb, aduciendo \u00abque cursa en el Tribunal Arquidiocesano de Medell\u00edn demanda de nulidad del matrimonio cat\u00f3lico promovida por \u00c1lvaro Uribe Ruiz contra [Diana] Patricia G\u00f3mez Mazo por la misma causal: bigamia de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Que tambi\u00e9n propuso \u00abexcepciones de m\u00e9rito (sic)\u00bb, pretendiendo se declare que \u00abel matrimonio no estuvo sujeto al r\u00e9gimen de comunidad de bienes por inexistencia de sociedad conyugal y que la sociedad ya fue liquidada\u00bb, en tanto: \u00abi) la se\u00f1ora Diana G\u00f3mez hab\u00eda contra\u00eddo v\u00ednculo legal con el se\u00f1or Herrera Morales en diciembre 2 de 1991; ii) la sentencia de nulidad de este primer matrimonio fue del 21 de abril de 1995 por la bigamia o existencia de v\u00ednculo matrimonial anterior; y, iii) que el 13 de agosto de 1993 -estando vigente la sociedad conyugal del lazo anterior- contrajo segundo matrimonio con el demandante \u00c1lvaro Uribe Ruiz\u00bb. <\/p>\n
Que, con prove\u00eddo del 21 de julio de 2021, el juzgado \u00abniega ambas defensas\u00bb al sostener \u00abla irretroactividad de la nulidad frente al v\u00ednculo Herrera-G\u00f3mez, permitiendo la coexistencia de la sociedad conyugal Uribe-G\u00f3mez\u00bb; que, tras el recurso de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume, pues el tribunal \u00abdeclar\u00f3 inadmisible la alzada\u00bb y no accedi\u00f3 al de s\u00faplica. <\/p>\n
Que la anterior determinaci\u00f3n, \u00abde manera err\u00e1tica\u00bb otorga \u00abviabilidad a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal del matrimonio declarado nulo, en abierto defecto material al desconocer que la ley adaptable al caso es el contenido en el numeral 12 del art\u00edculo 140 CC\u00bb, que prev\u00e9 \u00abla inexistencia de la nueva sociedad conyugal (del segundo matrimonio), cuando la nulidad (del primer matrimonio) se apoya (\u2026) en la subsistencia de un v\u00ednculo matrimonial anterior\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abdejar sin efectos los autos del 21 de julio y 12 de agosto de 2021, proferidos dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal\u00bb, y como consecuencia, \u00abordenarle al juzgado proferir nueva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez Catorce de Familia de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que en el liquidatorio en cuesti\u00f3n \u00abse ha surtido el tr\u00e1mite con estricto respeto al derecho de defensa y apego a las normas procesales que rigen la materia\u00bb, y en particular la decisi\u00f3n del 21 de julio de 2021, \u00abfue motivada y sustentada por parte del despacho de manera adecuada\u00bb, como tambi\u00e9n lo fue el \u00abinterlocutorio del doce de agosto, negando la reposici\u00f3n y concediendo la apelaci\u00f3n\u00bb. Acot\u00f3 que al haber declarado el superior la improcedencia de la apelaci\u00f3n, \u00abel proceso ha seguido su curso y a la fecha se encuentra pendiente para la diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n
2. Diana Patricia G\u00f3mez Mazo, contraparte en el pleito cuestionado por el actor, defendi\u00f3 la postura del juzgado al se\u00f1alar que las decisiones de este \u00abson acordes al derecho y a su conocimiento y no se puede pretender que mediante una acci\u00f3n se tutela se cambien su autonom\u00eda\u00bb. Destac\u00f3, entre otras apreciaciones, que conoci\u00f3 al se\u00f1or Uribe cuando lo \u00abvisit\u00f3 su oficina para que \u00e9l le iniciara el proceso de nulidad del matrimonio con el se\u00f1or Morales, pero a\u00fan \u00e9l teniendo conocimiento de dicho proceso y siendo el abogado que la asesor\u00f3 para que iniciara la nulidad del matrimonio anterior, la enamor\u00f3 y la indujo en error para que se casara con \u00e9l, y hoy quiere hacer ver ese acto como si fuera \u00e9l la v\u00edctima, en el cual est\u00e1 alegando su propia culpa, pero si bien fue declarado nulo el primer matrimonio el segundo naci\u00f3 plenamente a la vida jur\u00eddica\u00bb. Pidi\u00f3 declarar improcedente la tutela \u00abya que dentro del proceso existen m\u00e1s medios de defensa, toda vez que el proceso en la actualidad est\u00e1 en sus etapas procesales y no se ha dictado sentencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al estimar que la pretensi\u00f3n impetrada la defini\u00f3 el juzgado en sede de reposici\u00f3n, y que su superior funcional no admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n como tampoco el de s\u00faplica, por lo que, \u00abel objeto de la misma ya fue desatado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sin que sea viable que el juez constitucional avoque nuevamente su estudio