STC999-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC999-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04090-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Yuliana Morales Mej\u00eda instaur\u00f3 contra Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica con radicado n\u00b0 050013103014-2019-00201-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se \u00abdeje sin efecto las providencias\u00bb que dispusieron la deserci\u00f3n de su alzada (3 sep. y 26 oct. 2021). <\/p>\n
En sustento, adujo que fue demandante en el proceso cuestionado donde se dict\u00f3 sentencia desfavorable a sus intereses (10 mar. 2021) que fue apelada y esta \u00faltima sustentada ante el a quo. Relat\u00f3 que dicha impugnaci\u00f3n fue admitida en auto del 11 de mayo hoga\u00f1o en el que tambi\u00e9n se corri\u00f3 traslado para fundamentarla conforme al Decreto Legislativo 806 de 2020. Indic\u00f3 que el 3 de septiembre siguiente el Tribunal declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su opugnaci\u00f3n tras predicar la falta de fundamentaci\u00f3n oportuna del medio impugnativo, determinaci\u00f3n que fue recurrida ante el mismo estrado, sin \u00e9xito. <\/p>\n
De la deserci\u00f3n en comento deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El Tribunal y el Juzgado remitieron el expediente criticado y defendieron la legalidad de sus actos. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, la Sala concedi\u00f3 el amparo mediante fallo STC16123-2021 (26 nov. 2021), por lo que la Cl\u00ednica del Prado S.A.S., coadyuvada por Seguros Generales Suramericana S.A., pidieron la invalidez del veredicto tras considerarse indebidamente notificadas. La respectiva nulidad fue decretada en ATC025-2022 (19 ene. 2022) a fin de escuchar a esas entidades, quienes se opusieron a la prosperidad del resguardo porque, a su juicio, la consecuencia jur\u00eddica criticada fue resultado de una desatenci\u00f3n procesal de la accionante, sin que ello conlleve una lesi\u00f3n a su debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por la falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 ha sido abordado por esta Sala en busca de reflexionar sobre el ponderado raciocinio que se debe realizar, en cada caso particular, para la aplicaci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n en atenci\u00f3n a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra de la sentencia criticada. En ese sentido se dijo que: <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. (STC5790-2021). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
No significa lo anterior que se d\u00e9 v\u00eda libre para que el recurrente desconozca el t\u00e9rmino que el legislador le ha otorgado para la sustentaci\u00f3n de su alzada, pues no se discute que la anticipada actuaci\u00f3n comporta un proceder inadecuado frente a la administraci\u00f3n de justicia, empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentaci\u00f3n, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional. Ello se extrae del pronunciamiento en cita que al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiende el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
2. En lo que respecta a las cargas procesales que ata\u00f1en al recurrente para que su apelaci\u00f3n sea atendida y que esta Corporaci\u00f3n ha identificado como i). interposici\u00f3n del recurso, ii). formulaci\u00f3n de reparos concretos y iii). sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, destacase que el Decreto Legislativo 806 de 2020 nada modific\u00f3 respecto de tales exigencias, pero si sobre la forma en que particularmente la sustentaci\u00f3n se satisface, como quiera que antes de su expedici\u00f3n se propend\u00eda por su realizaci\u00f3n hablada mientras que actualmente se impone por la senda escrita. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es propicio recordar que las expresiones reparos concretos y sustentaci\u00f3n obedecen, en \u00faltimas, a la materializaci\u00f3n de una misma instituci\u00f3n procesal adoptada por la actual legislaci\u00f3n adjetiva, esto es, la pretensi\u00f3n impugnativa, figura que implic\u00f3 la delimitaci\u00f3n de la competencia del ad quem a los asuntos que espec\u00edficamente reprocha el apelante, punto de partida del que puede colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas corresponde a delimitar el escenario en el que se deber\u00e1 desarrollar el debate de la segunda instancia. <\/p>\n
En ese orden, en el contexto de la apelaci\u00f3n de sentencias, es dable comprender al reparo concreto como aquella enunciaci\u00f3n espec\u00edfica de una inconformidad desprovista de argumentaci\u00f3n dirigida en contra de una decisi\u00f3n judicial o parte de ella y que a su vez permite delinear los contornos dentro de los que se construir\u00e1 el acto de la sustentaci\u00f3n, entendido este como el ejercicio de justificaci\u00f3n con el que se pretende soportar el disentimiento propuesto. <\/p>\n
As\u00ed pues, la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentaci\u00f3n) comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar el ejercicio del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea y en vigencia del Decreto 806 de 2020, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por otra parte, no se pierde de vista que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, resulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 y trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed, que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En tiempo muy pr\u00f3ximo, de forma un\u00e1nime, la Sala reiter\u00f3 su postura en los fallos STC 005, STC 368, STC 713, STC 882, STC 1738, STC 2846, STC 2963 STC 3179 y STC 387 todos del presente a\u00f1o (2021), sin perjuicio, claro est\u00e1, de la vigencia del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, mediante el cual se estableci\u00f3 la sustentaci\u00f3n escrita de la apelaci\u00f3n, modificaci\u00f3n adoptada como ayudar a medida de emergencia para conjurar la crisis generada por la pandemia provocada por el virus covid-19, norma no aplicable en este caso. <\/p>\n
5. Establecido el anterior panorama y revisado el expediente del proceso cuestionando se observa la queja medular que la censora se circunscribe a que el Tribunal declarara la deserci\u00f3n de su alzada a pesar de que la misma se hallaba sustentada desde el mismo momento de su interposici\u00f3n, decisi\u00f3n que la agencia accionada soport\u00f3, en el siguiente argumento basilar: <\/p>\n
