AC1248-2022 (2022-00744-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1248-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00744-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla y el Despacho Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por el Instituto Nacional de V\u00edas -INVIAS- contra Rodr\u00edguez Su\u00e1rez Hermanos & Compa\u00f1\u00eda S en C. y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el \u00abJuzgado Civil del Circuito de Barranquilla – Reparto\u00bb la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abdecr\u00e9tese por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, a favor del Instituto Nacional de V\u00edas -INVIAS la expropiaci\u00f3n y, por consiguiente, la transferencia forzosa del predio identificado con la ficha predial No. 127AI TU-SCCB, elaborada por Mario Huertas Cotes el 01 de febrero de 2017, con destino al proyecto \u201cMejoramiento, gesti\u00f3n predial, social y ambiental mediante la construcci\u00f3n de la segunda calzada de la carretera Cartagena-Barranquilla en los Departamentos de Bol\u00edvar y Atl\u00e1ntico para el programa v\u00edas para la equidad\u201d un \u00e1rea de dos mil ciento treinta y dos coma siete metros cuadrados (2.132,07 m2) ubicada dentro del proyecto (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abPor el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 17 de enero de 2020 admiti\u00f3 la demanda3. No obstante, mediante auto del 4 de diciembre siguiente, declar\u00f3 la falta de competencia por el factor subjetivo y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDentro del caso sub judice, el asunto que origin\u00f3 la controversia para que el estrado cesara su conocimiento por carecer de competencia, concierne a la pretensi\u00f3n de expropiaci\u00f3n sobre un inmueble, proceso que promueve el Instituto Nacional de V\u00edas \u201cINVIAS\u201d, la cual tiene domicilio en Bogot\u00e1 D.C., siendo informado por la propia entidad demandante en su demanda que su sitio de notificaciones judiciales y su domicilio se encuentra en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., frente a la sociedad Rodr\u00edguez Su\u00e1rez Hermanos & Compa\u00f1\u00eda S en C, y Alba Marina Ram\u00edrez Londo\u00f1o. As\u00ed, y dado que la demandante es el Instituto Nacional de V\u00edas \u201cINVIAS\u201d, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de un establecimiento p\u00fablico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte (Decreto 2171 de 1992 y 1618 de 2013), el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de forma privativa por el juez del domicilio de la respectiva entidad, de lo que se sigue, que al denotar la calidad de entidad p\u00fablica de uno de los extremos litigiosos, aunado que su domicilio se encuentra en Bogot\u00e1, deviene en certeza que los jueces competentes para conocer de esta controversia son los de aqu\u00e9l lugar\u00bb4. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, la causa fue repartida y entregada al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien, en auto del 23 de abril de 2021 avoc\u00f3 conocimiento y se\u00f1al\u00f3 fecha para desarrollar la audiencia de que trata el numeral 7 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso5. Sin embargo, en prove\u00eddo del 25 de octubre ulterior, revoc\u00f3 la providencia de abril y suscit\u00f3 el conflicto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, aludiendo los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abel Juzgado 16 Civil del Circuito de Barranquilla luego de avocar el conocimiento de las actuaciones y adelantar su tr\u00e1mite al punto de llegar a la audiencia establecida en el art\u00edculo 399 del C.G.P., sin que esta se llevara a cabo, pues el citado Despacho se despoj\u00f3 en ese momento del conocimiento de las actuaciones bajo el argumento del auto AC 140 de 2020, el cual, como ya se dijo, la misma Corte Suprema de Justica estableci\u00f3 que no es aplicable a las expropiaciones, por ende, el actuar del primer Despacho cognoscente constituye una violaci\u00f3n flagrante al Principio de la Perpetuatio Jurisdictionis, lo cual no debe ser avalado por la m\u00e1xima corporaci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime si su fundamento es un decisi\u00f3n que excluye de forma taxativa a las expropiaciones. <\/p>\n
(\u2026) se dispondr\u00e1 la revocatoria del auto de fecha 23 de abril de 2021, que resolviera avocar el conocimiento de la demanda, procediendo a plantear el conflicto negativo de competencia frente al Juzgado Juzgado 16 Civil del Circuito de Barranquilla, que por tratarse de Despachos de diferente distrito judicial, ser\u00e1 del caso remitirlo a la Honorable Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil por virtud de los art\u00edculos 28 del C.G.P. y 18 de la Ley 270 de 1996, para que lo desate en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 139 del C.G.P., para que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a los autos AC813 de 2.020, AC3256 de 2.020, AC2799 de 2.020 y en especial al auto AC4162 de 2021, entre otros, los cuales debido a la renuncia expresa al fuero subjetivo efectuado por la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, al presentar la demanda, se aplica es el articulo 28 numeral 7 del C.G.P., y por ende, quien deber\u00eda seguir conociendo de las diligencias es el juzgado de la ciudad de Barranquilla, lugar donde fue presentada y donde se encuentra el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb 6. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Barranquilla y Bogot\u00e1, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00b0 de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previno que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer del asunto. <\/p>\n
Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandis, en una discusi\u00f3n de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?7 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite\u00bb. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320, reiterado en AC909-2021, rad. 2020-03022-00). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, por cuanto la citada entidad es un establecimiento p\u00fablico del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1, acorde con el art\u00edculo 52\u00ba del decreto 2171 de 1992. Para abundar en m\u00e1s razones, no sobra citar un precedente de la Sala, en el que se aplic\u00f3 en mencionado criterio para una demanda de expropiaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed, y dado que la demandante es el Instituto Nacional de V\u00edas, establecimiento p\u00fablico adscrito al Ministerio de Transporte (art\u00edculo 52, Decreto 2171 de 1992), es decir, una entidad descentralizada por servicios del orden nacional (art\u00edculo 38, Ley 489 de 1998), no hay duda de que el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Lo anterior conlleva que, en este asunto, no sea viable establecer la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, como lo plante\u00f3 el segundo de los juzgadores enfrentados en la colisi\u00f3n, puesto que la aptitud legal del juez, fijada en atenci\u00f3n a la presencia de entidades p\u00fablicas, obedece a un criterio subjetivo, que se superpone al fuero real relacionado en citado precepto 28-7\u00bb (CSJ AC3572, 18 ag. 2021, rad. 2021- 02832-00)\u00bb <\/p>\n
5. Por \u00faltimo y en cuanto ata\u00f1e a la renuncia al fuero subjetivo mencionado en el escrito inicial, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
\u00abFinalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que: <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d\u00bb (CSJ AC3545-2020, 14 dic. 2020, rad 2020-02912)8. <\/p>\n
6. Por las razones expuestas, procede remitir el expediente al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la demanda impetrada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 6 y 7, archivo \u201c01.2019-00349Expedientefisico\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 149. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-13, archivo \u201c02AutoRechazaDemanda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c04AutoAvocaConocimiento\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c14AutoOrdenaOficiar\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
8\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1248-2022 (2022-00744-00) AC1248-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00744-00 Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla y el Despacho Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61680","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61680\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}