AC1316-2022 (2022-00813-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1316-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00813-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Fondo Nacional del Ahorro instaur\u00f3 la acci\u00f3n de la referencia ante los juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1 D.C. (Reparto), con el prop\u00f3sito que: i) \u00abse declarar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de t\u00edtulo valor pagar\u00e9 a la orden, sin n\u00famero y con espacios en blanco, junto con la carta de instrucciones, que incorpora el cr\u00e9dito No. 109490521004, desembolsado d\u00eda 22 de diciembre de 2014, otorgado en el sistema de amortizaci\u00f3n UVR, que tiene una tasa de inter\u00e9s pactada de 10,70% E.A. y pagadero en un total de 240 cuotas mensuales\u00bb; en consecuencia, se ordene la ii) \u00abreposici\u00f3n del t\u00edtulo valor y de la carta de instrucciones, de iguales caracter\u00edsticas, es decir, el pagar\u00e9 en blanco con la carta de instrucciones para su diligenciamiento\u00bb. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite titulado \u00abProcedimiento y Competencia\u00bb, se plasm\u00f3: \u00abEl tr\u00e1mite que se debe seguir es el del proceso verbal y la competencia se radica en su despacho, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n, que estimo en cincuenta y cinco millones trescientos mil pesos m\/cte ($55.300.000) y del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante, de acuerdo con el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., a quien le correspondi\u00f3 la causa por reparto, rehus\u00f3 su asignaci\u00f3n mediante auto del 9 de diciembre de 2021, argumentando que \u00ab[r]evisados los anexos y manifestaciones de la parte actora, se desprende que, si bien el domicilio principal se ubica en la ciudad de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n lo es que la parte demandante cuenta con sucursales y de contera, domicilios secundarios a lo largo del territorio nacional, entre ellos, en la ciudad de Armenia \u2013 Quind\u00edo\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Armenia, a quien se le remiti\u00f3 el expediente, en prove\u00eddo del 8 de febrero de 2022 propuso el conflicto negativo tras se\u00f1alar que: \u00ab[c[ierto es, que para el conocimiento del presente asunto podr\u00eda existir un fuero concurrente entre el domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios p\u00fablicos o cualquier otra entidad p\u00fablica (Art. 28 N\u00fam. 10 CGP) y el domicilio de las demandadas (Art. 28 Num.1 CGP), correspondiendo al demandante elegir el juez competente, pero al evidenciarse en \u00e9ste caso que se radic\u00f3 tal competencia al Juez Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C. por ser el domicilio de la entidad p\u00fablica demandante; por lo tanto no podr\u00eda tal juez separarse de ella, bajo el argumento de que debe conocer del asunto el juez Civil Municipal de Armenia por ser el domicilio secundario de la parte demandante y menos a\u00fan por ubicarse el domicilio de las demandadas cuando ello no fue la circunstancia que motiv\u00f3 al actor para incoar la demanda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, para decidir este asunto, debe acudirse al numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el canon 139 ejusdem, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico ha instaurado mecanismos de competencia con el objetivo de distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales dentro del territorio nacional, para tal fin, la legislaci\u00f3n acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. <\/p>\n
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo en los fueros personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
A pesar de la claridad normativa respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, existen casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla; en ese evento peculiar, la ley le otorga al actor la facultad de escoger entre ellos. <\/p>\n
3. Ahora bien, de las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1\u00ba constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n existe una norma especial que regula la materia, ya que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (num. 3 Ib., subraya externa). <\/p>\n
De igual forma, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge un fuero privativo de car\u00e1cter general que se establece en virtud de la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Por lo tanto, a la parte activa le corresponde elegir el factor que cimienta la competencia de sus pedimentos, cuyo cariz, en primer orden, est\u00e1 en la \u00f3rbita discrecional de su arbitrio. Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u00bb. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00, reiterado en AC5781-2021). <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, para la determinaci\u00f3n de la competencia en controversias cuya g\u00e9nesis se derive de un negocio jur\u00eddico, en el factor territorial existen fueros concurrentes, toda vez que, al general fijado en el domicilio del demandado, se suma el del lugar de cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de esos factores, existe uno imperante y privativo, que se rige por el domicilio de la entidad p\u00fablica, anulando incluso cualquier elecci\u00f3n realizada por la parte actora. <\/p>\n
Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En eventos como el sub lite, donde la demandante es una entidad estatal, se excluyen necesariamente los otros factores de competencia no privativos, como lo son, el fuero general contenido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y el del lugar de cumplimiento de las obligaciones dado en el numeral 3\u00ba de la misma normativa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se deben seguir los par\u00e1metros establecidos por la Sala en el auto AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb; es decir, busc\u00f3 unificar criterios para los litigios originados en asuntos en que intervienen entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, se concluy\u00f3 que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe prevalecer sobre los dem\u00e1s factores de competencia. <\/p>\n
Dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u00abuna empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional\u00bb y con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., (art. 3\u00ba, Decreto 1132 de 1999), el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que no es posible atribuir la competencia atendiendo a un factor de competencia distinto al establecido anteriormente, puesto que prevalece el criterio subjetivo, que se superpone al fuero contractual y al general. <\/p>\n
Existiendo claridad respecto del fuero que impera en este evento, debe tenerse en cuenta que el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra que \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, al juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Esa \u00abprevenci\u00f3n\u00bb aludida en dicha norma, significa que la parte actora tiene plena libertad de radicar la demanda, bien en su domicilio principal, ora en alguna de sus sucursales o agencias [siempre que se relacionen con el asunto ventilado], siendo competente el juez de cualquiera de ellas sin un orden o jerarqu\u00eda espec\u00edfico; decisi\u00f3n que, adem\u00e1s, debe ser respetada por el funcionario que reciba el escrito introductorio preliminarmente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, debe advertirse que el Fondo Nacional del Ahorro tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., y tambi\u00e9n una sucursal en Armenia, tal como se desprende de la informaci\u00f3n suministrada en su p\u00e1gina web. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien la demanda pudo ser presentada en la ciudad de Armenia, lo cierto es que la elecci\u00f3n de la parte actora fue hacerlo en Bogot\u00e1 D.C., cuyos jueces tambi\u00e9n son competentes; por ende, como se trata de una actuaci\u00f3n \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb, donde primero se radic\u00f3 es donde debe proseguirse la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por lo tanto, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., para que lo asuma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer la demanda promovida por el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb en contra de Mar\u00eda Fernanda Salazar Ortiz y Mar\u00eda Isabel Alzate Ortiz. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n, junto con la parte actora. <\/p>\n
TERCERO: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1316-2022 (2022-00813-00) AC1316-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00813-00 Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El Fondo Nacional del Ahorro instaur\u00f3 la acci\u00f3n de la referencia ante los juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1 D.C. (Reparto), con el prop\u00f3sito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}