STC986-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC986-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Yolanda Garnica Mart\u00ednez contra los Juzgado Quinto Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y a la \u00abdignidad\u00bb, que consider\u00f3 quebrantadas por las autoridades convocadas, con lo decidido en su contra en ambas instancias procesales sin realizar un estudio juicioso y concienzudo de las pruebas adosadas al plenario que dan cuenta de su posesi\u00f3n respecto del bien reclamado en reivindicaci\u00f3n por Delma Villareal Rosas, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2014-00362-01. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a trav\u00e9s de esta senda excepcional, que se dejen sin efectos (i) las sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 7 de mayo y 25 de agosto, ambas de 2021, respectivamente, a trav\u00e9s de las cuales se orden\u00f3 la restituci\u00f3n de un inmueble pose\u00eddo por la demandante, (ii) se ordene la anulaci\u00f3n del auto proferido el 31 de julio de 2017 a trav\u00e9s del cual se abri\u00f3 a pruebas el asunto; y, (iii) se d\u00e9 tr\u00e1mite a la demanda de reconvenci\u00f3n propuesta por su defensa rechazada el 3 de mayo de 2016. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos relat\u00f3, en lo medular, que en vida la se\u00f1ora Delma Villareal Rosas adelant\u00f3 en su contra un proceso reivindicatorio ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva, en el cual para ejercer su defensa (promovida por la Defensor\u00eda de Pueblo por carecer de recursos para pagar por su defensa), propuso excepciones de m\u00e9rito y demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n; no obstante, sin m\u00e9rito para ello, dice, el juez rechaz\u00f3 su demanda, pretextando la necesidad de aportar \u00abdocumentaci\u00f3n id\u00e9ntica\u00bb a la que, asegura, ya reposaba en el cuaderno principal. <\/p>\n
Adicionalmente cuestion\u00f3 que, aunque en el decurso del asunto se decretaron pruebas por auto del 31 de julio de 2017, al momento de proferir la sentencia no se tuvieron en cuenta dichos medios suasorios, particularmente, los relacionados con \u00abla posesi\u00f3n ejercida\u00bb por la quejosa, el pago de servicios p\u00fablicos, las mejoras realizadas al predio, entre otras. <\/p>\n
A tal respecto, dijo que a finales de 2014, esto es, tres a\u00f1os despu\u00e9s de haber ingresado al inmueble objeto de restituci\u00f3n, \u00abllegaron unas personas a decirnos que eran los due\u00f1os del lote y me dijeron me lo vend\u00edan, porque ellos no lo necesitaban, la se\u00f1ora DELMA VILLARREAL ROSAS y su hijo JULIAN FELIPE VILLARREAL\u00bb; sin embargo, no accedi\u00f3 a tales aspiraciones, pues dijo que su ingreso a la heredad obedeci\u00f3 a un contrato compraventa que en su favor realiz\u00f3 el se\u00f1or Oscar Augusto Medina (quien vend\u00eda \u00ablos lotes que llevaban tiempo solos y no estaban ocupados\u00bb), y desde entonces se ha comportado como la due\u00f1a y se\u00f1ora de ese latifundio, al que de forma paulatina y con mucho \u00abesfuerzo\u00bb ha realizado mejoras, e incluso, construy\u00f3 \u00aben obra negra\u00bb una peque\u00f1a casa en la que desde ese entonces reside con su familia. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que sin reparar en lo anterior, los jueces que conocieron del decurso accedieron a las pretensiones de la demanda, y en contraste, ordenaron la restituci\u00f3n de predio, obviando adem\u00e1s, la funci\u00f3n social de la propiedad frente a terrenos que constituyen una soluci\u00f3n de vivienda a t\u00edtulo de inter\u00e9s social, por lo que, dice, debi\u00f3 privilegiarse la destinaci\u00f3n que ella le dio al terreno sobre la intenci\u00f3n de su contraparte, quien \u00abutiliz\u00f3 el lote como engorde para venderlo, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, como fue su oferta de $6.000.000 en el a\u00f1o 2014\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo y al margen de su inicial alegato, dijo que la propiedad objeto de litis constituye una vivienda de inter\u00e9s social y, por lo tanto, su demandante no debi\u00f3 ofrec\u00e9rsela en venta en raz\u00f3n a los subsidios y limitaciones contemplados en la \u00abResoluci\u00f3n No. 026 del 18 de agosto de 2010\u00bb, por medio de la cual se transfiri\u00f3 \u00abun subsidio familiar de vivienda en especie (\u2026) conforme el Art\u00edculo 95 de la Ley 388 DE 1997\u00bb, y en ese orden, pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n a su favor del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple (antes Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva), asegur\u00f3 que en ese despacho la se\u00f1ora Delma Villareal Rosas (q.e.p.d.) hoy Juli\u00e1n Felipe Villareal \u2013sucesor procesal, adelant\u00f3 en contra de la tutelante proceso reivindicatorio respecto del bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 200-176722; que aunque la quejosa promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, tal acci\u00f3n fue objeto de rechazo por no haber sido subsanada en tiempo, asunto que finiquit\u00f3 con sentencia proferida en audiencia del 7 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
