STC984-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC984-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00639-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maryli Palacios Vallecillas, Tito Palacios S\u00e1nchez y Eilin Xiomara Godoy Palacio, contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al haberles negado la entrega de t\u00edtulos judiciales, en el marco del proceso de responsabilidad civil extracontractual que promovieron contra la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda, con rad. No. 2018-00678. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se les conceda el resguardo deprecado, para que se ordene al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn, \u00abproceda a expedir el t\u00edtulo judicial por valor de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($60.871.242)\u00bb, en el interior del citado asunto. <\/p>\n
Se\u00f1alan que, aunque atacaron en reposici\u00f3n esa decisi\u00f3n, pues se estaba haciendo una interpretaci\u00f3n restrictiva de los art\u00edculos 60 y 323 del C\u00f3digo General del proceso, el citado Despacho mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, incluso, desconociendo que \u00abson personas de bajos recursos econ\u00f3micos (\u2026) de manera que los dineros indebidamente retenidos (\u2026) son requeridos (\u2026) para satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas\u00bb, lo que, dicen, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La apoderada general de La Equidad Seguros S.A., despu\u00e9s de referirse a cada uno de los hechos expuestos por los actores, precis\u00f3 que \u00abse atiene a lo que la sala de decisi\u00f3n (\u2026) decida frente a la solicitud de entrega de t\u00edtulos a favor de los accionantes, esto por cuanto no se considera que exista impedimento legal para hacerlo, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el recurso de apelaci\u00f3n fue admitido en el efecto devolutivo y que lo resuelto en cuanto al pago que deb\u00eda realizar Equidad Seguros Generales O.C. no fue materia de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir que \u00abno se observa que el despacho acusado incurri\u00f3 en un proceder contrario al ordenamiento jur\u00eddico, pues lo esbozado se encuentra edificado en argumentaciones que no resultan caprichosas, de tal suerte que al margen de que se comparta o no, la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada no puede ser interferida por la jurisdicci\u00f3n constitucional. Adicionalmente existe una prohibici\u00f3n legal de entregar dineros si la sentencia se encuentra en apelaci\u00f3n, sin que sea argumento que dentro de los reparos no se hagan menci\u00f3n a los dem\u00e1s demandantes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes recurrieron el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de los se\u00f1ores Maryli, Tito y Eilin Xiomara, est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la decisi\u00f3n tomada el 2 de diciembre pasado por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn, de \u00abNO REPONER\u00bb el auto del 28 de octubre anterior, a trav\u00e9s del cual se les neg\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos judiciales obrantes dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que junto con Katherine Kendy Palacios Vallecillas, promovieron en contra de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda y otros, pues en su sentir, la alzada que formul\u00f3 la citada codemandante contra el fallo de primer grado, de manera alguna impide la entrega de esos dineros. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Civil del Circuito convocado, para mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n de negar la entrega de t\u00edtulos judiciales reclamados por los aqu\u00ed interesados, sencillamente advirti\u00f3, que la \u00absentencia no est\u00e1 en firme, pues la misma se encuentra surtiendo el recurso de alzada que se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo. Al haberse concedido la apelaci\u00f3n en el mencionado efecto, resulta imperativo acatar la prohibici\u00f3n expresa de entrega de dineros consagrada en el inciso final del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, siendo adem\u00e1s imperativo aplicar el canon 13 \u00eddem en cuanto que \u00ab[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, por lo que deben ser acatadas tanto por el Juez como por las partes\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al precedente jurisprudencial mencionado por los aqu\u00ed actores, indic\u00f3 que \u00abno es aplicable en este proceso, pues en el asunto analizado en la Sentencia STL10047-2021 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia alude a un proceso en donde se concedi\u00f3 la CASACI\u00d3N, para el cual, no est\u00e1 consagrada la prohibici\u00f3n de entrega de bienes cuando el recurso se encuentra en tr\u00e1mite, salvo que se preste cauci\u00f3n (Art. 341 del C. G. del P)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Juzgado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed demandantes), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por los gestores del amparo, la decisi\u00f3n del Juez convocado se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable al asunto, y si bien en el litigio se constituy\u00f3 un litisconsorcio facultativo respecto de los demandantes, lo cierto es que, como qued\u00f3 visto, la no entrega de los dineros obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica razonable del inciso segundo del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, que es prohibitivo expresamente respecto de la entrega de capitales u otros bienes, con independencia de qui\u00e9n sea el apelante o apelantes; luego, en tal orden de cosas, se itera, dicho razonamiento estuvo ponderado en las normas jur\u00eddicas vigentes, lo que descarta la imperiosa intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Por otra parte, y en lo que tiene que ver con el argumento de los gestores del amparo tendientes a que se tenga en cuenta el precedente de la hom\u00f3loga especializada en lo Laboral de esta Corte en sentencia STL10047-2021, basta con se\u00f1alar que, no solo los presupuestos f\u00e1cticos all\u00ed expuestos difieren del presente asunto, sino que los all\u00ed determinado es inter partes, por lo que no tiene la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que en este caso plantean los interesados, es decir, \u00ablas determinaciones que adopte en un espec\u00edfico punto un juez de amparo no vinculan el criterio decisorio de un funcionario hom\u00f3logo, puesto que, solo constituir\u00eda precedente obligatorio el de naturaleza vertical, del que incluso resultar\u00eda viable apartarse siempre y cuando dicha postura se explique de manera razonada y suficiente, frente a lo cual esta Sala ha sostenido que, \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u00bb (CSJ STC10170-2017). <\/p>\n
5. Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que los promotores del resguardo no acreditaron la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que, \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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