como si se tratase de una v\u00eda alternativa o, si se quiere, una tercera instancia (\u2026). De ah\u00ed que el s\u00f3lo hecho de que el querellante disienta del soporte de la decisi\u00f3n de la que se duele, no abre camino a la prosperidad del resguardo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor para insistir en los argumentos de su demanda, y afirmar que si bien \u00abpor v\u00eda de tutela no es procedente imponer un criterio interpretativo al operado judicial (\u2026), si [procede] esa interpretaci\u00f3n [cuando] es contraria a una norma aplicable al caso\u00bb, y por ello constituir \u00abdefecto sustantivo\u00bb. Asever\u00f3 que \u00abla interpretaci\u00f3n del auto atacado fue caprichosa, no porque haya sido arbitraria y sin fundamento legal alguno, sino porque se apart\u00f3 sin respaldo legal y\/o jurisprudencial del alcance que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de interpretaci\u00f3n ha dado al art. 25 de la Ley 1\u00aa de 1976, que modific\u00f3 el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil cuando de manera inequ\u00edvoca ha defendido la prohibici\u00f3n de concurrencia de dos sociedades universales en un mismo tiempo. Esto es, al momento de la celebraci\u00f3n del segundo matrimonio cat\u00f3lico o civil (incluyendo las uniones maritales de hecho)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Catorce de Familia de Medell\u00edn, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el accionante, al resolver las excepciones previas planteadas dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal n\u00b0 2018-00761, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se establece que la sentencia denegatoria del amparo habr\u00e1 de ser confirmada, porque la actuaci\u00f3n censurada no constituye defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
La razonabilidad se predica de la providencia proferida por el despacho querellado el 21 de julio de 2021, mediante la cual resolvi\u00f3 \u00abnegar la prosperidad de las excepciones previas denominadas pleito pendiente, que el matrimonio no estuvo sujeto al r\u00e9gimen de comunidad de bienes por inexistencia de sociedad conyugal, y que la sociedad conyugal ya fue liquidada\u00bb, ratificada en sede de reposici\u00f3n con prove\u00eddo el 12 de agosto de la misma anualidad, pues se advierte que si bien se concedi\u00f3 el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n, este no fue admitido por el superior del accionado al encontrar que tal decisi\u00f3n no era susceptible de dicho medio ordinario de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, frente a la excepci\u00f3n de \u00abpleito pendiente\u00bb, en el auto inicial, luego de memorar que deben confluir para ello, \u00abque exista otro proceso en curso; que las partes sean unas mismas, que las pretensiones sean id\u00e9nticas, y que por ser la misma causa est\u00e9n soportadas en iguales hechos\u00bb, y que estos \u00abtienen que ser concurrentes, o sea, deben darse simult\u00e1neamente\u00bb, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abPara el efecto, en la constancia expedida por el Tribunal Arquidiocesano, se puede verificar que existe identidad de partes entre los aqu\u00ed demandantes y los contendientes ante dicha entidad, y el proceso efectivamente a\u00fan est\u00e1 en curso pues apenas en el mes de febrero de los corrientes se interpuso la petici\u00f3n de nulidad matrimonial\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la identidad de pretensiones, es evidente que mientras el proceso de nulidad de matrimonio cat\u00f3lico pretende dejar sin efectos el matrimonio que existi\u00f3 entre las partes por el v\u00ednculo sacramental, la pretensi\u00f3n del proceso liquidatorio es repartir unos bienes, que bien en raz\u00f3n a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal o por voluntad de las partes, debe ser repartido. <\/p>\n
En caso de que se anule el matrimonio cat\u00f3lico por parte de la autoridad religiosa, el fallo del tribunal eclesi\u00e1stico \u00fanicamente tendr\u00e1 efectos civiles a partir del momento en que se registre la sentencia del Juzgado de Familia competente que homologue dicha decisi\u00f3n y a\u00fan no ha sido refrendada y dicho fallo en todo caso, no tendr\u00eda injerencia en la posibilidad de liquidar la sociedad conyugal. <\/p>\n
