STC985-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC985-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00248-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por la Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales Ind\u00edgenas Capitanes de las Comunidades Curripacos-Nyeegatu (Yeral) del Resguardo de San Felipe, Bajo Guain\u00eda y R\u00edo Negro \u2013Wayuri, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida, \u00abcancelar el embargo de los recursos del Contrato 484 de 2019\u00bb dentro del referido asunto. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del sub lite, que pese a que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n es una letra de cambio suscrita por quien otrora fue representante legal de la asociaci\u00f3n, capital que \u00abnunca ingres\u00f3 a ninguna de las cuentas de la \u201cAastis-Wayuri\u201d\u00bb; que dicho pr\u00e9stamo no fue consultado con la Asamblea de Capitanes como \u00abm\u00e1xima autoridad\u00bb; y, que el documento cambiario presenta \u00abenmendaduras\u00bb, el Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida decret\u00f3 el embargo y la retenci\u00f3n de dineros correspondientes al contrato de \u00abprestaci\u00f3n de servicios ejecutado o en ejecuci\u00f3n\u00bb, suscrito con la Gobernaci\u00f3n del Guain\u00eda para la \u00abPrestaci\u00f3n de Servicio para la Administraci\u00f3n del Servicio Educativo con la Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales del Resguardo Bajo R\u00edo Guain\u00eda y R\u00edo Negro Wayuri, y Jajlami R\u00edo Guain\u00eda en 10 Sedes Educativas Adscritas a la Secretaria de Educaci\u00f3n del Departamento para la Vigencia 2019\u00bb; raz\u00f3n por la cual, esos recursos hacen parte del Sistema General de Participaciones, lo que los hace inembargables. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que ha conocido del proceso ejecutivo criticado precis\u00f3, que la parte accionante \u00abha contado con todos los mecanismos legales para hacer frente a la presente demanda ejecutiva en su contra, sin embargo, consideramos que la presente acci\u00f3n de tutela pretende subsanar los errores que pudieran haber incurrido la mentada Asociaci\u00f3n, quienes pretenden anular la efectividad de la medida cautelar decretada bajo el argumento de la Inembargabilidad, circunstancia que fue analizada precisamente en decisi\u00f3n del 29 de julio de 2021 en donde se resolvi\u00f3 no declarar la nulidad, conforme a lo anterior se solicita no acceder a lo peticionado por la Asociaci\u00f3n accionante\u00bb. <\/p>\n
b.) El se\u00f1or Atilano Cuesta Conto, quien asegur\u00f3 obrar como \u00abendosatario en Procuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb a favor de Gloria Marina Burgos, puntualiz\u00f3 en lo que interesa, que la cuenta bancaria \u00abcuyo embargo se pidi\u00f3 (\u2026) NO CORRESPONDE de manera alguna a una cuenta del Sistema General de Participaciones, pues que la misma es una cuenta de ahorros ordinaria en Bancolombia (\u2026) sin ninguna marcaci\u00f3n, calificaci\u00f3n o distinci\u00f3n especial COMO CUENTA MAESTRA de convenio\u00bb. <\/p>\n
c.) La se\u00f1ora Diana Carolina Rivera Chala, quien obr\u00f3 como \u00abdefensora p\u00fablica\u00bb de la persona jur\u00eddica aqu\u00ed accionante, memor\u00f3 las actuaciones que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al debido proceso de la Asociaci\u00f3n accionante, luego de advertir que el Despacho criticado omiti\u00f3 que de conformidad con la informaci\u00f3n que le fue reportada, \u00abel rubro\/cuenta y origen de los recursos retenidos est\u00e1n imputados al denominado \u201cSGP Educaci\u00f3n Prestaci\u00f3n de Servicios\u201d, demostr\u00e1ndose as\u00ed fehacientemente que esos fondos corresponden al Sistema General de Participaciones\u00bb, desconociendo as\u00ed las disposiciones sobre inembargabilidad de los art\u00edculos 357 de la Constituci\u00f3n Nacional, 91 de la Ley 715 de 2001, 594 del C\u00f3digo General del Proceso y el Decreto 111 de 1996. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 el se\u00f1or Atilano Cuesta Conto en la calidad referida en l\u00edneas anteriores, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el informe presentado dentro de las presentes diligencias; a m\u00e1s de agregar, que la Asociaci\u00f3n de autoridades ind\u00edgenas gestora del amparo \u00abha incumplido el art\u00edculo 18 del Decreto 153 de 2014 y la Resoluci\u00f3n 3841 de 2015 al no manejar los recursos del sistema general de participaciones en una cuenta maestra para cada fuente de recurso. Es necesario resaltar que las cuentas a las que se refiere el art\u00edculo 594.1 del CGP y el Decreto 1101 de 2007 son las cuentas maestras y no cualquier cuenta bancaria por la que pasen los dineros en la cadena de actos sucesivos de ejecuci\u00f3n de gastos y en la que se muta la naturaleza de los recursos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por el se\u00f1or Juan Carlos Evangelista Candido como representante legal de la Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales Ind\u00edgenas Capitanes de las Comunidades Curripacos-Nyeegatu (Yeral) del Resguardo de San Felipe, Bajo Guain\u00eda y R\u00edo Negro \u2013Wayuri, es que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida, dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo proferido el 31 de agosto de 2020 a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3: \u00abDecr\u00e9tese el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que la parte demandada (\u2026) llegare a poseer en la GOBERNACI\u00d3N DEL GUAIN\u00cdA, derivada de contratos de prestaci\u00f3n de servicios ejecutados o en ejecuci\u00f3n\u00bb, en el marco del proceso coercitivo que Gloria Marina Burgos promovi\u00f3 en su contra, en su criterio, dichos recursos corresponden al Sistema General de Participaciones SGP, y por ende, son inembargables. <\/p>\n
3. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente digital y el informe de la autoridad judicial convocada, los que permiten advertir, en lo que interesa, lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En el marco del asunto coercitivo en comento, el 1\u00ba de octubre de 2019 y el 12 de noviembre del mismo a\u00f1o, el Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida, respectivamente, libr\u00f3 orden de apremio en contra de la obligada, y, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, tras considerar que la contestaci\u00f3n a la demanda fue extempor\u00e1nea. <\/p>\n
3.2. El 1\u00ba de octubre de 2019, se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de dineros en Bancolombia S.A. <\/p>\n
3.3. Mediante prove\u00eddo del 31 de agosto de 2020, el Juzgado convocado resolvi\u00f3: \u00abDecr\u00e9tese el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que la parte demandada (\u2026) llegare a poseer en la GOBERNACI\u00d3N DEL GUAIN\u00cdA, derivada de contratos de prestaci\u00f3n de servicios ejecutados o en ejecuci\u00f3n de conformidad con lo previsto en el art. 593 del C.G.P. Lim\u00edtese la medida a la suma de $260.000.000 M\/cte.\u00bb. <\/p>\n
3.4. El 9 de marzo de 2021, la apodera de la Asociaci\u00f3n demandada, aqu\u00ed interesada, aleg\u00f3 la nulidad de lo actuado entre otras por la inembargabilidad de las cuentas, y en prove\u00eddo del 29 de julio de 2021, el Juez del conocimiento resolvi\u00f3 \u00abno declarar la nulidad solicitada\u00bb, tras advertir que \u00abest\u00e1 acreditado que la medida cautelar decretada con auto del 31 de agosto de 2020, se profiri\u00f3 en tiempo posterior al auto que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (12 de noviembre de 2019), y adem\u00e1s, que los recursos que se pretendieron perseguir con dicha decisi\u00f3n, a solicitud del demandante, estaban encaminados a la retenci\u00f3n de aquellos que tuviera la asociaci\u00f3n AATIS, como consecuencia de la suscripci\u00f3n de contratos de prestaci\u00f3n de servicios con el DEPARTAMENTO DEL GUAIN\u00cdA, que no es lo mismo que perseguir ejecutivamente a una entidad p\u00fablica, por ejemplo la Gobernaci\u00f3n del Guain\u00eda, y decretar el embargo y la retenci\u00f3n de unos dineros con destinaci\u00f3n espec\u00edfica y con car\u00e1cter de inembargables por pertenecer al Sistema General de Participaciones, pues n\u00f3tese c\u00f3mo, para el caso que nos ocupa, fue \u00e9sta misma entidad, la que acata la orden de embargo sin hacer salvedad o advertencia alguna, comportamiento que permite inferir que dichos recursos para esa etapa contractual ya no ten\u00edan la naturaleza de inembargables por estar en ese momento dentro del haber de un tercero o contratista como contraprestaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de un servicio contratado, en los t\u00e9rminos del tercer inciso del par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C.G.P., como es el caso de la ASOCIACI\u00d3N ejecutada frente al Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios No. 484 del 3 mayo de 2019; dineros estos que no persiguen al ente territorial en menci\u00f3n, pues se resalta que no se embargan cuenta alguna del Sistema General de Participaciones u otro recurso, y aunado a ello, la decisi\u00f3n se sustenta en la excepcionalidad las arcas del Sistema General de Participaciones, pues como ya se dijo, obra en este asunto orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, con la cual se garantiza la seguridad jur\u00eddica y el respeto de los derechos reconocidos a la demandante\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa indic\u00f3, que \u00absi bien es cierto, el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 594 ha reiterado la imposibilidad de embargar los recursos incorporados al Presupuesto General de la Naci\u00f3n, de la Seguridad Social y las cuentas del Sistema General de Participaci\u00f3n, no es menos cierto que, de conformidad a lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-313\/2014, dicha prohibici\u00f3n no es absoluta y debe ser valorada atendiendo las particularidades del caso; m\u00e1xime cuando se pretende el pago de una acreencia contenida en una decisi\u00f3n judicial\u00bb <\/p>\n
4. De conformidad con lo que precede, no cabe duda para la Sala que la decisi\u00f3n constitucional de instancia habr\u00e1 de mantenerse, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
