AC1290-2022 (2022-00860-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1290-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-00860-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Instituto Nacional de V\u00edas \u2013INV\u00cdAS- demand\u00f3 a \u00c1lvaro P\u00e9rez Caballero1, con el fin de que se decretara la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno de \u00ab470,76 M2\u00bb aproximadamente, la cual hace parte de un predio rural de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLote n\u00famero diecinueve-cuatro-B(19-4-B)\u00bb, situado en el municipio de Tubar\u00e1 (Atl\u00e1ntico) e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-322066. <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces de la cabecera del circuito de aquella localidad por el \u00ablugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb. [Archivo Digital: 01]. <\/p>\n
3. La causa fue repartida al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, autoridad que, en auto de 29 de enero de 2019 admiti\u00f3 la postulaci\u00f3n inicial y dispuso la consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del despacho del importe del \u00e1rea objeto del juicio conforme al aval\u00fao presentado por la entidad p\u00fablica gestora [fls. 81 y 82, Ib\u00eddem]. Luego, en diligencia de 9 de agosto de 2019 se realiz\u00f3 la entrega anticipada de la superficie de terreno pretendida a favor del ente actor [fls. 107 y 108, \u00cddem]. Una vez notificado el enjuiciado, se opuso a las aspiraciones del libelo inaugural \u00abpor no cubrir equitativamente la indemnizaci\u00f3n por el bien a expropiar, pues el aval\u00fao presentado por la demandante no cubre el valor del da\u00f1o emergente ni el lucro cesante (\u2026)\u00bb [fls. 243 a 251, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
4. En prove\u00eddo de 9 de febrero de 2021, la autoridad judicial memorada realiz\u00f3 \u00abcontrol de legalidad\u00bb sobre la actuaci\u00f3n y se declar\u00f3 incompetente para continuar con el adelantamiento de la misma, debido a que uno de los extremos de la litis estaba conformado por un ente de naturaleza p\u00fablica, motivo por el cual, el llamado a tramitar el asunto era el estrado judicial del domicilio principal de aquella, seg\u00fan lo prev\u00e9 el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y la postura de esta Sala en prove\u00eddo AC140-2022, 24 ene. As\u00ed que remiti\u00f3 el sumario a los despachos civiles del circuito de Bogot\u00e1, reparto. [Archivo Digital: 07] <\/p>\n
5. El Juez Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta capital tambi\u00e9n se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite al pleito, al considerar que en el sub examine el \u00abInstituto Nacional de V\u00edas \u2013Inv\u00edas renunci\u00f3 al factor subjetivo al presentar el libelo en la ciudad de Barranquilla- Departamento del Atl\u00e1ntico, prefiriendo el fuero real en virtud de la ubicaci\u00f3n del bien que se encuentra ubicado en el Municipio de Tubar\u00e1-Departamento del Atl\u00e1ntico\u00bb. [Archivo Digital: 14]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso es predicable la concurrencia dos (2) fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, en los procesos de expropiaci\u00f3n, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, \u00aben los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Los foros mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, circunstancia que ante la diversidad de circunstancias que en no pocas ocasiones se presentan, motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en donde aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC4272-2018, CSJ AC4522-2018, CSJ AC4898-2018, CSJ AC117-2019, CSJ AC321-2019, CSJ AC1167-2019, CSJ AC2313-2019, CSJ AC3108-2019 y CSJ AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 en su momento la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb2. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio3, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en CSJ AC140-2020, CSJ AC800-2021, CSJ AC795-2021 y CSJ AC792-2021). <\/p>\n
4. En la colisi\u00f3n bajo examen, el juicio de expropiaci\u00f3n se promovi\u00f3 ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, cabecera del circuito judicial del municipio en donde se halla situado el bien ra\u00edz que se pretende intervenir [Tubar\u00e1 (Atl\u00e1ntico)]. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la entidad que acude a la jurisdicci\u00f3n es el Instituto Nacional de V\u00edas \u2013INV\u00cdAS-, \u00ab(\u2026) establecimiento p\u00fablico del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte\u00bb4, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural al del domicilio de dicho ente, conforme los par\u00e1metros atr\u00e1s expuestos. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha destacado que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (CSJ AC2462-2021, jun. 23, rad. 2021-01782-00). <\/p>\n
5. Bajo ese entendido, el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete al sentenciador del circuito de Barranquilla, sino al estrado judicial de esta capital, por ser el asiento principal del Instituto Nacional de V\u00edas \u2013INV\u00cdAS-, conforme lo preceptuado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992. <\/p>\n
En un asunto de similares aristas, esta Sala consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 As\u00ed, y dado que la demandante es el Instituto Nacional de V\u00edas, establecimiento p\u00fablico adscrito al Ministerio de Transporte (art\u00edculo 52, Decreto 2171 de 1992), es decir, una entidad descentralizada por servicios del orden nacional (art\u00edculo 38, Ley 489 de 1998), no hay duda de que el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb <\/p>\n
Lo anterior conlleva que, en este asunto, no sea viable establecer la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, como lo plante\u00f3 el segundo de los juzgadores enfrentados en la colisi\u00f3n, puesto que la aptitud legal del juez, fijada en atenci\u00f3n a la presencia de entidades p\u00fablicas, obedece a un criterio subjetivo, que se superpone al fuero real relacionado en citado precepto 28-7\u00bb (CSJ AC3572, 18 ago. 2021, criterio reiterado en AC4468, 28 sep. 2021). <\/p>\n
Y en cuanto a la manifestaci\u00f3n de la actora de optar por el juez de la ubicaci\u00f3n del bien, se itera, no alcanza los efectos de la renuncia de un derecho subjetivo, ya que siendo improrrogable la regla de competencia que disciplina el asunto, ni las partes, ni el administrador de justicia tienen margen de disposici\u00f3n al respecto. <\/p>\n
6. Por las razones anotadas, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de expropiaci\u00f3n referenciado. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Titular del derecho de dominio. <\/p>\n
2\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
3\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
4\u0002 Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992. <\/p>\n
<\/p>\n
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