(\u2026) En consecuencia, no existe pleito pendiente, se trata de dos procesos con identidad de partes, pero sin identidad de pretensiones y los hechos en que se deben sustentar son distintos\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, con soporte en fallo dictado por esta Corte (SC, 1\u00b0 oct. 2004, exp. 1998-01175-01), donde se analizaron consecuencias de la nulidad matrimonial por la causal contenida en el numeral 12 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Civil, concluy\u00f3 que \u00abal existir la nulidad por bigamia del matrimonio con Edgar Antonio Herrera Morales ya que aquel ten\u00eda un matrimonio anterior, no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica la sociedad conyugal, lo que significa que no podr\u00eda hablarse de coexistencia de sociedad conyugal con el aqu\u00ed demandado, pues la que se alega como preexistente se dej\u00f3 claro judicialmente que no se conform\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que \u00abla bigamia que declar\u00f3 nulo el matrimonio de la demandante, lo fue en relaci\u00f3n con el v\u00ednculo conyugal frente al se\u00f1or Edgar Antonio Herrera Morales y como bien lo expresa la Corte Constitucional, aqu\u00ed no puede predicarse que existi\u00f3 la disoluci\u00f3n de sociedad conyugal alguna, pues por existir otro matrimonio de Edgar Antonio Herrera Morales con una tercera persona, se impidi\u00f3 que naciera a la vida jur\u00eddica la sociedad conyugal con Diana Patricia G\u00f3mez Mazo. De ah\u00ed vuelve y se repite, que la sociedad conyugal que se conform\u00f3 entre la citada Diana Patricia y \u00c1lvaro Uribe Ru\u00edz, a la fecha se encuentra disuelta y por tanto puede ser liquidada\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n fundada en que \u00abla sociedad conyugal ya fue liquidada\u00bb, asever\u00f3 que tal impedimento procesal tampoco prosperaba, \u00abya que no existe prueba id\u00f3nea en el proceso que demuestre que las partes en forma verbal realizaron la liquidaci\u00f3n y que pese a que posteriormente levantaron una escritura p\u00fablica en la cual consignaron la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, hayan omitido indicar en qu\u00e9 forma se repartieron los bienes que conformaban el haber conyugal. Una cosa es el t\u00edtulo y otra cosa el contenido y de la lectura de la escritura p\u00fablica no se colige que se realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Luego, en prove\u00eddo del 12 de agosto de 2021, ratific\u00f3 la anterior postura, asegurando que: <\/p>\n
\u00abEn verdad por la causal de bigamia no se puede generar una segunda sociedad conyugal, pero lo que aqu\u00ed ocurri\u00f3 es que se configur\u00f3 la causal de bigamia frente al primer matrimonio de la demandante, pero no por su causa, sino por la de su c\u00f3nyuge quien ten\u00eda una matrimonio vigente, as\u00ed las cosas, no se conform\u00f3 al primer matrimonio de la se\u00f1ora Diana Patricia G\u00f3mez Maso y al no existir jur\u00eddicamente dicho matrimonio porque se declar\u00f3 nulo, el segundo matrimonio s\u00ed surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica y consecuentemente por no celebrar capitulaciones matrimoniales tambi\u00e9n se conform\u00f3 la sociedad conyugal y es \u00e9sta, la que aqu\u00ed se pretende liquidar. <\/p>\n
Con respecto a la alegada liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal ya finiquitada seg\u00fan lo afirmado por el demandado y que consta en la misma escritura p\u00fablica de divorcio, este Despacho se sostiene en su posici\u00f3n, de que dicha escritura no hizo menci\u00f3n alguna a la distribuci\u00f3n de los bienes por lo que no es \u00fanicamente el t\u00edtulo que se d\u00e9 a los actos, es el contenido del negocio jur\u00eddico celebrado, el que le da vida al contrato, y en la supuesta liquidaci\u00f3n efectuada por las partes no existe menci\u00f3n del inventario de bienes y deudas de la sociedad conyugal ni tampoco la forma en la que se distribuy\u00f3 el haber de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Es contradictorio alegar que no se conform\u00f3 la sociedad conyugal y asimismo argumentar que la misma sociedad conyugal que no se conform\u00f3, se liquid\u00f3 por la escritura p\u00fablica en la cual se realiz\u00f3 un acuerdo sobre el divorcio\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En este orden, la Sala reitera que es inviable el auxilio cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso a la protecci\u00f3n deprecada, porque: <\/p>\n
\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC16135-2021, 26 nov. 2021, rad. 00701-01). <\/p>\n
As\u00ed, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador del amparo para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al del accionado y reprochar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues esta no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n que el demandante censura, no comportan desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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