AC1099-2022 (2021-04041-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1099-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2021-04041-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., Dieciocho (18) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Yond\u00f3 (Antioquia) y Quinto Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. -T.G.I. S.A. ESP- formul\u00f3 demanda contra Adeli Cifuentes Ardila, Juan Carlos Cort\u00e9s M\u00e1rquez, Rosalina Giraldo de Rodr\u00edguez, Carlos Emilio Giraldo Giraldo, Manuel Morales Zayas, Jairo Ocampo P\u00e9rez, Gregorio Ram\u00edrez Rodr\u00edguez, Mar\u00eda del Rosario Blanco Garc\u00eda, herederos indeterminados de Miguel Rosendo Cifuentes Duarte, Miguel Cifuentes Ardila y personas indeterminadas, con el prop\u00f3sito de que se impusiera a favor de aquella, \u00ab(\u2026) servidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito, con ocupaci\u00f3n permanente con fines de utilidad p\u00fablica (\u2026)\u00bb sobre el predio denominado \u00abCASA AVIANCA\u00bb, situado en la vereda \u00abC\u00d3NDOR\/LA AM\u00c9RICA\u00bb del municipio de Yond\u00f3 (Antioquia), e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-71345. [folios 1 a 9, Archivo Digital: 03 Demanda]. <\/p>\n
2. El escrito inaugural fue presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de dicha localidad, justific\u00e1ndose la competencia por la \u00abubicaci\u00f3n del bien inmueble en que se ejercita el derecho real de servidumbre de acuerdo con el numeral 7 del art\u00edculo 26 del CGP- y por ser un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
3. Mediante auto de 22 de abril de 2019 el Despacho referido admiti\u00f3 la demanda [fl. 75, \u00cddem] y una vez enterados de la contienda, los demandados Manuel Morales Zayas, Jairo Ocampo P\u00e9rez, Adeli, Miguel Cifuentes Ardila, Rosalina Giraldo de Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Eduardo Sierra Osorio, quien dijo tener la condici\u00f3n de \u00abposeedor\u00bb, manifestaron por separado no oponerse a la prosperidad de las pretensiones \u00absiempre y cuando se indemnice justamente por las afectaciones\u00bb. De otro lado, Carlos Emilio Giraldo Giraldo se resisti\u00f3 a las aspiraciones de la demanda, toda vez que \u00abno se ve indemnizado de manera justa por las afectaciones que se ocasionaran a su predio\u00bb. A continuaci\u00f3n, el 17 de mayo siguiente se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial en el predio sirviente [fl. 113 Ib\u00eddem]. <\/p>\n
4. En prove\u00eddo de 4 de agosto de 2021, la autoridad judicial memorada realiz\u00f3 \u00abcontrol de legalidad\u00bb sobre la actuaci\u00f3n y se declar\u00f3 incompetente para continuar con el adelantamiento de la misma, debido a que uno de los extremos de la litis estaba conformado por un ente de naturaleza p\u00fablica, motivo por el cual, el llamado a tramitar el asunto es el estrado judicial del domicilio principal de aquella, seg\u00fan lo prev\u00e9 el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y la postura de esta Sala en casos similares. As\u00ed que remiti\u00f3 el sumario a los despachos civiles municipales de Bogot\u00e1, reparto. [Archivo Digital: 04Remisi\u00f3nCompetencia]. <\/p>\n
5. Al recibir las diligencias, el Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad tambi\u00e9n rehus\u00f3 su conocimiento, para lo cual estim\u00f3 que la entidad demandante al radicar el libelo inicial ante el estrado primigenio \u00abrenunci\u00f3 al fuero que lo cobija, previsto en el art\u00edculo 28-10 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. [Archivo Digital: 06OrdenaRemitirConflictoCompetencia]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establece el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso y el inciso 2\u00ba del canon 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos foros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, en las controversias donde se ejerciten derechos reales como lo son las relativas a la imposici\u00f3n, variaci\u00f3n y extinci\u00f3n de servidumbres, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario competente es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. <\/p>\n
2.2. La presencia de los dos factores de atribuci\u00f3n, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar al juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC3744-2018, 4 sept, rad. 2018-02286-00, CSJ AC4875-2018, 15 nov, rad. 2018-03392-00, CSJ AC5051-2018, 26 nov, rad. 2018-02955-00, CSJ AC162-2019, 25 ene, rad. 2018-03768-00, CSJ AC277-2019, 1 feb, rad. 2018-03872-00, CSJ AC616-2019, 26 feb, rad. 2019-00033-00, CSJ AC1020-2019, 20 mar, rad. 2019-00660-00, CSJ AC 1028-2021, 23 mar, rad. 2021-00305, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d (CSJ AC4272-2018, CSJ AC4522-2018, CSJ AC4898-2018, CSJ AC117-2019, CSJ AC321-2019, CSJ AC1167-2019, CSJ AC2313-2019, CSJ AC3108-2019, CSJ AC2127-2021, 2 jun., rad. 2021-01634-00, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC140-2020 resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas, por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador, soport\u00e1ndose \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela, que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los foros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como, en este caso, la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se pretende la imposici\u00f3n de la servidumbre. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, por cuanto a ninguno de ellos le est\u00e1 permitido desconocerlas o socavarlas. <\/p>\n