b. A su turno, la Defensor\u00eda del Pueblo pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto, al considerar que con diferentes defensores asignados le brind\u00f3 a la quejosa \u00abla debida representaci\u00f3n judicial y asesor\u00eda legal dentro del PROCESO REIVINDICATORIO instaurado\u00bb en su contra. <\/p>\n
c. Por su parte, Juan Arturo Pe\u00f1a Labrador, vinculado, dijo que se desempe\u00f1\u00f3 como apoderado \u00abde oficio\u00bb de la aqu\u00ed accionante dentro del juicio que origin\u00f3 el resguardo; sin embargo, no cuenta con archivos de esa gesti\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, \u00abme atengo a las actuaciones que en su momento realic\u00e9 en favor de los intereses de dicha se\u00f1ora y que reposan en el expediente respectivo\u00bb. <\/p>\n
d. Finalmente, la Alcald\u00eda Municipal de Neiva reclam\u00f3 denegar el amparo, al considerar inexistente la vulneraci\u00f3n alegada por la querellante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras extra\u00f1ar el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad y la inmediatez. En primero lugar, dijo que \u00absi bien la parte actora peticiona se dejen sin efectos las sentencias proferidas tanto en primera como en segunda instancia por los juzgados accionados, lo cierto es que, su inconformidad se da respecto de los autos por medio de los cuales se rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n por ella interpuesta y el que decret\u00f3 las pruebas al interior del asunto; decisiones estas que no fueron objeto de recurso alguno a pesar que en su contra proceden tanto el recurso de reposici\u00f3n (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso) como el de apelaci\u00f3n (numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, asegur\u00f3 que \u00abel auto por medio del cual se rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n (03 de mayo de 2016) y el auto de decreto de pruebas (31 de julio de 2017), a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela transcurrieron m\u00e1s de 4 y 3 a\u00f1os, respectivamente, plazo que a consideraci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n supera el razonable para incoar este tipo de actuaciones judiciales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con lo anterior, la tutelante replic\u00f3 el fallo insistiendo en sus primigenias alegaciones, adem\u00e1s de enfatizar en que debi\u00f3 darse prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, siendo reprochable que el juez del asunto rechazara su demanda de reconvenci\u00f3n so pretexto de requerir la documentaci\u00f3n ya obrante en la demanda principal; adem\u00e1s, dijo la estrategia jur\u00eddica de sus defensores fue deficiente, por lo que pidi\u00f3 compulsar copias al ente encargado de disciplinarlos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, y de la verificaci\u00f3n conjunta tanto de la demanda de tutela como del escrito de apelaci\u00f3n, se extrae que lo realmente pretendido por la se\u00f1ora Mar\u00eda Yolanda es que por esta v\u00eda se dejen sin efectos los autos a trav\u00e9s de los cuales se rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n y se abri\u00f3 a pruebas el asunto proferidos, en su orden, el 3 de mayo de 2016 y 31 de julio de 2017, as\u00ed como los fallos que definieron de fondo el proceso reivindicatorio seguido en su contra, y donde result\u00f3 vencida. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el escrito de tutela, los informes presentados, y el expediente digital contentivo del decurso objeto de revisi\u00f3n constitucional, observa la Sala que habr\u00e1 de mantenerse la decisi\u00f3n replicada, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La promotora del auxilio pretende desconocer el requisito de la prontitud que gobierna las acciones de este linaje, si en cuenta se tiene que la \u00faltima de las aludidas determinaciones, como se anunci\u00f3, fue emitida el 31 de julio de 2017, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 24 de noviembre de 2021, esto es, m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os despu\u00e9s, t\u00e9rmino que supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