Sobre este tema, mediante sentencia SC3148-2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de julio de 2021, radicado 05360 31 10 002 2014 00403 02, M.P. ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO, se unific\u00f3 la posici\u00f3n frente al momento procesal en el cual el recurrente deb\u00eda sustentar la apelaci\u00f3n promovida en contra de la sentencia, tal como se explic\u00f3 en el auto atacado, que no es otro que ante el Superior, destacando que ello es viable tanto bajo el imperio del precepto 322 del C\u00f3digo General del Proceso, como bajo la vigencia del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Es que, frente a la sustentaci\u00f3n, conforme viene de se\u00f1alarse, era necesario realizarla en esta instancia, independientemente de que el tr\u00e1mite que se aplicara fuera el establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, o en el Decreto 806 de 2020, pues en ambos eventos, no resulta admisible como tal el pronunciamiento que se realice ante el a quo. <\/p>\n
De all\u00ed, emerge con claridad que la cavilaci\u00f3n transcrita se torna contradictoria como quiera que desconoci\u00f3 el mismo precedente del que se sirvi\u00f3, es decir, el Tribunal consider\u00f3 que la unificaci\u00f3n jurisprudencial expuesta en la sentencia SC3148-2021 resultaba aplicable a los asuntos regidos por el Decreto 806 de 2020 a pesar de que en ese mismo pronunciamiento se dej\u00f3 dicho lo contrario, como se expuso en el numeral cuarto de estas consideraciones. <\/p>\n
As\u00ed, queda en evidencia que la decisi\u00f3n criticada se finc\u00f3 en un precedente que para el caso concreto resultaba inaplicable por tratarse de asuntos gobernados por distinta normativa procedimental, por lo que la prosperidad del resguardo no se hace esperar. <\/p>\n
Con todo, no se pierde de vista que la autoridad accionada desconoci\u00f3 la posici\u00f3n mayoritaria de esta magistratura en lo que respecta a la particular tem\u00e1tica relativa a la sustentaci\u00f3n anticipada del recurso de apelaci\u00f3n en vigencia del pluricitado Decreto Legislativo, tal como se dej\u00f3 expuesto al inicio de estas cavilaciones. <\/p>\n
6. Ahora bien, no significa lo anterior que el actuar del apoderado haya sido precisamente adecuado conforme a las normas que regulan el asunto, pues como ya se dijo, omitir la realizaci\u00f3n de la sustentaci\u00f3n en la etapa prevista espec\u00edficamente por el legislador devela un actuar deficiente por parte del mandatario y un desconocimiento ostensible a su deber observancia diligente de los t\u00e9rminos procesales prestablecidos. Empero, al hallarse desarrollados sus reparos -como lo reconoci\u00f3 el mismo Tribunal en el auto criticado-, mal se har\u00eda en cercenar a la parte que representa, el derecho supralegal de impugnar las decisiones adversas. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que la providencia cuestionada luce contraria al precedente en el que ella misma se fund\u00f3 y a la posici\u00f3n mayoritaria que sobre el particular se ha decantado, no queda alternativa diferente a la de conceder el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Yuliana Morales Mej\u00eda. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 26 de octubre 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que la accionante interpuso contra el fallo proferido en el proceso n\u00b0 050013103014-2019-00201-01 y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependan, para que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento conforme a las consideraciones expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04090-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo invocado por Yuliana Morales Mej\u00eda en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado Catorce Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Medell\u00edn; en consecuencia, tras dejar sin efecto el interlocutorio de 26 de octubre 2021 a trav\u00e9s del cual la Magistratura accionada declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que la gestora interpuso frente al fallo de primer grado emitido en el proceso n\u00b0 050013103014-2019-00201-01, y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependieran, le orden\u00f3 adoptar las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada, conforme las consideraciones expuestas. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que sustent\u00f3, aduciendo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por la falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 ha sido abordado por esta Sala en busca de reflexionar sobre el ponderado raciocinio que se debe realizar, en cada caso particular, para la aplicaci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n en atenci\u00f3n a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra de la sentencia criticada (\u2026). No significa lo anterior que se d\u00e9 v\u00eda libre para que el recurrente desconozca el t\u00e9rmino que el legislador le ha otorgado para la sustentaci\u00f3n de su alzada, pues no se discute que la anticipada actuaci\u00f3n comporta un proceder inadecuado frente a la administraci\u00f3n de justicia; empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentaci\u00f3n, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentaci\u00f3n) comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar el ejercicio del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea y en vigencia del Decreto 806 de 2020, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que en sentencia SC3148-2021, se unific\u00f3 la jurisprudencia sobre el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n bajo la \u00f3ptica del C\u00f3digo General del Proceso y que esa misma providencia dej\u00f3 pac\u00edficamente sentado que lo all\u00ed predicado resultaba propio a los casos regulados por el mencionado estatuto donde impera la oralidad y no respecto del compendio adjetivo actual derivado de la emergencia sanitaria (Decreto Legislativo 806 de 2020) donde, por regla general y trat\u00e1ndose de sustentaci\u00f3n de alzadas, se impone la actuaci\u00f3n escrita. <\/p>\n
