STC982-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC982-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00861-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 14 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eli\u00e9cer Ramos D\u00edaz contra los Juzgados Tercero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de Soledad, Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las determinaciones a trav\u00e9s de las cuales, en su orden, se i) acept\u00f3 la oposici\u00f3n al secuestro efectuado respecto del veh\u00edculo identificado con placa WEQ-010, por parte de Jenny del Carmen Aguirre; y, ii) se mantuvo esa determinaci\u00f3n al resolverse la alzada, en el marco del juicio ejecutivo singular adelantado por \u00e9l promovido contra Juan Pablo Cerquera Ome, identificado con el consecutivo 2019-00262. <\/p>\n
Por esas circunstancias, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando \u00aba los despachos judiciales accionados dejar sin validez las providencias que aceptaron la oposici\u00f3n realizada por la tercera\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo el interesado en lo esencial, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en desarrollo de la contienda memorada \u00abse orden\u00f3 el embargo y secuestro del veh\u00edculo de placas WEQ-010\u00bb de propiedad del deudor Juan Pablo Cerquera Ome, quien no promovi\u00f3 defensa alguna; que mediante auto de 14 de enero de 2020, se termin\u00f3 el juicio por el contrato de daci\u00f3n en pago celebrado respecto del automotor cautelado; no obstante, dice, la se\u00f1ora Jenny del Carmen Aguirre Perdomo, tras \u00abmanifest[ar] ser la poseedora\u00bb de \u00e9ste, se opuso a la diligencia de secuestro, solicitud que se abstuvo de tramitar el Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad en auto adiado 20 de febrero de 2020, decisi\u00f3n reiterada en prove\u00eddos del 5 y 26 de agosto de esa misma anualidad; empero, el 1\u00b0 de octubre postrero, luego de efectuar un \u00abcontrol de legalidad\u00bb, dicho operador judicial invalid\u00f3 las citadas determinaciones, para en su lugar, tramitar el respectivo incidente, sobre el que se decidi\u00f3 en la diligencia llevada a cabo el 21 de febrero de 2021, reconociendo la calidad alegada por Aguirre Perdomo y, por contera, dejando sin valor ni efecto el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Indica que apelada esa decisi\u00f3n, fue confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la mencionada circunscripci\u00f3n en auto del 16 de septiembre siguiente, motivos por los que, asegura, se encuentra habilitado para acudir a la presente v\u00eda excepcional, comoquiera que la opositora no cuenta con un \u00abdocumento id\u00f3neo\u00bb que acredite la calidad que dice ostentar, por lo que a trav\u00e9s de la \u00absana cr\u00edtica\u00bb debe realizarse una \u00abponderaci\u00f3n de los hechos\u00bb invocados por aqu\u00e9lla, as\u00ed como de las pruebas que se tuvieron en cuenta para reconocerle la condici\u00f3n de poseedora. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
b. Por su parte, el Juez Segundo Civil del Circuito de la antedicha localidad puso de presente, que \u00abmediante auto calendado 16 de septiembre de 2021, notificado por estado No. 126 del 17 del mismo mes y a\u00f1o, el despacho resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto confirmando el auto de fecha 16 de febrero de 2021 proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD, notificado por estrado en audiencia de que trata el art\u00edculo 309 del C.G.P, el cual decidi\u00f3 declarar prospera la oposici\u00f3n presentada por la tercera interesada YENI DEL CARMEN AGUIRRE PERDOMO, y en consecuencia orden\u00f3 la entrega del veh\u00edculo de placas WEQ-010. <\/p>\n
