AC1116-2022 (2022-00570-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1116-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00570-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha (Guajira) y el despacho Promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), atinente al conocimiento de la demanda verbal declarativa de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa interpuesta por Valeria Mar\u00eda Ropain Cacua contra Gustavo Enrique Torres Gonz\u00e1lez y Dina Liane G\u00f3mez Pimienta. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada ante el \u00abJuez Civil del Circuito de Riohacha (Guajira)\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n declarar la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes en julio de 2019. En consecuencia, se le condene al pago por da\u00f1os y perjuicios. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00ab… en raz\u00f3n a la calidad de las partes, del domicilio de los demandados y la prelaci\u00f3n de fueros previstos en el art\u00edculo 29 del G.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Allegada la demanda al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, este, con prove\u00eddo del 14 de diciembre de 2021 resolvi\u00f3 rechazarla por falta de competencia. Frente a ello, sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) revisado el expediente, se evidencia que en el presente asunto se pretende la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito entre las partes sobre dos bienes inmuebles rurales denominados \u201cLa Bonita\u201d y \u201cJerusalen\u201d identificados con matr\u00edculas inmobiliarias N\u00ba 222- 38927 y 222-36814 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Ci\u00e9naga \u2013 Magdalena, respectivamente. <\/p>\n
De conformidad con los hechos de la demanda, el contrato de compraventa y los certificados de libertad y tradici\u00f3n aportados, los referidos bienes inmuebles se encuentran ubicados en la jurisdicci\u00f3n de Medialuna municipio de Pivijay Departamento del Magdalena y, como quiera que el C\u00f3digo General del Proceso en su Art. 28 numeral 7 impone que en los proceso donde se ejerciten derechos reales, como lo es el caso en estudio, es competente de modo privativo el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, pues resulta claro que la competencia para conocer el presente asunto est\u00e1 adscrita a los se\u00f1ores jueces del circuito de dicha municipalidad. En consecuencia, se impone el rechazo de la presente demanda y su remisi\u00f3n al juzgado competente \u2013art\u00edculo 90 eiusdem\u00bb. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el expediente fue entregado al Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay. No obstante, por auto del 8 de febrero de 2022, opt\u00f3 por manifestar que no le correspond\u00eda asumir este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para lo anterior, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abCuando se trata de eventos en los cuales el legislador establece para el factor territorial varios fueros concurrentes a fin de determinar cu\u00e1l es el funcionario judicial que habr\u00e1 de conocer de determinado asunto o causa litigiosa, si bien es potestativo del actor hacer la escogencia, ello debe aparecer de manera manifiesta en la demanda, pues si no se hace as\u00ed, se debe retornar a la regla general de competencia, que dispone que el actor debe seguir a su demandado, como quedo contextualizado en el Art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Decantado lo anterior, se tiene que el demandante pod\u00eda escoger entre el domicilio de los demandados, que viene siendo la ciudad de Riohacha, Guajira y la ciudad de Santa Marta, como quiera, que est\u00e1 era la ciudad de cumplimiento del negocio jur\u00eddico, eligiendo el demandante el domicilio de los demandados, en el entendido que lo pretendido, no es m\u00e1s, que la Resoluci\u00f3n del Contrato de Promesa de Venta, lo que no implica ejercicio de derecho real alguno, ya que lo que se pretende es la resoluci\u00f3n del contrato y se restablezcan las cosas al estado que se encontraban al momento de la suscripci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes, <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial -Riohacha y Santa Marta-, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado. Y, precisa que, si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del accionante. Adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. Al respecto, la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso la Sala doctrin\u00f3 que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar\u00bb, ad libitum, \u00aben uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. En aras de desatar el presente asunto, es del caso analizar lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En primer orden, se advierte que el escrito genitor est\u00e1 dirigido al \u00abJuez Civil del Circuito de Riohacha\u00bb, en raz\u00f3n a que dicha ciudad corresponde al lugar de domicilio de los demandados, as\u00ed como el lugar donde se suscribi\u00f3 el contrato de compraventa y su otros\u00ed, seg\u00fan lo afirmado por el apoderado de la demandante en el ac\u00e1pite de la competencia, tornando en principio v\u00e1lida la escogencia del \u00abjuez\u00bb por ella efectuada. <\/p>\n
3.2. En segundo t\u00e9rmino, se destaca que el aludido contrato se refiere a la compraventa de predios rurales ubicados en el municipio de Pivijay (Magdalena). El saldo del precio pactado ser\u00eda pagado con la firma de la escritura \u00abel 20 de diciembre de 2019 en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Santa Marta\u00bb1, ciudad del cumplimiento del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
3.3. As\u00ed, emerge del cruzado an\u00e1lisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, por cuanto dicha ciudad corresponde al domicilio de los demandados, como lo indic\u00f3 la promotora en el escrito genitor -numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C.G.P-. Sumado a que fue la elecci\u00f3n efectuada por la parte demandante. <\/p>\n
4. Por las razones antedichas, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, para que contin\u00fae con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISIO\u0301N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha (Guajira). <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Pivijay, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIFI\u0301QUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Pd. 5. DEMANDA. Folios 16-18 cl\u00e1usula cuarta del contrato de compraventa. <\/p>\n
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