AC1235-2022 (2022-00802-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1235-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00802-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Lorica (C\u00f3rdoba) y Octavo Civil Municipal de Villavicencio (Meta). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Bancolombia S.A. instaur\u00f3 demanda ejecutiva singular contra Clara Susana Quilaguy Moreno, con el prop\u00f3sito de obtener el pago de \u00ab$38.797.801\u00bb, \u00ab$3.795.279\u00bb y \u00ab$4.298.653\u00bb, m\u00e1s los intereses de mora, sumas representadas en los pagar\u00e9s Nos. \u00ab5744003047\u00bb, \u00ab5744002956\u00bb y \u00ab377815635937481\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
2. El escrito introductorio fue presentado ante el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, C\u00f3rdoba justific\u00e1ndose all\u00ed la competencia por ser esta localidad el \u00ablugar de domicilio del demandado\u00bb. [Archivo Digital: 02Demanda]. <\/p>\n
4. Por su parte, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio tambi\u00e9n se declar\u00f3 incompetente, aduciendo que el ente ejecutante opt\u00f3 por radicar la demanda en el domicilio de la enjuiciada, escogencia que no pod\u00eda poner en duda el estrado remitente, pues se deriva de una facultad legal contemplada por el ordenamiento a favor del litigante. [Archivo Digital: 22AutoProponeConflicto]. <\/p>\n
5. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte, quien lo decidir\u00e1, de acuerdo con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, el numeral 3\u00ba del mismo canon precept\u00faa, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que, en materia de litigios derivados de un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos valores, el legislador estableci\u00f3 una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias, circunstancia que permite al actor elegir entre las varias opciones prestablecidas por el legislador. De esta manera, se encuentra, de un lado, el domicilio del demandado y si son varios, cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del interesado y, de otra parte, tambi\u00e9n converge el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha considerado, que: <\/p>\n
\u00abpara las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019 (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00)\u00bb (subraya la Sala, CSJ AC1439-2020, 13 jul., criterio reiterado en ). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El asunto en estudio, Bancolombia S.A. ejerci\u00f3 la acci\u00f3n cambiaria en contra de Susana Quilaguy Moreno con fundamento en varios t\u00edtulos valores \u2013pagar\u00e9-, por ende, para determinar la competencia de la autoridad judicial el asunto se enmarca en la llamada concurrencia de fueros, en tanto, era potestativo del banco ejecutante impulsar el cobro ante el juez del lugar del domicilio de la convocada, que, seg\u00fan inform\u00f3, es el municipio de Lorica, C\u00f3rdoba [folio 4, archivo digital: 02 Demanda], o en el de la circunscripci\u00f3n territorial del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del negocio jur\u00eddico, como la de saldar los cr\u00e9ditos en la ciudad de Villavicencio, Meta [folios 7 a 20, archivo digital: 02 Demanda). <\/p>\n
Amparado en tal prerrogativa, la convocante expres\u00f3 en el ac\u00e1pite de la \u00abcompetencia\u00bb de su petitum que ella deb\u00eda determinarse por \u00ablugar de domicilio del demandado\u00bb y dirigi\u00f3 su reclamo al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, C\u00f3rdoba, con lo cual, surge, sin ninguna dificultad, su elecci\u00f3n de una sede territorial autorizada por el legislador, al coincidir, en principio, con el domicilio de la ejecutada. <\/p>\n
4. De ah\u00ed que, si para la fijaci\u00f3n de la competencia la entidad financiera demandante se atuvo a la vecindad de su contraparte, que seg\u00fan afirm\u00f3 est\u00e1 en Lorica, C\u00f3rdoba, al juzgado de esa plaza corresponde conocer de este asunto; naturalmente sin mengua de la discusi\u00f3n que en el punto pueda suscitarse a trav\u00e9s de los cauces procesales previstos para ello. <\/p>\n
Mucho menos, hab\u00eda lugar a aplicar la regla de distribuci\u00f3n de competencia prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso para efectos de establecer el funcionario encargado de dirimir la controversia, en tanto la convocante, haciendo uso de la potestad otorgada por el legislador, escogi\u00f3, se reitera, al juez del asiento de su cliente. <\/p>\n
5. De esta manera no es menester ning\u00fan esfuerzo adicional para concluir que al antedicho juzgado de Lorica, C\u00f3rdoba corresponde continuar adelantando este coercitivo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica (C\u00f3rdoba), es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio (Meta) y al demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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