Lo que, llevado al caso concreto, le permiti\u00f3 advertir, en principio, que el fundamento del juez plural reprochado se torna contradictorio, como quiera que, desconoci\u00f3 el precedente del que se sirvi\u00f3, es decir, estim\u00f3 que la unificaci\u00f3n jurisprudencial expuesta en la sentencia SC3148-2021 resultaba aplicable a los asuntos regidos por el Decreto 806 de 2020 a pesar de que en ese mismo pronunciamiento se dej\u00f3 dicho lo contrario. <\/p>\n
Para despu\u00e9s, colegir, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 6. Ahora bien, no significa lo anterior que el actuar del apoderado haya sido precisamente adecuado conforme a las normas que regulan el asunto, pues como ya se dijo, omitir la realizaci\u00f3n de la sustentaci\u00f3n en la etapa prevista espec\u00edficamente por el legislador devela un actuar deficiente por parte del mandatario y un desconocimiento ostensible a su deber de diligente observancia de los t\u00e9rminos procesales prestablecidos. Empero, al hallarse desarrollados sus reparos -como lo reconoci\u00f3 el mismo Tribunal en el auto criticado-, mal se har\u00eda en cercenar a la parte que representa el derecho supralegal de impugnar las decisiones adversas. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que la providencia cuestionada luce contraria al precedente en el que ella misma se fund\u00f3 y a la posici\u00f3n mayoritaria que sobre el particular se ha decantado, no queda alternativa diferente a la de conceder el amparo invocado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No comparto la resoluci\u00f3n principalmente porque la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, a pesar del yerro en la citaci\u00f3n del precedente a aplicar, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos b\u00e1sicos de la actora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Es cierto que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 modific\u00f3 la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
2.- Pero, con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V.gr. SC 4855 de 2014; STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
Modificaciones que si bien privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia y, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine el prove\u00eddo apelado y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-. <\/p>\n
3.- La carga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
4.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 concederse porque la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04090-00 <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se emiti\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Yuliana Morales Mej\u00eda instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: la se\u00f1ora Morales Mej\u00eda fue demandante en proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica, en el que el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia desfavorable a sus intereses el 11 de marzo de 2022, fallo que fue apelado y sustentada la apelaci\u00f3n ante el a quo, quien la admiti\u00f3 en auto de 11 de mayo posterior en el que tambi\u00e9n se corri\u00f3 traslado para fundamentarla conforme al Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
El 3 de septiembre siguiente, el Tribunal Superior de Medell\u00edn declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n en consideraci\u00f3n a la falta de fundamentaci\u00f3n oportuna. <\/p>\n
2. La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3. Por otra parte, no se pierde de vista que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, resulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 y trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed, que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el caso concreto, se dice, que el Tribunal accionado para declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta por la actora, bas\u00f3 su pronunciamiento en la sentencia SC3148-2021 emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de julio de 2021, \u00abprecedente que para el caso concreto resultaba inaplicable por tratarse de asuntos gobernados por distinta normativa procedimental\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en la sentencia de la cual me aparto, la Sala agreg\u00f3 que el Tribunal accionado \u00abdesconoci\u00f3 el mismo precedente del que se sirvi\u00f3, es decir, el Tribunal consider\u00f3 que la unificaci\u00f3n jurisprudencial expuesta en la sentencia SC3148-2021 resultaba aplicable a los asuntos regidos por el Decreto 806 de 2020 a pesar de que en ese mismo pronunciamiento se dej\u00f3 dicho lo contrario, como se expuso en el numeral cuarto de estas consideraciones\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, al conceder la acci\u00f3n de tutela, se dej\u00f3 sin efecto la sentencia de 26 de mayo de 2021 \u00aba trav\u00e9s del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que la accionante interpuso contra el fallo proferido en el proceso n\u00b0 050013103014-2019-00201- 01 y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependan, para que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento conforme a las consideraciones expuestas\u00bb. <\/p>\n
3. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el actor. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo.<\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se destaca que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada modific\u00f3 las exigencias descritas en el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos. Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Tampoco vari\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades que se expresan ante el a quo, con los argumentos que las soportan que se presentan ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), ni tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente (Tribunal Superior de Medell\u00edn) y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
Fecha, ut supra <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC999-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC999-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04090-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que Yuliana Morales Mej\u00eda instaur\u00f3 contra Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61597","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61597\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}