STL2252-2022<\/p>\n
<\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL2252-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 96487 <\/p>\n
Acta 05 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n que JAVIER EL\u00cdAS ARIAS ID\u00c1RRAGA interpuso contra el fallo que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia profiri\u00f3 el 12 de enero de 2022, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela que el recurrente promovi\u00f3 contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El convocante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela para obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los documentos que figuran en el expediente, se extrae que la Defensor\u00eda del Pueblo promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra del accionante, tr\u00e1mite que se asign\u00f3 al Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira, autoridad que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira confirm\u00f3 mediante prove\u00eddo de 14 de mayo de 2021. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la autoridad judicial encausada transgredi\u00f3 sus derechos fundamentales, dado que no ten\u00eda competencia para decidir el asunto, toda vez que \u00abprorrog\u00f3 por dos ocasiones el t\u00e9rmino para fallar, olvidando que solo pod\u00eda hacerlo una sola vez excepcionalmente\u00bb, con lo cual super\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 de C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que invoc\u00f3 y se declare la nulidad de la sentencia que el Tribunal encausado profiri\u00f3 el 14 de mayo de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
I. TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
El accionante present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela el 13 de diciembre de 2021 y la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n la admiti\u00f3 mediante auto de 15 de diciembre de 2021, a trav\u00e9s del cual corri\u00f3 traslado a la entidad encausada para que ejerciera su derecho de defensa. Con igual fin, vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite judicial que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n de la presente queja constitucional. <\/p>\n
Luego de surtirse dicho tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 12 de enero de 2022, neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados, pues estim\u00f3 que la acci\u00f3n no respet\u00f3 el presupuesto de inmediatez y, con todo, el Tribunal encausado \u00fanicamente prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar por una vez. <\/p>\n
<\/p>\n
II. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el accionante la impugna sin exponer los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Previo a resolver el asunto, la Sala debe advertir que efectuar\u00e1 un estudio integral de la sentencia proferida en primera instancia, por cuanto el recurrente no precis\u00f3 los puntos de su impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo preferente para que toda persona reclame la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, siempre que estos sean lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley. <\/p>\n
El Decreto 2591 de 1991 regula el tr\u00e1mite del instrumento de resguardo en cita y no prev\u00e9 que est\u00e9 sujeto a un t\u00e9rmino de caducidad. No obstante, la jurisprudencia constitucional y de esta Sala de Casaci\u00f3n han se\u00f1alado que el mecanismo se rige bajo el principio de inmediatez, de modo que debe interponerse en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses desde la ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza, lapso que se estima razonable y compatible con la necesidad y urgencia de la protecci\u00f3n que se reclama. <\/p>\n
Ahora, es preciso resaltar que este \u00faltimo principio puede flexibilizarse cuando existen razones que justifiquen la inactividad del proponente para presentar de manera oportuna la solicitud de salvaguarda de sus garant\u00edas superiores, tales como la debilidad manifiesta en la que se halle el accionante, su interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica o la permanencia en el tiempo de la amenaza a sus derechos fundamentales. Sobre el particular, en la sentencia T-033-2010 la Corte Constitucional expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, debe estudiarse en cada caso particular, atendiendo los criterios antes rese\u00f1ados, si la acci\u00f3n de tutela, pudi\u00e9ndose ejercer, se present\u00f3 dentro de un t\u00e9rmino razonablemente oportuno. As\u00ed, en algunos casos, seis (6) meses podr\u00e1n resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; as\u00ed como tambi\u00e9n, en otros, un t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os se podr\u00eda considerar razonable para ejercer la acci\u00f3n de tutela, ya que todo depender\u00eda de las particularidades del caso (\u2026). <\/p>\n
Por otro lado, el Decreto 2591 de 1991, que regula el instrumento de resguardo constitucional en comento, se\u00f1ala que es subsidiario o residual y, por tanto, no es procedente cuando existen otras v\u00edas o mecanismos para lograr el restablecimiento de las garant\u00edas que se estiman vulneradas. <\/p>\n
Al respecto, el art\u00edculo 6.\u00ba del decreto se\u00f1ala que \u00abla acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1 [\u2026] cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
En el presente asunto, el proponente acude a este instrumento de protecci\u00f3n constitucional porque considera que la autoridad judicial encausada lesion\u00f3 sus garant\u00edas superiores al proferir la sentencia de 14 de mayo de 2021, toda vez que perdi\u00f3 la competencia para ello, dado que en dos ocasiones prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para ese fin, pese a que solo es posible una vez conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No obstante, la Sala advierte que el actor desatendi\u00f3 el principio de inmediatez en menci\u00f3n, dado que entre la fecha en que se notific\u00f3 la decisi\u00f3n que censura \u2013 20 de mayo de 2021 \u2013 y la calenda en que se interpuso la tutela -10 de diciembre de 2021- transcurri\u00f3 un lapso superior al que esta Sala ha considerado razonable para acudir al juez constitucional luego de la ocurrencia de la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo, se aprecia que el convocante desatendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que se mencion\u00f3 en l\u00edneas anteriores, toda vez que, conforme el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, se abstuvo de formular la respectiva nulidad ante el Tribunal encausado, pese a ser el mecanismo de defensa que la ley prev\u00e9 para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el promotor del amparo actu\u00f3 con incuria en el tr\u00e1mite del proceso judicial en cita, de modo que no puede aspirar a que el juez de tutela sea quien quebrante la providencia que censura, en tanto el instrumento sumario de resguardo no est\u00e1 establecido como una instancia adicional de revisi\u00f3n de decisiones judiciales ni como un procedimiento para revivir t\u00e9rminos u oportunidades pretermitidas en los juicios ordinarios. <\/p>\n
En el anterior contexto y dado que el convocante no aport\u00f3 a este tr\u00e1mite pruebas que ameriten la flexibilizaci\u00f3n de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n en comento, se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia que neg\u00f3 el amparo, y en su lugar, se declarar\u00e1 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
V. <\/p>\n
VI. RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Revocar el fallo impugnado y en su lugar, declarar improcedente el amparo constitucional invocado. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n del fallo pronunciado. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
No firma por ausencia justificada <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-12 V.00 <\/p>\n
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