4.1. La Corte Constitucional en distintos pronunciamientos ha estimado que, el principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n, toda vez que tiene como finalidad asegurar la \u00abadecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado\u00bb1; luego entonces, si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos, \u00ab(i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior\u00bb2. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha sostenido, que el citado beneficio \u00abno desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica\u00bb, en raz\u00f3n a que no es absoluto, es decir, que es susceptible de excepciones, y en ese orden, el legislador ha permitido la persecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para el pago de sentencias proferidas contra la Naci\u00f3n, entre \u00e9stas, las derivadas de obligaciones laborales3. <\/p>\n
Es por ello que, en sentencia C-543 de 2013 se acogi\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr: \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (\u2026), (ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos (\u2026), (iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible (\u2026), [y] (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico))\u201d (subraya la Corte). <\/p>\n
Y en el punto espec\u00edfico de la inembargabilidad de recursos destinados a la educaci\u00f3n, en la sentencia C-793 de 2002 se precis\u00f3, que \u00ablas excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos a que alude el art\u00edculo 18 de la Ley 715 s\u00f3lo proceden frente a obligaciones que tengan como fuente las actividades se\u00f1aladas en el art\u00edculo 15 de la Ley 715. El legislador ha dispuesto, en ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n en materia econ\u00f3mica, que los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector educaci\u00f3n se apliquen s\u00f3lo a tales actividades. Por lo tanto, el pago de obligaciones provenientes de otros servicios, sectores o actividades a cargo de las entidades territoriales no podr\u00e1 efectuarse con cargo a los recursos del sector educaci\u00f3n. De lo contrario se afectar\u00eda indebidamente la configuraci\u00f3n constitucional del derecho a las participaciones establecido en el art\u00edculo 287 numeral 4 y regulado por los art\u00edculos 356 y 357 de la Carta, que privilegian al servicio de salud y los servicios de educaci\u00f3n preescolar, primaria, secundaria y media, sobre otros servicios y funciones a cargo del Estado (\u2026). De acuerdo con las precedentes consideraciones, se declarar\u00e1 la exequibilidad del aparte demandado del art\u00edculo 18 de la Ley 7154, bajo el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educaci\u00f3n (L. 715, art. 15), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto \u2013en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participaci\u00f3n para educaci\u00f3n del Sistema General de Participaciones-\u00bb (resaltado la Sala). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, no cabe duda que en el presente asunto la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo que amerita la intervenci\u00f3n excepcional del Juez Constitucional, en la medida en que no analiz\u00f3, como correspond\u00eda, la tem\u00e1tica puntual relacionada con la medida de embargo decretada dentro de la ejecuci\u00f3n estudiada, pues aunque en la decisi\u00f3n que estudi\u00f3 la nulidad de la cautela, cit\u00f3 precedentes jurisprudenciales respecto de la inembargabilidad de los recurso provenientes del Sistema General de Participaciones y sus excepciones, la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 de \u00e9stas frente al caso concreto result\u00f3 desacertada, en la medida en que, si bien quien recibi\u00f3 los dineros cautelados fue una persona jur\u00eddica de naturaleza privada, lo cierto es que, teniendo en cuenta la respuesta emitida por el Secretario Jur\u00eddico y de Contrataci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n del Guain\u00eda respecto del contrato de prestaci\u00f3n de servicios educativos No 484 del 3 de mayo de 2019, deb\u00eda estudiarse el origen, la naturaleza y la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los recursos, as\u00ed como la g\u00e9nesis de la obligaci\u00f3n perseguida, con independencia de que el capital ya no estuviese en la \u00f3rbita estatal, pues, prima la destinaci\u00f3n de los mismos, esto es, la garant\u00eda de derechos fundamentales como la educaci\u00f3n, lo que no se hizo, y conllev\u00f3 inexorablemente a lesionar el debido proceso de la entidad all\u00e1 ejecutada. <\/p>\n
4.3. En asuntos similares al presente, esta Sala de vieja data ha considerado, que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente N\u00ba 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019; lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019\u00bb (CSJ STC952-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013 <\/p>\n
3\u0002 Art. 21 del Decreto 028 de 2008 <\/p>\n
4\u0002 \u201cArt\u00edculo 18. Administraci\u00f3n de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrar\u00e1n los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los dem\u00e1s ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no har\u00e1n unidad de caja con las dem\u00e1s rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podr\u00e1n ser objeto de embargo, pignoraci\u00f3n, titularizaci\u00f3n o cualquier otra clase de disposici\u00f3n financiera (\u2026)\u201d se subraya aparte demandado. <\/p>\n
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STC985-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC985-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00248-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}