4. Aplicadas las anteriores premisas a la colisi\u00f3n bajo examen, aunque el bien ra\u00edz sobre el cual pretende imponerse la servidumbre se halla situado en el municipio de Yond\u00f3 (Antioquia), el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete al sentenciador de ese territorio, porque quien acude a la jurisdicci\u00f3n es la Transportadora de Gas Internacional S.A., empresa de servicios p\u00fablicos \u00abconstituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1, (empresa en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1), tiene el 99.995568% de las acciones, lo cual indica, sin lugar a dudas, que su naturaleza es p\u00fablica y que su domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb (CSJ AC103-2021, 25 Ene.), y comoquiera que el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (resalta la Corte), no cabe duda de que su naturaleza es p\u00fablica; por lo que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural al del domicilio principal de dicho ente, esto es, al Juzgado Civil Municipal de esta capital. <\/p>\n
Referente a la naturaleza jur\u00eddica de la convocante como par\u00e1metro determinante de la competencia, esta Corte en un asunto de similares caracter\u00edsticas indic\u00f3, que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por: Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al lugar en donde se encuentran ubicados los bienes\u00bb (CSJ AC103-2021, 25 ene., rad. 2020-03030-00, criterio reiterado en AC4260-2021, 17 sep., rad. 2021-03152-00). <\/p>\n
Ahora, aun cuando la compa\u00f1\u00eda actora opt\u00f3 por el juez de la ubicaci\u00f3n del bien, se itera, esa elecci\u00f3n no alcanza los efectos de la renuncia de un derecho subjetivo como equivocadamente lo consider\u00f3 el Juzgado Quinto Civil Municipal de esta capital, porque siendo improrrogable la regla de competencia que disciplina el asunto, ni las partes ni el administrador de justicia tienen margen de disposici\u00f3n al respecto. <\/p>\n
5. Al amparo de las anteriores precisiones surge incontrastable que son los jueces de este distrito capital, donde tambi\u00e9n tiene el asiento principal de sus negocios la convocada, los competentes para tramitar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, con fundamento en los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, la Corte dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de las diligencias a los Juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple y no al Quinto Civil Municipal de Bogot\u00e1, por cuanto de conformidad con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso, son aquellos y no este, quienes deben conocer asuntos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda como el presente. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha adoptado decisiones semejantes en eventos de similares contornos, se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abEn consecuencia, no obstante carecer de asidero la postura del Juzgado de Familia de Santa Marta en cuanto a que el asunto no es de su especialidad, no se le retornar\u00e1n las diligencias por no ser el fallador de la vecindad de la demandada, sino que se remitir\u00e1n a la oficina de reparto de la capital de la Rep\u00fablica para que se asigne a un juez de esa especialidad. <\/p>\n
Proceder que no es ex\u00f3tico, en cuanto en las ocasiones que ha sido menester, la Corte ha reenviado el pleito a un juez que no est\u00e1 involucrado en la misma, acudiendo, adem\u00e1s, al principio de econom\u00eda procesal\u00bb (CSJ AC506-2021, 1\u00ba mar, rad. 2020-03385- 00 y AC5321-2021, 10 nov.). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, acorde con las motivaciones expuestas en precedencia se colige que, pese a que corresponde a los jueces de esta urbe adelantar el asunto sometido a consideraci\u00f3n, es lo cierto que por otros factores determinantes de la competencia -cuant\u00eda- ninguno de los juzgadores involucrados en la colisi\u00f3n examinada resulta ser el facultado para adelantar el tr\u00e1mite incoado, motivo por el cual, con fundamento en los principios de econom\u00eda y celeridad procesal se remitir\u00e1 el expediente al reparto de los Juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, para su conocimiento y decisi\u00f3n. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que ninguno de los Juzgados involucrados en la colisi\u00f3n es el competente para asumir el conocimiento de la imposici\u00f3n de servidumbre referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento al reparto de los Juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los Juzgados Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, Antioquia y Quinto Civil Municipal de Bogot\u00e1 y a las partes del litigio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1099-2022 (2021-04041-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1099-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2021-04041-00 Bogot\u00e1, D. C., Dieciocho (18) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Yond\u00f3 (Antioquia) y Quinto Civil Municipal de Bogot\u00e1. I. ANTECEDENTES […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61628","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61628","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61628"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61628\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61628"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61628"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61628"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}