STC981-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC981-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02633-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 \u2013EAAB, contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del tr\u00e1mite accesorio a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Empresa de Servicios P\u00fablicos actora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso de expropiaci\u00f3n que adelanta contra H\u00e9ctor Ar\u00e9valo C\u00e1rdenas, radicado No. 2006-00376. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se \u00abdeclar[e] que los autos del 22 de febrero de 2021 auto que abre a pruebas, auto del 20 de mayo de 2021 donde se fija indemnizaci\u00f3n definitiva y el auto del 17 de agosto de 2021 y auto del 19 de noviembre de 2021, donde se ordena mandamiento de pago, proferidos por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, viol\u00f3 el art\u00edculo 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, y en consecuencia, ordenar al precitado estrado \u00abrevocar y ajustar a derecho los autos (\u2026) acorde a lo establecido en los procesos especiales de expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que luego de decretada la expropiaci\u00f3n dentro del referido asunto, el 20 de mayo de 2021 se fij\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n con sustento en un dictamen pericial aportado por la parte demandada que carece de \u00abrigor t\u00e9cnico\u00bb, porque categoriza err\u00f3neamente el predio expropiado; no documenta los usos permitidos para el mismo, se fundamenta en normas equivocadas; hace un estudio de mercado con predios que no son comparables ni verificables; establece un da\u00f1o emergente y un lucro cesante \u00abdesproporcionado\u00bb que no consulta las reglas que aplican para su determinaci\u00f3n; y, fue elaborado por un profesional sin la \u00abcalidad\u00bb requerida; adem\u00e1s, dice, el juez analiz\u00f3 indebidamente la prueba y en \u00faltimas, gener\u00f3 un detrimento patrimonial \u00abpor desproporcionalidad en la valoraci\u00f3n del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb, circunstancias por las cuales pide que el juez de tutela intervenga a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a. El Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esta capital se\u00f1al\u00f3, que el auto del 20 de mayo de 2021 fue atacado extempor\u00e1neamente por la aqu\u00ed accionada mediante el recurso de reposici\u00f3n; que el 17 de agosto siguiente libr\u00f3 mandamiento de pago por el valor de la indemnizaci\u00f3n aprobada, decisi\u00f3n que se encuentra en firme; y, que el 19 de noviembre posterior orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue atacada por la empresa aqu\u00ed inconforme a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, mecanismos que se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque \u00abla susodicha indemnizaci\u00f3n se aprob\u00f3 m\u00e1s de \u201cseis meses\u201d1 antes de la fecha en la que la EAAB inco\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que hoy decide el Tribunal (26 de noviembre de 2021)\u00bb; aunado a que \u00abcontra el auto de 20 de mayo de 2021, la hoy interesada no formul\u00f3, de forma oportuna, ning\u00fan tipo de recurso encaminado a discutir la valoraci\u00f3n y argumentaci\u00f3n que esgrimi\u00f3 el juez natural en sustento de esa decisi\u00f3n, incluyendo lo atinente a la idoneidad probatoria que reconoci\u00f3 a la prueba pericial aportada por la parte demandada. Nada en sentido contrario se afirm\u00f3 en la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la empresa gestora, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, pero haciendo \u00e9nfasis en que es deber del juez de tutela intervenir en la decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento debido a los defectos que presenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 ESP se queja, en lo fundamental, de lo determinado el 20 de mayo de 2021 del Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, de \u00abtasar la indemnizaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 62 de la Ley 378 de 1997, dentro del presente proceso, en la suma de mil novecientos noventa y seis millones cincuenta y tres mil ochocientos noventa y seis pesos ($1.996\u00b4053.896)\u00bb, dentro del proceso de expropiaci\u00f3n judicial que promovi\u00f3 contra H\u00e9ctor Ar\u00e9valo C\u00e1rdenas, pues en sentir su sentir, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba obrantes en el decurso. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 al definir la indemnizaci\u00f3n a pagar por la expropiaci\u00f3n decretada dentro del referido juicio, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa decisi\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquella haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, la empresa de servicios p\u00fablicos accionante dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 ESP se soporta, b\u00e1sicamente, en lo determinado por el juez cognoscente en la tantas veces mencionada decisi\u00f3n, seg\u00fan su dicho, por la indebida valoraci\u00f3n de las probanzas, ha debido atacar lo decidido recurriendo en reposici\u00f3n, por ser \u00e9sta una herramienta eficaz a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, pero en vez de ello, formul\u00f3 extempor\u00e1neamente recurso vertical, el cual fue rechazado el 9 de junio de 2021. <\/p>\n
Por consiguiente, como le correspond\u00eda a la parte actora exponer dentro del proceso criticado la inconformidad que trae a esta sede excepcional, mediante el uso efectivo de los medios de defensa con que all\u00e1 cont\u00f3, pero no procedi\u00f3 as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto dentro del proceso, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 el mecanismo procesal para viabilizarlo, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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