En lo que toca con este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
3.2. De otro lado, y para ahondar en razones desestimatorias de la salvaguarda, se encuentra que la ciudadana Garnica Mart\u00ednez, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de utilizar los mecanismo de defensa judicial que la ley prev\u00e9 en este tipo de juicio para controvertir las antedichas decisiones, esto es, la interposici\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n y alzada procedentes a voces de los art\u00edculos 90, 318 y 321 de la Ley 1564 de 2012, remedios que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido al haber desaprovechado las herramientas que estaban a su disposici\u00f3n para debatir las decisiones que consider\u00f3 lesivas a sus derechos fundamentales, entonces, esa desidia le impide ahora retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data en diversos pronunciamientos ha dicho que: \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC STC5293-2021). <\/p>\n
3.3. Aunado a lo anterior, y comoquiera que son las quejas dirigidas en contra de la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la primera instancia, las que otorgan competencia a esta Corte para dirimir el asunto, ha de decirse que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, para resolver como lo hizo, despu\u00e9s de circunscribir el problema jur\u00eddico a verificar si la all\u00ed demandada acredit\u00f3 o no \u00abel tiempo exigido legalmente para adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio por 3 a\u00f1os para vivienda de inter\u00e9s social, a pesar del rechazo de la demanda de reconvenci\u00f3n, pues si bien es cierto, no se pod\u00eda declarar la pertenencia ello si imped\u00eda la declaraci\u00f3n de la reivindicaci\u00f3n\u00bb, precis\u00f3 que la tutelante, es estrictez, no formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n por lo que \u00abno podr\u00eda ser examinada ni declarada por el juez\u00bb. Con todo, indic\u00f3 que al margen de lo expuesto y aun cuando se admitiera que la se\u00f1ora Garnica Mart\u00ednez suscribi\u00f3 contrato de compraventa respecto del predio en litigio el \u00ab1 de agosto de 2011\u00bb, ello no implicaba que su posesi\u00f3n hubiere principiado en dicha oportunidad, m\u00e1xime si se ten\u00eda en consideraci\u00f3n que las declaraciones rendidas por los testigos \u00abno fueron uniformes al responder la pregunta desde que fecha exacta la se\u00f1ora GARNICA MART\u00cdNEZ estaba en posesi\u00f3n del lote de terreno materia de reivindicaci\u00f3n\u00bb; y de otro lado, explic\u00f3 lo relacionado con el tema de mejoras implantadas en el predio, situaci\u00f3n que desarroll\u00f3 con sustento en el dictamen pericial obrante dentro del juicio reivindicatorio. <\/p>\n
De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante y con independencia de si esta Sala proh\u00edja o no las conclusiones a las que arrib\u00f3 la accionada, no cabe duda que la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva de respaldar la sentencia de primera instancia, en el marco de la apelaci\u00f3n que en su oportunidad interpuso la quejosa, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, y en el atendible an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n recaudados dentro del juicio, al tamiz de la reiterada y uniforme jurisprudencia emitida sobre la tem\u00e1tica en particular, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad advirti\u00f3 que no solo la gestora dej\u00f3 de reclamar v\u00eda excepci\u00f3n (e incluso acci\u00f3n) la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio que enrostr\u00f3 en el recurso vertical, sino que adem\u00e1s lejos qued\u00f3 de demostrar los actos de se\u00f1or\u00edo por el interregno establecido por la ley para adquirir por prescripci\u00f3n bienes destinados a vivienda de inter\u00e9s social. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, en punto a que se oficie a los entes de control para que investiguen las presuntas conductas disciplinables en que incurrieron sus defensores de oficio, basta con se\u00f1alar que la protecci\u00f3n deprecada en tal sentido tambi\u00e9n se torna inviable en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual que caracteriza esta acci\u00f3n especial\u00edsima, en la medida en que la inconforme tiene a su alcance la posibilidad de poner directamente en conocimiento de las autoridades competentes dicha situaci\u00f3n, claro est\u00e1, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC986-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC986-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00270-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}