El Despacho fundament\u00f3 su decisi\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 309 del CGP, y considerando que la se\u00f1ora YENNI DEL CARMEN AGUIRRE PERDOMO era la actual poseedora del veh\u00edculo identificado con placas WEQ010, por lo que cumpl\u00eda con los requisitos exigidos para oponerse a la entrega del veh\u00edculo al ejecutante, y acredit\u00f3 con las pruebas practicadas dicha calidad, asimismo se tiene que contrario a lo manifestado por el recurrente, el hecho de que no existiera un contrato de venta no deslegitima la posesi\u00f3n que alega la opositora, ya que no es relevante para la prosperidad de la oposici\u00f3n el acreditar propiedad sino la posesi\u00f3n del bien\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, el se\u00f1or Leopoldo Ovalle Rodr\u00edguez, vinculado al presente asunto, dijo coadyuvar la solicitud del accionante, toda vez que son falsas las afirmaciones de la se\u00f1ora Aguirre Perdomo, pues ella s\u00f3lo fung\u00eda como \u00abadministradora\u00bb del veh\u00edculo objeto de cautela, pues para tal fin se lo entreg\u00f3, luego de no poder cumplir con la misma encomienda que le fue efectuada por el propietario inscrito, el se\u00f1or Juan Pablo Cerquera Ome, ante los quebrantos de salud que present\u00f3, m\u00e1xime cuando contrario a lo que ella dice, nunca le \u00abvendi\u00f3\u00bb el automotor pues, a ciencia cierta, no ten\u00eda capacidad legal para tal negocio por no ser el \u00abdue\u00f1o\u00bb de dicho bien. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla \u2013Sala Civil Familia, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque, luego de analizados los argumentos expuestos en las providencias cuestionadas advirti\u00f3, de un lado, que \u00ab[l]a providencia dictada por el juez civil municipal convocado obedece a un an\u00e1lisis detallado de los hechos motivos de la oposici\u00f3n planteada por la tercera poseedora, as\u00ed como, de los elementos de convicci\u00f3n habidos en el tr\u00e1mite incidental en el referido proceso ejecutivo. Tr\u00e1mite en el que se tuvieron como pruebas los documentos aportados; los interrogatorios de los interesados, Jenny Aguirre y Eliecer Ramos D\u00edaz; los testimonios de los se\u00f1ores Wilton Rafael Sanz Mutis y Leopoldo Ovalle Rodr\u00edguez, y en el que se concluy\u00f3 que la se\u00f1ora Jenny Aguirre, ostenta la calidad de poseedora del veh\u00edculo automotor, materializ\u00e1ndose en ella, los requisitos establecidos por la normatividad al respecto, tales como: 1) que la opositora posea la cosa que se encuentra embargada; 2) que la opositora no sea parte en el proceso; 3) que se encuentren hechos constitutivos de la posesi\u00f3n; 4) que exista una prueba sumaria de esa posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, y acerca de la decisi\u00f3n con la que se zanj\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el aqu\u00ed interesado, puso de presente que \u00ab[p]untualiz\u00f3 el operador judicial, despu\u00e9s de recordar el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, que \u2018el acervo probatorio presentado por la tercera interesada en calidad de poseedora los cuales reposan en el expediente que nos ocupa, se observa que la se\u00f1ora YENNI DEL CARMEN AGUIRRE PERDOMO es la actual poseedora del veh\u00edculo identificado con placas WEQ010, por lo que cumple con los requisitos exigidos para oponerse a la entrega del veh\u00edculo al ejecutante, y acredita con las pruebas practicadas dicha calidad, v\u00e9ase que contrario a lo manifestado por el recurrente, el hecho de que no exista un contrato de venta no deslegitima la posesi\u00f3n que alega la opositora a la alega, ya que no es relevante para la prosperidad de la oposici\u00f3n el acreditar propiedad sino la posesi\u00f3n del bien. Por lo anterior, encuentra esta Agencia Judicial, razones suficientes para CONFIRMAR en todas sus partes\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abas\u00ed, que la decisi\u00f3n atacada respondi\u00f3 sin m\u00e1s el reparo planteado por el recurrente, y, en la misma no es posible advertir desfase o arbitrariedad en lo decidido que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. S\u00famese, que le\u00edda en integridad la demanda de tutela m\u00e1s all\u00e1 de la narraci\u00f3n descrita el petente no indic\u00f3 la presunta conducta irregular, antojadiza en la que incurrieron los despachos judiciales accionados. Eventualidad que se torna esencial cuando lo atacado es una providencia judicial. En ese orden de ideas, como se anticip\u00f3 la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 llamado al fracaso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas relacionadas en la demanda de amparo, que daban cuenta de los yerros cometidos por las autoridades jurisdiccionales enjuiciadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Ramos D\u00edaz cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, los autos calendados 21 de febrero y 16 de septiembre de 2021, a trav\u00e9s de los cuales los Juzgados Tercero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, los dos de Soledad, Atl\u00e1ntico, en su orden, a.) estimaron la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro del veh\u00edculo de placas WEQ-010, propuesta por la tercera Yenni del Carmen Aguirre Perdomo; y, se b.) confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n al resolverse la alzada, a la luz del juicio ejecutivo singular que promovi\u00f3 el aqu\u00ed accionante en contra de Juan Pablo Cerquera Ome. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n con la que se resolvi\u00f3 la \u00faltima de las mentadas providencias -por ser aquella con la que se zanj\u00f3 la tem\u00e1tica, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. El estrado de segundo grado accionado empez\u00f3 por considerar, que la queja del apelante (aqu\u00ed interesado), se ciment\u00f3 en los siguientes alegatos, a saber: <\/p>\n
\u00ab[l]a parte apelante, manifiesta su inconformidad, contra el auto del 16 de febrero del 2021 notificado por estrado en audiencia de que trata el art\u00edculo 309 del CGP el cual resolvi\u00f3 declarar prosperar la oposici\u00f3n presentada por la tercera interesada YENI DEL CARMEN AGUIRRE PERDOMO y en consecuencia ordenarle la entrega del veh\u00edculo de placas WEQ010, manifestando lo siguiente: <\/p>\n
\uf0b7 Que el demandante ELIECER RAMOS DIAZ se encuentra legitimado para presentar el proceso ejecutivo de la referencia. <\/p>\n
\uf0b7 Que la opositora YENNI DEL CARMEN AGUIRRE no es la poseedora del bien sino la mera tenedora, teniendo en cuenta que no se le hizo venta del bien. <\/p>\n
\uf0b7 Solicita al juez en segunda instancia sea revocado en todas sus partes el auto recurrido\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, precis\u00f3 que importante resultaba indicar, que el legislador se\u00f1al\u00f3 en el canon 309 del C\u00f3digo General del Proceso (aplicable al tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n presentada frente a la diligencia de secuestro por remisi\u00f3n que hace la regla 2\u00aa del canon 596 ejusdem), los requisitos y el rito que debe cumplirse para la prosperidad de dicho mecanismo de defensa del tercero que alega ser poseedor del bien cautelado, frente a lo cual expres\u00f3, que en el caso de marras \u00abse observa que la se\u00f1ora YENNI DEL CARMEN AGUIRRE PERDOMO es la actual poseedora del veh\u00edculo identificado con placas WEQ010, por lo que cumple con los requisitos exigidos para oponerse a la entrega del veh\u00edculo al ejecutante, y acredita con las pruebas practicadas dicha calidad, v\u00e9ase que contrario a lo manifestado por el recurrente, el hecho de que no exista un contrato de venta no deslegitima la posesi\u00f3n que alega la opositora, ya que no es relevante para la prosperidad de la oposici\u00f3n el acreditar propiedad sino la posesi\u00f3n del bien. Por lo anterior, encuentra esta Agencia Judicial, razones suficientes para CONFIRMAR en todas sus partes el auto recurrido, decret\u00e1ndolo de tal manera en la parte resolutiva de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
3.2. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
4. Y a\u00fan m\u00e1s relevante que lo anterior, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, se halla demostrado que el se\u00f1or Ramos D\u00edaz, en un acto constitutivo de incuria, no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, pues desaprovech\u00f3 la oportunidad con que contaba de acuerdo con el precepto 287 del C\u00f3digo General del Proceso, para solicitar al ad quem la adici\u00f3n del prove\u00eddo que desat\u00f3 la alzada, en punto de solicitar al Juez del Circuito convocado las razones por las cuales, seg\u00fan su dicho, no estudi\u00f3 de manera detallada cada uno de los medios probatorios recaudados y que sirvieron de base para la prosperidad de la oposici\u00f3n; luego entonces, no puede acudir al amparo \u00aben pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
5. Corolario de discurrido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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